Preocupación por ola de despidos en el Correo Argentino
La reestructuración del Correo Argentino impulsada por el gobierno de Javier Milei ha dejado sin trabajo a 2.800 empleados, afectando especialmente a pequeñas localidades del interior.
La empresa hasta ahora pública enfrenta un plan para reducir su plantilla en 4.000 personas, y ya cerró varias sucursales en pueblos rurales, generando una fuerte reacción de los vecinos.
En Santa Regina, un pequeño pueblo del Partido Bonaerense de General Villegas con solo 550 habitantes, un grupo de residentes salió a las calles para protestar contra el cierre de la sucursal local. El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas propuestas para privatización bajo la “Ley Bases”, ha reducido significativamente su personal, pasando de 16.856 empleados en diciembre a aproximadamente 2800 menos en la actualidad, según fuentes de la Jefatura de Gabinete citadas por Infobae.
El 4 de mayo, la empresa lanzó un masivo plan de retiro voluntario como parte de la reestructuración promovida por el gobierno. Según el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, alrededor de 1700 trabajadores aceptaron la oferta de desvinculación voluntaria. No obstante, la ola de despidos comenzó meses antes y se intensificó recientemente con el envío de cientos de telegramas de despido. Solo el 26 de abril, 750 empleados fueron cesanteados.
El gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4000 empleados mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Las indemnizaciones se basan en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y las jubilaciones anticipadas están disponibles para agentes cercanos a la edad de retiro.
La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha llevado a miles de empleados a aceptar la propuesta de retiro voluntario. En redes sociales y grupos de Facebook, los trabajadores comparten historias de aquellos con largos años de servicio que dejan sus puestos con pesar.
Casos como el de Ricardo Albornoz, un cartero de Rosario de la Frontera con 40 años de antigüedad, ilustran la gravedad de la situación. Albornoz sufrió un paro cardíaco tras recibir su telegrama de despido, según relató el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.
El gobierno defiende el ajuste como parte de un plan de modernización del Estado y reducción del gasto público. El presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, lidera la reestructuración bajo las directrices de la jefatura de Gabinete libertaria. En una carta reciente al personal, Baldini anunció la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo y adelantó cambios en el modelo de negocio de la empresa, como la implementación de un formato de franquicias no exclusivas en lugar de sucursales tradicionales.
Las protestas contra los cierres y despidos se han replicado en varias localidades del interior, con sindicatos y trabajadores organizando manifestaciones frente a las sucursales cerradas. La preocupación por la pérdida del servicio postal ha movilizado a intendentes, legisladores y gobiernos provinciales, que buscan evitar el impacto negativo de los cierres.
La controversia llegó al Senado, donde el senador José María Carambia expresó sus preocupaciones sobre la situación del Correo Argentino y la posibilidad de una eventual privatización. En una teleconferencia con trabajadores de Tres Lagos, una pequeña localidad, Carambia destacó las presiones que enfrentan los empleados para aceptar el retiro voluntario, cuestionando si las indemnizaciones están diseñadas para facilitar la privatización de la empresa.
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El Sindicato de Comercio ratificó a Cavalieri al frente de la conducción
Armando Cavalieri renovó su mandato al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) y continuará acompañado por Carlos Pérez. La Lista Azul fue ratificada en las elecciones internas luego de que más de 16.200 afiliados concurrieran a las urnas.
La elección quedó reducida a una única nómina habilitada después de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocara la oficialización de la Lista Celeste-Verde, encabezada por Sabrina Paredes.
La decisión judicial se produjo luego de peritajes caligráficos que detectaron irregularidades en 1.238 firmas presentadas para respaldar la candidatura opositora. Según lo determinado en el expediente, esas anomalías impidieron que la lista alcanzara los requisitos reglamentarios establecidos para participar de la convocatoria.
Con la continuidad de Cavalieri, la conducción oficialista conservará además la dirección de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), una de las organizaciones gremiales con mayor representación del país.
Tras conocerse el resultado, Cavalieri destacó la participación de los afiliados y vinculó la ratificación electoral con la capacidad de representación de la organización. “La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio”, sostuvo.
