La retracción del consumo y el aumento de los costos operativos profundizan la crisis del sector supermercadista. Hiper Libertad avanza con despidos, reducción de su formato comercial y evalúa la venta de sucursales, mientras crece la preocupación gremial por el impacto laboral en varias provincias.

La crisis del consumo volvió a encender luces de alarma en el sector supermercadista argentino. En distintas provincias, especialmente del norte del país, crece la preocupación por la posibilidad de nuevos despidos y un ajuste más profundo en cadenas de alcance nacional, en una coyuntura económica que golpea incluso al comercio de alimentos.

El foco de mayor inquietud está puesto en Hipermercados Libertad, cuya situación se agravó durante 2025 con recortes de personal, reducción de operaciones y cambios en su formato comercial. La combinación de despidos ya concretados y versiones sobre la eventual venta de sucursales activó el estado de alerta en los sindicatos, que advierten por el riesgo que enfrentan cientos de puestos de trabajo.

La problemática de Libertad no aparece aislada. Otras firmas del rubro como Vea, Easy, y Yaguar atraviesan dificultades similares, afectadas por la caída sostenida del consumo, el incremento de los costos operativos y un escenario macroeconómico que presiona los márgenes del comercio minorista.

Despidos, hermetismo y temor sindical

Durante el último año, el ajuste en la cadena Libertad se hizo sentir con fuerza en distintas provincias. En San Juan, la empresa recortó 29 puestos de trabajo a lo largo de 2025 y sumó otros 30 despidos en el primer mes de este año, lo que encendió la alarma en el Sindicato de Empleados de Comercio.

“Necesitamos saber qué va a pasar para darle tranquilidad a los trabajadores”, expresó Mirna Moral, secretaria general del SEC, quien además cuestionó el hermetismo de la empresa frente a los reclamos gremiales. “Desde Libertad no dicen nada, y eso es lo que más preocupa. En su momento se habló de que los dueños querían quedarse con la parte inmobiliaria y alquilar los locales”, señaló la dirigente.

El impacto fue aún más profundo en Misiones, donde la sucursal local pasó de contar con 200 empleados a apenas 60, dejando de operar como hipermercado para reconvertirse en un formato comercial más reducido. Según explicó Agustín Gómez, secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Posadas, la empresa busca “ajustar la cantidad de personal como una especie de salvataje, porque dicen que los números les dan en rojo”.

Venta de sucursales e incertidumbre

A este escenario se suma la versión de una posible venta de sucursales, que habría despertado el interés de un grupo financiero vinculado a La Anónima. Aunque no hubo confirmaciones oficiales, la falta de información por parte de la empresa alimenta la incertidumbre sobre el futuro de la cadena y refuerza el temor de que el ajuste continúe y se extienda a otras provincias.

Los gremios advierten que el sector supermercadista atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años, con márgenes cada vez más ajustados y un consumo que no logra recuperarse. En ese marco, reclaman respuestas urgentes y garantías concretas para preservar las fuentes laborales y evitar una nueva ola de despidos en un rubro clave para el empleo formal.

La situación que atraviesa Hiper Libertad sintetiza una problemática más amplia que afecta al comercio argentino. La caída del consumo, el encarecimiento de los costos y la incertidumbre económica empujan a las grandes cadenas a redefinir su estructura, muchas veces a costa del empleo. Sin señales claras de reactivación, el riesgo de nuevos despidos en el sector supermercadista se mantiene latente y amenaza con profundizar el impacto social de la crisis en distintas regiones del país.

La bodega Casa Montes acumuló más de $467 millones en cheques rechazados, según registros del Banco Central. Aunque la empresa atribuyó el episodio a un atraso administrativo con ARCA, el caso se inscribe en una crisis más profunda del sector vitivinícola, atravesado por caída del consumo, atraso cambiario, pérdida de rentabilidad y sobreacumulación de stock.

La vitivinicultura cuyana atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. A la contracción del mercado interno, la pérdida de competitividad exportadora y el aumento sostenido de los costos se suma ahora un fenómeno cada vez más visible: bodegas con trayectoria que ingresan en procesos de cesación de pagos y deterioro acelerado de su perfil financiero.

En este sentido se inscribe el caso de Casa Montes, una de las bodegas más relevantes de San Juan, con fuerte presencia en el Valle de Tulum. De acuerdo con datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la firma acumuló cheques rechazados por un total de $467 millones, lo que encendió alertas en el sistema financiero y en toda la cadena vitivinícola.

La empresa se sumó así a una lista cada vez más extensa de bodegas en dificultades, entre las que figuran firmas emblemáticas como Norton y Bianchi en Mendoza, además de establecimientos en provincias como Salta y La Pampa. Más allá de las particularidades de cada caso, el patrón se repite: sobreoferta de vino, caída del consumo, trabas para exportar y márgenes cada vez más estrechos.

Casa Montes no es un actor marginal. La bodega produce con viñedos propios y también compra uva a terceros, por lo que su crisis impacta de manera directa sobre productores primarios y contratistas, ampliando el alcance del problema más allá de la estructura empresaria.

Según relevamientos del portal especializado Bichos de Campo, los costos de producción se incrementaron de manera sostenida en los últimos años, impulsados por subas en la mano de obra, el transporte, la energía y los insumos dolarizados. En muchos casos, los ingresos ya no alcanzan para cubrir los costos básicos de mantenimiento de los viñedos, lo que erosiona la sustentabilidad del sistema.

