El desarrollo del proyecto minero Calcatreu abrió una nueva instancia de articulación institucional entre ASIJEMIN y el Gobierno de Río Negro. Representantes del sindicato que nuclea al personal jerárquico, profesional y técnico de la actividad minera mantuvieron una reunión con autoridades provinciales para presentar su estructura de trabajo, abordar las perspectivas de la minería rionegrina y avanzar en una agenda de encuentros con distintos actores de la industria.

La iniciativa apunta a consolidar la participación gremial en las discusiones vinculadas con el crecimiento de la actividad, especialmente en aquellos aspectos que involucran las condiciones laborales, la seguridad, la capacitación y la representación de los trabajadores especializados. En ese marco, la institucion gremial presentó la documentación institucional y expuso las distintas áreas desde las cuales desarrolla su intervención sindical.

Durante la reunión se detallaron las acciones en materia gremial y de género, el funcionamiento de las brigadas de emergencia y los cuerpos voluntarios, además de las tareas relacionadas con inspecciones, salud y seguridad en el trabajo. También se expusieron los programas de formación, acción social y deportes, junto con el funcionamiento de las delegaciones regionales.

La presentación buscó mostrar el alcance de una estructura sindical que no limita su actividad a la representación convencional, sino que también interviene en cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos, la preparación ante emergencias y el fortalecimiento profesional de quienes se desempeñan en la minería.

El encuentro contó con la participación de los referentes sindicales Marcelo Mena Muñoz (secretario general), Roberto Ovando (secretario gremial nacional) y Oscar Romillo (director regional Sur). Por el Ejecutivo rionegrino estuvieron presentes Joaquín Aberastain Oro (Minería), Milagros Calvo (Juventud) y otros funcionarios provinciales.

La jornada también incorporó una dimensión vinculada con la generación de oportunidades laborales. ASIJEMIN participó de la presentación del programa Empleo Joven, impulsado por la Secretaría de Trabajo de Río Negro, que busca facilitar el acceso de jóvenes de la provincia a su primera experiencia laboral mediante acuerdos destinados a promover su incorporación al mercado de trabajo.

El vínculo entre el avance de la minería y la formación laboral se posiciona como una prioridad en la agenda. Garantizar empleo para la comunidad local exige articular capacitación, apoyo y contacto con las empresas, anticipando los perfiles que demandará cada fase de los emprendimientos.

En ese sentido, Calcatreu constituye una referencia importante para la expansión minera rionegrina y plantea la necesidad de establecer canales de diálogo entre el Estado, las compañías, las organizaciones sindicales y las comunidades involucradas. La participación de ASIJEMIN busca incorporar la perspectiva de los trabajadores jerárquicos, profesionales y técnicos en las decisiones que inciden sobre el funcionamiento de los proyectos y la calidad del empleo.

El director de Hidráulica, José María Ginestar, confirmó que el río San Juan triplicó su caudal en apenas dos semanas y podría alcanzar los 120 metros cúbicos por segundo. Se registraron picos cercanos a los 200, mientras las autoridades evalúan la capacidad de respuesta de los diques y las defensas en sectores de Calingasta. En Chile, el fenómeno obligó a extender la Alerta Roja a ocho comunas.

El acelerado proceso de deshielo en la cordillera comenzó a reflejarse con fuerza en los principales cauces de la región y encendió una señal de atención para el sistema hídrico sanjuanino. En solo 15 días, el caudal del Río San Juan se triplicó: pasó de transportar alrededor de 40 metros cúbicos por segundo a proyectar un promedio de 120 hacia el cierre de esta semana. El incremento, asociado a las altas temperaturas en la zona cordillerana, obliga a mantener un seguimiento permanente sobre los embalses, las obras de contención y las áreas más expuestas a eventuales crecidas.

Desde Hidráulica, Ginestar advirtió que el sistema provincial opera con caudales elevados, alcanzando picos cercanos a los 200 metros cúbicos por segundo. En diálogo radial, el funcionario remarcó que esta crecida exige un monitoreo constante para proteger la infraestructura hídrica.

