La Policía salteña interceptó dos camionetas con integrantes del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo que transportaban armas de fuego, cartuchos, machetes y elementos para dañar vehículos. La Federación Petrolera denunció que se intentó ejecutar una emboscada contra un acto gremial y aseguró que “se evitó una tragedia”.

Un operativo de la Policía de Salta desactivó en las últimas horas un episodio de extrema gravedad que sacudió al sindicalismo petrolero y abrió una fuerte investigación judicial sobre presuntas acciones violentas organizadas contra un acto gremial en General Güemes.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 9/34, en los accesos a la ciudad salteña, donde efectivos provinciales interceptaron dos camionetas en las que viajaban ocho integrantes de la comisión directiva del Sindicato de Petróleo y Gas de Cuyo. Durante la requisa, la fuerza secuestró armas de fuego de distintos calibres, rifles de aire comprimido, más de 200 municiones, cuchillos, bates de béisbol y una importante cantidad de “miguelitos”, artefactos metálicos utilizados para perforar neumáticos.

La intervención policial se produjo luego de una alerta preventiva vinculada a posibles incidentes durante el lanzamiento de la Agrupación Azul y Blanca del gremio de Trabajadores de la Industrialización Privada del Petróleo y Gas de Salta y Jujuy, una actividad sindical que había convocado a dirigentes y trabajadores de distintos puntos del norte argentino.

El dato que elevó la preocupación dentro del sector no fue únicamente el volumen del arsenal secuestrado, sino la identidad de los involucrados. Según confirmaron fuentes de la investigación, los detenidos no serían militantes aislados sino miembros de conducción del sindicato cuyano encabezado por Gabriel Barroso.

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles apuntó directamente contra Barroso y contra Sebastián Barrios, secretario general del sindicato petrolero de Salta y Jujuy, a quienes responsabilizó políticamente por el episodio. “Se evitó una tragedia”, afirmaron desde la organización nacional, que calificó el hecho como uno de los acontecimientos más delicados registrados en la interna sindical petrolera de los últimos años.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal de General Güemes, que ya avanzó con las primeras imputaciones mientras intenta determinar si existió planificación previa y coordinación logística para ejecutar una acción violenta durante la jornada gremial.

Dentro de las hipótesis que analiza la Justicia aparece la posible existencia de grupos organizados de choque vinculados a disputas internas del sector petrolero. Investigadores remarcan que el traslado de armamento y la presencia de elementos como “miguelitos” sugieren preparación previa y un esquema operativo que excedería un episodio improvisado.
El caso provocó un fuerte impacto dentro del sindicalismo energético, donde la disputa por representación, control territorial y conducción gremial viene escalando con intensidad durante los últimos meses.

En Salta y Jujuy, el episodio generó además preocupación institucional por el nivel de violencia que comienza a emerger dentro de algunos sectores sindicales estratégicos ligados a la actividad hidrocarburífera, una industria atravesada por fuertes intereses económicos y políticos.

Mientras la investigación judicial avanza, la imagen de un convoy gremial trasladando armas y municiones para irrumpir en una actividad sindical dejó al descubierto una disputa interna que ya desbordó los límites de la confrontación política y sindical tradicional.

La Provincia abrió oficialmente la licitación para construir un nuevo ordenador vial en el cruce de Ruta 20, Gorriti y calle Belgrano. La inversión supera los $3.653 millones y apunta a reducir accidentes en uno de los sectores con mayor complejidad vehicular del Gran San Juan.

El Gobierno sanjuanino puso en marcha la esperada licitación para ejecutar la mega rotonda del Monumento al Gaucho, una intervención destinada a reorganizar la circulación en uno de los puntos más conflictivos del tránsito provincial.

La obra se desarrollará en el estratégico cruce de Ruta Nacional 20, calle Gorriti y calle Belgrano, en Santa Lucía, un sector históricamente asociado a accidentes graves y a un intenso movimiento vehicular entre el Gran San Juan y Caucete.

La convocatoria fue oficializada por la Dirección Provincial de Vialidad mediante Licitación Pública y contará con un presupuesto superior a los $3.653 millones, financiados íntegramente con fondos provinciales.

El proyecto contempla la construcción de una rotonda de gran dimensión, derivadores de tránsito, rediseño de accesos, nueva señalización e iluminación integral para mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación en horarios de alta congestión.

Desde el Ejecutivo consideran que la intervención representa una solución estructural para un cruce que, durante años, acumuló reclamos vecinales y siniestros que instalaron en la comunidad la imagen de una de las zonas más peligrosas del mapa vial sanjuanino.

