Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central, reveló que la irregularidad en el pago de créditos alcanzó el 7,6% en mayo, el valor más alto de los últimos veinte años. El deterioro afecta a 5,8 millones de personas

El crecimiento del endeudamiento de las familias argentinas alcanzó un nuevo punto crítico. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en estadísticas del Banco Central, 5,8 millones de personas mantienen deudas impagas, mientras que el índice de irregularidad del crédito escaló al 7,6%, el registro más elevado de las últimas dos décadas.

El estudio advierte que el deterioro se profundizó durante 19 meses consecutivos y evidencia la vulnerabilidad de la economía doméstica frente a sus compromisos financieros y tarifas. La situación es especialmente delicada entre los hogares, donde la mora llegó al 12,3%, muy por encima del 3% registrado entre las empresas.

El análisis atribuye esta evolución a la pérdida del poder adquisitivo y al uso cada vez más frecuente del crédito para afrontar gastos cotidianos. Los préstamos personales y las tarjetas de crédito concentran cerca de tres cuartas partes de la cartera irregular, convirtiéndose en los instrumentos donde más se evidencia el deterioro de la capacidad de pago.

Las cifras muestran un incremento acelerado del incumplimiento. En los préstamos personales, la mora pasó del 3,3% al 14,9% entre octubre de 2024 y abril de 2026. En las tarjetas de crédito, el indicador creció del 1,6% al 12,5% durante el mismo período, evidenciando el creciente recurso al financiamiento para sostener el consumo.

La situación resulta aún más compleja fuera del sistema bancario tradicional. Entre las billeteras virtuales y otros prestamistas no bancarios, la morosidad prácticamente se cuadruplicó en un año y medio, al pasar del 7,3% al 29,6%, superando incluso los niveles registrados durante la pandemia.

De las 20,9 millones de personas que poseen algún tipo de financiamiento, casi seis millones presentan atrasos en sus obligaciones. El informe señala además que 3,4 millones mantienen deudas exclusivamente con plataformas digitales, un fenómeno que se consolidó a medida que muchas familias encontraron mayores restricciones para acceder al crédito bancario y recurrieron a alternativas con costos financieros más elevados.

Los jóvenes aparecen entre los grupos más comprometidos. El relevamiento indica que cuatro de cada diez personas de entre 18 y 34 años registran algún grado de mora, porcentaje que asciende al 40,9% entre quienes tienen hasta 24 años, reflejando la creciente fragilidad económica de los trabajadores que recién ingresan al mercado laboral.

El deterioro también comenzó a trasladarse al entramado productivo. La construcción exhibe el mayor nivel de irregularidad en el pago de sus obligaciones crediticias, seguida por los rubros de alojamiento y gastronomía, servicios administrativos y comercio, actividades particularmente sensibles a la evolución del consumo interno.

El Ministerio de Gobierno advirtió que sancionará a las empresas de transporte que no respeten las frecuencias establecidas. La decisión se produce mientras RedTulum realiza inspecciones para determinar si las prestatarias redujeron la cantidad de unidades en circulación, en medio de crecientes reclamos de los usuarios.

El Ejecutivo provincial endureció los controles sobre el transporte público y anticipó que aplicará multas a las empresas que incumplan las frecuencias autorizadas. La advertencia surgió luego de que se multiplicaran las denuncias de pasajeros por extensas demoras y de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reconociera una disminución en la cantidad de colectivos que prestan servicio.

RedTulum realiza controles diarios para detectar si las prestatarias redujeron su flota en violación del contrato. El objetivo es constatar si existe un incumplimiento efectivo antes de avanzar con sanciones económicas.

Las autoridades provinciales señalaron que, en caso de comprobarse irregularidades durante las inspecciones, las penalidades alcanzarán tanto a las empresas como a las unidades que no respeten la programación establecida para cada línea.

La decisión oficial responde al creciente malestar de los usuarios, quienes durante los últimos días reportaron largas esperas en distintas paradas del Gran San Juan y otros departamentos.

