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La reestructuración del Correo Argentino impulsada por el gobierno de Javier Milei ha dejado sin trabajo a 2.800 empleados, afectando especialmente a pequeñas localidades del interior.

La empresa hasta ahora pública enfrenta un plan para reducir su plantilla en 4.000 personas, y ya cerró varias sucursales en pueblos rurales, generando una fuerte reacción de los vecinos.

En Santa Regina, un pequeño pueblo del Partido Bonaerense de General Villegas con solo 550 habitantes, un grupo de residentes salió a las calles para protestar contra el cierre de la sucursal local. El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas propuestas para privatización bajo la “Ley Bases”, ha reducido significativamente su personal, pasando de 16.856 empleados en diciembre a aproximadamente 2800 menos en la actualidad, según fuentes de la Jefatura de Gabinete citadas por Infobae.

El 4 de mayo, la empresa lanzó un masivo plan de retiro voluntario como parte de la reestructuración promovida por el gobierno. Según el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, alrededor de 1700 trabajadores aceptaron la oferta de desvinculación voluntaria. No obstante, la ola de despidos comenzó meses antes y se intensificó recientemente con el envío de cientos de telegramas de despido. Solo el 26 de abril, 750 empleados fueron cesanteados.

El gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4000 empleados mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Las indemnizaciones se basan en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y las jubilaciones anticipadas están disponibles para agentes cercanos a la edad de retiro.

La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha llevado a miles de empleados a aceptar la propuesta de retiro voluntario. En redes sociales y grupos de Facebook, los trabajadores comparten historias de aquellos con largos años de servicio que dejan sus puestos con pesar.

Casos como el de Ricardo Albornoz, un cartero de Rosario de la Frontera con 40 años de antigüedad, ilustran la gravedad de la situación. Albornoz sufrió un paro cardíaco tras recibir su telegrama de despido, según relató el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.

El gobierno defiende el ajuste como parte de un plan de modernización del Estado y reducción del gasto público. El presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, lidera la reestructuración bajo las directrices de la jefatura de Gabinete libertaria. En una carta reciente al personal, Baldini anunció la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo y adelantó cambios en el modelo de negocio de la empresa, como la implementación de un formato de franquicias no exclusivas en lugar de sucursales tradicionales.

Las protestas contra los cierres y despidos se han replicado en varias localidades del interior, con sindicatos y trabajadores organizando manifestaciones frente a las sucursales cerradas. La preocupación por la pérdida del servicio postal ha movilizado a intendentes, legisladores y gobiernos provinciales, que buscan evitar el impacto negativo de los cierres.

La controversia llegó al Senado, donde el senador José María Carambia expresó sus preocupaciones sobre la situación del Correo Argentino y la posibilidad de una eventual privatización. En una teleconferencia con trabajadores de Tres Lagos, una pequeña localidad, Carambia destacó las presiones que enfrentan los empleados para aceptar el retiro voluntario, cuestionando si las indemnizaciones están diseñadas para facilitar la privatización de la empresa.

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Inclusión laboral: la Fiesta del Sol ofrecerá oportunidades de empleo y capacitación

La iniciativa contempla 15 puestos en un taller de merchandising y otros ocho en stands gubernamentales. También habrá un equipo integrado por personas con discapacidad que recorrerá las instalaciones para identificar obstáculos y proponer mejoras.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 incorporará 23 oportunidades laborales destinadas a personas con discapacidad, mediante una propuesta que combinará capacitación, producción y atención en espacios institucionales. La iniciativa también incluirá un relevamiento de accesibilidad durante las tres jornadas del evento, con el objetivo de detectar barreras y aportar recomendaciones para futuras ediciones.

La directora de Discapacidad, Paula Moreno, precisó que 15 personas participarán de un taller de merchandising inclusivo, mientras que otras ocho colaborarán en los stands del Gobierno provincial. En el primer espacio recibirán formación en técnicas de sublimación, corte y costura, y producirán artículos que posteriormente estarán disponibles para la venta durante la celebración.

La idea sumará una dimensión vinculada a la accesibilidad. Un equipo integrado por personas con discapacidad auditiva, motora y visual recorrerá el predio para identificar obstáculos en los desplazamientos y en el uso de las instalaciones. La experiencia permitirá incorporar la mirada de quienes enfrentan esas barreras cotidianamente y elaborar observaciones para mejorar las condiciones de participación.

En este sentido, Moreno se refirió a las suspensiones de pensiones por discapacidad dispuestas por organismos nacionales. Según estimó, en San Juan la medida habría alcanzado a unas 200 personas. Aclaró que la Dirección provincial no administra esas prestaciones, cuya gestión corresponde a las autoridades nacionales, sino que interviene en materia de Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La funcionaria indicó que ANSES y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estarían notificando a los beneficiarios sobre la documentación requerida para regularizar sus expedientes. Quienes necesiten orientación pueden acercarse a la delegación de ANDIS en San Juan, ubicada en calle Santa Fe, entre avenida Rawson y Sarmiento.

