La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.

La transformación de la Ruta Nacional 40 Sur en autopista superó una instancia decisiva: la Cámara de Diputados de San Juan autorizó por unanimidad el crédito de hasta US$160 millones solicitado a la Corporación Andina de Fomento (CAF). La votación reunió 35 adhesiones y registró una sola ausencia, la del diputado Gabriel Sánchez Barón, quien no concurrió por razones de salud.

El resultado tuvo un componente político relevante: el bloque justicialista acompañó el financiamiento, aunque condicionó su respaldo a que el convenio completo regrese a la Legislatura para una nueva aprobación. Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del bloque, sostuvo que la obra es necesaria para la conectividad provincial y regional, especialmente por su incidencia en el transporte de cargas, la minería, el turismo y los vínculos comerciales con Chile.

Un préstamo a 15 años para dos tramos

El crédito financiará las secciones I y III del proyecto, que suman aproximadamente 48 kilómetros. El primer tramo se extiende desde el límite con Mendoza hasta Tres Esquinas, en Sarmiento; el tercero comprende el recorrido desde Cochagual hasta la intersección de la Ruta 40 con calle 8, en Pocito.

La sección intermedia, de unos 26 kilómetros entre Tres Esquinas y Cochagual, quedará a cargo del Gobierno nacional. De esta manera, la ejecución de los tres tramos dependerá de dos fuentes de financiamiento: el préstamo internacional gestionado por la Provincia y los fondos comprometidos por la Nación.

El acuerdo con la CAF contempla un plazo de devolución de 15 años y un período de gracia de 66 meses para la amortización del capital. Los intereses se calcularán sobre la tasa SOFR a seis meses, más un adicional anual de 1,75 puntos porcentuales, y se abonarán semestralmente. Los desembolsos se realizarán conforme avance la obra y se certifiquen los trabajos ejecutados.

Durante la presentación previa al debate, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, explicó que, con una SOFR del 4,20%, el costo financiero estimado rondaría el 5,95% anual. La operación tendrá garantía del Estado nacional y contempla la posibilidad de afectar recursos de la coparticipación federal para respaldar las obligaciones.

El próximo paso: las licitaciones

Con la autorización legislativa, el Ejecutivo provincial podrá avanzar en los procedimientos administrativos para licitar las dos secciones financiadas por la CAF. La intención oficial es contratar los tres tramos por separado, pero ejecutar los trabajos en simultáneo, con un plazo estimado de 36 meses.

Durante la sesión también se modificó el artículo 8 del proyecto aprobado. El acompañamiento opositor permitió reunir un respaldo político amplio para el financiamiento, aunque el pedido justicialista de revisar nuevamente el convenio completo introduce una instancia adicional en su instrumentación.

La obra apunta a mejorar la seguridad vial, reducir los tiempos de circulación y fortalecer uno de los principales corredores de conexión entre San Juan y Mendoza. Su concreción, sin embargo, dependerá de que los procedimientos de contratación avancen y de que los fondos nacionales para el tramo central se materialicen en los plazos previstos.

La disputa entre UPCN y ATE escaló con acusaciones personales y cuestionamientos sobre la política salarial del Gobierno de Javier Milei. La organización conducida por Andrés Rodríguez respondió con dureza a las críticas de Rodolfo Aguiar, a quien acusó de mantener un discurso contradictorio frente a los acuerdos paritarios que firma en distintos ámbitos de la Administración Pública.

En un comunicado titulado “Aguiar firma todas las paritarias: siempre”, UPCN sostuvo que el secretario general de ATE cuestiona públicamente los aumentos negociados, pero suscribe actas en organismos como ANSES y ACUMAR, además de acuerdos en Río Negro. La conducción sindical fue tajante: “Todos sabemos que mentís y les mentís a los trabajadores”.

El gremio también cuestionó los resultados de la conducción de ATE y reclamó que Aguiar exhiba qué mejoras salariales consiguió para sus afiliados. Al mismo tiempo, reivindicó su papel como organización mayoritaria en la Administración Pública Nacional y defendió su participación en las negociaciones colectivas.

La respuesta llegó después de que Aguiar responsabilizara a UPCN por aceptar incrementos que, según su evaluación, profundizan la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. En declaraciones a la prensa, afirmó que el Gobierno no impuso unilateralmente los acuerdos y apuntó contra Rodríguez por haberlos firmado.

Una disputa por los salarios y el poder sindical

La diferencia quedó expuesta en la negociación correspondiente al período septiembre-diciembre. Según los datos difundidos en el material de origen, UPCN aceptó aumentos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, junto con una suma fija de $80.000 prevista para fin de año. ATE rechazó la pauta por considerarla insuficiente frente a la inflación y anticipó nuevas medidas de fuerza.

Para Aguiar, aceptar esos porcentajes implica convalidar el deterioro salarial. UPCN, en cambio, defiende su participación en las paritarias como una herramienta para preservar derechos y representar a los empleados públicos, aun cuando los resultados no satisfagan las expectativas gremiales.

La pugna busca cambiar el peso de cada gremio en las negociaciones. Aguiar propuso aumentar el padrón de ATE para ganar la mayoría y quitar a Rodríguez de la paritaria. Desde UPCN respondieron que ellos mantienen la representatividad gracias al contacto diario con los estatales en las oficinas.

Retiros voluntarios: otra diferencia frente al Gobierno

El enfrentamiento se extiende a la política de reducción del empleo público. Mientras ATE rechaza los retiros voluntarios impulsados por el Ejecutivo y los considera parte de un proceso de achicamiento estatal, UPCN sostiene una posición diferente: cuestiona su conveniencia general, pero entiende que cada trabajador debe contar con información suficiente para evaluar una eventual adhesión.

Aguiar calificó el programa como un “despido extorsivo” y anunció una movilización a la Quinta de Olivos. Desde UPCN, en cambio, plantearon que la decisión individual debe analizarse según las circunstancias de cada empleado, sin que esa postura implique un respaldo sindical a la reducción de la planta estatal.

Las diferencias reflejan dos formas de enfrentar las decisiones oficiales. ATE prioriza la movilización, los paros y el rechazo público de los acuerdos que considera regresivos; UPCN apuesta por la negociación colectiva y la preservación de espacios de representación dentro de la administración.