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La reestructuración del Correo Argentino impulsada por el gobierno de Javier Milei ha dejado sin trabajo a 2.800 empleados, afectando especialmente a pequeñas localidades del interior.

La empresa hasta ahora pública enfrenta un plan para reducir su plantilla en 4.000 personas, y ya cerró varias sucursales en pueblos rurales, generando una fuerte reacción de los vecinos.

En Santa Regina, un pequeño pueblo del Partido Bonaerense de General Villegas con solo 550 habitantes, un grupo de residentes salió a las calles para protestar contra el cierre de la sucursal local. El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas propuestas para privatización bajo la “Ley Bases”, ha reducido significativamente su personal, pasando de 16.856 empleados en diciembre a aproximadamente 2800 menos en la actualidad, según fuentes de la Jefatura de Gabinete citadas por Infobae.

El 4 de mayo, la empresa lanzó un masivo plan de retiro voluntario como parte de la reestructuración promovida por el gobierno. Según el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, alrededor de 1700 trabajadores aceptaron la oferta de desvinculación voluntaria. No obstante, la ola de despidos comenzó meses antes y se intensificó recientemente con el envío de cientos de telegramas de despido. Solo el 26 de abril, 750 empleados fueron cesanteados.

El gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4000 empleados mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Las indemnizaciones se basan en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y las jubilaciones anticipadas están disponibles para agentes cercanos a la edad de retiro.

La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha llevado a miles de empleados a aceptar la propuesta de retiro voluntario. En redes sociales y grupos de Facebook, los trabajadores comparten historias de aquellos con largos años de servicio que dejan sus puestos con pesar.

Casos como el de Ricardo Albornoz, un cartero de Rosario de la Frontera con 40 años de antigüedad, ilustran la gravedad de la situación. Albornoz sufrió un paro cardíaco tras recibir su telegrama de despido, según relató el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.

El gobierno defiende el ajuste como parte de un plan de modernización del Estado y reducción del gasto público. El presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, lidera la reestructuración bajo las directrices de la jefatura de Gabinete libertaria. En una carta reciente al personal, Baldini anunció la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo y adelantó cambios en el modelo de negocio de la empresa, como la implementación de un formato de franquicias no exclusivas en lugar de sucursales tradicionales.

Las protestas contra los cierres y despidos se han replicado en varias localidades del interior, con sindicatos y trabajadores organizando manifestaciones frente a las sucursales cerradas. La preocupación por la pérdida del servicio postal ha movilizado a intendentes, legisladores y gobiernos provinciales, que buscan evitar el impacto negativo de los cierres.

La controversia llegó al Senado, donde el senador José María Carambia expresó sus preocupaciones sobre la situación del Correo Argentino y la posibilidad de una eventual privatización. En una teleconferencia con trabajadores de Tres Lagos, una pequeña localidad, Carambia destacó las presiones que enfrentan los empleados para aceptar el retiro voluntario, cuestionando si las indemnizaciones están diseñadas para facilitar la privatización de la empresa.

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Jorge Sola alertó por el “mal humor social” y cuestionó los personalismos del peronismo

El integrante del triunvirato de la CGT advirtió sobre un creciente descontento social y expresó su preocupación por el descreimiento en la política. De cara a 2027, cuestionó los personalismos dentro del peronismo, reclamó una convocatoria más amplia y sostuvo que la dirigencia debe recuperar capacidad de representación.

Sola distinguió tres comportamientos dentro del electorado: quienes mantienen un respaldo firme al Gobierno, quienes se oponen de manera igualmente definida y un tercer grupo al que denominó “ningunismo”. Para el dirigente del Sindicato del Seguro, esa última franja constituye uno de los principales desafíos para la representación política porque no se limita a definir una preferencia electoral, sino que puede derivar en desinterés por participar de los comicios.

“Tenés un doble problema. No solo tenés que convencer a alguien que te vote, sino que tenés que convencerla que vaya a votar”, sostuvo Sola en declaraciones periodísticas, al referirse a lo que considera una pérdida de confianza en las estructuras partidarias.

La crítica al peronismo y los personalismos

El dirigente sindical trasladó ese diagnóstico al funcionamiento del Partido Justicialista. Sola planteó que el peronismo conserva una tradición favorable a las coaliciones, pero cuestionó que esa capacidad de articulación haya quedado condicionada por liderazgos individuales.

“El espíritu de coalición y frentista es afín al peronismo”, señaló. A su entender, el problema comenzó cuando distintas conducciones buscaron interpretar al movimiento desde perspectivas cada vez más personalistas. Esa lógica, sostuvo, termina dificultando la incorporación de dirigentes y organizaciones que podrían participar de una construcción política más amplia.

La crítica incluye también al funcionamiento institucional del PJ. Sola afirmó que nunca fue convocado por las autoridades partidarias para aportar la mirada de los trabajadores y cuestionó que los partidos políticos hayan quedado reducidos, según su interpretación, a estructuras que recuperan protagonismo principalmente durante los procesos electorales.

“El peronismo tiene que ser generoso a la hora de convocar como lo hizo muchísimas veces, pero tiene que ser generoso a la hora de conducir”, planteó. La observación apunta a una diferencia que considera central: ampliar una coalición para ganar una elección no alcanza si luego las decisiones quedan concentradas dentro de una única estructura partidaria.

