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El Sindicato de los jerárquicos de la AFIP aclaró que se buscan no duplicar funciones en DGI, pero que no habrá cesantías ni recortes salariales.

Los cambios, descabezamientos y reemplazos en la conducción de la Administración Federal de Ingresos Públicos amenazaban con llegar al personal, en la reestructuración que el gobierno de Javier Milei continúa proyectando para el Estado. Sin embargo, la intervención de los dirigentes de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP) logró calmar las aguas en el organismo y certificar la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras.

Según informó la organización gremial «frente a la cantidad de llamados de los compañeros y compañeras de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, una comisión de dirigentes de se reunió con las máximas autoridades para aclarar la situación y confirmar que no se va a disolver el área».

También señaló que «en un marco de estrategia operativa la AFIP, dispuso el pase a la Dirección General Impositiva (DGI) de todas las áreas operativas de seguridad social, conservando absolutamente todas las mismas jefaturas, incluso con sus mismos equipos de empleados y empleadas y casos asignados».

Aclaran que solo buscan no duplicar funciones en la DGI

El secretario General de UPSAFIP, Julio Estévez (h), informó que «se eliminarán solamente los cargos de Departamento y Dirección del área de operaciones de la DGRS para no duplicar las mismas funciones en DGI, pero conservarán su grupo escalafonario y tendrán libertad absoluta para pasar al área que elijan en la DGI».

Agregó que «se acordó integrar al personal de seguridad social con las trabajadoras y trabajadores impositivos, con el fin de que reciban la capacitación y experiencia necesarias» y añadió que «se trabajará en asignarles los grupos escalafonario que corresponda por su función para terminar con la discriminación que sufrían hasta ahora, siempre mal encasillados y descalificados en el organismo».

Estévez aclaró a iProfesional que «desde el sindicato nos hemos puesto a disposición de la Dirección General Impositiva a los fines de contribuir y ayudar en este proceso de expansión de la capacidad operativa del organismo, vigilando que no se cause perjuicio o gravamen a los trabajadores».

El sindicato de los jerárquicos de la AFIP aclaró que se buscan no duplicar funciones en DGI, pero que no habrá cesantías ni recortes salarialesVersiones ante el desplazamiento de funcionarios de Aduana

La secretaria de Prensa de los jerárquicos de la AFIP, Mariana de Alva, subrayó que «tanto los  afiliados y afiliadas al gremio, como quienes no lo están, deben tener presente que esta organización gremial está y estará presente para asistir cualquier situación irregular o evacuar cualquier consulta sobre esta nueva estrategia recaudatoria que desplegará la AFIP y que llevará un período de tiempo».

Las versiones sobre cesantías en la AFIP se desataron al mismo tiempo que el Gobierno decidió realizar una serie de desplazamientos de ocho altos funcionarios del organismo que venían de la gestión anterior. La disposición del ente recaudador informa que se dan «por finalizadas y asignadas las funciones» de ocho jerárquicos.

En los considerandos aclara que la medida cuenta con la conformidad de la Dirección General de Aduanas que ya cuenta con nuevo titular: Eduardo Mallea.  Los funcionarios desplazados se desempeñaban en Aduana. En la lista figuran: Juan Carlos Saucedo, Rubén Cesar Pave, Marcelo Alejandro Sosa, Marcelo Fabián Lista, Horacio Miguel Font, Eduardo Salvador Di Grigoli, María Luisa Carbonell y Gladys Liliana Morando.

Por otra parte, el consejo directivo de la UPSAFIP aprovechó la oportunidad para felicitar a todos el personal, teniendo en cuenta que este domingo 19 de mayo se celebró el Día del Trabajador Impositivo y de la Seguridad Social».

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El PJ busca unidad, pero no descarta una PASO entre Massa y Kicillof

La cumbre que reunió a gobernadores y principales dirigentes del peronismo dejó abierta la posibilidad de que Sergio Massa, Axel Kicillof y otros referentes compitan en una interna para definir la candidatura presidencial de 2027. El senador José Mayans sostuvo que el espacio debe preservar las PASO y que el dirigente con mayor respaldo electoral deberá encabezar la fórmula.

El peronismo comenzó a ordenar su disputa interna con una premisa que hasta hace poco parecía difícil de consensuar: la candidatura presidencial de 2027 no debería resolverse por un acuerdo de cúpulas, sino por el voto de los propios electores del espacio. La definición surgió de una reunión de más de cuatro horas entre gobernadores y referentes nacionales, que dejó abierta la posibilidad de una competencia entre Sergio Massa y Axel Kicillof, aunque también habilitó la participación de otros dirigentes.

El senador nacional José Mayans, uno de los participantes de la cumbre, confirmó que el objetivo es preservar una instancia electoral que permita medir a las distintas corrientes del peronismo. “Primero, unidad, que nadie saque los pies del plato, que todos puedan participar de las PASO”, afirmó. Bajo esa lógica, mencionó a Sergio Uñac, Juan Manzur, Gerardo Zamora y Axel Kicillof, entre otros dirigentes que podrían someterse a la consideración de los votantes.

