El Gobierno suspendió la reunión programada para este jueves en la que iban a participar los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y empresarios del Grupo de los 6, para consensuar la redacción de un artículo clave de la reforma laboral referido a bloqueos sindicales y despidos con causa justa.

La decisión oficial se enmarca en un contexto de creciente conflictividad social tras el anuncio de cierre de la AFIP y la privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística que alteró los ánimos en un sector del transporte, sumados a los conflictos sectoriales que se registran por estas horas.

La reunión de este jueves, convocada por el Secretario de Trabajo, Julio Cordero, significaba el inicio de una mesa de diálogo tripartito para discutir la reglamentación de puntos clave de la Ley de Bases.

Estaban citados los principales popes de la CGT y las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA); la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO); Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA); la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; la Cámara Argentina de Comercio (CAC); la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Argentina de la Median Empresa (CAME).

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que la postergación responde a un pedido de la central sindical, ya que uno de los abogados de la entidad no podría asistir a la reunión. Pero la razón estaría vinculada a la escalada de conflictos recientes con protestas y movilizaciones convocadas por sindicatos confederados.

El contexto de creciente conflictividad llevó a una reunión de urgencia en la sede de la UPCN, que encabezó el dialoguista Andrés Rodríguez, con los líderes de los gremios estatales adheridos a la CGT, donde se declaró un estado de alerta y se advirtió con medidas de fuerza tras el cimbronazo por el anuncio del cierre de la AFIP.

La suspensión de la mesa de diálogo convocada por Trabajo, sin fecha cierta para un nuevo llamado, pone en tensión la relación entre la CGT y el Gobierno, que queda bajo un manto de incertidumbre.

Ante las recientes «agresiones sistemáticas al sector público», el Frente de Gremios Estatales se reunió en la sede central de UPCN para definir acciones frente a la «profundización de un escenario político, económico y social que agrede sistemáticamente la existencia del Estado y a sus trabajadores y trabajadoras».

Este frente denunció a través de un comunicado la existencia de «dos modelos de país: uno especulativo que favorece claramente a las grandes corporaciones financieras y otro que propone producción, desarrollo y trabajo».

El documento que firmaron AEFIP. AGOEC, APES, APJAE, APL, FATUN, FEDUN, SGBATOS, SUPARA, SUTECBA, UEJN y el anfitrión UPCN señaló que «los ataques permanentes tanto al Estado como a las organizaciones sindicales» son un intento de desmantelar las instituciones que, según el Frente, representan «la última barrera contra la implementación de un capitalismo salvaje sin límites».

En este contexto, llaman a las demás organizaciones sindicales, movimientos sociales y a la clase política a «defender los derechos laborales y sindicales», así como el empleo y los Convenios Colectivos de Trabajo.

El Frente también se solidarizó con las luchas de otros sectores del Estado, expresando su rechazo a «las privatizaciones y la eliminación de organismos públicos en forma indiscriminada e irracional», tal es el caso del reciente anuncio para la AFIP. Además, decretaron el «estado de alerta y movilización con una medida de acción directa que será definida por los gremios integrantes de este frente», como respuesta a las políticas que consideran un ataque al Estado y a los trabajadores públicos.

Finalmente, el comunicado reafirma que «sin Estado no hay Nación» y respalda la consigna de la CGT: «Por un país con Producción, Desarrollo y Trabajo», defendiendo que este es el único camino hacia «la Independencia económica, la Soberanía Política y la Justicia Social».

Desde la Junta Interna de ATE-Indec, los trabajadores y trabajadoras que realizan las estadísticas nacionales difundieron el número actualizado sobre la pregunta: ¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo? A pesar de la baja de la inflación, el golpe de los últimos meses es brutal y aumenta la pobreza entre ocupados y desocupados.

“La falta de compensación por la perdida del poder de nuestro ingreso y de una discusión paritaria sin techo, por parte del gobierno, hace caer el peso del ajuste de este gobierno sobre la clase trabajadora (formal o informal, activos o jubilados) que ya ha planteado que utilizara la motosierra y la licuadora para lograr el déficit cero y bajar la inflación inclusive enviando a la mayoría de la sociedad bajo la línea de pobreza”. Así comienza el nuevo informe presentado por la Junta Interna de ATE-Indec, o sea realizada por quienes construyen las estadísticas nacionales.

Según los datos, un trabajador o trabajadora necesitó, en septiembre, 1.514.208 de pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja mayor de 30 años con dos hijxs en edad escolar. ¿Cómo se llega a ese número? $ 516.267 necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y $ 952.722 para acceder a otros bienes y servicios básicos.

Los trabajadores señalaron que “frente al 3,5% de variación del IPC, seguimos sosteniendo que el gobierno no tiene nada que festejar. Por el contrario, la caída del consumo de la sociedad es producto del declive del poder de compra de nuestros ingresos y de que, debido a esto, gran parte de la población se encuentra por debajo la línea de la pobreza. Lo cual nos interpela y debería poner en alerta a quienes hoy conducen los gremios y las centrales obreras”.

Los trabajadares aceiteros vienen de lograr un salario básico de 1.560.000 de pesos, tras una huelga de una semana que paralizó el complejo agroexportador. Hay que avanzar en la coordinación de los sectores en lucha por salario y contra los despidos, exigiendo a las centrales y sindicatos un plan de lucha hasta desturir la motosierra y la licuadora.