Una coalición más amplia

Sola también se pronunció a favor de una construcción que reúna a distintas fuerzas con coincidencias programáticas. La propuesta no se limita al PJ, sino que plantea la posibilidad de conformar un espacio capaz de incorporar dirigentes y organizaciones provenientes de otras tradiciones políticas.

El dirigente ya había planteado durante 2026 que el peronismo resulta necesario para cualquier alternativa opositora, pero que, a su entender, no alcanza por sí solo para construir una propuesta política amplia.

Su planteo se inscribe además en una etapa en la que la CGT procura preservar autonomía institucional mientras sus principales dirigentes intervienen cada vez con mayor frecuencia en discusiones sobre el rumbo económico, laboral y político del país. Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello integran desde noviembre de 2025 el triunvirato que conduce la central obrera.

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Festi Joven reunió a una multitud y puso a más de 300 artistas en escena

El Parque de Mayo fue escenario este lunes 21 de septiembre del Festi Joven, el evento que congregó a más de 30.000 sanjuaninos para festejar el Día de la Primavera. Con una destacada grilla de más de 300 artistas en escena, la jornada combinó música en vivo, expresiones urbanas y tradiciones culturales en un ambiente de disfrute y convivencia para toda la comunidad.

La propuesta contó con tres puntos centrales de espectáculos: el escenario Mayor, La Peña y Urbano, permitiendo que una amplia diversidad de talentos locales mostrara su arte ante una multitud. Esta iniciativa busca generar oportunidades genuinas de trabajo y visibilidad para los creadores de San Juan, al tiempo que brinda a los jóvenes y sus familias un lugar seguro y ordenado para compartir.

El operativo desplegado garantizó la seguridad, la prevención y la circulación fluida durante todo el festejo, ratificando el compromiso del Gobierno de San Juan de generar espacios de encuentro, cultura y esparcimiento para las familias sanjuaninas.

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Nuevo paro en las universidades tras el fracaso de la negociación salarial

Docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizarán este martes 22 de septiembre una nueva jornada de paro, en rechazo a la oferta salarial del 3%. Los gremios sostienen que necesitan una recomposición del 33,4% para recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023 y reclaman la aplicación del artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario. También convocaron a la quinta Marcha Federal para el 15 de octubre.

Las universidades nacionales volverán a paralizar este martes 22 de septiembre sus actividades por 24 horas, en la segunda jornada del paro de 48 horas dispuesto por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida completa la huelga iniciada el viernes 18 y fue definida luego de que las organizaciones docentes y nodocentes rechazaran nuevamente una propuesta de aumento salarial del 3%.

La disputa excede la discusión de un porcentaje mensual. Los sindicatos reclaman la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en octubre de 2025. Su artículo 5 establece que los haberes docentes y nodocentes debían actualizarse desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma tomando como referencia, como mínimo, la evolución del IPC, además de disponer actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación publicada por el INDEC.

Una brecha salarial que los gremios calculan en 33,4%

El porcentaje que concentra el reclamo surge de los informes elaborados por FEDUN y CIICTI. El último relevamiento disponible ubica en 33,4% la recomposición nominal necesaria para recuperar, en términos reales, el nivel salarial de noviembre de 2023. CIICTI volvió a señalar ese mismo cálculo en agosto de 2026.

Frente a esa referencia, la propuesta del 3% presentada en la negociación paritaria fue considerada insuficiente por las organizaciones que integran el Frente Sindical. Desde ADIUC, uno de los gremios que participa de la articulación nacional, sostuvieron además que la diferencia acumulada derivada de la aplicación pendiente del artículo 5 equivaldría a unos cuatro salarios. Esa estimación corresponde a la organización gremial y forma parte de sus argumentos para sostener la continuidad de la protesta.

La FEDUN reclama, junto con la recomposición de los haberes, que el Gobierno aplique la normativa vigente. Su secretario general, Daniel Ricci, cuestionó la nueva propuesta oficial y sostuvo que el porcentaje ofrecido no permite recuperar la pérdida acumulada por los trabajadores universitarios.

El reclamo también alcanza becas, hospitales e investigación

El conflicto incorpora además recursos para las funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y extensión. Los gremios plantean que el financiamiento debe contemplar las becas estudiantiles, los hospitales universitarios y las condiciones necesarias para sostener la enseñanza y la investigación.

La propia Ley 27.795 establece entre sus objetivos garantizar el ingreso, la permanencia y la terminalidad de los estudiantes, además de asegurar condiciones laborales y salariales para docentes y nodocentes. También dispone recursos para tecnología, formación y fortalecimiento de las plantas universitarias.

La continuidad de la huelga no constituye una medida aislada. El Frente Sindical anunció un esquema de 23 jornadas de protestas, que desembocará en una nueva Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre, acordada junto con el Consejo Interuniversitario Nacional.

La convocatoria reúne a FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, UDA y CTERA, con participación de docentes y nodocentes de universidades de todo el país. En distintas casas de estudios se sumaron actividades de visibilización, clases públicas y otras iniciativas durante las jornadas de protesta.

La huelga de este martes reinstala la controversia salarial entre el Ejecutivo y el sector universitario, donde la brecha entre el 3% ofertado y el 33,4% exigido expone un quiebre profundo. Esta distancia no solo frustra el acuerdo mensual, sino que reactiva el debate de fondo sobre el cumplimiento de la Ley 27.795 y la garantía presupuestaria para las casas de altos estudios.

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