Un ejercicio de la consultora Qualy estimó que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 habría llegado al 344,3% si el INDEC hubiera aplicado la estructura de gastos de la ENGHo 2017/18. La medición oficial arroja 328,8%. La mayor incidencia de tarifas, transporte y alquileres explica buena parte de la diferencia.

La diferencia llega a 15,5 puntos porcentuales y adquiere relevancia porque no surge de incorporar una lista completamente distinta de bienes y servicios, sino de modificar el peso que cada rubro tiene dentro de la canasta utilizada para calcular el índice.

El ejercicio de Qualy reconstruyó mes a mes la evolución del IPC desde diciembre de 2023 aplicando las ponderaciones correspondientes a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18. El resultado permite dimensionar el efecto acumulativo de una diferencia que, observada en períodos breves, puede parecer marginal.

Un ejemplo aparece en julio. De acuerdo con la reconstrucción privada, la inflación mensual habría sido del 2,14%, apenas tres centésimas por encima del 2,11% publicado oficialmente. Sin embargo, al acumular las variaciones durante más de dos años, pequeñas diferencias mensuales terminan produciendo una brecha considerable.

El peso de los servicios

La explicación central está en la estructura de ponderaciones. La metodología que utiliza actualmente el INDEC se basa en los patrones de consumo relevados por la encuesta de gastos de 2004/05, posteriormente actualizados mediante la evolución de los precios.

La estructura prevista para la actualización toma como referencia la ENGHo 2017/18 y modifica la incidencia de los distintos componentes del gasto familiar. Según Qualy, la nueva canasta asignaría un peso significativamente mayor a los servicios dentro del índice general.

Ese cambio resulta especialmente relevante durante la gestión de Milei debido a la evolución de tarifas, transporte y alquileres. Los aumentos registrados en esos rubros tendrían una incidencia mayor en la medición actualizada y, por lo tanto, elevarían el resultado acumulado.

La discusión, entonces, no se limita a determinar qué bienes y servicios integran el IPC. La ponderación de cada componente también define cuánto influye una variación de precios sobre el indicador final. Una suba del mismo porcentaje puede tener efectos diferentes sobre el índice dependiendo del peso asignado al rubro dentro del presupuesto de los hogares.

Una actualización que quedó suspendida

El INDEC había anunciado en octubre de 2025 que comenzaría a utilizar desde enero de 2026 la estructura de gastos correspondiente a la ENGHo 2017/18. La modificación buscaba actualizar la composición de la canasta y adecuarla a hábitos de consumo relevados en una encuesta más reciente.

La implementación, sin embargo, fue postergada por el Gobierno a comienzos de febrero. La decisión derivó en la renuncia de Marco Lavagna, quien estaba al frente del organismo estadístico.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió entonces la continuidad del índice vigente y sostuvo que no era conveniente modificarlo en ese momento. “No hay que cambiar el índice ahora”, afirmó, y agregó que “da prácticamente igual”.

El trabajo de Qualy vuelve sobre aquella discusión con una serie que permite observar el efecto acumulativo de las distintas ponderaciones. Aunque la diferencia mensual pueda ser reducida, el resultado de largo plazo muestra una distancia que la consultora ubica en 15,5 puntos porcentuales.

La discusión adquiere además una dimensión institucional porque el IPC constituye uno de los principales indicadores utilizados para evaluar la evolución del poder adquisitivo, actualizar contratos, definir negociaciones salariales y analizar el comportamiento de la economía.

El cálculo privado no modifica la estadística oficial ni implica que el INDEC haya publicado un dato incorrecto: se trata de una reconstrucción contrafactual que aplica una metodología distinta a la vigente. Su aporte consiste en mostrar cuánto podría cambiar la inflación acumulada si se utilizara una estructura de consumo más reciente.

Con la metodología actualmente empleada, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 se ubica en 328,8%. Con las ponderaciones de la ENGHo 2017/18, el ejercicio de Qualy la lleva a 344,3%. La diferencia vuelve a colocar en primer plano la discusión sobre la actualización del IPC y sobre cuánto refleja la medición oficial la composición del gasto de los hogares argentinos después de los fuertes aumentos registrados en servicios regulados, transporte y alquileres.

La cumbre que reunió a gobernadores y principales dirigentes del peronismo dejó abierta la posibilidad de que Sergio Massa, Axel Kicillof y otros referentes compitan en una interna para definir la candidatura presidencial de 2027. El senador José Mayans sostuvo que el espacio debe preservar las PASO y que el dirigente con mayor respaldo electoral deberá encabezar la fórmula.

