Entre expresidentes, exvicepresidentes y familiares de antiguos mandatarios, 11 beneficiarios percibieron en julio asignaciones vitalicias por $203,8 millones brutos. Los haberes individuales van desde $12,4 millones hasta más de $26 millones mensuales.

El Estado nacional destinó $203.835.765,06 durante julio al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los beneficios, abonados por ANSES, presentan diferencias sustanciales y alcanzan montos brutos de hasta $26 millones mensuales.

El mayor haber del listado corresponde al expresidente Alberto Fernández, con $26.092.447. De acuerdo con la información difundida, el 30% de ese ingreso se destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco.

En el otro extremo aparece el exvicepresidente y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, con $12.486.621,66 mensuales. La nómina reúne, además, a otros exmandatarios, exfuncionarios de la fórmula presidencial y familiares que perciben pensiones derivadas.

Quiénes cobran

Los 11 beneficiarios incluidos en el relevamiento son:

Alberto Fernández: $26.092.447.

Mauricio Macri: $25.043.153,46.

Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02.

Zulema Yoma: $20.618.733,63.

Gabriela Michetti: $18.192.138,24.

Julio Cobos: $17.999.446,65.

Inés Pertiné: $17.561.990,73.

Beatriz Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston: $16.214.248,39.

María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68.

Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido: $12.691.238,04.

Daniel Scioli: $12.486.621,66.

La comparación con los haberes previsionales ordinarios permite dimensionar la magnitud de las asignaciones. Según el informe, el ingreso de Fernández equivale a unas 52 jubilaciones mínimas de aproximadamente $498.000, considerando el haber mínimo más el bono de $70.000 utilizado como referencia.

El listado no contempla a Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a percibir la pensión derivada de Néstor Kirchner a partir de una medida cautelar. Ese beneficio, según los datos consignados, ronda los $16 millones mensuales.

Las asignaciones vitalicias tienen un régimen particular derivado de la legislación que contempla beneficios para quienes ejercieron la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación, además de pensiones para determinados familiares. Por esa razón, sus montos y condiciones no deben confundirse con los haberes previsionales comunes administrados por ANSES.

El volumen del desembolso vuelve a colocar bajo discusión pública el costo de estos beneficios en un sistema previsional marcado por restricciones fiscales y por una amplia mayoría de jubilados cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de las asignaciones vitalicias. El dato de julio muestra que 11 beneficios concentraron más de $203 millones en un solo mes, mientras continúa el debate político y judicial sobre su alcance y permanencia.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, elaborado con datos del INDEC, advierte sobre el deterioro de los ingresos, el avance de la informalidad y la pérdida de capacidad de compra. El 34% de las ventas en supermercados y comercios de proximidad se realiza con promociones, mientras crece la elección de marcas económicas y envases pequeños.

El consumo cotidiano refleja con rapidez el deterioro de los ingresos. Una de cada tres compras de productos masivos se realiza actualmente mediante promociones, descuentos u ofertas, una conducta que revela hasta qué punto las familias priorizan el precio al momento de abastecerse.

El dato surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y otros indicadores económicos. El relevamiento registra, además, un retroceso de los salarios frente al encarecimiento de las necesidades básicas y un aumento del empleo informal.

Hasta julio, el 34% de las ventas en supermercados y comercios de barrio se concretó únicamente cuando existía alguna promoción. El comportamiento no se limita a esperar descuentos: en más de la mitad de las categorías relevadas, los consumidores modificaron sus elecciones y optaron por marcas de menor precio o presentaciones más pequeñas.

La evolución de los ingresos ayuda a explicar ese cambio. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Total aumentó 9,6%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria avanzó 11,6%. En el mismo período, los salarios de los trabajadores registrados crecieron alrededor de 7%, una diferencia que redujo la capacidad de compra.

El mercado laboral tampoco mostró una mejora equivalente. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales, mientras que el trabajo no registrado avanzó 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de los ocupados.

La precarización laboral agrega una dificultad adicional: quienes trabajan en la informalidad carecen de aportes jubilatorios, cobertura de obra social y, en muchos casos, de los mecanismos de negociación colectiva que permiten recomponer ingresos mediante paritarias.

Pobreza e indigencia vuelven a crecer

El ODSA estimó que la pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, con un incremento de 0,1 puntos respecto del último trimestre de 2025. La indigencia llegó al 6,5%, 0,4 puntos por encima del período anterior.

El deterioro tuvo una expresión particularmente marcada en algunos grandes aglomerados urbanos. La pobreza alcanzó al 52,5% en Concordia, 49,7% en Gran Resistencia, 42,6% en Posadas, 39,7% en Gran Santa Fe y 38,4% en Corrientes.

En indigencia, Gran Resistencia encabezó el registro con 24,3%, seguida por Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

Los datos trazan una misma secuencia: ingresos que avanzan por debajo del costo de las necesidades básicas, mayor informalidad y consumidores que modifican sus decisiones para preservar el presupuesto. En los comercios, esa transformación se expresa en una conducta cada vez más extendida: comprar cuando hay descuento dejó de ser una oportunidad ocasional para convertirse en una condición de compra para millones de familias.

