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La reestructuración del Correo Argentino impulsada por el gobierno de Javier Milei ha dejado sin trabajo a 2.800 empleados, afectando especialmente a pequeñas localidades del interior.

La empresa hasta ahora pública enfrenta un plan para reducir su plantilla en 4.000 personas, y ya cerró varias sucursales en pueblos rurales, generando una fuerte reacción de los vecinos.

En Santa Regina, un pequeño pueblo del Partido Bonaerense de General Villegas con solo 550 habitantes, un grupo de residentes salió a las calles para protestar contra el cierre de la sucursal local. El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas propuestas para privatización bajo la “Ley Bases”, ha reducido significativamente su personal, pasando de 16.856 empleados en diciembre a aproximadamente 2800 menos en la actualidad, según fuentes de la Jefatura de Gabinete citadas por Infobae.

El 4 de mayo, la empresa lanzó un masivo plan de retiro voluntario como parte de la reestructuración promovida por el gobierno. Según el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, alrededor de 1700 trabajadores aceptaron la oferta de desvinculación voluntaria. No obstante, la ola de despidos comenzó meses antes y se intensificó recientemente con el envío de cientos de telegramas de despido. Solo el 26 de abril, 750 empleados fueron cesanteados.

El gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4000 empleados mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Las indemnizaciones se basan en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y las jubilaciones anticipadas están disponibles para agentes cercanos a la edad de retiro.

La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha llevado a miles de empleados a aceptar la propuesta de retiro voluntario. En redes sociales y grupos de Facebook, los trabajadores comparten historias de aquellos con largos años de servicio que dejan sus puestos con pesar.

Casos como el de Ricardo Albornoz, un cartero de Rosario de la Frontera con 40 años de antigüedad, ilustran la gravedad de la situación. Albornoz sufrió un paro cardíaco tras recibir su telegrama de despido, según relató el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.

El gobierno defiende el ajuste como parte de un plan de modernización del Estado y reducción del gasto público. El presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, lidera la reestructuración bajo las directrices de la jefatura de Gabinete libertaria. En una carta reciente al personal, Baldini anunció la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo y adelantó cambios en el modelo de negocio de la empresa, como la implementación de un formato de franquicias no exclusivas en lugar de sucursales tradicionales.

Las protestas contra los cierres y despidos se han replicado en varias localidades del interior, con sindicatos y trabajadores organizando manifestaciones frente a las sucursales cerradas. La preocupación por la pérdida del servicio postal ha movilizado a intendentes, legisladores y gobiernos provinciales, que buscan evitar el impacto negativo de los cierres.

La controversia llegó al Senado, donde el senador José María Carambia expresó sus preocupaciones sobre la situación del Correo Argentino y la posibilidad de una eventual privatización. En una teleconferencia con trabajadores de Tres Lagos, una pequeña localidad, Carambia destacó las presiones que enfrentan los empleados para aceptar el retiro voluntario, cuestionando si las indemnizaciones están diseñadas para facilitar la privatización de la empresa.

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Un mismo producto, distintos precios: cuánto cambia el costo según la región

El precio de un mismo producto puede variar hasta un 9,2% según el supermercado en el que se compre, con las mayores diferencias concentradas en frutas y verduras. La dispersión promedio entre cadenas fue del 3,6% durante septiembre, de acuerdo con un relevamiento del Centro de Estudios Cuantitativos en Negocios (CECN) de la Universidad de San Andrés.

El estudio fue elaborado a partir de información del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), dependiente de la Secretaría de Comercio, y permite comparar los valores publicados por distintas cadenas para productos idénticos.

La categoría Frutas y verduras encabezó el ranking de septiembre, con una diferencia del 9,2%, más de dos veces y media por encima del promedio general. La elevada dispersión no constituye un fenómeno aislado: este rubro ocupó el primer lugar en 51 de los 64 meses analizados desde junio de 2021 y quedó segundo en otros diez períodos.

Le siguieron Comidas preparadas, con una brecha del 5,8%; Carnes, con 3,9%; y Almacén, con 3,7%. En el extremo de mayor homogeneidad se ubicaron Farmacia, con 1,8%; Electro, con 2,1%; y Panadería, con 2,4%.

La Patagonia, con los precios más altos

Las diferencias también aparecen al comparar regiones. El indicador Pulso Regional de Precios ubicó nuevamente a la Patagonia como la zona más cara del país, con valores promedio 3,4% superiores a la media nacional.

La región registró los mayores precios en seis de las 18 categorías relevadas. Las diferencias fueron particularmente marcadas en Golosinas, con un sobrecosto del 16,1%; Frescos, con 9,7%; y Bebidas, con 7,9%.

La Patagonia fue además la región más costosa en 61 de los últimos 64 meses considerados por el estudio. En el extremo contrario quedaron el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con precios promedio 5,5% y 5,2% inferiores, respectivamente, a la media nacional.

El presupuesto para la misma canasta varía un 11,3% promedio según la región, confirmando que el lugar donde se vive es un factor determinante para el bolsillo.

