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La Asociación Estaciones de Servicio (AES) y la Federación de Entidades de Combustibles (FEC), acordaron con la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos (CECHA) y la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (FECRA), una mejora salarial del 12% para el mes de mayo.

En medio de la fuerte caída de ventas y cortes en el suministro de GNC, los representantes sindicales y las entidades empresarias decidieron que los trabajadores de las Estaciones de Servicio, tengan un incremento no remunerativo para el quinto mes del año que pondrá los básico en $705.931,02, más una cifra no remunerativa de $ 84.711.

De este modo, el porcentaje arreglado entre las partes permite “compensar el desfasaje salarial con respecto al índice inflacionario de los meses abril y mayo 2024” y se aplicará sobre las remuneraciones básicas del mes de marzo.

En esta negociación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, también se definió que los incrementos serán tenidos en cuenta para el cálculo de todos los adicionales de los respectivos convenios (371/03, 521/07, 317/99 y 488/07), del Sueldo Anual Complementario (SAC), y los aportes y contribuciones con destino a la Obra Social (ley 23360 y 23661).

Además, se estableció que las empresas hayan liquidado los haberes del mes de mayo deberán abonar las diferencias antes del 10 de junio 2024, mientras que las partes se comprometieron a volver a reunirse en el mes de junio para revisar los alcances del acuerdo y las mejoras correspondientes al siguiente período.

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Estatales realizarán una jornada de lucha el último día hábil de junio

La semana próxima, estatales llevarán un plan de protesta el último día hábil de junio, que puede ser el inicio de una nueva ola de despidos masivos en varios organismos y oficinas de la administración pública nacional. Hay gran preocupación entre los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sobre los trabajadores de organismos descentralizados como el INTI, ya que los sindicalistas alertaron que de cumplirse con las amenazas “sería el cierre total del Estado”.

Por este motivo, el sindicato de trabajadores públicos llevará a cabo un paro y movilización el próximo 26 de junio, el último día hábil antes de la caída de dichos contratos. Al cerrar el acto del Latam Economic Forum a principios de mes, el presidente Javier Milei ratificó que avanzaría con el «plan motosierra» y que el Gobierno va a despedir próximamente a otros 50 mil empleados públicos. En este sentido, el 30 de junio es una fecha clave para los trabajadores que se encuentran en situación transitoria ya que se vencen la gran mayoría de los contratos.

«Todos los contratos de artículo 9 y 048 se vencen el 30 de junio. Son estos 50 mil que están planteando. El riesgo no se trata solamente de la pérdida de laburo, sino de la función que queda sin alguien que la cumpla», expresó el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, en declaraciones radiales. Según datos del Directorio del Estado, el mayor número de personal contratado se encuentran los ministerios que componen el Estado nacional y los organismos que dependen de ellos directamente.

Contratados

En este sentido, el secretario gremial de ATE y trabajador del Ministerio de Salud, Pedro Lyn, advirtió que, si bien había casi 77 mil contratados al inicio de la gestión, es muy posible que entre los 14 mil despidos, las renuncias y los retiros voluntarios queden alrededor de 50 mil.

«Cuando ves el total del Estado, el 70 por ciento es planta permanente y el 30 por ciento es contratado. Pero cuando vez el personal que trabaja en los ministerios es al revés, el 70 por ciento es contratado y el 30% planta permanente», explicó Lyn en declaraciones periodísticas, quien lleva en situación de contrato desde el año 2003.

En este sentido, los principales organismos que peligrarían en el cumplimiento de sus funciones de ser desvinculada gran parte de su plantilla serían los que responden a la administración central. «Los trabajadores del ex ministerio de Mujeres y Géneros están en riesgo porque los apuntaron para desguazarlos«, indicó el sindicalista.

Datos

Aún así, según los datos en la base de empleo del Estado, los ministerios más complicados serían Capital Humano (80,01 por ciento); Economía (76,2 por ciento); Salud (44,2 por ciento) y los organismos que de estos dependen como Biblioteca Nacional (97,5 por ciento), Fabricaciones Militares (96 por ciento) ENACOM (81,4 por ciento), Vialidad (78,8 por ciento), SENASA (67,9 por ciento), RENAPER (65,8 por ciento) y Migraciones (55,3 por ciento) si se confirma la amenaza del gobierno de profundizar la poda de contratos de estatales.

Los organismos que más alejados están del Estado central, menos proporción de contratados tienen. En organismos públicos como ANSES, Correo Argentino, etc., tienen otros convenios colectivos específicos que permiten mejores sueldos y autonomía para definir sus propios concursos.

