La Cámara de Diputados de San Juan aprobó por unanimidad la adenda al convenio con Vialidad Nacional que habilita a la gestión de Marcelo Orrego a ejecutar obras en tramos de las rutas nacionales 20 y 150. El peronismo acompañó la iniciativa, pero cuestionó con dureza al gobierno de Javier Milei por el deterioro vial y la paralización de inversiones.

En una sesión extraordinaria que combinó consenso institucional y fricción política, la Cámara de Diputados dio luz verde a la adenda que permitirá a la Provincia intervenir en corredores viales cuya jurisdicción corresponde a la Nación. La decisión, adoptada sobre tablas y con respaldo de todos los bloques, habilita al Ejecutivo local a avanzar sobre puntos críticos de la Ruta Nacional 20 y la Ruta Nacional 150, ante el deterioro acumulado y la falta de ejecución de obras por parte del Estado nacional.

El acuerdo con Vialidad Nacional constituye, en los hechos, una cesión operativa para que la provinncia asuma tareas de infraestructura en tramos considerados estratégicos para la seguridad y el desarrollo productivo. La intervención más inmediata se concretará en la intersección de la Ruta 20 con calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía, un nodo de alto tránsito que concentra circulación urbana e interdepartamental.

En este sentido, la Provincia encarará mejoras en distintos cruces de la Ruta 150, en el departamento Iglesia: calle Santa Lucía, Ruta Provincial 405 (acceso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli. Se trata de sectores con relevancia turística y minera, donde la conectividad y la seguridad vial resultan determinantes para la actividad económica.

Acompañamiento con críticas

El respaldo legislativo no estuvo exento de cuestionamientos. Desde el bloque peronista se acompañó la herramienta legal, aunque con fuertes objeciones hacia la administración libertaria. El diputado Mario Herrero, del espacio San Juan Vuelve, planteó que las rutas nacionales evidencian un marcado deterioro y denunció una “ausencia total” del Estado nacional en materia de mantenimiento.

El señalamiento apunta a un debate más amplio: la recaudación de fondos específicos para infraestructura vial frente a la falta de ejecución de obras. En ese marco, legisladores del arco opositor subrayaron que la Provincia se ve obligada a intervenir para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad en corredores clave para la producción, el turismo y la integración regional.

La discusión trasciende la coyuntura provincial. La decisión de asumir competencias sobre rutas federales refleja el reordenamiento de responsabilidades que atraviesan las provincias en un contexto de ajuste del gasto nacional. Mientras la Casa Rosada sostiene la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, los gobiernos provinciales enfrentan la presión de sostener servicios e infraestructura esenciales.

Federalismo en tensión

La adenda aprobada expone, además, una presión estructural en el esquema federal: la administración nacional conserva la titularidad de las rutas, pero la ejecución material queda en manos de la Provincia. Este mecanismo, que requiere coordinación técnica y financiera, evidencia la complejidad de sostener infraestructura estratégica en tiempos de restricciones presupuestarias.

En términos políticos, el gobernador Orrego logró un respaldo transversal que le permite avanzar con obras largamente demandadas. El consenso alcanzado en el recinto —más allá de las diferencias expresadas— revela una prioridad compartida: evitar que la discusión partidaria paralice soluciones concretas.

La aprobación unánime de la adenda vial sintetiza una doble dinámica. Por un lado, la necesidad pragmática de garantizar seguridad y conectividad en rutas neurálgicas para San Juan. Por otro, la creciente tirantez entre la Nación y las provincias respecto del financiamiento y la ejecución de infraestructura.

El desafío inmediato será traducir el aval legislativo en obras efectivas. En un escenario de restricciones fiscales y debates sobre el rol del Estado, la decisión de la Legislatura marca una definición política clara: cuando la infraestructura crítica se deteriora, la responsabilidad pública no admite dilaciones, aun cuando ello implique asumir competencias que formalmente pertenecen a otro nivel de gobierno.

La CGT acompañó la protesta convocada por la Unión de Empleados Judiciales de la Nación frente al Palacio de Tribunales en rechazo al traspaso del fuero laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, previsto en el proyecto de reforma laboral. Los gremios advierten que la medida es inconstitucional y que podría restringir el acceso efectivo de los trabajadores a la Justicia.

