La crisis de las pequeñas y medianas empresas suma nuevas señales de deterioro: Apyme estima que más de 30.000 pymes cerraron desde la asunción de Javier Milei, un promedio de 33 por día, y advierte que la cantidad de empresas con problemas de pago aumentó un 53% interanual hasta septiembre. Frente a este panorama, la entidad puso en marcha una campaña nacional para visibilizar las dificultades que atraviesan comercios y unidades productivas.

La iniciativa contempla la colocación de carteles en las fachadas de establecimientos de distintas localidades, con la consigna “Este comercio / Pyme no soporta el modelo económico”. La organización busca instalar el reclamo en el debate público y advertir sobre el impacto que atribuye a las políticas económicas nacionales.

Uno de los principales indicadores de alarma es la evolución de las ventas minoristas. Según los datos difundidos por la entidad, las ventas de las pymes comerciales retrocedieron cerca de un 13% entre noviembre de 2023 y junio de 2026. Apyme relaciona esa caída con la pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares, la contracción del empleo y las dificultades para acceder a financiamiento.

A esa merma se suman los costos de los servicios y los alquileres, junto con el aumento de los precios mayoristas, que alcanzó el 3,3% en septiembre, de acuerdo con las cifras citadas por la organización. También cuestionó el ingreso de bienes de consumo importados por sus posibles efectos sobre la producción nacional y la comercialización de productos locales.

La presión financiera se refleja, además, en los instrumentos de pago y las obligaciones tributarias. Apyme alertó sobre el aumento de los cheques rechazados y señaló que la cantidad de empresas morosas creció un 53% interanual hasta septiembre.

En este sentido, entre enero y agosto se registraron 135.744 embargos de ARCA sobre personas jurídicas, un 52% más que en el mismo período de 2025, según los datos difundidos. De ese total, 113.116 correspondieron a microempresas, más del 80%.

La campaña continuará en distintos puntos del país y se extenderá a otros rubros. Con esta iniciativa, Apyme procura convertir las dificultades financieras y comerciales de las pequeñas empresas en un reclamo público por condiciones que permitan sostener los negocios, preservar puestos de trabajo y mantener la producción.

Los gremios docentes y nodocentes de las universidades nacionales anunciaron que sostendrán las movilizaciones hasta que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. El pronunciamiento llegó después de la quinta Marcha Federal que, según la estimación de la Federación de Docentes (FEDUN), reunió a más de un millón de personas en distintos puntos del país.

La organización que conduce Daniel Ricci reivindicó la masividad de la convocatoria y sostuvo que la movilización expresó el respaldo social a la educación pública, en medio de los reclamos por la recomposición salarial y los recursos destinados al funcionamiento de las casas de altos estudios.

“Haremos todas las marchas y acciones que sean necesarias hasta que se cumpla la Ley de Financiamiento y se garantice el futuro de nuestras universidades”, advirtió la FEDUN. La federación también consideró que la convocatoria trascendió las reivindicaciones gremiales y reunió a estudiantes, trabajadores, graduados y ciudadanos en defensa de la universidad pública.

En la misma línea se pronunció la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), encabezada por Walter Merkis, que ratificó la continuidad de las protestas si persiste el incumplimiento de la norma. La entidad destacó la participación de los sindicatos de base y la convergencia de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias.

“La lucha es federal. La Universidad Pública también. Y mientras la ley siga sin cumplirse, vamos a seguir con las marchas”, sostuvo la FATUN, que vinculó el reclamo con la defensa de los salarios, la educación, la soberanía y la democracia.

La Legislatura de San Juan se encamina a definir este jueves la autorización de un crédito internacional por USD 160 millones destinado a modernizar la Ruta Nacional 40 Sur, una obra clave para la conexión con Mendoza que quedó paralizada por la reducción de recursos nacionales. El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, será tratado sobre tablas, según la definición anticipada por fuentes legislativas, lo que permitiría llevarlo directamente a votación sin un paso previo por comisiones.

El financiamiento permitirá ejecutar una intervención de aproximadamente 26 kilómetros entre Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, con la transformación del tramo en autopista. Las tareas habían quedado interrumpidas luego de que el Gobierno nacional recortara los fondos destinados a la obra. Frente a esa paralización, el gobernador Marcelo Orrego había anticipado que buscaría alternativas de financiamiento, incluida la asistencia de organismos internacionales.

El crédito tiene un plazo total de 15 años, con 66 meses de gracia para la amortización del capital y pagos semestrales a una tasa variable equivalente a la SOFR a seis meses más un margen anual del 1,75%. La operación requiere autorización legislativa, de acuerdo con las atribuciones constitucionales de la Cámara para habilitar al Ejecutivo a contraer empréstitos y establecer sus condiciones de devolución.

La obra tendrá un fuerte impacto regional al alcanzar de forma directa a cerca de 1,5 millones de personas en San Juan y Mendoza, sumando 900.000 beneficiarios indirectos. En términos laborales, la etapa constructiva dinamizará la economía con la generación de más de 4.000 empleos directos e indirectos.

Una vez terminados los trabajos, las previsiones apuntan a reducir un 35% los tiempos de viaje y generar un ahorro anual de USD 12 millones en costos de transporte. Se trata de estimaciones asociadas al proyecto, cuyo resultado dependerá de la ejecución efectiva de las obras.

La votación del jueves será, por lo tanto, un paso decisivo para convertir el financiamiento anunciado en una herramienta concreta de reactivación. La autorización permitiría a San Juan avanzar con una obra vial pendiente y recuperar una conexión relevante para la circulación de personas, el transporte de cargas y la integración económica con Mendoza.