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La reestructuración del Correo Argentino impulsada por el gobierno de Javier Milei ha dejado sin trabajo a 2.800 empleados, afectando especialmente a pequeñas localidades del interior.

La empresa hasta ahora pública enfrenta un plan para reducir su plantilla en 4.000 personas, y ya cerró varias sucursales en pueblos rurales, generando una fuerte reacción de los vecinos.

En Santa Regina, un pequeño pueblo del Partido Bonaerense de General Villegas con solo 550 habitantes, un grupo de residentes salió a las calles para protestar contra el cierre de la sucursal local. El Correo Argentino, una de las nueve empresas públicas propuestas para privatización bajo la “Ley Bases”, ha reducido significativamente su personal, pasando de 16.856 empleados en diciembre a aproximadamente 2800 menos en la actualidad, según fuentes de la Jefatura de Gabinete citadas por Infobae.

El 4 de mayo, la empresa lanzó un masivo plan de retiro voluntario como parte de la reestructuración promovida por el gobierno. Según el ex jefe de Gabinete, Nicolás Posse, alrededor de 1700 trabajadores aceptaron la oferta de desvinculación voluntaria. No obstante, la ola de despidos comenzó meses antes y se intensificó recientemente con el envío de cientos de telegramas de despido. Solo el 26 de abril, 750 empleados fueron cesanteados.

El gobierno espera reducir la plantilla en un total de 4000 empleados mediante retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas. Las indemnizaciones se basan en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, y las jubilaciones anticipadas están disponibles para agentes cercanos a la edad de retiro.

La incertidumbre sobre el futuro de la empresa ha llevado a miles de empleados a aceptar la propuesta de retiro voluntario. En redes sociales y grupos de Facebook, los trabajadores comparten historias de aquellos con largos años de servicio que dejan sus puestos con pesar.

Casos como el de Ricardo Albornoz, un cartero de Rosario de la Frontera con 40 años de antigüedad, ilustran la gravedad de la situación. Albornoz sufrió un paro cardíaco tras recibir su telegrama de despido, según relató el titular del sindicato de Trabajadores de Correos y Telégrafos (Sitracyt), Julio Reifenberg.

El gobierno defiende el ajuste como parte de un plan de modernización del Estado y reducción del gasto público. El presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini, lidera la reestructuración bajo las directrices de la jefatura de Gabinete libertaria. En una carta reciente al personal, Baldini anunció la extensión del plan de retiros voluntarios hasta el 24 de mayo y adelantó cambios en el modelo de negocio de la empresa, como la implementación de un formato de franquicias no exclusivas en lugar de sucursales tradicionales.

Las protestas contra los cierres y despidos se han replicado en varias localidades del interior, con sindicatos y trabajadores organizando manifestaciones frente a las sucursales cerradas. La preocupación por la pérdida del servicio postal ha movilizado a intendentes, legisladores y gobiernos provinciales, que buscan evitar el impacto negativo de los cierres.

La controversia llegó al Senado, donde el senador José María Carambia expresó sus preocupaciones sobre la situación del Correo Argentino y la posibilidad de una eventual privatización. En una teleconferencia con trabajadores de Tres Lagos, una pequeña localidad, Carambia destacó las presiones que enfrentan los empleados para aceptar el retiro voluntario, cuestionando si las indemnizaciones están diseñadas para facilitar la privatización de la empresa.

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Diputados oficilistas y sus aliados respaldaron el veto de Milei

Las negociaciones de La Libertad Avanza con la oposición dialoguista dieron sus frutos y no se llegó a los dos tercios necesarios para dar marcha atrás con el rechazo del presidente a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

La Cámara de Diputados consiguió quórum y comenzó a sesionar pasadas las 11.15 de este miércoles: el debate fue convocado por parte del radicalismo para dar marcha atrás con el veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula jubilatoria, aunque para esto se necesitaban dos tercios de los votos de los presentes. Sin embargo, en los últimos días hubo negociaciones entre el oficialismo y la oposición dialoguista y, tras la intervención de algunos gobernadores, no se llegó a este número, por lo que no hubo un nuevo método de movilidad.

Con 153 votos positivos, 87 negativos y 9 abstenciones, la Cámara Baja aprobó el veto de Milei a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, en una nueva muestra de desprecio por parte del Gobierno nacional contra los sectores más vulnerables, en este caso los adultos mayores, negándoles la posiblidad de una vida digna.

El quórum se consiguió con 131 diputados sentados en sus bancas y, a pesar de la intención de la oposición de ratificar lo que se votó hace unos meses, La Libertad Avanza y sus aliados tuvieron el número –superior a 86 votos– para frustrar esos dos tercios que permitirían que la iniciativa sea girada al Senado.