Los reclamos apuntan principalmente al aumento de los tiempos entre colectivos, una situación que afecta la movilidad diaria de trabajadores, estudiantes y jubilados.

En este cuadro, la UTA San Juan confirmó que actualmente las frecuencias presentan una reducción cercana al 30%, aunque aclaró que esa disminución no obedece a un conflicto gremial ni a medidas sindicales. Según explicó el sindicato, la menor cantidad de servicios responde exclusivamente a determinaciones adoptadas por las empresas prestatarias.

Las autoridades del ministerio aguardarán el reporte de RedTulum para tomar una decisión. Una vez finalizado ese proceso, la Provincia definirá si corresponde aplicar las sanciones previstas por incumplimientos en la prestación del servicio público.

La fiscalización cobra especial relevancia porque el sistema RedTulum constituye el principal medio de transporte para miles de sanjuaninos. El cumplimiento de las frecuencias no solo impacta en la calidad del servicio, sino también en la organización de la vida laboral, educativa y comercial de la provincia. Los relevamientos definirán las sanciones empresariales y la mejora del servicio.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó que la industria podría alcanzar los 300.000 puestos de trabajo directos en la próxima década y acercarse al millón de empleos al sumar la cadena de valor. El desarrollo de los grandes proyectos de cobre será el principal impulso de esa expansión, con San Juan entre las provincias protagonistas.

La minería argentina se encamina a convertirse en uno de los mayores generadores de empleo del país. De acuerdo con las proyecciones difundidas por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), la industria podría crear alrededor de 300.000 puestos de trabajo directos durante los próximos diez años, una cifra que representa aproximadamente cuatro veces la dotación laboral de la industria automotriz y autopartista. Si se incorpora el efecto sobre proveedores, servicios y actividades vinculadas, el impacto ascendería a cerca de un millón de empleos.

Las estimaciones fueron presentadas durante Arminera 2026, encuentro que reunió a empresas, especialistas y autoridades para analizar las perspectivas de la industria. Allí se destacó que el crecimiento estará impulsado principalmente por la entrada en construcción de grandes proyectos de cobre, considerados el próximo gran salto productivo de la minería nacional.

Según la CAEM, un emprendimiento cuprífero de clase mundial puede requerir hasta 7.000 trabajadores durante la etapa de construcción. A esa demanda se suma la contratación de empresas de ingeniería, metalurgia, transporte, logística, obras civiles, mantenimiento, gastronomía, hotelería y otros servicios que acompañan el desarrollo de cada iniciativa.

El efecto económico trasciende ampliamente a las compañías mineras. Cada nuevo proyecto moviliza inversiones en infraestructura, fortalece las cadenas de proveedores locales y promueve la creación de empleo en múltiples rubros, favoreciendo el crecimiento de las economías regionales donde se emplazan los yacimientos.

Las perspectivas más favorables se concentran en San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, provincias que reúnen algunos de los principales proyectos de cobre y litio del país. En particular, San Juan aparece como uno de los polos con mayor potencial de expansión gracias al avance de emprendimientos de gran escala que podrían modificar la estructura productiva provincial y consolidar a la minería como uno de los pilares de su economía.

No obstante, la industria reconoce que el crecimiento previsto también plantea desafíos. Entre ellos sobresale la necesidad de formar recursos humanos especializados capaces de responder a la creciente demanda de técnicos, ingenieros, geólogos, operadores de equipos pesados y profesionales vinculados con seguridad, ambiente, mantenimiento y nuevas tecnologías aplicadas a la producción minera.

En ese sentido, distintas empresas, universidades y organizaciones sindicales ya comenzaron a impulsar programas de capacitación para fortalecer la oferta de mano de obra calificada. El objetivo es anticiparse a la demanda que generarán los nuevos emprendimientos y maximizar el impacto del empleo local.

Si las inversiones previstas avanzan dentro de los plazos proyectados, la minería no solo incrementará su participación en las exportaciones argentinas, sino que también consolidará su lugar como uno de los principales motores del empleo formal, la inversión productiva y el desarrollo regional, con un protagonismo creciente de San Juan en esa transformación.