El peronismo comenzó a ordenar su disputa interna con una premisa que hasta hace poco parecía difícil de consensuar: la candidatura presidencial de 2027 no debería resolverse por un acuerdo de cúpulas, sino por el voto de los propios electores del espacio. La definición surgió de una reunión de más de cuatro horas entre gobernadores y referentes nacionales, que dejó abierta la posibilidad de una competencia entre Sergio Massa y Axel Kicillof, aunque también habilitó la participación de otros dirigentes.

El senador nacional José Mayans, uno de los participantes de la cumbre, confirmó que el objetivo es preservar una instancia electoral que permita medir a las distintas corrientes del peronismo. “Primero, unidad, que nadie saque los pies del plato, que todos puedan participar de las PASO”, afirmó. Bajo esa lógica, mencionó a Sergio Uñac, Juan Manzur, Gerardo Zamora y Axel Kicillof, entre otros dirigentes que podrían someterse a la consideración de los votantes.

Massa también aparece dentro de ese abanico. Mayans evitó definirlo como candidato, pero reconoció que advierte en el exministro de Economía una voluntad concreta de regresar a la competencia electoral. “Hay una posibilidad. Yo lo veo con ganas de participar”, señaló, aunque aclaró que sería “una irresponsabilidad” de su parte afirmar que ya existe una postulación formal.

La posibilidad de una interna entre Massa y Kicillof es una de las hipótesis que comenzó a ganar fuerza después de la reunión. Dentro del peronismo observan que ambos dirigentes cuentan con perfiles diferentes y capacidad para construir respaldos territoriales. Massa conserva vínculos con gobernadores y dirigentes del denominado Norte Grande, mientras que Kicillof desarrolla desde la provincia de Buenos Aires una construcción política propia.

En esa disputa también aparecen Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Juan Manzur. Sergio Uñac, en tanto, quedó fuera de este primer encuentro, aunque mantiene su propia construcción política y busca ampliar sus respaldos de cara a las futuras definiciones.

La discusión electoral está directamente vinculada con la batalla que el peronismo pretende dar en el Congreso para impedir la eliminación de las PASO. La continuidad de las primarias es considerada por los dirigentes reunidos como la alternativa institucional que permitiría resolver las diferencias sin recurrir a una designación directa.

Si finalmente las PASO fueran eliminadas, dentro del PJ evalúan la posibilidad de organizar una interna partidaria. Pero la primera apuesta continúa siendo sostener el mecanismo de primarias y convertirlo en el instrumento para ordenar la oferta electoral del peronismo.

“Dentro de nuestro espacio, nosotros estamos abiertos a que compitan las personas que quieran competir, que se pongan a consideración del pueblo argentino”, resumió Mayans. El criterio, según explicó, sería sencillo: unidad para competir y reconocimiento del resultado para determinar quién queda al frente.

Massa vuelve al centro de la escena electoral

La reunión también reforzó la presencia de Sergio Massa en la discusión nacional. Su reciente intervención en el debate legislativo sobre la extranjerización de tierras fue interpretada dentro del peronismo como una muestra de recuperación de protagonismo político.

El dirigente del Frente Renovador, además, mantiene contactos con gobernadores y referentes provinciales. Su encuentro con Ricardo Quintela en La Rioja alimentó las versiones sobre una posible articulación política hacia 2027 y sobre la construcción de una propuesta de alcance federal.

Ese recorrido no está exento de dificultades. Massa deberá tender puentes con mandatarios como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, cuyas posiciones frente al Gobierno de Javier Milei generaron diferencias con otros sectores del peronismo.

La premisa que atravesó la reunión fue evitar que la definición de la candidatura quede atada a la figura de un “candidato natural”. En esa línea, una eventual competencia interna permitiría que los distintos espacios exhiban su capacidad territorial y que el resultado electoral funcione como mecanismo de ordenamiento.

Kicillof y Máximo Kirchner, una señal de distensión

Otro dato político relevante fue el encuentro entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, dos dirigentes que mantienen profundas diferencias sobre la conducción del peronismo bonaerense y la orientación del espacio.

Según relató Mayans, ambos se saludaron cordialmente al llegar a la reunión y no protagonizaron ningún cruce durante las más de cuatro horas de deliberaciones. “No hubo en la reunión un momento en que se discutió algún tema ríspido”, aseguró.