El titular de ADICUS, Jaime Barcelona, cuestionó en Mundo Laboral San Juan la propuesta salarial del Gobierno nacional y sostuvo que el incremento del 3% para septiembre no permite recuperar el poder adquisitivo perdido. El dirigente denunció además el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, respaldó el paro del 8 de septiembre y anticipó nuevas acciones gremiales, incluida una nueva Marcha Federal Universitaria.

El conflicto vuelve a profundizarse después del fracaso de la última negociación salarial entre el Gobierno nacional y las organizaciones gremiales.

El Frente Sindical Universitario convocó a un paro nacional de 24 horas para este martes 8 de septiembre, luego de rechazar la propuesta oficial de incrementar un 3% los salarios en septiembre. La oferta fue considerada insuficiente por las federaciones, que reclaman una recomposición mucho mayor para comenzar a recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación.

En diálogo con Mundo Laboral San Juan, Jaime Barcelona explicó que el rechazo no responde solamente al porcentaje ofrecido, sino también a la forma en que el Gobierno presenta ese incremento dentro del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El dirigente de ADICUS remarcó que el otro 3% correspondiente a octubre ya formaba parte de un entendimiento anterior. Por eso, desde la perspectiva sindical, no se trata de un nuevo aumento acumulado del 6%, sino de una mejora efectiva del 3% para septiembre.

“Ese 3% es totalmente insuficiente”, sostuvo Barcelona, quien advirtió que la propuesta no modifica sustancialmente el deterioro salarial acumulado por los docentes y nodocentes universitarios.

La diferencia entre la interpretación oficial y la sindical constituye uno de los principales puntos de conflicto. Mientras el Gobierno presenta los incrementos como parte de una actualización trimestral, los gremios sostienen que una parte de ese porcentaje ya estaba acordada y que, por lo tanto, no representa una nueva recomposición.

La discusión salarial está directamente vinculada con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso en 2025. La norma establece mecanismos para recomponer salarios y garantizar recursos para las universidades públicas.

De acuerdo con las declaraciones del referente de ADICUS, los gremios de la universidad aguardaban un planteamiento firme por parte del Gobierno central para cumplir con las obligaciones fijadas por la legislación. No obstante, recibieron a cambio una propuesta de ajuste salarial diferente que, a juicio de los sindicatos, resulta insuficiente para solucionar la crisis de raíz.

El dirigente cuestionó que el Ejecutivo pretenda presentar los aumentos ya acordados como parte del cumplimiento de la legislación, cuando —según señaló— las resoluciones judiciales establecieron que aquel acuerdo no implicaba por sí mismo la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento.

“Esperábamos una propuesta concreta, real, para pagarnos lo adeudado”, resumió Barcelona.
De este modo, el problema cobró una relevancia que trasciende el debate paritario. El enfrentamiento actual sumó la participación del Poder Legislativo, el Gobierno, el marco judicial y los gremios que agrupan al personal docente y no docente de las universidades.

La pérdida salarial y la comparación con otros estatales

Uno de los argumentos centrales de ADICUS es la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años.

Barcelona sostuvo que la propuesta oficial no permite recomponer los salarios y recordó que otros trabajadores estatales recibieron ofertas superiores.

Desde el sindicalismo universitario, distintas federaciones vienen planteando recomposiciones superiores al 30% para comenzar a recuperar lo perdido frente a la inflación. La discusión, por lo tanto, ya no gira exclusivamente alrededor de la inflación mensual, sino sobre una pérdida acumulada que los gremios consideran estructural.

El nuevo plan de lucha nacional incluye esta misma exigencia. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUBA) plantea como uno de sus objetivos recuperar mediante la negociación salarial lo perdido frente a la inflación y exige, junto con la aplicación de la ley, un presupuesto universitario suficiente.

Paro, clases públicas y movilización

El paro del 8 de septiembre será el próximo capítulo de una escalada que las organizaciones universitarias vienen profundizando desde hace meses.

El cronograma anunciado por el Frente Sindical Universitario incluye, además, una jornada nacional de clases públicas el 15 de septiembre y una movilización frente al Palacio Pizzurno el 17, coincidiendo con la convocatoria a la próxima paritaria docente y nodocente.

Barcelona planteó durante la entrevista que el 17 de septiembre puede convertirse en otra jornada de fuerte visibilización del conflicto y no descartó una movilización hacia el ámbito donde se desarrolle la negociación.

Para ADICUS, la próxima reunión paritaria será una instancia decisiva. La expectativa sindical está puesta en que el Gobierno presente una propuesta diferente que permita avanzar tanto en la recomposición salarial como en la aplicación de la Ley de Financiamiento.

Hacia una nueva Marcha Federal Universitaria

La disputa también comienza a trasladarse nuevamente a las calles.
El movimiento universitario ya trabaja en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria, que en las últimas horas comenzó a tomar forma como una quinta movilización nacional de este tipo.

El Frente Sindical Universitario confirmó que busca realizarla durante la primera semana de octubre, mientras que otras expresiones del sistema universitario habían planteado inicialmente la posibilidad de concretarla entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

La movilización sería la continuidad de una secuencia de grandes protestas iniciada en 2024 y sostenida durante 2025 y 2026. El propio Consejo Interuniversitario Nacional participó de las anteriores convocatorias y ha mantenido un reclamo sostenido por el financiamiento de las universidades públicas.