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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó un nuevo informe mensual sobre la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades, correspondientes al mes de mayo de 2024 y registró una caída del empleo público de 341.473 (diciembre 2023) a 316.255 en el cuarto mes del año en curso.

El informe revela que, a mayo, en la administración pública se encuentraban trabajando 213.334 personas, mientras que en diciembre la cifra alcanzaba los 231.305 puestos laborales.

En cuanto a las empresas y sociedades del Estado, en el cuarto mes del año 2024 hubieron 102.921 trabajadores activos,mientras que en diciembre de 2023 alcanzaban los 110.168.

A su vez, el informe remarca que en el período de la muestra, la administración pública cuenta con 184.436 personas trabajando bajo un convenio colectivo de trabajo, mientras que 2.623 se encuentran por fuera del mismo.

Entre los ministerios que más trabajadores ocupan, el mayor fue el de Capital Humano, con 13.969 puestos de trabajo, seguido por Economía con 8.215 y salud con 3.859.

Dentro de lo que es la administración descentralizada, el CONICET fue el organismo con mayor cantidad de personal, con una dotación de 26.755, seguido por ANSES, con 12.494.

A su vez, en el área del ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), contó con una plantilla de 21.676 trabajadores, seguido por el Instituto Nacional de Tecnología Argentina (INTI) con 6.899 y la Dirección Nacional de Vialidad con 5.288 trabajadores.

Al relevar las empresas públicas, el Correo Argentino registró una dotación de 13.653 personas, mientras que AySA alcanzó los 6.896 puestos de trabajo, Aerolíneas Argentinas 11.488 y el Banco Nación registró 17.479 trabajadores.

Por su parte, la operación ferroviaria tuvo una plantilla de 23.456 personas, mientras que corredores viales registró 3.562 trabajadores.

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La paritaria nacional docente pasó a cuarto intermedio

Los sindicatos docentes nacionales CTERA, SADOP. UDA, CEA y AMET, fueron convocados a la Paritaria Nacional Docente. La misma se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Los representantes sindicales reclamaron al Gobierno Nacional un aumento del piso salarial, el pago del FONID que fue suspendido perjudicando seriamente los ingresos del sector docentes. También exigieron fondos nacionales para las provincias, para: comedores escolares, infraestructura, formación docente y el cumplimiento de la Ley de Formación Técnica Profesional.

El Gobierno ofreció un piso salarial entre $ 380.000 y $ 400.000, que fue rechazado por todas las Organizaciones docentes.

La CTERA, por la que participaron participaron Sonia Alesso, Angélica Graciano, Juan Monserrat, Eduardo Pereyra y Fabián Peccín, advirtió la grave situación que está viviendo la Educación Pública, con el desfinanciamiento al sistema educativo, el ataque a las Cajas Jubilatorias Provinciales y Nacional, la falta de financiamiento educativo nacional para cada una de las provincias. «Desde nuestra Organización expresamos que debe darse urgente solución a estas problemáticas en el ámbito de la Paritaria Nacional Docente».

Cabe mecionar que la Paritaria Nacional Docente pasó a un cuarto intermedio para el próximo martes 16 de julio.

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Reclamo de empresarios y la UOCRA para que el Gobierno reactive la construcción de viviendas

Sectores de la construcción pidieron en el Congreso que el gobierno reactive los programas de construcción de viviendas públicas, paralizados desde la asunción del gobierno de Javier Milei.

La reunión a la que asistieron representantes gremiales, empresarios y de organizaciones sociales, se realizó en el marco de una nueva sesión informativa de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, de la cámara de diputados, que preside Leandro Santoro (Unión por la Patria).

En la reunión, tanto empresarios, como representantes gremiales y de organizaciones sociales, instaron al gobierno a instrumentar una política que reactive la construcción de viviendas, en el marco del pronunciado déficit habitacional que atraviesa el país.