“Estamos al límite de la primera etapa de los problemas que puedan estar relacionados al río”, sostuvo el funcionario al describir la situación. Según explicó, los diques pueden manejar caudales de hasta 150 metros cúbicos por segundo dentro de determinados parámetros operativos. Cuando los aportes superan ese volumen, resulta necesario analizar otras alternativas para regular el ingreso de agua a los embalses y evitar que sus niveles aumenten por encima de los límites previstos.

Entre las medidas que podrían instrumentarse se encuentra la utilización de los descargadores de fondo, mecanismos que permiten liberar parte del volumen acumulado y administrar los aportes extraordinarios. Ginestar aclaró que, hasta el momento, estos dispositivos no habían sido activados en el sistema del Río San Juan, aunque su eventual utilización forma parte de las alternativas que se consideran ante una continuidad de los caudales elevados.

La preocupación también alcanza a Calingasta, donde el aumento del río plantea interrogantes sobre la capacidad de algunas defensas para responder ante una crecida de mayor magnitud. El titular de Hidráulica mencionó particularmente el sector de El Matadero, donde las estructuras existentes presentan limitaciones frente a un eventual incremento del nivel del agua. A ese dato se suman las observaciones realizadas en el punto de aforo del kilómetro 101, sobre la ruta que conecta San Juan con el departamento cordillerano, donde se registraron olas de entre uno y un metro y medio.

La evolución de los cauces sanjuaninos se inscribe en un fenómeno regional que ya provocó medidas de emergencia del otro lado de la cordillera. En la Región de Coquimbo, Chile, las autoridades extendieron la Alerta Roja por crecidas a ocho comunas: Río Hurtado, Monte Patria, Salamanca, Vicuña, Paihuano, Ovalle, Combarbalá e Illapel. La decisión responde al incremento de los caudales de ríos y esteros, alimentados por las altas temperaturas y el derretimiento acelerado de la nieve acumulada en sectores cordilleranos.

Los organismos de emergencia chilenos mantienen bajo vigilancia las tres principales cuencas de la región y advierten que el fenómeno podría prolongarse hasta mediados o fines de enero. Los pronósticos de temperaturas máximas de entre 32 y 34 grados en valles interiores y zonas precordilleranas profundizan la preocupación. A esto se suma una isoterma cero prevista entre los 5.000 y 5.300 metros de altura, condición que favorece la transformación de la nieve en agua y aumenta el aporte hacia los cursos fluviales.

Aunque la declaración de Alerta Roja en Chile no supone que San Juan atraviese una emergencia equivalente, constituye un antecedente relevante para comprender la dimensión regional del proceso. Las condiciones meteorológicas que impulsan el deshielo también repercuten sobre las cuencas de la provincia, donde los registros actuales ya muestran un crecimiento significativo de los aportes.

Ginestar indicó que los equipos técnicos evalúan de manera continua el comportamiento de los ríos y las perspectivas para las próximas semanas. Además, advirtió que el deshielo no será necesariamente el único factor capaz de modificar los caudales. La eventual llegada de lluvias a sectores de alta montaña y, posteriormente, las precipitaciones en áreas urbanas podrían sumar presión sobre el sistema de escurrimiento y exigir una coordinación más estrecha entre las reparticiones provinciales y los municipios.

La evolución de los próximos días será determinante para establecer si los caudales se estabilizan o continúan en ascenso y, en función de ello, definir eventuales maniobras de regulación en los diques. Mientras tanto, la advertencia oficial apunta también a la prevención: evitar ingresar a los cauces, no permanecer en las riberas y respetar las indicaciones de los organismos de emergencia.

