El gremio de la AFIP descartó despidos y recorte de salarios
El Sindicato de los jerárquicos de la AFIP aclaró que se buscan no duplicar funciones en DGI, pero que no habrá cesantías ni recortes salariales.
Los cambios, descabezamientos y reemplazos en la conducción de la Administración Federal de Ingresos Públicos amenazaban con llegar al personal, en la reestructuración que el gobierno de Javier Milei continúa proyectando para el Estado. Sin embargo, la intervención de los dirigentes de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP) logró calmar las aguas en el organismo y certificar la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras.
Según informó la organización gremial «frente a la cantidad de llamados de los compañeros y compañeras de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, una comisión de dirigentes de se reunió con las máximas autoridades para aclarar la situación y confirmar que no se va a disolver el área».
También señaló que «en un marco de estrategia operativa la AFIP, dispuso el pase a la Dirección General Impositiva (DGI) de todas las áreas operativas de seguridad social, conservando absolutamente todas las mismas jefaturas, incluso con sus mismos equipos de empleados y empleadas y casos asignados».
Aclaran que solo buscan no duplicar funciones en la DGI
El secretario General de UPSAFIP, Julio Estévez (h), informó que «se eliminarán solamente los cargos de Departamento y Dirección del área de operaciones de la DGRS para no duplicar las mismas funciones en DGI, pero conservarán su grupo escalafonario y tendrán libertad absoluta para pasar al área que elijan en la DGI».
Agregó que «se acordó integrar al personal de seguridad social con las trabajadoras y trabajadores impositivos, con el fin de que reciban la capacitación y experiencia necesarias» y añadió que «se trabajará en asignarles los grupos escalafonario que corresponda por su función para terminar con la discriminación que sufrían hasta ahora, siempre mal encasillados y descalificados en el organismo».
Estévez aclaró a iProfesional que «desde el sindicato nos hemos puesto a disposición de la Dirección General Impositiva a los fines de contribuir y ayudar en este proceso de expansión de la capacidad operativa del organismo, vigilando que no se cause perjuicio o gravamen a los trabajadores».
El sindicato de los jerárquicos de la AFIP aclaró que se buscan no duplicar funciones en DGI, pero que no habrá cesantías ni recortes salarialesVersiones ante el desplazamiento de funcionarios de Aduana
La secretaria de Prensa de los jerárquicos de la AFIP, Mariana de Alva, subrayó que «tanto los afiliados y afiliadas al gremio, como quienes no lo están, deben tener presente que esta organización gremial está y estará presente para asistir cualquier situación irregular o evacuar cualquier consulta sobre esta nueva estrategia recaudatoria que desplegará la AFIP y que llevará un período de tiempo».
Las versiones sobre cesantías en la AFIP se desataron al mismo tiempo que el Gobierno decidió realizar una serie de desplazamientos de ocho altos funcionarios del organismo que venían de la gestión anterior. La disposición del ente recaudador informa que se dan «por finalizadas y asignadas las funciones» de ocho jerárquicos.
En los considerandos aclara que la medida cuenta con la conformidad de la Dirección General de Aduanas que ya cuenta con nuevo titular: Eduardo Mallea. Los funcionarios desplazados se desempeñaban en Aduana. En la lista figuran: Juan Carlos Saucedo, Rubén Cesar Pave, Marcelo Alejandro Sosa, Marcelo Fabián Lista, Horacio Miguel Font, Eduardo Salvador Di Grigoli, María Luisa Carbonell y Gladys Liliana Morando.
Por otra parte, el consejo directivo de la UPSAFIP aprovechó la oportunidad para felicitar a todos el personal, teniendo en cuenta que este domingo 19 de mayo se celebró el Día del Trabajador Impositivo y de la Seguridad Social».
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El acuerdo con Vicuña quedó listo para ser votado este miércoles
El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña obtuvo despacho favorable en las comisiones y quedó habilitado para ser tratado este miércoles. El Bloque Justicialista no acompañó el dictamen, aunque algunos de sus integrantes podrían votar a favor en el recinto.
Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Minería y Obras y Servicios de la Cámara de Diputados otorgaron este martes despacho favorable al proyecto, que será tratado este miércoles en la sesión especial convocada por la Legislatura.
La definición tuvo una particularidad política: el Bloque Justicialista no suscribió el dictamen. Sin embargo, esa decisión no anticipa necesariamente una votación unificada en contra. Algunos legisladores peronistas podrían acompañar el convenio durante el debate, entre ellos Eduardo Cabello, Jorge Castañeda y Leopoldo Soler. También firmó en conformidad Franco Aranda, del Frente Renovador.
La resolución de las comisiones se produjo después del cuarto intermedio dispuesto el viernes, cuando los diputados habían solicitado ampliar el análisis de la documentación. En aquella reunión participaron el vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Minería Juan Pablo Perea, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación Gustavo Fernández y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, quienes respondieron las consultas formuladas por los legisladores.
Uno de los puntos centrales del convenio es el aporte único y no reembolsable de US$250 millones que Vicuña realizará a favor de San Juan. El acuerdo forma parte de las negociaciones vinculadas al desarrollo del proyecto minero y establece compromisos con impacto directo sobre las finanzas y las obras que la Provincia deberá ejecutar.
La discusión legislativa estará marcada, por lo tanto, no solo por el contenido técnico del convenio sino también por la composición de los apoyos en el recinto. El despacho favorable garantiza que el proyecto pueda ser debatido, pero será la votación de este miércoles la que determine su aprobación definitiva.
En la misma jornada, las comisiones dieron despacho favorable al convenio suscripto entre San Juan y Vialidad Nacional. El acuerdo contempla que la Provincia financie y ejecute tareas de conservación, mantenimiento y mejoramiento sobre las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de obras en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.
Ambos expedientes quedaron así incorporados al tramo decisivo de su recorrido legislativo. La sesión especial de este miércoles permitirá conocer el respaldo efectivo que reúnen los convenios y, en el caso de Vicuña, si la división de posiciones dentro de la oposición resulta determinante para su aprobación.
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La Justicia reúne al Gobierno y a los rectores por la Ley de Financiamiento Universitario
La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).
La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.
El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.
La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.
El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.
Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.
A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.
A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.
El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.
La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.
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Feriados 2026: cuándo serán los próximos descansos de tres y cuatro días
El feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín quedó atrás, pero el calendario nacional todavía reserva cuatro fines de semana largos antes de terminar 2026. Las próximas oportunidades para una escapada llegarán en octubre y noviembre, mientras que diciembre concentrará dos períodos de descanso.
El primero será del 10 al 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Luego llegará el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que conformará otro fin de semana largo entre el 21 y el 23 de noviembre.
La mayor pausa del tramo final del año se producirá en diciembre. El lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos y estará seguido por el feriado del martes 8, correspondiente a la Inmaculada Concepción de María. De esta manera, habrá cuatro días consecutivos de descanso entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre.
El último fin de semana largo de 2026 será el de Navidad. Como el 25 de diciembre caerá viernes, se conformará un descanso de tres días entre el viernes y el domingo 27.
Los próximos feriados
Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.
Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
Viernes 25 de diciembre: Navidad.

La distribución de estas fechas ofrece nuevas posibilidades para viajes breves, visitas familiares y escapadas dentro del país. En particular, el descanso de cuatro días de diciembre aparece como una de las últimas oportunidades del año para organizar un viaje antes del comienzo de la temporada de verano.
Con cuatro fines de semana largos todavía por delante, el calendario 2026 mantiene varias alternativas para quienes buscan aprovechar los feriados nacionales y extender sus períodos de descanso sin necesidad de tomar varios días de vacaciones.
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