Preocupación por ola de despidos en el Correo Argentino
La reestructuración del Correo Argentino impulsada por el gobierno de Javier Milei ha dejado sin trabajo a 2.800 empleados, afectando especialmente a pequeñas localidades del interior.
La empresa hasta ahora pública enfrenta un plan para reducir su plantilla en 4.000 personas, y ya cerró varias sucursales en pueblos rurales, generando una fuerte reacción de los vecinos.
En Santa Regina, un pequeño pueblo del Partido Bonaerense de General Villegas con solo 550 habitantes, un grupo de residentes salió a las calles para protestar contra el cierre de la sucursal local. El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas propuestas para privatización bajo la “Ley Bases”, ha reducido significativamente su personal, pasando de 16.856 empleados en diciembre a aproximadamente 2800 menos en la actualidad, según fuentes de la Jefatura de Gabinete citadas por Infobae.
El 4 de mayo, la empresa lanzó un masivo plan de retiro voluntario como parte de la reestructuración promovida por el gobierno. Según el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, alrededor de 1700 trabajadores aceptaron la oferta de desvinculación voluntaria. No obstante, la ola de despidos comenzó meses antes y se intensificó recientemente con el envío de cientos de telegramas de despido. Solo el 26 de abril, 750 empleados fueron cesanteados.
El gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4000 empleados mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Las indemnizaciones se basan en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y las jubilaciones anticipadas están disponibles para agentes cercanos a la edad de retiro.
La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha llevado a miles de empleados a aceptar la propuesta de retiro voluntario. En redes sociales y grupos de Facebook, los trabajadores comparten historias de aquellos con largos años de servicio que dejan sus puestos con pesar.
Casos como el de Ricardo Albornoz, un cartero de Rosario de la Frontera con 40 años de antigüedad, ilustran la gravedad de la situación. Albornoz sufrió un paro cardíaco tras recibir su telegrama de despido, según relató el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.
El gobierno defiende el ajuste como parte de un plan de modernización del Estado y reducción del gasto público. El presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, lidera la reestructuración bajo las directrices de la jefatura de Gabinete libertaria. En una carta reciente al personal, Baldini anunció la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo y adelantó cambios en el modelo de negocio de la empresa, como la implementación de un formato de franquicias no exclusivas en lugar de sucursales tradicionales.
Las protestas contra los cierres y despidos se han replicado en varias localidades del interior, con sindicatos y trabajadores organizando manifestaciones frente a las sucursales cerradas. La preocupación por la pérdida del servicio postal ha movilizado a intendentes, legisladores y gobiernos provinciales, que buscan evitar el impacto negativo de los cierres.
La controversia llegó al Senado, donde el senador José María Carambia expresó sus preocupaciones sobre la situación del Correo Argentino y la posibilidad de una eventual privatización. En una teleconferencia con trabajadores de Tres Lagos, una pequeña localidad, Carambia destacó las presiones que enfrentan los empleados para aceptar el retiro voluntario, cuestionando si las indemnizaciones están diseñadas para facilitar la privatización de la empresa.
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El IPV completó la entrega de 442 escrituras en toda la provincia
Un total de 442 familias sanjuaninas avanzaron en la consolidación legal de sus viviendas con la entrega de las escrituras correspondientes a casas adjudicadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego y comprendió a beneficiarios de 15 departamentos, tanto del Gran San Juan como del interior provincial.
La documentación permite formalizar la titularidad de los inmuebles y brinda respaldo jurídico a quienes completaron los requisitos de adjudicación. Durante la entrega, Orrego subrayó la diferencia entre disponer de una vivienda y contar con el título que acredita legalmente su propiedad.
“Una cosa es tener una casa y otra es tener la escritura que les dé la certeza de que esa propiedad es suya”, afirmó el mandatario, quien también señaló que el Gobierno continuará trabajando para responder a las familias que todavía esperan completar el trámite.
Rawson concentró la mayor cantidad de escrituras
La distribución tuvo una fuerte concentración en cuatro departamentos. Rawson recibió 105 escrituras; Chimbas, 69; Rivadavia, 64; y Pocito, 52. En conjunto, esas jurisdicciones reunieron 290 documentos, equivalentes al 65,6% del total entregado.
El resto se distribuyó entre Capital, con 36 escrituras; Sarmiento, con 33; Santa Lucía, con 21; Zonda, con 17; Albardón, con 12; Caucete, con 11; 25 de Mayo, con siete; San Martín, con seis; Ullum, con cinco; y Angaco y 9 de Julio, con dos cada uno.
El acto contó con la participación de autoridades del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, del que depende la política provincial de vivienda.
El título de propiedad, un paso decisivo
La escritura constituye el instrumento legal que acredita la titularidad del inmueble y completa una etapa fundamental para las familias que accedieron a una casa mediante el IPV. Además de aportar seguridad jurídica, permite gestionar distintos trámites vinculados con la propiedad y facilita su transmisión hereditaria.
