Jerárquicos mineros rechazaron la reinstalación del Impuesto a las Ganancias
La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) rechazó el reciente restablecimiento del Impuesto a las Ganancias, aprobado por el Congreso de la Nación.
Desde el gremio criticaron la decisión y sostuvieron que, “esta medida representa un desprecio evidente hacia el esfuerzo laboral y los proyectos personales y familiares de los trabajadores mineros”, apuntó el gremio a través de un comunicado de prensa.
En esa línea, la ASIJEMIN remarcó que la Ley de Bases, y la restitución de Ganancias, “apunta directamente a menospreciar el trabajo del minero en una industria que reclama millones de inversiones”, caracterizó la Asociación.
A su vez, cruzaron al gobierno nacional por impulsar los proyectos, “el profesionalismo y la dedicación del trabajador no están a la altura de las decisiones gubernamentales” y agregaron que las medidas aprobadas, “perpetúan la existencia de trabajadores pobres en sectores claves de riqueza como el oro, cobre, plata y litio” indicaron.
Para el sindicato liderado por Marcelo Mena Muñoz, la administración de Javier Milei, “al imponer esta carga fiscal, muestra una falta de empatía y desconexión con las condiciones laborales adversas y los riesgos inherentes al trabajo en la minería”, manifestó la organización.
La ASIJEMIN enfatizó en que la restitución de Ganancias afectará “de manera indiscriminada al 100% de los trabajadores mineros, erosionando significativamente su poder adquisitivo con alícuotas que alcanzan hasta el 35% de los ingresos brutos”, advirtió la entidad gremial.
Con este marco, el sindicato minero, adelantó que llevará a cabo medidas “contundentes” para defender el poder adquisitivo de sus representados y “buscar alternativas justas que protejan su dignidad y estabilidad”, e instaron al Poder Ejecutivo a “reconsiderar esta medida insólita” y buscar soluciones, “que no perpetúen la precarización de las condiciones laborales” de los trabajadores del sector.
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Universidad y salud privada: un convenio abre oportunidades laborales para estudiantes de la UNSJ
La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y el Sanatorio Argentino acordaron incorporar estudiantes avanzados de ingeniería a un programa de pasantías rentadas, con el objetivo de acercar la formación universitaria al trabajo profesional en el ámbito de la salud.
El convenio se firmó este lunes 19 de octubre en el Edificio Central de la UNSJ y está destinado a alumnos y alumnas de Bioingeniería e Ingeniería Industrial, carreras que se dictan en la Facultad de Ingeniería. La iniciativa contempla instancias de capacitación práctica en una institución sanitaria que utiliza equipamiento médico de alta tecnología.
El vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Eric Laciar, subrayó la importancia de esa articulación: el mantenimiento de equipos de última generación requiere profesionales con conocimientos específicos de ingeniería. En ese sentido, consideró que el Sanatorio Argentino constituye un espacio relevante para que los estudiantes complementen su preparación académica con experiencia en un entorno real de trabajo.
Formación universitaria y tecnología médica
El pacto fue suscripto por el rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer; la vicerrectora, Andrea Leceta; la decana de Ingeniería, Andrea Díaz; el vicedecano Eric Laciar, y el gerente del Sanatorio Argentino, Sergio Femenía.
Berenguer resaltó la cada vez más estrecha relación entre la Universidad y la salud pública provincial. Afirmó que dictar Enfermería y Obstetricia, además de sumar Medicina, abrirá nuevas puertas para el trabajo conjunto entre la academia y los hospitales locales».
Desde el Sanatorio Argentino, Femenía definió el convenio como una oportunidad de beneficio mutuo: los estudiantes podrán adquirir experiencia profesional y el establecimiento tendrá la posibilidad de incorporar nuevos conocimientos e innovación a sus equipos de trabajo.