La explicación oficial

Desde la empresa explicaron que el embargo de cuentas y los rechazos de cheques se originaron en una demora administrativa en la adhesión a un plan de pagos impositivo con ARCA. Según la firma, el 80 % de los compromisos ya habría sido cancelado, aunque esa regularización aún no se refleja en los registros oficiales del BCRA.

Casa Montes sostuvo además que la situación no responde a una falta estructural de financiamiento y remarcó que opera dentro del sistema bancario formal, utilizando herramientas habituales como acuerdos de descubierto, préstamos de capital de trabajo y descuento de valores. Sin embargo, el episodio dejó en evidencia la fragilidad financiera que hoy atraviesa buena parte del sector.

Un escenario que no ofrece alivio

El problema de fondo excede ampliamente a una bodega puntual. Las exportaciones continúan sin reactivarse debido al atraso cambiario y la pérdida de competitividad frente a otros países productores, mientras que el mercado interno no logra absorber el volumen de vino elaborado. El resultado es una acumulación de stock muy por encima de los promedios históricos, con miles de botellas inmovilizadas.

Informes del IERAL de la Fundación Mediterránea advierten sobre un proceso de desequilibrios estructurales que se fue consolidando con el paso del tiempo: costos en alza, precios contenidos, financiamiento restrictivo y una ecuación económica cada vez más inviable.

En este aspecto, cualquier contingencia —administrativa, fiscal o comercial— puede derivar rápidamente en una crisis financiera. La reacción de los bancos frente a los cheques rechazados, con la no renovación de líneas de descubierto y el endurecimiento del crédito, profundiza aún más el problema y acelera los procesos de deterioro.

El caso de Casa Montes funciona como un síntoma más que como una excepción. La vitivinicultura argentina atraviesa una crisis de magnitud histórica, con empresas tradicionales al borde del colapso y una cadena productiva tensionada en todos sus eslabones. Sin un rediseño del esquema de financiamiento, políticas que recuperen competitividad y una salida estructural al problema de la sobreoferta, el sector continuará acumulando episodios de cesación de pagos que ponen en riesgo no solo a las bodegas, sino a la identidad productiva de toda la región de Cuyo.

El sistema de provisión de medicamentos para jubilados atraviesa un momento de extrema fragilidad. Las principales entidades nacionales que representan a la actividad farmacéutica elevaron un reclamo formal al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, ante el persistente atraso en los pagos correspondientes al “Convenio de Dispensa de Medicamentos Ambulatorios, Clozapinas y Diabetes”, una situación que, según advierten, amenaza la continuidad de la prestación en todo el territorio nacional.

El reclamo fue difundido públicamente y lleva la firma de referentes centrales del sector: Carlos Villagra, por la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales (AFMSRA); Miguel Lombardo, de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF); Alejandra Gómez, del Colegio Farmacéutico (COFA); Damián Sudano, de la Federación Farmacéutica (FEFARA); y Sebastián Ercolessi, de la Asociación de Propietarios de Farmacias (ASOFAR).

Según detallaron, la demora en los pagos se inició el 10 de diciembre de 2025 y se extendió hasta el mes de enero de 2026, afectando compromisos correspondientes a prestaciones realizadas en octubre y noviembre del año pasado. De acuerdo con el documento, algunos de los compromisos más antiguos ya acumulan un mes de atraso, generando un escenario de creciente incertidumbre en las farmacias prestadoras.

Las entidades expresaron “la inquietud e inseguridad” que se vive en el sector, y subrayaron que la viabilidad del convenio depende del cumplimiento estricto de los plazos de pago, especialmente del segmento de anticipos. Ese mecanismo, explicaron, permite a las farmacias cumplir con sus obligaciones frente a las droguerías y sostener la dinámica cotidiana de la prestación a los afiliados del PAMI.

“El funcionamiento del convenio descansa en un delicado equilibrio financiero”, advirtieron, al señalar que los pagos en término no sólo garantizan la reposición de medicamentos, sino que también permiten afrontar los crecientes costos operativos de las farmacias, en un contexto de inflación sostenida y aumento permanente de insumos, servicios y gastos de funcionamiento.

Desde el sector remarcaron que el cumplimiento “altamente satisfactorio” de la provisión de medicamentos a jubilados se construyó sobre la base del respeto a los plazos acordados. En ese marco, alertaron que la actual mora impacta de manera directa en las cuentas con las droguerías, impide en muchos casos la reposición regular de medicamentos y pone en riesgo la próxima dispensa a los afiliados.

El documento también incorpora la preocupación manifestada por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM), que advirtió sobre el impacto del atraso en toda la cadena de suministro. Desde esa entidad reclamaron no sólo la regularización inmediata de los pagos, sino también la definición de un cronograma cierto que permita evitar “situaciones de extrema complejidad” en un escenario ya tensionado.

En este sentido, las entidades farmacéuticas advirtieron que comienza a instalarse la posibilidad de suspender la reposición regular de medicamentos a las farmacias de todo el país, una situación que, de concretarse, podría derivar en una crisis sin precedentes en el acceso a tratamientos esenciales para jubilados y pensionados.