La entrega de estos documentos también marca la diferencia entre la adjudicación de una vivienda y la formalización plena de su titularidad. Para las familias beneficiarias, contar con la escritura representa la consolidación de un patrimonio y una herramienta para proyectar mejoras y preservar legalmente la propiedad a futuro.
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ANSES pagará el aguinaldo en diciembre y algunos jubilados tendrán un concepto diferenciado
La liquidación del aguinaldo de diciembre incluirá una particularidad para algunos jubilados y pensionados de la ANSES: en sus recibos podrá figurar el concepto “Aguinaldo Reparación Histórica”, vinculado con los reajustes previsionales reconocidos mediante el programa creado por la Ley 27.260.
La denominación puede generar expectativas sobre un ingreso adicional, pero no implica la creación de un bono ni de una prestación extraordinaria. Se trata de la parte del Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al reajuste incorporado al haber de quienes están alcanzados por ese régimen.
La Reparación Histórica fue establecida en 2016 para actualizar determinadas jubilaciones y pensiones y reconocer deudas previsionales del Estado. El mecanismo contempló acuerdos con beneficiarios que habían iniciado juicios por sus haberes y también con quienes no habían acudido a la Justicia.
Por eso, el concepto no aparecerá en todas las liquidaciones. Corresponde a quienes tienen incorporado el reajuste previsto por el programa, mientras que el resto de los jubilados y pensionados percibirá el aguinaldo habitual, de acuerdo con las reglas generales de liquidación.
El monto no es uniforme: depende del haber de cada titular y de los componentes previsionales que integran su remuneración. Como regla general, la segunda cuota del aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada durante el semestre, con los ajustes que correspondan según cada prestación.
Cómo consultar el recibo en Mi ANSES
Los beneficiarios podrán verificar su liquidación cuando esté disponible en los canales oficiales. Para hacerlo, deberán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder a la sección “Jubilaciones y Pensiones” y consultar el recibo de haberes de diciembre.
Allí podrán revisar los conceptos liquidados e identificar, si corresponde, el ítem “Aguinaldo Reparación Histórica”. La presencia de esa denominación permite distinguir la parte del SAC asociada al reajuste, pero no significa que se haya otorgado un beneficio adicional a todos los titulares.
La consulta del recibo será clave para conocer el importe individual, ya que no existe una suma fija aplicable al conjunto de los beneficiarios. El pago de diciembre combinará así el aguinaldo correspondiente al segundo semestre con los componentes que integren cada haber previsional.
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Sanidad acordó aumentos hasta enero y desactivó el paro nacional
La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) acordó una actualización salarial hasta enero de 2027 y dejó sin efecto el paro nacional de 24 horas que estaba previsto para este martes 20 de octubre en clínicas, sanatorios y otros establecimientos privados de salud.
El entendimiento, anunciado tras negociaciones con las cámaras empresarias, contempla cinco tramos de incrementos y el pago de asignaciones no remunerativas. La negociación se destrabó luego de que el gremio denunciara que las escalas habían permanecido vencidas durante 45 días.
El cronograma establece aumentos del 2% en septiembre, 1,8% en octubre, 2,84% en noviembre, 1,8% en diciembre y 2,70% en enero de 2027. La suma aritmética de los porcentajes es del 11,14%, aunque la variación acumulada efectiva dependerá de las bases de cálculo previstas en las escalas acordadas.
A esos incrementos se agregan sumas no remunerativas mensuales de $80.000 en septiembre y octubre, $70.000 en noviembre y diciembre y $60.000 en enero. Además, se incorporarán $10.000 de esos adicionales al salario básico en noviembre y otros $10.000 en enero, modificando progresivamente la composición de las remuneraciones.
El acuerdo también fijó pagos por el Día de la Sanidad de $70.240,60 para el convenio colectivo 108/75 y $70.299 para el 459/06.
La actualización alcanza a los trabajadores comprendidos en los convenios 108/75, que incluye institutos médicos, laboratorios, consultorios y clínicas sin internación; 122/75, correspondiente a sanatorios, clínicas, geriátricos y establecimientos neuropsiquiátricos; y 459/06, vinculado con emergencias médicas, atención domiciliaria y traslados.
La negociación había avanzado bajo la amenaza de una huelga nacional. ATSA cuestionó la demora de las patronales para actualizar los salarios y advirtió que los ingresos perdían capacidad de compra frente al encarecimiento de servicios, transporte y combustible. “Los establecimientos están llenos y los bolsillos de los trabajadores vacíos”, sostuvo el gremio al anunciar la medida de fuerza.
Con el acuerdo, las partes evitaron una interrupción de las prestaciones en establecimientos privados, aunque la evolución de los precios seguirá condicionando el resultado de la paritaria. Si bien la actualización asegura aumentos nominales hasta enero, su impacto real en el poder adquisitivo estará supeditado a la evolución de la inflación durante ese período.
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