El debate por la reforma laboral sumó un nuevo frente de conflicto: la eventual eliminación del fuero laboral nacional y su transferencia a la Ciudad de Buenos Aires. La discusión, que trasciende el plano técnico, abrió un capítulo de alta sensibilidad institucional y sindical. Este martes, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, judiciales y dirigentes gremiales escenificaron su rechazo con una movilización y un paro parcial de actividades desde las 11.

La CGT, a través de un pronunciamiento público, fue categórica: “No al traspaso de la Justicia Laboral Nacional”. En el mismo mensaje sostuvo que ese fuero constituye “una herramienta clave para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las y los trabajadores” y que su fragmentación implicaría debilitar la tutela judicial en materia laboral. La central subrayó que defender la competencia nacional es resguardar el equilibrio en las relaciones de trabajo.

Un punto sensible de la reforma

El traspaso está contemplado en el proyecto de reforma laboral actualmente en discusión en el Congreso. Desde el sindicalismo judicial sostienen que los artículos vinculados a esta modificación fueron incorporados sin debate suficiente y que su alcance podría alterar de manera estructural el esquema judicial vigente.

El secretario general de la UEJN, Julio Piumato —quien además se desempeña como secretario de Derechos Humanos de la CGT— calificó la iniciativa como “la liquidación del fuero del trabajo” y la consideró “totalmente inconstitucional”. En su diagnóstico, no se trata de una simple reasignación administrativa, sino de “la punta de lanza para seguir con el desguace de la justicia nacional”, con potencial impacto sobre otros fueros, como el comercial.

“Nunca en la historia judicial argentina se cerró un fuero nacional”, remarcó el dirigente, al advertir que la medida implicaría avanzar hacia un esquema “totalmente unitario”, en tensión con el carácter federal del país. La afirmación busca situar el conflicto en una dimensión institucional más amplia, que excede la coyuntura laboral.

Simultáneamente a la reclamación, desde el lunes permanece ocupado el edificio de Diagonal Norte 760, sede de la Justicia del Trabajo, como parte del plan de lucha del gremio. El dato no es menor: la ocupación simboliza la defensa física de un ámbito que los trabajadores consideran amenazado.

“No va a haber lugar donde reclamar”

La secretaria general adjunta de la UEJN, Maia Volcovinsky, explicó que el núcleo de la preocupación radica en la eventual pérdida de un ámbito especializado para canalizar reclamos laborales. “Si liquidamos de un soplido la Justicia del Trabajo, no va a haber lugar donde los trabajadores puedan reclamar por la inconstitucionalidad de los artículos que se van a votar este viernes”, sostuvo.

Su advertencia combina dos dimensiones. Por un lado, la tutela judicial efectiva: el fuero laboral ha sido históricamente un espacio específico para dirimir conflictos entre empleados y empleadores bajo criterios protectores. Por otro, el impacto interno: cerca de 1.600 trabajadores judiciales podrían ver afectadas sus funciones de manera progresiva, lo que genera —según describió— un clima de incertidumbre y angustia.

Desde el sector sindical se argumenta que el cambio de jurisdicción podría diluir la especialización y fragmentar criterios jurisprudenciales, debilitando la posición de los trabajadores frente a litigios complejos. Quienes defienden el traspaso, en cambio, sostienen que se trata de una adecuación institucional en línea con el proceso de autonomía porteña. La controversia, en definitiva, expone visiones contrapuestas sobre el alcance de la reforma y sobre el modelo de administración de justicia.

Más que una discusión técnica

El conflicto revela que la reforma laboral no se agota en la regulación de contratos o indemnizaciones. También pone en cuestión el andamiaje institucional que garantiza su aplicación. El fuero laboral ha sido, desde su creación, un pilar en la arquitectura de protección del trabajo en la Argentina. Alterar su competencia implica redefinir no solo circuitos administrativos, sino también equilibrios históricos entre capital y trabajo.

En ese marco, la presencia de la CGT junto a los judiciales no es un gesto menor. Supone una señal de alineamiento en un momento en que el movimiento obrero debate estrategias frente al Gobierno y evalúa el alcance de las transformaciones en curso.

La movilización frente al Palacio de Tribunales sintetiza una disputa que combina derecho, política e institucionalidad. Para los gremios, el traspaso del fuero laboral constituye un retroceso que compromete el acceso a la Justicia y debilita la protección de los trabajadores.