El secretario de Organización de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Rubén Pronotti, remarcó la necesidad de “trabajar todos juntos para el bien común que es que las familias de argentinos puedan reencontrarse con sus viviendas”, sostuvo el gremialista.

A su turno, el protesorero de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) , Ricardo Griot, sostuvo que “no hemos logrado tener una política de vivienda que trascienda los gobiernos” y que “es necesario una política de largo plazo y que se cumpla porque si no es todos los días empezar de nuevo con los planes y no llegamos nunca, no logramos avanzar”, lamentó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, Damian Tabakman, alentó a que el legislativo, “aborde temas que son importantes para nosotros y que podrían ayudar que el financiamiento bancario llegue a los compradores para que puedan adquirir sus unidades desde el pozo, como la hipoteca de bien futuro y la subrogación hipotecaria”, reclamó.

En representación de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, Gustavo Quinteros, afirmó que “es fundamental ver el crédito intermedio, porque hay que construir esas propiedades y hoy por hoy para llevarlas adelante y a un ritmo más acelerado es importante buscar las políticas de créditos intermedios para los desarrollistas y después les llegue a los usuarios finales a través del crédito hipotecario”, subrayó.

Alejandro Amaro, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), sostuvo que desde la entidad, “hace tiempo que venimos promulgando el lanzamiento de créditos no bancarios para pymes”, recordó.

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Promulgaron la Ley Bases y entraron en vigencia la reforma laboral y Ganancias

El Poder Ejecutivo publicó los decretos 592 y 593 que promulgan las leyes sancionadas por el Congreso luego de arduas negociaciones.

El Gobierno nacional promulgó este lunes la Ley de Bases junto al paquete fiscal y puso en vigencia la reforma laboral y la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

En la previa de la firma del Pacto de Mayo, el presidente Javier Milei publicó en el Boletín Oficial los decretos 592 y 593 que validan las leyes sancionadas por el Congreso Nacional tras más de seis meses de negociaciones.

La ley Bases le otorga facultades delegadas al primer mandatario y contiene una amplia reforma del Estado, con la transformación de áreas, la eliminación y modificación de normativas vigentes, la creación de nuevos artículos que buscan desregular la economía, una nueva reforma laboral y la implementación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

Con la aprobación definitiva en Diputados, la nueva normativa establece modificaciones de «modernización laboral». Entre otros, se habilitan los despidos con causa justa de aquellos trabajadores que accionen, en el marco de reclamos sindicales, con bloqueos y tomas de empresas.

También se creó la figura del «colaborador» dirigida a las mini pymes para permitir la contratación de hasta tres empleados para una determinada tarea, sin generar relación de dependencia.

A su vez se eliminan las multas por trabajo no registrado a cambio de regularizar la situación de ese empleado.

En cuanto al paquete fiscal, denominado Medidas fiscales paliativas y relevantes, contiene la reimposición del impuesto a las Ganancias para 800.000 trabajadores asalariados, la rebaja en Bienes personales y el blanqueo de capitales, entre otros puntos centrales para el gobierno nacional.

Deberán hacer frente al impuesto los solteros, a partir de 1,8 millones de pesos y casados con hijos desde 2,2 millones.

Se establecen alícuotas que irán del 5% al 35%. Los montos de la escala se actualizarán en septiembre de este año -excepcionalmente- por el índice de inflación. A partir de 2025, será semestralmente, en los meses de enero y julio, también por IPC.

El capítulo de Ganancias, como así también el de Bienes Personas, habían sido rechazados por el Senado pero finalmente Diputados volvió a incluir en dictamen y concretó la sanción definitiva.

Ante esta situación, sindicatos afectados ya anticiparon que acudirán a la Justicia frente a lo consideran un mal desempeño legislativo por parte del oficialismo.

Cabe señalar que Ganancias para la cuarta categoría se había eliminado el año pasado, durante la campaña electoral, a propuesta de Sergio Massa, exministro de Economía y candidato presidencial.

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