El dirigente afirmó que el nuevo mandato estará marcado por la defensa de los ingresos y los derechos laborales frente a las transformaciones impulsadas por el Gobierno nacional. En ese sentido, aseguró que la organización buscará “defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil”.
La renovación consolida así el liderazgo de Cavalieri en la estructura mercantil porteña y extiende su influencia sobre FAECYS, entre reclamos salariales y la reforma laboral del Ejecutivo, los gremios de comercio enfrentan un panorama de profunda reconfiguración.
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San Juan y Mendoza avanzan con un centro unificado de controles sobre la Ruta 40
Diez empresas presentaron sus propuestas para construir el Centro de Control Unificado que San Juan y Mendoza proyectan sobre la Ruta Nacional 40. La obra demandará $5.158 millones, será financiada en partes iguales por ambas provincias y tendrá un plazo de ejecución de 12 meses.
Las provincias cuyanas dieron un nuevo paso para la construcción del Centro de Control Unificado sobre la Ruta Nacional 40, luego de la apertura de las ofertas correspondientes a una licitación que reunió propuestas de diez empresas.
El proyecto contempla una inversión de $5.158.724.000, afrontada en partes iguales por los gobiernos de ambas provincias, y establece un plazo de ejecución de 12 meses. La apertura de sobres habilita ahora el análisis técnico y administrativo de las propuestas antes de definir la adjudicación.
El complejo estará emplazado en el kilómetro 42 de la Ruta 40, en San José, departamento de Las Heras, Mendoza. La infraestructura permitirá concentrar en un único predio controles que actualmente requieren distintas intervenciones, con participación de organismos policiales y sanitarios de ambas jurisdicciones.
El diseño incorpora puestos de control, áreas de inspección, playas diferenciadas para distintos tipos de vehículos, una Sala de Control Conjunta y obras complementarias sobre la infraestructura vial. La concentración de los procedimientos apunta a ordenar el tránsito y reducir las demoras que enfrentan transportistas y particulares en uno de los principales corredores terrestres de Cuyo.
La iniciativa adquiere particular relevancia para el movimiento de cargas entre San Juan y Mendoza, además de la circulación hacia otras provincias. La Ruta 40 constituye una vía fundamental para el transporte de producción regional, por lo que la coordinación de controles policiales y fitosanitarios busca combinar mayor fiscalización con una circulación más fluida.
El proyecto es resultado de la coordinación institucional entre ambas administraciones provinciales y propone integrar recursos y procedimientos en un punto común. Bajo la premisa de que “la seguridad no tiene fronteras”, los gobiernos de San Juan y Mendoza plantean una infraestructura que permita reforzar los controles sin multiplicar las demoras para quienes utilizan el corredor.
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SUBE normalizó el servicio tras las fallas registradas en las últimas horas
La Secretaría de Transporte confirmó que el sistema volvió a operar con normalidad luego de inconvenientes provocados por una falla en servicios de telecomunicaciones ajena a SUBE. Los usuarios ya pueden acreditar cargas pendientes mediante la aplicación, Carga a Bordo o las Terminales Automáticas.
Con el servicio restablecido, quienes hayan realizado una carga y todavía no la tengan acreditada pueden completar el proceso a través de diferentes alternativas.
Una de ellas es la App SUBE, siempre que el teléfono utilizado cuente con Android 6 o una versión superior y tecnología NFC. También está disponible la opción Carga a Bordo, en las localidades donde se encuentra habilitada, que permite acreditar el saldo directamente durante el viaje.
Otra posibilidad son las Terminales Automáticas SUBE, distribuidas en distintos puntos de la red y destinadas, entre otras funciones, a validar las cargas realizadas previamente.
El inconveniente había generado dificultades particularmente en estaciones ferroviarias, donde algunos usuarios no podían completar la acreditación del saldo pese a haber efectuado correctamente la operación de carga.
Desde SUBE señalaron que el servicio ya se encuentra normalizado y agradecieron la comprensión de los pasajeros, al tiempo que expresaron sus disculpas por las molestias ocasionadas durante la interrupción.
La restitución de la operatoria permite recuperar el funcionamiento habitual de uno de los mecanismos centrales para garantizar que las cargas digitales puedan transformarse en saldo disponible para el transporte público.
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