Esta dinámica provee a los futuros profesionales de una plataforma de aprendizaje aplicado, al tiempo que faculta al sistema de salud para optimizar sus capacidades técnicas mediante el aporte de conocimientos especializados.
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Los salarios pierden participación y las ganancias empresarias concentran más ingresos
La remuneración de los asalariados representó el 42,9% del valor agregado bruto en el segundo trimestre de 2026, frente al 44,7% correspondiente al excedente de explotación de las empresas, según el INDEC. La participación salarial cayó 2,43 puntos porcentuales interanuales, mientras las ganancias avanzaron 2,83 puntos. Un informe del IPyPP estima que la transferencia anualizada de ingresos a favor del capital superaría los $27 billones.
La participación de los salarios en la riqueza generada por la economía argentina volvió a retroceder y quedó por debajo de las ganancias empresarias. Según el informe de Cuenta de Generación del Ingreso e Insumo de Mano de Obra del INDEC, durante el segundo trimestre de 2026 las remuneraciones de los asalariados representaron el 42,9% del valor agregado bruto (VAB), mientras que el excedente de explotación bruto —que refleja el resultado correspondiente a las empresas constituidas en sociedad— alcanzó el 44,7%.
La comparación interanual revela un cambio de 2,43 puntos porcentuales en la participación salarial, que un año antes llegaba al 45,4%. En sentido inverso, el componente empresario aumentó 2,83 puntos, desde el 41,9%. Los ingresos mixtos, vinculados principalmente con el trabajo independiente, representaron el 13,2% del valor agregado, frente al 13,6% del mismo período de 2025.
A partir de estos resultados, el Instituto del Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), dirigido por Claudio Lozano, estimó que la transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia el capital empresario superaría los $27,3 billones anuales, equivalentes a unos US$17.600 millones según la conversión utilizada en ese cálculo. Se trata de una estimación económica anualizada, no de una transferencia de dinero registrada como una operación directa entre ambas partes.
La tendencia profundiza el retroceso observado durante el primer trimestre, según el análisis del instituto. En la perspectiva histórica, la participación salarial se encuentra lejos del 50,2% registrado en el segundo trimestre de 2017. Frente a aquel máximo, la caída acumulada alcanza 7,26 puntos porcentuales, una diferencia que el informe estima equivalente a unos $70,7 billones anuales a valores actuales.
Menos empleo registrado y más trabajo precario
La distribución del ingreso coincide con cambios en la composición del mercado laboral. Los datos del INDEC muestran que los puestos de trabajo asalariados disminuyeron un 0,8% interanual durante el segundo trimestre de 2026. Dentro de ese conjunto, el empleo registrado cayó un 1,4%, mientras que los puestos no registrados aumentaron un 0,5%. En cambio, el trabajo no asalariado creció un 3,9%.
Lozano señaló que el incremento total de los puestos de trabajo estuvo impulsado por las ocupaciones no asalariadas y los empleos sin registrar, mientras que se perdieron 156.000 puestos asalariados registrados. La expansión del trabajo independiente, por lo tanto, no implica necesariamente una mejora equivalente en la calidad del empleo ni en los ingresos de quienes trabajan.
La brecha salarial entre las distintas modalidades de contratación también refleja esa diferencia. Según las cifras citadas en el análisis, los ingresos de los trabajadores informales equivalen al 49,28% de los percibidos por los asalariados registrados.
Mariana Sosa, investigadora del Grupo de Estudios del Trabajo y la Economía Social (GEDyMES) del Instituto Gino Germani de la UBA, advirtió sobre el deterioro de las inserciones laborales y el recurso creciente al pluriempleo y las horas extra para completar los ingresos. En ese proceso, sostuvo, algunos trabajadores que pierden un empleo formal pasan a ocupaciones independientes más precarias, con remuneraciones considerablemente inferiores.