De esta manera, con el visto bueno de Diputados, permanece el veto y la iniciativa no podrá volver a tratarse en el Congreso en lo que resta del año legislativo.

Mientras avanzó el debate en el recinto, en las afueras del Congreso cientos de personas se manifestaron para rechazar el veto. Mientras tanto, y tal como adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, se dispuso un fuerte operativo de seguridad en la zona. 

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Aeronáuticos ratificaron la continuidad del plan de lucha con un paro de 24 horas

Los dirigentes aeronáuticos mantuvieron una asamblea con trabajadores y trabajadoras del sector para definir los pasos a seguir en este contexto de ajuste y represión, en la sede central de Aeronavegantes. Se viene un paro activo de 24 horas a definir entre viernes y sábado como acción del plan de lucha.

Este miércoles por la mañana, en la sede central del sindicato de Aeronavegantes, se desarrolló una asamblea “histórica” de todos los gremios aeronáuticos para coordinar las medidas del plan de lucha debido a la intransigencia empresarial de recomponer los salarios. La inflación ha provocado una pérdida del poder adquisitivo de más de 70 puntos, lo que ha llevado a una situación dramática para los trabajadores, muchos de los cuales viven por debajo de la pobreza.

La asamblea se convocó ante el agravamiento del conflicto con Aerolíneas Argentinas e Intercargo, y la necesidad de definir los próximos pasos del plan de lucha iniciado por los gremios. El secretario General de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, inició la asamblea destacando la unidad de los gremios aeronáuticos y los trabajadores en este momento histórico.

A su vez, el dirigente sindical denunció que el Gobierno Nacional intenta silenciar la voz de los trabajadores, en particular la de Pablo Biró titular de APLA y miembro del directorio de Aerolíneas Argentinas, y que se han recibido amenazas de denuncias penales por ejercer el derecho a la protesta. Además, destacó que los salarios de los trabajadores están por debajo del índice de pobreza.

La asamblea busca definir un plan de acción conjunto para abordar el conflicto salarial y político que afecta al sector aeronáutico. Los gremios aeronáuticos y los trabajadores están unidos en su lucha por mejorar sus condiciones laborales y defender sus derechos.

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“Paco” Manrique durísimo con la CGT: la mesa chica negocia con Francos a espaldas de los dirigentes

El secretario gremial de la CGT, Mario Manrique denunció que hay un sector de la central que negocia con el Gobierno a través de Guillermo Francos «de espaldas a los dirigentes». Afirmó que «la mesa chica es muy chica» y que le avisaron de la reunión con los gobernadores 12 horas antes. «Ni sé para qué se van a reunir», se quejó.

El secretario gremial de la CGT, Mario Manrique, apuntó contra la cúpúla sindical y denunció que hay un sector que negocia con el Gobierno «de espaldas a los dirigentes» y a los trabajadores que representan.

Gremios de la CGT se sumarán mañana a la marcha que tendrá lugar al mediodía frente al Congreso, cuando la Cámara de Diputados trate el veto de Milei al aumento de las jubilaciones mínimas mientras el malestar crece porque se empieza a sospechar que un sector pequeño negocia por detrás del resto del Consejo Directivo.

«Como no tengo ámbito de debate, en algún lado me tengo que expresar. Caminamos juntos hasta que la CGT encontró el amigo, y el amigo se llama Guillermo Francos: un interlocutor del gobierno donde pueden negociar cosas«, denunció Manrique en diálogo con El Destape radio, sobre el vínculo que estarían manteniendo con el jefe de Gabinete.

En este sentido, agregó que en la CGT «la mesa chica es muy chica», y apuntó directamente contra el Secretario General de la la central sindical, Héctor Dáer, el Secretario de Relaciones Internacionales Gerardo Martínez, y el Secretario General adjunto por UPCN, Andrés Rodríguez. «Hoy se juntan con los gobernadores, y a mí, que soy el secretario gremial, me avisan 12 horas antes de la reunión. Ni sé para qué se van a reunir», se quejó.

«Llegó un momento de la Argentina donde tenemos que dejar de hacernos los distraídos», sumó. Cuando le quisieron preguntar sobre algunas de las declaraciones que Rodríguez tuvo en los últimos días, Manrique fue contundente: «Andrés Rodríguez no me representa en sus palabras. El tiene el derecho de opinar por él, como yo lo hago por mí. Pero nunca me voy a arrogar la representatividad de la CGT. No puede decir las cosas que dice, con una carencia total de sentido común».

De esta manera, se refirió a los dichos que tuvo Rodríguez la semana pasada sobre la quietud ante el reclamo de los jubilados: «Dijo que era una «cuestión táctica». Para eso tenés que tener una estrategia, y para tener una estrategia tenés que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la CGT? Porque yo soy el secretario gremial y no lo sé. Las cosas se discuten entre cuatro, a puertas cerradas«.

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