El Juzgado Federal de San Martín N.º 2 extendió por seis meses la medida cautelar que resguarda las cuotas de solidaridad y la ultraactividad convencional cuestionadas por la reforma laboral. La resolución mantiene la cobertura judicial para las retenciones del 2,5% en el ámbito comprendido por la causa, mientras continúa la revisión en la Cámara de Apelaciones.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional volvió a recibir un revés en los tribunales. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín resolvió prorrogar por seis meses la medida cautelar que protege los aportes sindicales convencionales y la ultraactividad de los convenios colectivos en la causa iniciada por el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín contra el Estado Nacional.

La decisión, firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, mantiene vigente la protección judicial dispuesta el 27 de marzo de 2026. El magistrado consideró que continúan presentes las circunstancias jurídicas y fácticas que justificaron originalmente la medida y entendió que corresponde preservar sus efectos mientras avanza el expediente.

El pronunciamiento tiene consecuencias directas para el ámbito mercantil alcanzado por el litigio, ya que permite sostener, bajo los términos de la cautelar, las retenciones correspondientes a la cuota de solidaridad. El aporte totaliza un 2,5% de los salarios, distribuido habitualmente entre un 2% destinado a los sindicatos de primer grado y un 0,5% correspondiente a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS).

El debate se vincula con los artículos 131 y 133 de la Ley 27.802, cuestionados por sus modificaciones al régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, regulado por la Ley 14.250, y por las restricciones establecidas sobre las contribuciones convencionales.

La extensión de la cautelar brinda continuidad a las retenciones para los empleadores y trabajadores comprendidos en la causa, y evita que las modificaciones cuestionadas alteren de inmediato las condiciones protegidas por la resolución judicial. El fallo también mantiene la caución juratoria presentada por la entidad sindical y dispone notificar al Estado Nacional.

Sin embargo, la resolución no representa una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma ni implica un pronunciamiento general aplicable a todas las organizaciones gremiales. Se trata de una medida provisoria, cuyos alcances permanecen sujetos al trámite judicial.

El expediente continúa bajo revisión de la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá intervenir en la discusión sobre la cautelar y en las cuestiones de fondo planteadas por el sindicato.

La decisión constituye un respaldo transitorio para la estructura de financiamiento y representación del gremio mercantil, pero también prolonga una disputa de mayor alcance: hasta dónde puede avanzar una reforma legislativa sobre derechos y mecanismos de financiamiento establecidos mediante la negociación colectiva. La definición definitiva seguirá en manos de la Justicia.

La elección de autoridades de la CTA de los Trabajadores en San Juan incorporó un nuevo pronunciamiento crítico. ASIJEMIN reclamó transparencia y garantías de imparcialidad en los comicios, luego de advertir sobre presuntas irregularidades que, a su criterio, comprometen la credibilidad del procedimiento.

La conducción nacional del sindicato de jerárquicos mineros respaldó los cuestionamientos sobre los padrones, la fiscalización, la custodia de las urnas y la distribución de los centros de votación. Además, objetó la actuación de la Junta Electoral provincial y reclamó que se examinen las anomalías señaladas.

El documento lleva las firmas del secretario general nacional, Marcelo Mena Muñoz, la Comisión Directiva y las delegaciones regionales Centro, Sur y NOA. La entidad acompañó los planteos de la Lista 26 de Julio y enumeró distintos aspectos que considera necesario esclarecer: la confección de los padrones, las condiciones para fiscalizar, el resguardo de las urnas y la ubicación de los establecimientos habilitados para votar.

También expresó reparos sobre la independencia de la Junta Electoral provincial, cuya función consiste en asegurar reglas equitativas para todas las nóminas. Para la organización, las objeciones formuladas requieren respuestas concretas que permitan despejar dudas sobre la regularidad de la elección.

«La democracia sindical no puede ser una formalidad ni quedar condicionada por intereses particulares», sostuvo ASIJEMIN, que reclamó explicaciones y una revisión de los hechos señalados.

El planteo trasciende la disputa entre agrupaciones y coloca bajo discusión las garantías institucionales que deben regir la renovación de autoridades de la central obrera sanjuanina. La legitimidad de sus representantes depende también de que los afiliados puedan sufragar en condiciones de igualdad y con reglas claras.

La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera ratificó que la transparencia y la imparcialidad son requisitos indispensables para una representación gremial legítima. Ahora, la responsabilidad de las autoridades electorales será responder a los cuestionamientos y aportar certezas sobre la validez de los comicios.

La CGT consiguió un compromiso político para incorporarse a la próxima cumbre de los principales referentes del peronismo, en un movimiento que busca recomponer el vínculo entre la conducción sindical y los espacios que comenzaron a discutir la reorganización del partido de cara a las elecciones presidenciales del año entrante.

La promesa fue transmitida durante contactos recientes con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado Máximo Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa. Aunque todavía no se estableció una fecha, la reunión se proyecta para después de la visita del papa León XIV a la Argentina y antes de finalizar el año.

La incorporación de los gremios busca corregir una ausencia que había generado malestar en la central obrera. Las dos reuniones anteriores —una en agosto, en el Hotel Emperador, y otra en octubre, en la Casa de la Provincia de La Pampa— congregaron a gobernadores, legisladores y dirigentes de distintas vertientes peronistas, pero dejaron afuera a la conducción cegetista.

En esos encuentros participaron, entre otros, Kicillof, Kirchner y Massa, junto con los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán y Gustavo Melella. La ausencia sindical alimentó el reclamo por recuperar un lugar en las decisiones de un espacio político que históricamente tuvo al movimiento obrero como uno de sus pilares.

La CGT no pretende limitar su participación a un respaldo electoral. Sus dirigentes buscan intervenir en la elaboración del programa, la definición de candidaturas y la conformación de las listas. La consigna que sintetiza esa posición es convertirse en «protagonista, no espectador» de la reconstrucción peronista.

El acercamiento fue impulsado por distintos referentes de la central. Cristian Jerónimo, Jorge Sola, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez mantuvieron conversaciones con Massa y Máximo Kirchner, mientras Héctor Daer y Octavio Argüello gestionaron el vínculo con Kicillof.

La relación arrastra diferencias de larga data, particularmente con el kirchnerismo. Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner hubo enfrentamientos con parte de la conducción sindical, y las discrepancias volvieron a quedar expuestas en el acto cegetista por el Día del Trabajador, cuando Máximo Kirchner cuestionó que no se hubiera mencionado a la expresidenta. La central rechazó entonces las críticas y reivindicó su autonomía.

A la discusión política se suma la expectativa por la visita del Papa, cuyo mensaje sobre justicia social y humanismo es seguido con atención por los dirigentes gremiales. La central también evalúa una protesta nacional antes de fin de año, posiblemente mediante un paro de entre dos y seis horas, con permanencia de los trabajadores en sus puestos.

La eventual cumbre abrirá una instancia para medir hasta dónde están dispuestos los distintos espacios peronistas a compartir las decisiones. Para la CGT, el desafío será transformar la promesa de participación en una representación efectiva dentro de la construcción política y electoral que se proyecta hacia 2027.