La iniciativa también refleja la decisión provincial de sostener obras de infraestructura pese al freno nacional de la obra pública. Para avanzar con los trabajos, la gestión de Marcelo Orrego debió firmar convenios con Vialidad Nacional que habilitaron a San Juan a intervenir con recursos propios sobre una traza de jurisdicción federal.

Ese esquema quedó ratificado en febrero de este año por la Cámara de Diputados provincial, mientras que en marzo se completó la audiencia pública necesaria para obtener la Declaración de Impacto Ambiental.

El proyecto retoma una vieja demanda vinculada al ordenamiento del acceso Este, aunque con un enfoque distinto al planteado años atrás, cuando la zona formaba parte de un plan integral ligado a una nueva terminal de ómnibus. Finalmente, la actual gestión decidió priorizar exclusivamente la seguridad vial y la conectividad.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 29 de mayo en el Centro Cívico. La apertura de sobres se realizará ese mismo día en el Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Si los plazos administrativos avanzan según lo previsto, la obra comenzará durante el segundo semestre del año y podría quedar terminada entre fines de 2026 y comienzos de 2027.

La obra social de los jubilados atraviesa una de las etapas más delicadas de los últimos años. A la reducción de coberturas y las demoras en pagos a farmacias se suman denuncias por compras irregulares, sobreprecios millonarios y disputas políticas internas dentro del organismo.

El PAMI atraviesa una crisis de múltiples dimensiones que ya impacta de lleno sobre millones de jubilados y pensionados en todo el país. Mientras la cobertura de medicamentos se reduce progresivamente y las farmacias acumulan demoras en los pagos, el organismo quedó envuelto además en una escalada de denuncias por presuntas irregularidades administrativas, contrataciones excepcionales y maniobras vinculadas al uso político de su estructura.

El deterioro más visible aparece en el acceso a los medicamentos. Aunque los tratamientos destinados a enfermedades crónicas mantienen cobertura total, numerosos fármacos de uso frecuente pasaron a registrar reintegros parciales del 50%, 60% u 80%, e incluso algunos remedios que anteriormente eran gratuitos hoy apenas cuentan con descuentos mínimos.

Con haberes jubilatorios cada vez más deteriorados frente al costo de vida, miles de adultos mayores comenzaron a restringir tratamientos, priorizando únicamente los medicamentos considerados imprescindibles y postergando otros por falta de recursos.

La situación también expone la fragilidad financiera del sistema de prestaciones. Farmacias de distintas provincias denuncian atrasos de hasta dos meses en los pagos por parte del organismo, una dinámica que genera fuertes problemas de liquidez y obliga a muchos establecimientos a reducir stock, limitar entregas o directamente dejar de atender afiliados del PAMI.

El mecanismo provoca un severo desgaste operativo: las farmacias deben comprar medicamentos y sostener la atención inmediata, mientras los reintegros llegan con demoras crecientes en un escenario de inflación todavía elevada y costos financieros en ascenso.

Con este cuadro, el organismo quedó nuevamente bajo sospecha por presuntas maniobras irregulares en contrataciones y compras directas. Exfuncionarios denunciaron un esquema sistemático de adquisiciones realizadas mediante “vías de excepción”, una herramienta prevista únicamente para situaciones extraordinarias pero que, según las acusaciones, habría sido utilizada de forma recurrente para evitar procesos licitatorios formales.

Las denuncias hablan de sobreprecios millonarios en medicamentos, prótesis, marcapasos y servicios médicos, con diferencias que, según distintos testimonios incorporados a expedientes judiciales, habrían alcanzado porcentajes extremadamente elevados.

Una de las acusaciones más resonantes fue presentada por la excoordinadora contable Viviana Aguirre, quien sostuvo que las irregularidades se administraban desde áreas centrales del organismo y que existían mecanismos de retornos vinculados a designaciones políticas y contrataciones.

La sitación se complejiza además por la disputa interna dentro del oficialismo por el control del PAMI, uno de los organismos con mayor volumen presupuestario del Estado nacional. Las tensiones entre distintos sectores libertarios derivaron en desplazamientos de funcionarios, cruces internos y filtraciones de informes vinculados a presuntas irregularidades administrativas.

En este contexto, la crisis deja expuesta una contradicción cada vez más visible: mientras el ajuste recae sobre jubilados, prestadores y farmacias, el organismo continúa atravesado por disputas de poder, denuncias judiciales y sospechas de manejo discrecional de fondos públicos.

El impacto social ya resulta inocultable. Jubilados que resignan tratamientos, farmacias financieramente asfixiadas y prestadores con pagos demorados configuran una postal cada vez más crítica de un sistema que debería garantizar atención sanitaria a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.