El propósito de la Fiesta del Sol busca que la inclusión trascienda la participación simbólica y se traduzca en oportunidades concretas de formación, empleo y autonomía. A la vez, el relevamiento previsto durante el evento permitirá incorporar criterios de accesibilidad desde la experiencia directa de las personas con discapacidad.

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Departamentales

San Juan acelera las obras preventivas frente a posibles crecidas de ríos y arroyos


La Provincia desplegó un operativo de obras hídricas en 15 departamentos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los daños que podrían provocar las crecidas durante la temporada de mayores caudales. Los trabajos, coordinados en el ámbito del Comité de Prevención de Emergencias (COPRE), comprenden intervenciones sobre ríos, arroyos, canales, drenes y sistemas de defensa.

Las tareas combinan limpieza de cauces y desagües, encauzamientos, reparación de infraestructura hidráulica y reconstrucción de protecciones en zonas expuestas. No eliminan la posibilidad de inundaciones, pero buscan disminuir la vulnerabilidad de poblaciones, caminos y redes de riego ante episodios de lluvias intensas.

Intervenciones en el norte y la cordillera

En Iglesia se construyen defensas en Laguna Bella Vista y el arroyo Agua Negra, mientras que ya se operó el descargador de fondo del dique Cuesta del Viento.

En Jáchal, las intervenciones alcanzan al río homónimo y a la colectora de Calle Vieja.

Calingasta, en tanto, mantiene trabajos de encauzamiento en los ríos Los Patos y Calingasta.

En Valle Fértil, las máquinas trabajan en las inmediaciones de Astica, donde se encauza un río de lecho pedregoso y se reconstruye una defensa deteriorada. La obra busca proteger el canal matriz de distribución, la pileta de Hidráulica y a los habitantes de la zona, que habían quedado expuestos ante la rotura de esa estructura.

Obras en el Gran San Juan y departamentos cercanos

En Rivadavia se reparan compuertas del dique Ignacio de la Roza y se retira vegetación en las inmediaciones del Parque Faunístico.

Rawson ejecuta tareas de levantamiento de monda, mientras que en Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.

Zonda ya concluyó el encauzamiento en el dique Soldano y mantiene trabajos de protección y acondicionamiento cerca de Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga.

En Ullum se interviene el perilago del Embarcadero, la zona de La Usina y los canales Chilote y Falda, donde también se reconstruyen defensas.

En San Martín se limpia el desagüe San Isidro, principal receptor de los escurrimientos provenientes del cerro Pie de Palo. Albardón, por su parte, continúa con el encauzamiento del río Yakín.

Limpieza de drenes y protección de los sistemas de riego

En 25 de Mayo finalizaron las tareas en el dren de la ruta 279, entre calle 20 y Callejón Del Bono, y la restitución del dren de La Chimbera. Continúan las intervenciones sobre el dren de calle 21 y el ubicado en calle 4 y ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa.

Caucete concentra trabajos de encauzamiento y limpieza del río Bermejo, además del refuerzo de las defensas del sistema de riego.

En Pocito se realiza levantamiento de monda y se utiliza maquinaria de Hidráulica en calle 18 y Aberastain.

En Sarmiento, las tareas comprenden la limpieza y el encauzamiento del dren Sarmiento y el colector Bofinger, junto con obras de defensa en Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.

La amplitud territorial del operativo responde a la necesidad de atender puntos críticos con características diferentes: desde cauces cordilleranos y ríos de montaña hasta colectores urbanos y canales de riego.

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destacada

Los trabajadores universitarios vuelven a la huelga por la recomposición salarial

Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales comenzaron este martes una secuencia de tres paros de 24 horas para exigir una mejora de sus ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta también comprende el reclamo de fondos suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus tareas de investigación.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que fijó otras dos jornadas de huelga para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. La organización sindical anticipó que mantendrá las acciones gremiales hasta obtener respuestas del Poder Ejecutivo.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresó la federación al ratificar la continuidad de las medidas.

La medida de fuerza coincide con la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795. En octubre, un juez declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la implementación de la norma a determinadas condiciones y ordenó al Gobierno nacional cumplir con sus disposiciones. El Ejecutivo apeló el fallo, por lo que la discusión permanece abierta en los tribunales.

La legislación establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de disposiciones destinadas a reforzar el financiamiento de las universidades, entre ellas las partidas para becas estudiantiles.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación requiere determinar las fuentes de financiamiento y establecer las asignaciones presupuestarias correspondientes. Esa posición mantiene abierto el desacuerdo con las organizaciones universitarias, que reclaman que la norma se traduzca en medidas concretas.

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