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Cientos de personas mostraron su apoyo a Radio Nacional en defensa de los medios públicos y en contra de las privatizaciones. Desde distintos sectores sindicales, sociales, educativos, de Derechos Humanos, políticos y culturales, entre estos últimos Cucuza Castiello y Dolores Solá, cantaron unos tangos en el comienzo de la actividad. El evento tuvo su lugar en la sede de la Ciudad de Buenos Aires y se replicó en cada emisora del país desde donde la radio se produce y reproduce.

Durante el mediodía del viernes, los alrededores de la sede de Radio Nacional en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, se llenaron de banderas del Sindicato de Prensa Sipreba y manifestantes que gritaron a voz en cuello “La radio no se vende”, consigna que refiere a que el Gobierno incluyó entre el listado de empresas públicas sujetas a privatización en la Ley Bases a Radio Nacional y la Televisión Pública. 

“Es importante este abrazo porque estamos luchando para frenar el intento de privatización. Celebro la unidad y es muy importante que estemos todos los gremios y medios. Es necesario mostrar el valor de Radio Nacional en todo nuestro territorio”, sostuvo Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren). 

“No a la privatización y al silenciamiento de los medios” fue la consigna que resumió la medida de fuerza llevada adelante por Sipreba, Fatpren, el Sindicato Argentino de Televisión Telecomunicaciones Audiovisual y Datos (Satsaid), la Asociación de Trabajadores de Radio Nacional (Atrana) y ATE Capital. 

En solidaridad también se presentaron representantes de otros gremios y sectores. “Los medios públicos son diversidad, federalismo y son la Patria”, describió Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, para sintetizar el rol que cumplen estas empresas de comunicación en el sistema de medios como garantes del derecho a la información de los pueblos. 

“Los trabajadores estamos unidos en defensa de los medios públicos y la soberanía nacional y en contra de la privatización de todos los medios públicos”, dijo Darío Aguilar, referente de Satsaid. 

En el cierre, Micaela Polak -delegada e integrante de la Comisión Directiva de Sipreba- recordó que el acto tuvo su actividad principal en la Ciudad de Buenos Aires y también se replicó en cada emisora de la radio a lo largo de todo el territorio nacional: “Los medios públicos no llegan a todos los lugares de la patria, sino que vienen desde todos los lugares de la patria”. 

Esto ocurría en Río Negro, Radio Nacional Bariloche, donde con un baile campero y la participación de un coro, una multitud dio su apoyo frente a la política de ajuste del presidente.

“Con estas medidas corre riesgo el servicio que brinda la radio, siendo el más tangible el segmento de mensajes a pobladores rurales del cual dependen distintas instituciones y habitantes de la Línea Sur y Zona Andina de Río Negro, parte de Neuquén y de Chubut”, expresaron en un comunicado que reprodujo el portal Río Negro.

El abrazo a Radio Nacional, donde también se juntaron firmas para rechazar la privatización de los medios públicos impulsada en la Ley Bases por el Gobierno nacional, terminó con el sonido del himno nacional cantada a capela por dos compañeros de la emisora y acompañado por todos los manifestantes situados en Maipú 555. 

“Vamos a defender nuestra patria porque es lo que necesitamos las y los argentinos”, concluyó Gaudensi en el acto en la puerta de la emisora, en la misma semana que el interventor Diego Chaher ordenó censurar las redes sociales de la Televisión Pública, Radio Nacional, Pakapaka y canal Encuentro.

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San Juan busca destrabar la Ruta 40 Sur con un crédito internacional de USD 160 millones

La Legislatura de San Juan se encamina a definir este jueves la autorización de un crédito internacional por USD 160 millones destinado a modernizar la Ruta Nacional 40 Sur, una obra clave para la conexión con Mendoza que quedó paralizada por la reducción de recursos nacionales. El proyecto, remitido por el Poder Ejecutivo, será tratado sobre tablas, según la definición anticipada por fuentes legislativas, lo que permitiría llevarlo directamente a votación sin un paso previo por comisiones.

El financiamiento permitirá ejecutar una intervención de aproximadamente 26 kilómetros entre Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, con la transformación del tramo en autopista. Las tareas habían quedado interrumpidas luego de que el Gobierno nacional recortara los fondos destinados a la obra. Frente a esa paralización, el gobernador Marcelo Orrego había anticipado que buscaría alternativas de financiamiento, incluida la asistencia de organismos internacionales.

El crédito tiene un plazo total de 15 años, con 66 meses de gracia para la amortización del capital y pagos semestrales a una tasa variable equivalente a la SOFR a seis meses más un margen anual del 1,75%. La operación requiere autorización legislativa, de acuerdo con las atribuciones constitucionales de la Cámara para habilitar al Ejecutivo a contraer empréstitos y establecer sus condiciones de devolución.

La obra tendrá un fuerte impacto regional al alcanzar de forma directa a cerca de 1,5 millones de personas en San Juan y Mendoza, sumando 900.000 beneficiarios indirectos. En términos laborales, la etapa constructiva dinamizará la economía con la generación de más de 4.000 empleos directos e indirectos.

Una vez terminados los trabajos, las previsiones apuntan a reducir un 35% los tiempos de viaje y generar un ahorro anual de USD 12 millones en costos de transporte. Se trata de estimaciones asociadas al proyecto, cuyo resultado dependerá de la ejecución efectiva de las obras.

La votación del jueves será, por lo tanto, un paso decisivo para convertir el financiamiento anunciado en una herramienta concreta de reactivación. La autorización permitiría a San Juan avanzar con una obra vial pendiente y recuperar una conexión relevante para la circulación de personas, el transporte de cargas y la integración económica con Mendoza.

