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Referentes de distintos espacios políticos solicitaron en la Cámara de Diputados la ampliación del juicio político contra Javier Milei (presentado originalmente bajo el Expediente 0031-P- 2024), en el marco de la campaña instrumentada por el primer mandatario para destruir el Estado, resquebrajar el andamiaje jurídico instituido por los partidos políticos y violentar el andamiaje normativo de la Constitución Nacional.

En la primera presentación se había realizado el día 22 de abril, y se solicitaba al Congreso de la Nación que investigue tanto al Presidente como a otros funcionarios por los posibles delitos de: «Instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos; apología del delito y la incitación a cometer delitos financieros con la posible afectación a la división de poderes; y la posible comisión del delito de apología del crimen».

En esta oportunidad, además de sumar firmas patrocinantes, el pedido de ampliación se basa en la aparición de nuevas razones para que se avance con el juicio político. Allí se sostiene que el mandatario cometió delitos contra el orden constitucional y la vida democrática. “En recientes declaraciones ante una corresponsal extranjera, Milei no ha vacilado en caracterizarse y representarse a sí mismo como un “topo”, que ha ingresado al aparato del Estado, en el cargo de máxima responsabilidad, por su carácter unipersonal, de Presidente de la Nación Argentina, función investida de la representación del Estado/Nación, para con el pueblo argentino y ante la comunidad internacional.”, sostiene el texto presentado.

Asimismo, se lo acusa por sus iniciativas cuyo objetivo sería “terminar con la casta política». En este sentido, se argumenta: “Nada de lo ocurrido en la esfera del poder político/administrador puede ser rescatado como defensa de la institucionalidad y la economía nacional. Los índices crecientes de pobreza e indigencia y la victimización de la niñez y de los mayores adultos, situación que en nuestra primera presentación caracterizamos como obrar comisivo de un genocidio económico, se profundiza en el día a día, sin que se pueda advertir luz alguna al final del túnel, ni ficcionales ‘rebotes’ de la economía nacional. Todo lo que ocurre es para peor”.

El pedido de ampliación se ha presentado en el día de la fecha (25 de junio de 2024) ante la presidencia de la Cámara de Diputados. Entre sus patrocinantes están Adolfo Perez Esquivel, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski, Taty Almeida, Claudio Lozano, Jorge Elbaum, Dora Barrancos, Hector Recalde, Hugo Ernesto “Cachorro” Godoy, Ricardo Peidro, Eduardo Freiler, Liliana Hendel, Atilio Boron, Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis, entre otros, quienes solicitan a la Comisión de Juicio Político abocarse de forma perentoria a su tratamiento ante el peligro que se cierne sobre La Paz Social y la Convivencia Democrática.

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Sturzenegger busca centralizar el control sobre seguros y riesgos laborales

En un nuevo capítulo de la ofensiva desregulatoria del Gobierno, el ministro Federico Sturzenegger apunta a desmantelar las Superintendencias de Seguros y de Riesgos del Trabajo, fusionándolas y absorbiendo sus funciones bajo el Ministerio de Economía. La medida genera preocupación en sectores regulados y sindicatos.

La avanzada desregulatoria del ministro Sturzenegger no cesa. Ahora, su objetivo son las Superintendencias de Seguros de la Nación y de Riesgos del Trabajo, dos organismos clave en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales. Según trascendió, el plan contempla fusionar ambas entidades, recortar personal y suprimir su autonomía técnica, centralizando sus funciones bajo la órbita del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Esta movida busca achicar el aparato estatal, pero implica un corrimiento significativo hacia una estructura centralizada, desplazando espacios técnicos autónomos que podrían perder capacidad de control y supervisión. La medida podría tener un impacto directo en la regulación del sistema asegurador y las condiciones laborales, generando preocupación en sectores regulados y sindicatos.

En paralelo, Sturzenegger prepara un ataque sobre la intermediación obligatoria de seguros, buscando eliminar la participación exclusiva de los Productores Asesores de Seguros (PAS). De concretarse, abriría el mercado a nuevos operadores, desregulando la venta directa y virtual de pólizas. Sin embargo, esto podría generar vulnerabilidad en los consumidores frente a prácticas abusivas o falta de asesoramiento profesional.

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Trabajadores de la TV Pública denuncian censura y manipulación

Los trabajadores de la TV Pública denunciaron a través de sus redes sociales que la gerencia de noticias impone censura sobre los temas y la forma de abordaje, impidiendo hablar de la «proscripción» de Cristina Fernández de Kirchner y controlando cada información que se da sobre su condena.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es grave y alarmante. Según explicaron, la gerencia de noticias controla cada información que se da sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner, impidiendo hablar de su proscripción y solo permitiendo entrevistar a constitucionalistas que celebran la condena. Esto es un claro ejemplo de censura y manipulación de la información.

Metodología de Censura

Los trabajadores aseguraron que esta no es la primera vez que se aplica esta metodología de censura en la televisión estatal. Recordaron que se aplicó de manera similar durante el conflicto del Garrahan y en el caso del disparo de un gendarme que hirió de gravedad al reportero gráfico Pablo Grillo. Esto sugiere que la censura y la manipulación de la información son prácticas habituales en el canal.

En este sentido remarcaron que junto al sindicato que los nuclea, el Sipreba, repudiaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner, considerándola un ataque directo a la libertad y la democracia en el país. Defendieron los medios públicos y el derecho humano a una información plural, diversa y federal.

La denuncia de los trabajadores de la TV Pública es un llamado de atención sobre la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de defender los medios públicos. La censura y la manipulación de la información son prácticas inaceptables que atentan contra la democracia y el derecho a la información.

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El PJ llama a la unidad en defensa de Cristina Kirchner

El Partido Justicialista convocó a su Consejo Federal para debatir los pasos a seguir tras la condena de la Corte Suprema a Cristina Fernández de Kirchner. La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a la ex presidenta.

La reunión del Consejo Federal del Partido Justicialista se llevó a cabo este jueves 12 de junio en la sede de Matheu al 130, y contó con la presencia de destacados dirigentes peronistas como Sergio Massa, Máximo Kirchner, Juan Grabois y Guillermo Moreno. El encuentro, que comenzó a las 16 horas y culminó cerca de las 19 horas, fue un llamado a la unidad y a la acción para proteger a Cristina Fernández de Kirchner y al peronismo.

La senadora Anabel Fernández Sagasti adelantó que habrá una marcha multitudinaria en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner si ella tiene que presentarse en Comodoro Py. Además, se anunció que habrá una cumbre con gobernadores peronistas y la CGT para coordinar acciones en defensa de la ex presidenta. La estrategia de resistencia del PJ busca enviar un mensaje de defensa de la democracia y de rechazo a la condena de la Corte Suprema.

La representación del poder territorial estuvo marcada por la presencia de intendentes como Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Gustavo Menéndez (Merlo); además de Ricardo Quintela, actual gobernador de La Rioja, y Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco.

También se sumaron referentes del sindicalismo y los movimientos sociales como Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL); Víctor Santamaría, secretario general del SUTERH; Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande; y Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita.

Completaron la lista de asistentes Gabriel Mariotto, ex vicegobernador bonaerense y ex titular de la AFSCA; Edgardo Depetri, ex diputado nacional; Malena Galmarini, ex presidenta de AySA; y Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Además, se congregaron en el espacio sectores como La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sociales y el Frente Patria Grande, entre otros.

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