
Preocupación por ola de despidos en el Correo Argentino
La reestructuración del Correo Argentino impulsada por el gobierno de Javier Milei ha dejado sin trabajo a 2.800 empleados, afectando especialmente a pequeñas localidades del interior.
La empresa hasta ahora pública enfrenta un plan para reducir su plantilla en 4.000 personas, y ya cerró varias sucursales en pueblos rurales, generando una fuerte reacción de los vecinos.
En Santa Regina, un pequeño pueblo del Partido Bonaerense de General Villegas con solo 550 habitantes, un grupo de residentes salió a las calles para protestar contra el cierre de la sucursal local. El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas propuestas para privatización bajo la “Ley Bases”, ha reducido significativamente su personal, pasando de 16.856 empleados en diciembre a aproximadamente 2800 menos en la actualidad, según fuentes de la Jefatura de Gabinete citadas por Infobae.
El 4 de mayo, la empresa lanzó un masivo plan de retiro voluntario como parte de la reestructuración promovida por el gobierno. Según el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, alrededor de 1700 trabajadores aceptaron la oferta de desvinculación voluntaria. No obstante, la ola de despidos comenzó meses antes y se intensificó recientemente con el envío de cientos de telegramas de despido. Solo el 26 de abril, 750 empleados fueron cesanteados.
El gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4000 empleados mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Las indemnizaciones se basan en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y las jubilaciones anticipadas están disponibles para agentes cercanos a la edad de retiro.
La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha llevado a miles de empleados a aceptar la propuesta de retiro voluntario. En redes sociales y grupos de Facebook, los trabajadores comparten historias de aquellos con largos años de servicio que dejan sus puestos con pesar.
Casos como el de Ricardo Albornoz, un cartero de Rosario de la Frontera con 40 años de antigüedad, ilustran la gravedad de la situación. Albornoz sufrió un paro cardíaco tras recibir su telegrama de despido, según relató el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.
El gobierno defiende el ajuste como parte de un plan de modernización del Estado y reducción del gasto público. El presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, lidera la reestructuración bajo las directrices de la jefatura de Gabinete libertaria. En una carta reciente al personal, Baldini anunció la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo y adelantó cambios en el modelo de negocio de la empresa, como la implementación de un formato de franquicias no exclusivas en lugar de sucursales tradicionales.
Las protestas contra los cierres y despidos se han replicado en varias localidades del interior, con sindicatos y trabajadores organizando manifestaciones frente a las sucursales cerradas. La preocupación por la pérdida del servicio postal ha movilizado a intendentes, legisladores y gobiernos provinciales, que buscan evitar el impacto negativo de los cierres.
La controversia llegó al Senado, donde el senador José María Carambia expresó sus preocupaciones sobre la situación del Correo Argentino y la posibilidad de una eventual privatización. En una teleconferencia con trabajadores de Tres Lagos, una pequeña localidad, Carambia destacó las presiones que enfrentan los empleados para aceptar el retiro voluntario, cuestionando si las indemnizaciones están diseñadas para facilitar la privatización de la empresa.
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Casi el 75% de la ciudadanía considera que el gobierno de Milei es “corrupto”

Un reciente relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zubán Córdoba reveló que casi el 75% de los argentinos considera que el gobierno de Javier Milei es «corrupto». El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad geberó un impacto significativo en la imagen pública del Gobierno.
La encuesta, realizada entre el 27 y 28 de agosto con 1200 personas, mostró que la credibilidad de la gestión libertaria se encuentra profundamente afectada por este hecho. Un 62% de los encuestados juzga la respuesta del Gobierno como improvisada, lo que anticipa un impacto negativo en el terreno electoral.
Puntos clave de la encuesta:
- Corrupción: El 75% de los argentinos considera que el gobierno de Milei es corrupto.
- Improvisación: El 62% de los encuestados cree que la respuesta del Gobierno al escándalo ha sido improvisada.
- Renuncia de funcionarios: Un 65% reclama que los funcionarios involucrados renuncien y se ponga a disposición de la Justicia.
- Impacto electoral: Un 12% de personas que votaron a Milei en el ballotage ahora dicen que no lo volverán a votar debido al escándalo.
La encuesta también reveló que la imagen del Gobierno sufrió un duro golpe. El 57% de los encuestados califica la gestión de Milei como «mala» o «muy mala», mientras que solo el 39,9% la aprueba.
Cabe tener presente que este relevamiento de la opinión pública se realizó previo a que se conociera que también existen grabaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas últimas filtraciones no exponen hasta el momento nada comprometedor en su contenido, pero sí muestran el grado de crisis interna que atraviesa el Gobierno y anticipan que habrá nuevos episodios en este escándalo.
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Gremios docentes aceptaron la contraoferta de aumento salarial del gobierno de San Juan