La escena adquiere relevancia porque cualquier intento de construir una candidatura presidencial competitiva deberá atravesar primero las diferencias que persisten dentro del peronismo bonaerense, principal distrito electoral del país.

Mayans también reveló que había conversado con Cristina Kirchner antes de la cumbre y que le transmitió los alcances de la convocatoria. Según su relato, la expresidenta respondió: “Me parece bien, ocúpense del tema de la gente”.

Provincias, recursos y crítica al Gobierno

La discusión no quedó limitada a las candidaturas. Los gobernadores y dirigentes analizaron la pérdida de recursos de las provincias, el endeudamiento de las familias, la mora en los servicios públicos y la reducción de la inversión pública.

Mayans sostuvo que esos problemas deberán formar parte de una agenda común y mencionó también el tratamiento de iniciativas legislativas que impactan sobre las administraciones provinciales.

La reunión derivó así en una coordinación política que excede la cuestión electoral. Los dirigentes comenzaron a articular posiciones en las legislaturas provinciales y en el Congreso frente a asuntos vinculados con las rutas, el impuesto a los combustibles y el futuro de empresas públicas.

En ese intercambio apareció una definición atribuida a Massa que sintetizó una de las preocupaciones de los participantes: “La gente la está pasando mal, no nos puede ver peleando por la nuestra”. La frase funcionó como advertencia sobre la necesidad de que la discusión interna quede subordinada a una agenda económica y social capaz de interpelar al electorado.

La reunión inicial de la nueva mesa peronista evitó la proclamación formal de Sergio Massa como postulante presidencial, aunque pactó una definición estratégica más decisiva para el futuro político del espacio: la preferencia por unas primarias competitivas antes que el tradicional «dedazo: el nombre del próximo postulante del PJ podría surgir de una competencia interna en la que Massa, Kicillof y otros dirigentes deberán medir su respaldo electoral. La batalla inmediata, sin embargo, estará en el Congreso, donde el peronismo buscará impedir que el Gobierno elimine las PASO y cierre la principal vía institucional para resolver su propia interna.

La legislatura provincial confirmó una sesión especial para el próximo miércoles, con un temario exclusivo: el convenio con Vicuña Argentina por un aporte anticipado de hasta US$250 millones y el proyecto vinculado con las rutas nacionales.

El Cuerpo legislativo de San Juan tratará el próximo miércoles, en una sesión especial, dos iniciativas prioritarias para el Gobierno de Marcelo Orrego: el acuerdo firmado con Vicuña Argentina y el proyecto relacionado con las rutas nacionales. La convocatoria tendrá un temario exclusivo y concentrará el debate en ambos expedientes.

La definición se produjo luego de la presentación realizada este viernes por funcionarios del Ejecutivo ante los legisladores. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de Producción, Gustavo Fernández expusieron sobre los expedientes 1904 y 1955 y respondieron consultas vinculadas con sus aspectos técnicos, financieros y legales.

El convenio con Vicuña contempla una contribución anticipada de hasta US$250 millones para financiar obras de infraestructura en San Juan. El acuerdo fue firmado el 5 de agosto y establece un plazo de 60 días corridos para obtener la aprobación legislativa.

Durante la reunión, los diputados plantearon dudas sobre los honorarios bancarios, la afectación específica de los fondos, las zonas de influencia de las obras y, especialmente, los alcances de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El ministro Perea defendió el entendimiento y sostuvo que se trata de un acuerdo favorable para la provincia. Según explicó, no existen flexibilizaciones para la empresa y destacó que algunas obligaciones, como el mecanismo de forestación, quedarán bajo definición provincial mientras que el aporte corresponderá a Vicuña.

El expediente continuará su recorrido en las comisiones de Legislación, Hacienda y Minería antes de llegar al recinto. El oficialismo busca reunir el respaldo necesario y ampliar el consenso legislativo, aunque el bloque Justicialista mantiene una postura contraria al convenio y al proyecto referido a las rutas nacionales.

Con los votos propios y el acompañamiento previsto de otros espacios y legisladores, el oficialismo tendría asegurada la aprobación. Entre quienes anticiparon su respaldo aparecen Eduardo Cabello, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Pedro Albagli y Franco Aranda.

La sesión del miércoles representará así el próximo paso decisivo para dos iniciativas con impacto directo sobre la infraestructura provincial: una vinculada al financiamiento anticipado derivado del acuerdo minero y otra orientada a la intervención de San Juan sobre rutas nacionales.