Las ganancias crecieron más que los ingresos laborales
La diferencia también aparece en la evolución nominal de los componentes del ingreso. De acuerdo con los datos citados por Lozano, en un año la remuneración al trabajo asalariado aumentó un 29,6% y el ingreso mixto, un 32,9%, mientras que el excedente de explotación avanzó un 46,2%.
El crecimiento fue especialmente pronunciado en algunas ramas. El excedente aumentó más del 70% en actividades primarias —como agro, minería y pesca— y un 157% en electricidad, gas y agua. Estas cifras muestran que la evolución del ingreso empresario no fue homogénea entre las distintas actividades económicas, aunque su participación total en el valor agregado creció durante el período.
El retroceso salarial también coincide con un deterioro de otros indicadores sociales. Un informe de la consultora ExQuanti citado en el material de origen ubicó la pobreza en el 34,4% durante el segundo trimestre de 2026, frente al 29,9% del cuarto trimestre de 2025. Esa estimación no corresponde a la medición oficial semestral del INDEC y debe leerse como un cálculo elaborado por una consultora.
El debate distributivo adquirió relevancia política después de que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendiera ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados la Ley de Modernización Laboral y afirmara que la Ley Bases tuvo un “impacto muy positivo”. Los datos sobre la participación de salarios y ganancias aportan una referencia para examinar cómo se distribuyeron los ingresos durante el período, aunque por sí solos no permiten atribuir todos los cambios a una única norma o decisión gubernamental.
La evolución del segundo trimestre deja una conclusión económica concreta: las remuneraciones perdieron peso relativo frente al excedente empresario, mientras retrocedió el empleo registrado y aumentaron las ocupaciones no asalariadas. La discusión sobre salarios, productividad y legislación laboral queda así vinculada no solo con cuánto crecen los ingresos, sino también con quiénes capturan una mayor proporción de la riqueza que produce la economía.
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El IPV completó la entrega de 442 escrituras en toda la provincia
Un total de 442 familias sanjuaninas avanzaron en la consolidación legal de sus viviendas con la entrega de las escrituras correspondientes a casas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y comprendió a beneficiarios de 15 departamentos, tanto del Gran San Juan como del interior provincial.
La documentación permite formalizar la titularidad de los inmuebles y brinda respaldo jurídico a quienes completaron los requisitos de adjudicación. Durante la entrega, Orrego subrayó la diferencia entre disponer de una vivienda y contar con el título que acredita legalmente su propiedad.
“Una cosa es tener una casa y otra es tener la escritura que les dé la certeza de que esa propiedad es suya”, afirmó el mandatario, quien también señaló que el Gobierno continuará trabajando para responder a las familias que todavía esperan completar el trámite.
Rawson concentró la mayor cantidad de escrituras
La distribución tuvo una fuerte concentración en cuatro departamentos. Rawson recibió 105 escrituras; Chimbas, 69; Rivadavia, 64; y Pocito, 52. En conjunto, esas jurisdicciones reunieron 290 documentos, equivalentes al 65,6% del total entregado.
El resto se distribuyó entre Capital, con 36 escrituras; Sarmiento, con 33; Santa Lucía, con 21; Zonda, con 17; Albardón, con 12; Caucete, con 11; 25 de Mayo, con siete; San Martín, con seis; Ullum, con cinco; y Angaco y 9 de Julio, con dos cada uno.
El acto contó con la participación de autoridades del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, del que depende la política provincial de vivienda.
El título de propiedad, un paso decisivo
La escritura constituye el instrumento legal que acredita la titularidad del inmueble y completa una etapa fundamental para las familias que accedieron a una casa mediante el IPV. Además de aportar seguridad jurídica, permite gestionar distintos trámites vinculados con la propiedad y facilita su transmisión hereditaria.
La entrega de estos documentos también marca la diferencia entre la adjudicación de una vivienda y la formalización plena de su titularidad. Para las familias beneficiarias, contar con la escritura representa la consolidación de un patrimonio y una herramienta para proyectar mejoras y preservar legalmente la propiedad a futuro.
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