Con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, el Senado insistió en la sanción de la norma que establece la distribución diaria y automática de los Aportes del Tesoro Nacional entre las provincias. Se trata de otra derrota para la Casa Rosada, que deberá enfrentar ahora el debate en Diputados.

En una sesión acalorada, llena de tensión política y con fuerte presencia de gobernadores en los pasillos del Congreso, el Senado de la Nación rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la ley que establece la redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia las provincias. La votación finalizó con 59 votos afirmativos, 9 negativos y 3 abstenciones, configurando un nuevo traspié legislativo para el Gobierno nacional.

El debate comenzó pasadas las 11 de la mañana, bajo la conducción de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Solo seis senadores de La Libertad Avanza, junto a los cordobeses Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero (PRO), y el formoseño Francisco Paoltroni, se expresaron en contra de la insistencia. Las abstenciones correspondieron al entrerriano Alfredo De Ángeli y a los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

La norma impulsada por los gobernadores incorpora un artículo a la Ley 11.672 (complementaria permanente de presupuesto), para que los recursos distribuidos por el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional —creado por la Ley 23.548 de Coparticipación— se asignen de manera diaria, automática y en igualdad de condiciones a lo previsto en el artículo 6 de dicha norma. De esta manera, esos fondos pasarían a integrarse a la masa coparticipable, limitando la discrecionalidad del Ejecutivo en su manejo.

Durante el debate, el senador pampeano Daniel Bensusán advirtió que “con este nuevo veto el presidente otra vez acusa a las provincias de irresponsables, con una burda mentira, porque Milei y sus secuaces quieren hacer creer que los ATN se usarán en gastos corrientes”.

Por su parte, el radical bonaerense Maximiliano Abad remarcó que “no solo se trata de una ley vetada sino de cómo se concibe el federalismo”. Según sostuvo, el Gobierno prioriza el ajuste fiscal por encima del desarrollo provincial: “Sin provincias fuertes no hay país posible; el federalismo es condición necesaria para el desarrollo argentino”.

En la misma línea, el radical fueguino Pablo Blanco cuestionó que las provincias reciben apenas entre el 26% y el 28% de la recaudación nacional, mientras la Nación concentra el resto: “Encima, se queda con la distribución de los ATN, que reparte según conveniencias políticas”.

La catamarqueña Lucía Corpacci fue más allá al sostener que “votar contra el veto de Milei es votar contra un modus operandi que desconoce al Congreso, al pueblo y a la Constitución Nacional”.

Desde el oficialismo, Francisco Paoltroni, que respaldó al Ejecutivo, pidió reconocer “las muchas cosas que están funcionando bien”, como los sectores minero, hidrocarburífero y ganadero. A la vez, advirtió que la disputa política “conduce a una inestabilidad económica que atenta contra todos”.

Con esta decisión, el Senado remite ahora el tema a la Cámara de Diputados, donde la situación se presenta más difícil para los gobernadores. En esa instancia, cuando la ley se aprobó inicialmente, los votos negativos alcanzaron 90, número suficiente para sostener el veto si se repite la misma correlación de fuerzas.

El rechazo del Senado al veto presidencial sobre los Aportes del Tesoro Nacional constituye un triunfo político para los gobernadores y un nuevo golpe para la estrategia legislativa de Javier Milei. La decisión refleja el malestar de gran parte de la dirigencia política frente al manejo centralizado de los recursos y reaviva la discusión sobre el federalismo fiscal en Argentina. Sin embargo, la pulseada aún no está cerrada: el desenlace final dependerá de lo que suceda en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo y sus aliados podrían inclinar la balanza en favor de sostener el veto.

El Sindicato de Luz y Fuerza cuestionó con dureza el anuncio del Gobierno nacional sobre la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA). Según la organización, la medida implica un retroceso en soberanía energética y tecnológica, encarece el servicio eléctrico y responde a intereses económicos y políticos externos.

El Gobierno nacional confirmó que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), empresa responsable de la operación de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida contempla la venta del 44% de las acciones a través de una licitación pública nacional e internacional, mientras que el Estado conservará el 51% del capital accionario y, con ello, el control de la compañía. El esquema incluye además un Programa de Propiedad Participada para que los trabajadores accedan hasta al 5% de las acciones.

El anuncio desató una inmediata reacción sindical. Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate, con representación en las centrales nucleares, expresaron un rechazo categórico. “Nucleoeléctrica es una empresa de interés estratégico para la Argentina, construida con el esfuerzo del pueblo. Significa soberanía energética, científica y tecnológica, pilares fundamentales del desarrollo industrial y productivo”, afirmaron.

Para el gremio, la decisión del Ejecutivo es un “claro guiño a intereses económicos y políticos externos” y forma parte de un plan para “desmantelar el Plan Nuclear Argentino”. En un comunicado, la organización advirtió que la privatización pone en riesgo cientos de puestos de trabajo y la seguridad operativa de las plantas, al tiempo que “transforma un derecho esencial en un negocio más, encareciendo el servicio eléctrico, degradando su calidad y beneficiando a privados que solo buscan maximizar sus ganancias”.