La reciente crecida del Río San Juan pone de relieve la urgencia de contar con una buena infraestructura hídrica y sistemas de alerta temprana ante los rigores del clima. Gestionar los caudales de origen cordillerano, resguardar a las comunidades cercanas y articular la respuesta estatal será fundamental para afrontar una temporada marcada por el impacto de la nieve y las altas temperaturas en el agua disponible en la provincia.

El sindicato resolvió esperar hasta el lunes 16 de noviembre una respuesta de las empresas por las diferencias salariales de mayo a agosto. Si no hay un acuerdo, los choferes podrían iniciar nuevas medidas de fuerza el martes 17, con impacto directo en miles de usuarios.

La posibilidad de un nuevo paro de colectivos volvió a instalarse en San Juan. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) fijó el lunes 16 de noviembre como plazo definitivo para que las empresas del transporte público presenten una respuesta satisfactoria al reclamo salarial de los choferes. Si no se alcanza un entendimiento, el gremio podría retomar las medidas de fuerza desde el martes 17, con consecuencias sobre la prestación del servicio de la Red Tulum.

La decisión fue adoptada durante una reunión de delegados realizada el miércoles 11, que se extendió hasta cerca de la medianoche. Tras analizar la falta de avances en las negociaciones con la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), los representantes sindicales resolvieron conceder una última instancia de diálogo antes de avanzar con una nueva protesta. La advertencia fue confirmada por un representante gremial a Diario Móvil.

El núcleo de la disputa continúa siendo el pago de diferencias salariales correspondientes a mayo, junio, julio y agosto. Se trata de compromisos que permanecen pendientes y que, pese a las conversaciones mantenidas entre las partes, todavía no encontraron una solución integral. Para la organización sindical, la falta de cumplimiento de esos conceptos prolonga un conflicto que ya tuvo consecuencias concretas sobre la circulación de colectivos en la provincia.

El antecedente más cercano se produjo en octubre, cuando una medida de fuerza de los choferes dejó paralizado el transporte público durante aproximadamente 36 horas. La huelga comenzó el 7 de octubre y recién pudo encaminarse hacia una salida después de una instancia de negociación ante la Subsecretaría de Trabajo.

En aquella oportunidad, el entendimiento alcanzado el 15 de octubre contempló el reconocimiento de una suma extraordinaria de $60.000 no remunerativos. Sin embargo, ese compromiso no permitió cancelar las diferencias acumuladas durante los meses anteriores, por lo que el reclamo permaneció abierto y volvió a tensar la relación entre el sindicato y las empresas.

La conflictividad se profundizó el 4 de noviembre, cuando la UTA declaró el estado de alerta y asamblea permanente. La medida reflejó el malestar de los trabajadores ante la falta de respuestas y abrió una nueva instancia de deliberación gremial para definir los pasos a seguir. La reunión del miércoles terminó con una decisión que posterga momentáneamente las acciones directas, pero mantiene vigente la advertencia de una nueva interrupción del servicio.

El plazo del lunes será determinante. Durante los próximos días, las empresas deberán acercar una propuesta que permita destrabar la discusión y responder a las obligaciones salariales reclamadas por los trabajadores. Si no aparece una alternativa aceptable, el martes 17 podría comenzar otra medida de fuerza, cuyo alcance y modalidad dependerán de las decisiones que adopte el sindicato.

La falta de definiciones afecta directamente a los miles de pasajeros que emplean cotidianamente la Red Tulum para cumplir con sus obligaciones laborales, educativas y sanitarias. Una eventual interrupción del servicio comprometería nuevamente la conectividad provincial y reflejaría las consecuencias de las disputas sectoriales sobre una prestación básica para la ciudadanía.

Por ahora, la UTA mantiene abierta la instancia de negociación, aunque el margen para evitar otra huelga es reducido. La resolución del conflicto dependerá de que las empresas presenten una respuesta concreta sobre las diferencias adeudadas y de que las partes logren convertir el último plazo sindical en un acuerdo efectivo. De lo contrario, San Juan podría enfrentar desde el martes una nueva interrupción del transporte público.