Asimismo, los trabajadores estatales también se encuentran preocupados por la posibilidad de que se apruebe la Ley Bases y la reforma del empleo público que esta conllevaría. En lo que refiere al empleo estatal, se trata de reformas que van de la mano con el plan de achicamiento del Estado y la fusión o cierre de organismos, tal como viene sucediendo desde diciembre pasado. Uno de los puntos donde se da marcha atrás con el proyecto de Diputados es en la posibilidad de pasar a disponibilidad a aquellas personas que se encuentren de licencia por enfermedad o accidente, por embarazo y por matrimonio. Específicamente aclara que «hasta vencido el período de su licencia no podrán ser puestos en situación de disponibilidad» en el artículo 53.

Fuente: Data Gremial

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La CGT alertó por la represión del Gobierno y exigió la liberación de los detenidos

La central obrera CGT repudió las detenciones realizadas al voleo en la manifestación que tuvo lugar frente al Congreso de la Nación el pasado 12 de junio con motivo del tratamiento de la Ley llamada ¨Bases¨. En un comunicado firmado por el Consejo Directivo, expresaron su repudio por las detenciones y reivindicaron el derecho a la protesta que se encuentra reconocido y protegido por nuestra Constitución Nacional (derecho a la libertad de expresión y a peticionar ante las autoridades, art 14bis) y Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Resaltamos la esencialidad de este derecho para el funcionamiento de la democracia, por ser la madre de todos los derechos humanos conseguidos y promovemos su ejercicio de forma pacífica y ordenada, señalaron.

El miércoles pasado distintas organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, estudiantiles, sociales marcharon a la Plaza de los Dos Congresos para expresar su rechazo a la Ley ómnibus llamada Bases y el paquete fiscal que incluye el regreso del impuesto a las Ganancias a los salarios. Por la tarde, muchos manifestantes autoconvocados recibieron la represión de distintas fuerzas de seguridad y la jornada terminó con 33 detenidos acusados de delitos gravísimos como sedición, traición a la patria, entre otros. A los dos días excarcelaron a 17 de ellos entre los que había estudiantes, vendedores de empanadas, vendedores de choripanes y simples peatones. El fiscal Stornelli pidió que los vuelvan a encerrar.

Desde la CGT agregaron: Repudiamos el intento de criminalización de la protesta y la pretensión de equiparar el ejercicio de este derecho a un Golpe de Estado. Esta falacia pretende ocultar justamente un ejercicio autoritario del poder público al utilizarlo para reprimir y criminalizar a legítimos manifestantes que ven afectados sus derechos, ante una Ley que se trata en el Congreso teñida de denuncias de manipulaciones, que atropellan el procedimiento que establece la Constitución Nacional para la correcta y transparente formación de las leyes.

Y reclamaron la libertad de todos los encarcelados, además de la debida investigación por los incendios de autos y bicicletas realizados por «personal profesional infiltrado: En función de ello solicitamos la inmediata liberación de los detenidos. Confiamos en que la Justicia no se dejará manipular y requerimos a la misma que investigue los hechos de violencia que fueron armados por personal profesional infiltrado, incluso con material bélico, que solo disponen el Ministerio de Seguridad y el de Defensa.

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La CTERA rechaza el proyecto de ley que limita el derecho a huelga en el sector docente

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) alertó sobre un proyecto de ley del diputado del PRO, Alejandro Finocchiaro, que busca impedir el derecho a huelga de ese sector en un contexto de ajuste presupuestario y salarial.

La iniciativa para restringir la protesta de docentes obtuvo dictamen en la Comisión de Educación, con apoyo de los bloque de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y la CC. Unión por la Patria y la izquierda firmaron dictámenes de rechazo y reclamaron mayor financiamiento para la educación pública.

“La finalidad de los proyectos consiste en limitar el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, haciéndonos responsables exclusivamente de los problemas que tiene nuestro sistema educativo”, denunció CTERA en un comunicado.

El proyecto declara a la educación como servicio esencial, lo que justifica la restricción de las medidas de fuerza. Los gremios denuncian que lo que busca el oficialismo es coartar el derecho a huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en un contexto de desfinanciamiento de la educación pública y ajuste en los salarios docentes.

El sindicato que conduce Sonia Alesso advirtió que el proyecto no recibió el giro a otras comisiones para proseguir su tratamiento y remarcó que apunta a modificaciones en el articulado de la Ley Nacional de Educación N° 26.206.

“Son los mismos bloques que avalan el desfinanciamiento educativo, que convalidan la eliminación del FONID, la suspensión del envío de recursos por Ley de Financiamiento Educativo y su consecuente impacto en la infraestructura, equipamiento y comedores escolares y la anulación de la paritaria nacional”, cargó el gremio.

El sindicato que integra la CTA agregó que el oficialismo “nada dice de los mecanismos legales vigentes para la resolución de conflictos, como la autocomposición de las partes el dictado de la conciliación y oportunamente, la implementación de instancias de mediación”.

Y prosiguió: “No los mencionan porque no les interesa. Solo tienen un objetivo amordazar a los docentes e imponer el ajuste a cualquier precio, deteriorando el funcionamiento del sistema educativo y generando las condiciones para su posterior privatización”.

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