Para el oficialismo, forma parte de un rediseño más amplio del sistema laboral y judicial.
El desenlace parlamentario definirá el rumbo inmediato. Pero el debate ya dejó una certeza: cualquier modificación del fuero del trabajo impacta en el corazón del sistema de garantías laborales. En esa intersección entre reforma y tutela judicial se juega algo más que una cuestión de competencias; se dirime el alcance real de los derechos en el mundo del trabajo.

Docentes, nodocentes, rectores y organizaciones estudiantiles se movilizarán a la Cámara de Diputados para rechazar el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que modifica la Ley de Financiamiento Universitario. El sector denuncia que la propuesta es insuficiente, busca eludir fallos judiciales y consolida lo que califican como la mayor pérdida salarial del sistema en décadas.

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario escaló a un nuevo punto de tensión. Este martes, un frente que reúne a autoridades académicas, gremios docentes, personal nodocente y centros de estudiantes se concentrará en la Cámara de Diputados para exigir el cumplimiento de la ley vigente de financiamiento y frenar la iniciativa oficial que pretende reemplazarla.

La norma actual fue aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada tras un veto presidencial. Sin embargo, su aplicación plena continúa demorada. En ese punto, la presentación de un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo —que ingresó por mesa de entradas la semana pasada— encendió las alarmas en el sector, que interpreta la movida como un intento de reformular el esquema presupuestario sin saldar las obligaciones pendientes.

Un proyecto bajo cuestionamiento

El texto oficial propone un mecanismo de actualización condicionado: la recomposición de partidas se activaría únicamente si el índice de inflación anual supera el 14,3 por ciento.

También contempla una asignación específica de 80 mil millones de pesos para hospitales universitarios y un esquema de incrementos salariales escalonados del 4,1 por ciento en marzo, julio y septiembre.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades públicas, advirtieron que la propuesta “no resuelve el bache presupuestario de 2024” y que cualquier debate debe partir del cumplimiento efectivo de la ley ya sancionada. En el mismo sentido, remarcaron que existe una medida cautelar favorable a las casas de estudio cuya apelación por parte del Gobierno agrega incertidumbre jurídica.

Para los gremios, la discusión excede la técnica presupuestaria. Consideran que el nuevo proyecto dilata la ejecución de la normativa vigente y consolida un esquema de financiamiento por debajo de las necesidades reales del sistema.

Paro y estado de alerta

En el último plenario de la CONADU Histórica se resolvió mantener el “estado de alerta, movilización y sesión permanente”. La federación definió un paro de 48 horas al inicio del tratamiento en comisión del proyecto y acciones de visibilización en todo el país. La decisión apunta a sostener presión política y a evitar que el debate avance sin consenso del sector.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integra a distintas organizaciones docentes y nodocentes, también reclamó la reapertura inmediata de la paritaria sectorial.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades sostuvieron que los salarios acumulan una caída del 51,4 por ciento desde el inicio de la actual gestión, lo que describen como “la mayor pérdida salarial de la historia” en el ámbito universitario.

El reclamo incluye el pago de deudas acumuladas, la recomposición urgente de ingresos y la convocatoria a negociaciones formales. En este aspecto, se impulsa la realización de asambleas en facultades y escuelas para fortalecer la organización interna y coordinar medidas con otros sectores del movimiento sindical.

Autonomía, presupuesto y conflicto político

La movilización adquiere un significado que trasciende lo estrictamente presupuestario. En juego está la autonomía universitaria y el modelo de financiamiento público de la educación superior. Mientras el oficialismo sostiene la necesidad de ordenar el gasto y establecer criterios de actualización más acotados, la comunidad académica advierte que la restricción de recursos compromete la calidad educativa, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario devela un conflicto estructural  entre el ajuste fiscal y la sostenibilidad del sistema público de educación superior. El conflicto no se limita a cifras: involucra el alcance de derechos, la estabilidad laboral de miles de trabajadores y la capacidad del Estado para sostener un entramado académico clave para el desarrollo nacional.

En el corto plazo, el debate legislativo marcará el rumbo del financiamiento. En el plano más profundo, la movilización universitaria pone en escena una pregunta central: qué lugar ocupará la educación pública en la arquitectura de prioridades de la Argentina que se está redefiniendo.