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La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) ratificó el paro de 36 horas para los días jueves y viernes de esta semana en reclamo por la recomposición salarial del 8,5% pactada para abril y contra la vuelta del Impuesto a las Ganancias que estipula el paquete fiscal que se votará junto a la Ley de Bases en el Senado de la Nación.

El secretario general del gremio, Julio Piumato, explicó que la medida de fuerza fue ratificada luego de no haber recibido novedades sobre el pago de la recomposición salarial del mes de abril, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tramita con el Poder Ejecutivo a cargo de Javier Milei.

El dirigente de los judiciales aclaró que el 8,5% ofrecido por la Corte, “no es lo que aspiramos”, pero que “no vamos a aceptar que nuevamente a la Corte la cacheteen y se deje avasallar por este ajuste inhumano que está saliendo del gobierno”, afirmó sobre los pedidos al Ejecutivo para que adecuen las partidas destinadas al presupuesto del Poder Judicial.

A su vez, advirtió que si en el transcurso de la semana el gobierno gira fondos para un ajuste salarial por debajo del monto que estableció la corte, el paro continuará vigente, “si en el camino, después de este martes, aparece la recomposición de abril y no es lo que pidió la Corte, el 8,5%, ratificamos el paro de 36 horas”, enfatizó Piumato.

El paro nacional de judiciales comenzará este jueves 6 de junio desde las 10 horas de la mañana, con movilizaciones en cada dependencia del interior del país y en el Palacio de Justicia, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El viernes en tanto se realizará un paro total de actividades por 24 horas, sin movilización.

Piumato ratificó que, desde la UEJN, “estamos enfrentando al ajuste del gobierno” y le marcó la cancha a la Corte para que no claudique en el reclamo salarial al Ejecutivo, “no queremos que este enfrentamiento sea a un ajuste del cual la Corte Suprema termine siendo cómplice”, concluyó.

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Transporte público de pasajeros en San Juan: logros y desafíos en un escenario económico incierto

Marcelo Maldonado, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) San Juan, abordó los recientes avances en el ámbito laboral del transporte público de pasajeros y los desafíos que enfrenta el sector en la provincia y el país. Maldonado destacó los logros obtenidos y las expectativas para 2025, brindando una visión integral sobre la situación de los trabajadores del interior.

El principal avance que Maldonado celebró fue la reciente firma de un acuerdo de equiparación salarial para los colectiveros del interior del país, igualando los montos firmados previamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en noviembre pasado. Este convenio, retroactivo al mes mencionado, beneficia a los trabajadores de corta y media distancia de todo el interior. el dirigente sindical expresó su satisfacción por este logro, especialmente tras un arduo 2024, marcado por el deterioro del poder adquisitivo debido a la inflación.

“Siempre vamos a querer más, pero estamos contentos de haber logrado este acuerdo”, enfatizó. Sin embargo, advirtió que la lucha no termina, ya que las condiciones económicas obligan a renegociar paritarias con frecuencia.

Marcelo Maldonado destacó que, a pesar de los desafíos post-pandemia y la crisis económica, el sector transporte público de pasajeros en San Juan mostró una notable resiliencia. A diferencia de otras provincias donde empresas de corta distancia cerraron y se perdieron empleos, en la provicnicia no solo se mantuvieron las fuentes laborales, sino que incluso hubo un crecimiento en las mismas.

“La tranquilidad de no haber perdido trabajadores y haber crecido es el mejor balance para San Jaun”, afirmó, subrayando la importancia de este logro en un contexto nacional adverso.

Desafíos para 2025: Inflación y negociaciones constantes

De cara al 2025, uno de las principales apuestas será enfrentar la inflación y negociar aumentos salariales que reflejen el impacto real de la misma. Maldonado manifestó que, a partir de febrero, comenzarán nuevas conversaciones con las cámaras empresariales para evaluar la necesidad de readecuaciones trimestrales.

Frente al anuncio del gobierno de no homologar aumentos que superen el 1%, Maldonado reafirmó la posición del gremio: “Somos respetuosos de la ley, pero siempre evaluaremos cuál ha sido el verdadero impacto de la inflación en los salarios de nuestros trabajadores”, concluyó.

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El Gobierno planea ‘paritarias cero’ a partir de marzo para controlar la inflación

El gobierno planea implementar un plan de «paritarias cero» a partir de marzo, con el objetivo de reducir al mínimo los ajustes salariales y controlar la inflación. Esto implica que no se autorizarán incrementos salariales que superen la expectativa inflacionaria del gobierno, y que las negociaciones se realizarán únicamente en áreas geográficas o unidades productivas que puedan absorberlos sin impacto sobre precios.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será el encargado de transmitir esta línea oficial a los gremios, y se espera que la mayoría de ellos rechacen el plan. Sin embargo, el gobierno cree que algunos gremialistas podrían estar dispuestos a aceptar paritarias a la baja o congeladas a cambio de compromisos de mantenimiento de los puestos de trabajo.

El plan también implica la negativa a otorgar la homologación de Trabajo, lo que podría generar conflictos y tensiones con los gremios. La CGT no fue consultada sobre el plan, y se espera que se oponga firmemente a él.

Es importante destacar que las negociaciones por región o por empresa son contrarias al espíritu constitutivo del modelo sindical argentino, y que un quiebre en esta dinámica podría representar un golpe letal para el poderío de los gremios.

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La FEPEVINA respalda pedido de diputados para transparentar fondos de Vialidad

La privatización de rutas en Argentina ha generado un gran revuelo, especialmente después de que los diputados aprobaran esta medida. Ahora, los legisladores están exigiendo explicaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el destino de los fondos de Vialidad.

La Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) respaldó este pedido, enfatizando que el abandono de las rutas y la privatización son medidas que atentan contra la población.

El grupo de legisladores encabezados por el titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, solicitó la presencia en la Cámara Baja del ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

Los diputados de Unión por la Patria pidieron información sobre varios temas relevantes, incluyendo:

  • Monto de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono: Los diputados quieren saber cuánto dinero se recaudó en 2024 a través de este impuesto y cómo se utilizó.
  • Destino de los fondos del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte: Los legisladores buscan transparencia sobre cómo se utilizaron los fondos del Fideicomiso en 2024.
  • Monto recibido por la Dirección Nacional de Vialidad: Los diputados quieren saber cuánto dinero recibió la Dirección Nacional de Vialidad en 2024 y cómo se utilizó.
  • Razones de la subejecución de programas: Los legisladores buscan entender por qué no se ejecutaron algunos programas de la Dirección Nacional de Vialidad en 2024.
  • Avance y ejecución de obras: Los diputados quieren saber cuál es el estado actual de las obras a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y qué se proyecta para 2025.

La FEPEVINA enfatizó que es primordial que los recursos asignados a Vialidad Nacional lleguen a donde corresponden, y no se desperdicien o se utilicen ineficientemente. La transparencia y la rendición de cuentas son si para garantizar que los fondos públicos se utilicen de manera efectiva y eficiente.

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