La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSJ confirmó que adherirá al paro nacional de 24 horas previsto para este miércoles, sin asistencia a los lugares de trabajo. La medida alcanzará a las facultades, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios. El gremio reclama una recomposición salarial y mayor financiamiento para las universidades.

La secretaria gremial de ADICUS, Edith Liquitay, ratificó la adhesión en declaraciones a la prensa y precisó que la huelga alcanzará a todas las unidades académicas de la UNSJ, la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres colegios preuniversitarios de la provincia.

La protesta se inscribe en un reclamo que reúne a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales. El principal planteo sindical es salarial, aunque también incorpora demandas vinculadas con el financiamiento de las casas de altos estudios, las becas estudiantiles y el envío de recursos destinados a los gastos de funcionamiento.

El reclamo salarial

ADICUS sostiene que los docentes acumulan una pérdida significativa del poder adquisitivo. Según explicó Liquitay, aun después del incremento salarial del 21%, la recomposición quedó por debajo de la inflación y la pérdida acumulada ronda el 28%, de acuerdo con las estimaciones del gremio.

La demanda apunta a recuperar esa diferencia y establecer un mecanismo que permita evitar nuevos retrocesos frente a la evolución de los precios.

A la discusión salarial se suman otros reclamos. Los sindicatos exigen la actualización de las becas estudiantiles y cuestionan las dificultades en el envío de fondos destinados al funcionamiento de las universidades. Para las organizaciones gremiales, esas partidas resultan necesarias para garantizar el normal desarrollo de las clases y sostener los servicios que brindan las instituciones educativas.

El conflicto podría extenderse

El paro del miércoles podría no ser la última medida de fuerza. ADICUS advirtió que, si no aparecen respuestas a las demandas planteadas, el conflicto podría profundizarse con medidas de fuerza durante toda la semana comprendida entre el 18 y el 22 de agosto.La posibilidad de ampliar la protesta agrega presión sobre una negociación que permanece abierta y que involucra al conjunto de las universidades nacionales.

En San Juan, el impacto de la medida alcanzará a una parte importante de la comunidad universitaria, dado que la suspensión de tareas comprenderá tanto las unidades académicas como la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud y los tres establecimientos preuniversitarios dependientes de la UNSJ.

La respuesta del Gobierno nacional

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, ratificó la convocatoria a una mesa paritaria con los gremios docentes y no docentes para el 1 de septiembre.

El Gobierno rechazó los cuestionamientos formulados por las organizaciones sindicales y calificó el paro como una medida de carácter político. Desde la cartera nacional también sostuvieron que la convocatoria paritaria responde al cronograma establecido y negaron incumplimientos de las disposiciones legales y judiciales vinculadas con el financiamiento universitario.

Los gremios, sin embargo, consideran insuficiente esperar hasta septiembre para discutir una recomposición salarial. Por esa razón ratificaron la huelga del 12 de agosto y dejaron abierta la posibilidad de ampliar las medidas durante la semana siguiente.

ADICUS se incorporará este 12 de agosto a la jornada nacional de protesta universitaria con un reclamo centrado en la recuperación salarial y el financiamiento institucional. La convocatoria paritaria prevista para septiembre no logró desactivar la medida y, si no aparecen respuestas antes de esa fecha, el gremio ya anticipó que podría avanzar hacia una huelga de cinco días. El conflicto queda así abierto a una nueva instancia de negociación y escalada gremial durante agosto.

El futuro de Volver al Trabajo aún no está completamente definido. Si bien el Ministerio de Capital Humano dejó de realizar los pagos luego de que la Cámara Federal de San Martín revocara la medida cautelar que mantenía vigente el programa, el expediente continúa abierto y ahora la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia.

La posibilidad surge a partir del recurso extraordinario presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que busca revertir el fallo de la Cámara y mantener la continuidad del programa creado para reemplazar a Potenciar Trabajo.

Qué decisión puede cambiar el futuro de Volver al Trabajo

Tras el fallo de la Cámara Federal de San Martín, el Gobierno quedó habilitado para avanzar con la finalización de Volver al Trabajo y dejar de liquidar la prestación mensual.

Sin embargo, la UTEP apeló esa decisión mediante un recurso extraordinario, por lo que ahora será la Corte Suprema la que deberá resolver si acepta tratar el planteo y, eventualmente, revisar el fallo.

Qué puede pasar con los pagos

Si la Corte Suprema rechazara el recurso, la decisión de la Cámara quedaría firme y el cierre del programa continuaría sin cambios.

En cambio, si el máximo tribunal hiciera lugar al planteo y revocara el fallo, podría abrirse un nuevo escenario judicial que vuelva a poner en discusión la continuidad de Volver al Trabajo y, con ello, la posibilidad de reactivar los pagos.

Qué pasa con Acompañamiento Social

Mientras continúa la disputa judicial por Volver al Trabajo, Acompañamiento Social mantiene su vigencia.

El Ministerio de Capital Humano prorrogó este programa mediante la Resolución 90/2026, por lo que sus beneficiarios continúan percibiendo el pago mensual previsto por la normativa.

Por qué todavía no puede darse por cerrado el caso

Aunque actualmente no hay una fecha prevista para una definición de la Corte Suprema, el expediente sigue en trámite y la decisión del máximo tribunal será determinante para el futuro del programa.

Hasta que eso ocurra, la suspensión de los pagos de Volver al Trabajo se mantiene, pero la instancia judicial todavía no concluyó, por lo que el caso permanece abierto.

El deterioro del poder adquisitivo desde la asunción de Javier Milei cambió radicalmente los hábitos financieros de las familias trabajadoras, especialmente en empleados públicos. Un reciente relevamiento nacional difundido por ATE le pone números a la tragedia: el 87% de los trabajadores estatales mantiene deudas vigentes para poder pagar alquileres, salud, alimentos y ropa.

La crisis de los salarios reales frente a la inflación y el costo de vida ha dejado a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad extrema. Según los datos obtenidos en una encuesta realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el 73% de los endeudados recurre a múltiples entidades financieras para sostener sus gastos mensuales.

El informe técnico derriba el mito de que el endeudamiento responde a decisiones de consumo innecesario. Al contrario, el 40% de los consultados admite utilizar estos préstamos para costear urgencias médicas, gastos en educación o alquileres, mientras que un 37% lo hace directamente para cubrir comida y vestimenta.

“Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real”, señalan desde el gremio. El análisis destaca que la dinámica actual es perversa: los trabajadores destinan la mayor parte de sus ingresos mensuales a cancelar deudas con bancos y financieras, lo que genera una transferencia masiva de recursos desde el bolsillo del trabajador hacia el sector financiero, frenando a su vez el consumo en otros rubros de la economía real.

La presión financiera ha forzado una reconfiguración del mercado laboral doméstico. El 55,4% de los encuestados afirmó recurrir al pluriempleo —tener más de un trabajo— para complementar sus ingresos, con jornadas que en muchos casos superan las 8 o 12 horas diarias.

Este nivel de agotamiento no solo impacta en la economía, sino en la salud mental y la vida social:

• El 85,4% de los trabajadores reportó un deterioro en su bienestar emocional en el último año.
• El 43% reconoció haber disminuido su participación en actividades sociales o políticas debido al cansancio físico y mental, y a la falta de recursos económicos.
• La ansiedad, el insomnio y la angustia son los cuadros más recurrentes entre los consultados.