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes llegaron a un acuerdo paritario que establece aumentos salariales para los próximos tres meses , vinculados al índice de inflación. El entendimiento busca garantizar previsibilidad al sector educativo y acompañar la evolución de la inflación.
La quinta sesión paritaria entre el Gobierno provincial y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET culminó con un acuerdo que establece aumentos salariales para agosto, septiembre y octubre. La propuesta del Ejecutivo incluye incrementos escalonados, vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de mejoras en conceptos específicos de la grilla salarial.
Detalles del Acuerdo:
- Para agosto: actualización del valor índice según el IPC de julio e incremento de 6 puntos en todos los cargos del nomenclador docente. Esto se traduce en un salario testigo para maestro de grado jornada simple de $624.094,08 netos, un básico docente (A01) que sube a $384.105,87, y un valor hora cátedra que se va a $25.607,06 en nivel medio y $32.008,82 en nivel superior.
- Para septiembre: actualización del valor índice según el IPC de agosto, aumento del 30% en el ítem remunerativo «Nueva Conectividad San Juan» y 4 puntos adicionales en el nomenclador docente. El valor de la Nueva Conectividad San Juan aumentará a $49.057 por cargo desde septiembre, aplicable hasta dos cargos o su equivalente en horas cátedra.
- Para octubre: actualización del valor índice según el IPC de septiembre y un aumento de 4 puntos en el nomenclador docente.
Mejoras en Asignaciones Específicas:
- Estado Docente (A56): se actualizará según el IPC.
- Responsabilidad Funcional (E60): se actualizará según el IPC.
- Antigüedad (E66): se actualizará según el IPC.
En la reunión participaron funcionarios del Gobierno de San Juan, incluyendo al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET.
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La Justicia falla en favor de los docentes: suspende el Decreto que limitaba el derecho a huelga

La CTERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo una medida cautelar que suspende la aplicación del Decreto 340/25, dictado por el presidente Javier Milei. La decisión judicial implica la imposibilidad de limitar el derecho a huelga de los docentes a través de la declaración de «servicio esencial».
«El accionar del Gobierno Nacional señalado, se inscribe en la ofensiva que intenta la destrucción de la educación pública», declaró la CTERA en un comunicado. «No conseguirán, provocada por la inexistencia de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente –cuando la situación salarial es literalmente agobiante por la devastación del poder adquisitivo de los sueldos–».
La CTERA también destacó que la medida cautelar es un nuevo revés para el gobierno, que ya había sido derrotado en la Justicia en ocasiones anteriores. «CTERA como organización mayoritaria de las trabajadoras y trabajadores de la educación, seguirá luchando por el respecto de los derechos de las y los docentes de la República Argentina en todas las instancias que haga falta tanto nacionales como internacionales», concluyó la organización.
La sentencia, conocida en el día de hoy y que lleva fecha 26-8-2025, implica la imposibilidad por parte del Gobierno Nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifiestamente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como “servicio esencial” prohibiendo en la práctica el derecho de huelga.
Para la CTERA, la decisión judicial es un reconocimiento a la lucha de los docentes por sus derechos y por la defensa de la educación pública. «Seguiremos luchando por la elevación de las condiciones de vida y de trabajo de las compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país», concluyó la organización.
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