Estos resultados demuestran, una vez más, que es clave comparar precios antes de comprar. Aunque la diferencia promedio entre cadenas es moderada, esta brecha crece notablemente en ciertos productos y se vuelve aún mayor al sumar las variaciones por zona, impactando de lleno en el bolsillo familiar.

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La CGT vuelve a la calle este jueves en defensa de la industria nacional

La central obrera se moviliza este jueves a las 15 frente a la Secretaría de Industria, en el microcentro porteño, bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”. La protesta pone el foco en la caída de la producción, el cierre de empresas y la pérdida de puestos de trabajo.

La CGT decidió avanzar con la protesta mientras mantiene sus cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno de Javier Milei. El reclamo sindical apunta al deterioro de la producción manufacturera, el cierre de empresas y la pérdida de puestos laborales, en contraste con la lectura oficial sobre la evolución de la economía.

Uno de los datos utilizados por la central sindical para fundamentar la movilización es la continuidad de la caída de la industria pyme, que acumularía ocho meses consecutivos de retroceso. A eso suma el cierre de 138 empresas manufactureras durante junio, indicadores que, según la central, reflejan el impacto de la menor actividad sobre la economía real.

La conducción cegetista reclama una política industrial que combine producción, empleo formal y capacidad de generación de valor. Jorge Sola, integrante del triunvirato de la CGT, cuestionó que sectores como la minería, el litio, el cobre, el petróleo y el gas puedan compensar por sí solos los puestos laborales que se pierden en otras ramas productivas. El dirigente planteó la necesidad de avanzar hacia un proyecto industrial orientado a la creación de empleo registrado y salarios con derechos.

La movilización tendrá además una fuerte carga simbólica. La CGT eligió como consigna una adaptación de la bandera que la Selección argentina exhibió tras el triunfo frente a Inglaterra en el Mundial: “Las Malvinas son argentinas. La industria nacional también”. Frente a la Secretaría de Industria está previsto un acto con la participación de los integrantes del triunvirato cegetista: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

La protesta no estará acompañada por un paro general. La conducción de la central resolvió continuar con un esquema de movilizaciones escalonadas y, por ahora, mantener abierta la discusión sobre una nueva huelga nacional.

El próximo capítulo de ese cronograma será el 15 de octubre, cuando la CGT acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria. La central también mantiene en agenda su participación en actividades vinculadas con el mundo del trabajo durante la visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

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La UTA mantiene la medida y el transporte seguirá paralizado este jueves

La UTA mantuvo la retención de servicios pese a la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y el transporte público continuará paralizado este jueves.La medida, que inicialmente había sido anunciada como retenciones intermitentes, terminó extendiéndose durante toda la jornada del miércoles y dejó paralizado el transporte urbano e interurbano.

La primera audiencia de conciliación fue convocada para este jueves a las 11:30, con la discusión salarial como punto central. El gremio sostiene que las empresas no cumplieron con las recomposiciones acordadas el 23 de septiembre ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y reclama que se actualicen los haberes de los choferes.

Según explicó la conducción sindical, un trabajador debería percibir actualmente alrededor de $2,3 millones, mientras que los salarios efectivamente abonados rondarían los $1,4 millones. La diferencia, de acuerdo con el planteo de la UTA, se aproxima al millón de pesos por trabajador.

Desde la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), que reúne a las empresas del transporte sanjuanino, respondieron que las compañías abonaron los montos que estuvieron en condiciones de afrontar y argumentaron que no cuentan con los recursos suficientes para cubrir la totalidad de las sumas reclamadas.

El panorama cambió durante la tarde del miércoles cuando Trabajo dictó la conciliación obligatoria, lo que obligó a frenar la medida de fuerza y normalizar el transporte. Desde el organismo oficial criticaron la postura del gremio, argumentando que el paro no se notificó bajo los canales formales y que se descuidó el porcentaje de servicio que exige la ley para actividades esenciales.

La orden, sin embargo, no modificó la decisión de los choferes. Un dirigente gremial sostuvo que el servicio no fue restablecido porque los trabajadores no recibieron una propuesta concreta para recomponer los salarios adeudados. De esta manera, la conciliación comenzó sin que se produjera el retorno efectivo a las calles.

La audiencia de este jueves será, por lo tanto, el primer ámbito formal para intentar acercar posiciones entre UTA, empresas y autoridades laborales. El Gobierno provincial podría exigir previamente el levantamiento de la medida como condición para avanzar en la negociación, mientras que el sindicato reclama que el cumplimiento salarial forme parte de la discusión.

El impacto sobre los usuarios

Desde el Ministerio de Educación se comunicó que quedarían exceptuadas del cómputo de inasistencias aquellas personas —tanto estudiantes como educadores— afectadas por el paro de micros. La ausencia de colectivos también incrementó la demanda sobre las plataformas de transporte particular. Usuarios que recurrieron a servicios como Uber afrontaron tarifas superiores a las habituales, especialmente durante los horarios de mayor demanda.

Con posiciones encontradas, las partes se miden hoy en una instancia clave de conciliación. La UTA mantiene su reclamo por la deuda salarial, frente a unas empresas que se declaran en crisis para pagarla. Del resultado de este jueves dependerá si se restablece el servicio o se prolonga el paro.

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