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El Gobierno postergó a diciembre los Fondos de Asistencia Laboral

El Gobierno nacional postergó hasta el 1 de diciembre la entrada en vigencia de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y duplicó el período mínimo de carencia, que pasó de seis a doce meses. La modificación quedó formalizada mediante el Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

El régimen debía comenzar a funcionar el 1 de noviembre. Según los fundamentos de la norma, el aplazamiento responde a la necesidad de completar adecuaciones operativas, administrativas y tecnológicas para su implementación integral.

La extensión de la carencia implica que los fondos deberán acumular recursos durante doce períodos completos y consecutivos de devengamiento y pago antes de quedar habilitados para atender las obligaciones previstas. El cómputo comenzará en el mes calendario en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre la integración efectiva de la primera contribución del empleador.

Más tiempo para reunir recursos

Los FAL fueron creados por la Ley de Modernización Laboral 27.802 como instrumentos destinados a cubrir determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de los contratos de trabajo. El Poder Ejecutivo sostuvo que el plazo original de seis meses resultaba insuficiente para constituir un patrimonio inicial adecuado.

La prórroga busca, de acuerdo con los argumentos oficiales, ampliar el tiempo disponible para acumular fondos antes de que puedan utilizarse. La medida modifica los plazos de implementación y de carencia, pero no elimina las obligaciones laborales que el régimen procura financiar.

La postergación había sido solicitada por entidades vinculadas con fondos comunes de inversión, fideicomisos e inversión directa, además de agentes de Bolsa, mediante presentaciones canalizadas a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cómo se instrumentará el régimen

Los recursos deberán administrarse mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros sujetos al control de la CNV. El esquema está dirigido a empleadores privados, con las exclusiones establecidas en la ley, y no alcanza a las relaciones laborales del sector público.

El decreto fue firmado el lunes y entró en vigor con su publicación. Con el nuevo calendario, el Gobierno dispone de un mes adicional para completar los mecanismos necesarios, mientras que la carencia de doce períodos establece un requisito más prolongado para la acumulación inicial de recursos.

La implementación de los FAL constituye una de las herramientas previstas en la reforma laboral para organizar la cobertura de determinadas obligaciones ante la finalización de vínculos de trabajo. La viabilidad del sistema estará sujeta a la optimización de los mecanismos financieros y a la liquidez previa de los fondos para cumplir con las obligaciones del régimen.

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El consumo de carne vacuna perdió 23 kilos por habitante desde su máximo de 2008

La carne vacuna, históricamente central en la alimentación argentina, perdió terreno en la mesa familiar y alcanzó en septiembre su menor nivel de consumo en más de dos décadas. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el promedio de los últimos doce meses descendió a 45,4 kilos por habitante al año, un retroceso del 10,5% frente al mismo período de 2025.

La caída equivale a 5,3 kilos menos por persona respecto de los 50,7 kilos registrados un año antes. La comparación histórica dimensiona el cambio: en 2008, el consumo había llegado a 68,9 kilos por habitante. Desde aquel máximo, se redujo 23,5 kilos, una contracción cercana al 34%.

El encarecimiento de los cortes vacunos aparece entre los factores centrales de la retracción. Los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC citados en el informe indican que, en los últimos doce meses, la carne vacuna aumentó 50,1%, frente al 33,5% de inflación general. El pollo entero, en cambio, subió 28,6%, lo que amplió la diferencia de precios entre ambas alternativas.

Más exportaciones y menor oferta para el mercado interno

La contracción de la demanda interna se ve contrarrestada por el mayor dinamismo de las exportaciones dentro de la producción nacional. Según datos de Ciccra, los despachos internacionales aumentaron un 7,7% en el período analizado y alcanzaron las 667.300 toneladas res con hueso, unas 47.600 toneladas más que un año antes.

La cámara atribuyó parte del impulso exportador a la ampliación de la cuota otorgada por Estados Unidos a la Argentina a fines de 2025. Al mismo tiempo, señaló que la menor disponibilidad de hacienda y el aumento de los precios ganaderos presionaron sobre los valores que llegan a carnicerías y supermercados.

La distribución de la producción también cambió: el mercado interno absorbió el 69,7%, cuatro puntos porcentuales menos que en 2025, mientras que la participación exportadora subió del 26,3% al 30,3%.

La combinación de una oferta limitada, mejores oportunidades comerciales en el exterior y una demanda doméstica condicionada por los ingresos plantea un desafío para los frigoríficos orientados al consumo local. Mientras la ganadería encuentra incentivos en los mercados internacionales, las familias tienen cada vez menos margen para sostener el nivel de compra habitual.

Pollo y cerdo ganan espacio por precio

El desplazamiento hacia otras carnes responde, principalmente, a razones económicas. Raúl Milano, presidente del mercado ganadero Rosgan, sostuvo que el avance del pollo y el cerdo no refleja necesariamente un cambio cultural en las preferencias alimentarias, sino una adaptación al presupuesto disponible. “Es un problema exclusivamente del bolsillo, no un cambio cultural”, afirmó.

La sustitución permite a los hogares mantener el consumo de proteínas animales con opciones relativamente más accesibles, aunque modifica una tradición alimentaria fuertemente asociada con la carne vacuna.

El retroceso del consumo no implica por sí mismo una caída de la producción ganadera ni de los ingresos exportadores. Expone, en cambio, una brecha cada vez mayor entre las oportunidades comerciales de la cadena y la capacidad de compra del mercado interno.

Con el consumo en su menor registro desde 2005 y los cortes vacunos aumentando por encima de la inflación, la evolución de los precios y de los ingresos familiares será determinante para establecer si la carne recupera espacio en la dieta argentina o si continúa el reemplazo por alternativas más económicas.

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