El sindicato también apeló a la memoria histórica al recordar las consecuencias de las privatizaciones de la década del 90: pérdida de soberanía, flexibilización laboral y deterioro de servicios públicos. “No olvidamos la complicidad de sectores del sindicalismo empresarial que facilitaron la entrega del país y fueron los únicos beneficiarios de esas políticas”, subrayaron.

Finalmente, Luz y Fuerza concluyó con un mensaje enfático: “La soberanía no se negocia. Lo público es de todos y debemos defenderlo por el bien de toda la Nación”.

La privatización parcial de Nucleoeléctrica abre un frente de conflicto político y sindical que promete intensificarse. Mientras el Gobierno argumenta que busca atraer inversiones y modernizar el sector, Luz y Fuerza denuncia un intento de convertir un servicio esencial en un negocio privado, con impacto directo en tarifas, calidad del suministro y soberanía nacional. La disputa anticipa un nuevo capítulo en la tensión entre el oficialismo y el movimiento obrero frente al rumbo de la política energética argentina.

La Federación de Remiseros (FAREM) respaldó el proyecto de ley impulsado por el diputado provincial y secretario general de la CGT, Eduardo Cabello, que busca reforzar la regulación de taxis y remises frente al avance de plataformas como Uber, Didi y Cabify. Sindicatos y empresarios cuestionan la iniciativa oficial por habilitar la precarización laboral y la competencia desleal.

La Legislatura de San Juan se convirtió en escenario de un fuerte debate luego de la presentación de un proyecto de ley oficial para “modernizar y transparentar” el transporte de pasajeros. La iniciativa, que abre la puerta a la llegada de plataformas internacionales como Uber, Didi o Cabify, fue duramente rechazada por gremios y empresarios del sector, que advierten sobre la amenaza a miles de puestos de trabajo y el riesgo de consolidar un esquema de competencia desigual.

En este contexto, el diputado provincial y secretario general de la CGT regional, Eduardo Cabello, presentó un proyecto alternativo que, según explicó, busca proteger la actividad tradicional de taxis y remises, garantizando condiciones laborales y reglas claras. “Es una ley hecha a espaldas de los trabajadores y empresarios. El problema no es normativo, ya tenemos la Ley 814-A que regula el transporte, sino de control. Lo que hace falta es que el Estado aplique lo que ya existe”, sostuvo Cabello.

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta oficial es la habilitación de aplicaciones internacionales para operar en San Juan. Cabello cuestionó que, mientras taxis y remises cumplen con seguros, revisiones técnicas e impuestos, las plataformas “trabajan sin controles ni obligaciones”, lo que genera “precarización laboral y competencia desleal”, además de poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

El legislador también alertó que el texto “borra del mapa” a las agencias de remises con décadas de trayectoria en la provincia y omite regular fenómenos ya existentes, como el transporte en moto. Además, señaló que la iniciativa abre la puerta a la concentración del negocio en pocas manos y otorga al Ejecutivo una discrecionalidad excesiva en la reglamentación de artículos clave.

El rechazo al proyecto oficial encontró eco inmediato en la Federación de Remiseros (FAREM). Su secretario general, Alejandro Poli, destacó que la organización acompañará la propuesta de Cabello: “Es una ley que nos permitiría defender la actividad de los remiseros en su conjunto y que fue presentada mucho antes que la del gobierno”. Poli advirtió que “las aplicaciones son, en la práctica, una forma de agencia de remis y deben cumplir con los mismos requisitos: habilitar un local, registrar a sus trabajadores bajo convenio, estar dentro de la seguridad social y respetar las leyes de transporte de San Juan”.

El arco de oposición incluye a taxistas, remiseros, agencias, camioneros, combis escolares, peones de taxi, CAPE, ATAP y la propia CGT Regional San Juan, todos alineados en rechazar la propuesta oficial por considerarla un aval a la informalidad y un retroceso en derechos laborales.

“Lo que el Gobierno llama modernización, en realidad es un aval a la informalidad”, concluyó Cabello, advirtiendo que gremios y organizaciones del transporte intensificarán sus reclamos para frenar la iniciativa en el recinto legislativo.

El proyecto alternativo de Eduardo Cabello, respaldado por la FAREM y una amplia red sindical y empresarial, refleja el rechazo al avance de las aplicaciones internacionales en el transporte de pasajeros en San Juan. Para los actores del sector, la regulación vigente debe cumplirse y no reemplazarse por una norma que habilite mayor precarización y competencia desleal. El debate recién comienza, pero la correlación de fuerzas anticipa que el oficialismo tendrá un camino complejo si pretende imponer su iniciativa.