Massa también aparece dentro de ese abanico. Mayans evitó definirlo como candidato, pero reconoció que advierte en el exministro de Economía una voluntad concreta de regresar a la competencia electoral. “Hay una posibilidad. Yo lo veo con ganas de participar”, señaló, aunque aclaró que sería “una irresponsabilidad” de su parte afirmar que ya existe una postulación formal.

La posibilidad de una interna entre Massa y Kicillof es una de las hipótesis que comenzó a ganar fuerza después de la reunión. Dentro del peronismo observan que ambos dirigentes cuentan con perfiles diferentes y capacidad para construir respaldos territoriales. Massa conserva vínculos con gobernadores y dirigentes del denominado Norte Grande, mientras que Kicillof desarrolla desde la provincia de Buenos Aires una construcción política propia.

En esa disputa también aparecen Gerardo Zamora, Ricardo Quintela y Juan Manzur. Sergio Uñac, en tanto, quedó fuera de este primer encuentro, aunque mantiene su propia construcción política y busca ampliar sus respaldos de cara a las futuras definiciones.

La discusión electoral está directamente vinculada con la batalla que el peronismo pretende dar en el Congreso para impedir la eliminación de las PASO. La continuidad de las primarias es considerada por los dirigentes reunidos como la alternativa institucional que permitiría resolver las diferencias sin recurrir a una designación directa.

Si finalmente las PASO fueran eliminadas, dentro del PJ evalúan la posibilidad de organizar una interna partidaria. Pero la primera apuesta continúa siendo sostener el mecanismo de primarias y convertirlo en el instrumento para ordenar la oferta electoral del peronismo.

“Dentro de nuestro espacio, nosotros estamos abiertos a que compitan las personas que quieran competir, que se pongan a consideración del pueblo argentino”, resumió Mayans. El criterio, según explicó, sería sencillo: unidad para competir y reconocimiento del resultado para determinar quién queda al frente.

Massa vuelve al centro de la escena electoral

La reunión también reforzó la presencia de Sergio Massa en la discusión nacional. Su reciente intervención en el debate legislativo sobre la extranjerización de tierras fue interpretada dentro del peronismo como una muestra de recuperación de protagonismo político.

El dirigente del Frente Renovador, además, mantiene contactos con gobernadores y referentes provinciales. Su encuentro con Ricardo Quintela en La Rioja alimentó las versiones sobre una posible articulación política hacia 2027 y sobre la construcción de una propuesta de alcance federal.

Ese recorrido no está exento de dificultades. Massa deberá tender puentes con mandatarios como el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, cuyas posiciones frente al Gobierno de Javier Milei generaron diferencias con otros sectores del peronismo.

La premisa que atravesó la reunión fue evitar que la definición de la candidatura quede atada a la figura de un “candidato natural”. En esa línea, una eventual competencia interna permitiría que los distintos espacios exhiban su capacidad territorial y que el resultado electoral funcione como mecanismo de ordenamiento.

Kicillof y Máximo Kirchner, una señal de distensión

Otro dato político relevante fue el encuentro entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, dos dirigentes que mantienen profundas diferencias sobre la conducción del peronismo bonaerense y la orientación del espacio.

Según relató Mayans, ambos se saludaron cordialmente al llegar a la reunión y no protagonizaron ningún cruce durante las más de cuatro horas de deliberaciones. “No hubo en la reunión un momento en que se discutió algún tema ríspido”, aseguró.

La escena adquiere relevancia porque cualquier intento de construir una candidatura presidencial competitiva deberá atravesar primero las diferencias que persisten dentro del peronismo bonaerense, principal distrito electoral del país.

Mayans también reveló que había conversado con Cristina Kirchner antes de la cumbre y que le transmitió los alcances de la convocatoria. Según su relato, la expresidenta respondió: “Me parece bien, ocúpense del tema de la gente”.

Provincias, recursos y crítica al Gobierno

La discusión no quedó limitada a las candidaturas. Los gobernadores y dirigentes analizaron la pérdida de recursos de las provincias, el endeudamiento de las familias, la mora en los servicios públicos y la reducción de la inversión pública.

Mayans sostuvo que esos problemas deberán formar parte de una agenda común y mencionó también el tratamiento de iniciativas legislativas que impactan sobre las administraciones provinciales.

La reunión derivó así en una coordinación política que excede la cuestión electoral. Los dirigentes comenzaron a articular posiciones en las legislaturas provinciales y en el Congreso frente a asuntos vinculados con las rutas, el impuesto a los combustibles y el futuro de empresas públicas.

En ese intercambio apareció una definición atribuida a Massa que sintetizó una de las preocupaciones de los participantes: “La gente la está pasando mal, no nos puede ver peleando por la nuestra”. La frase funcionó como advertencia sobre la necesidad de que la discusión interna quede subordinada a una agenda económica y social capaz de interpelar al electorado.

La reunión inicial de la nueva mesa peronista evitó la proclamación formal de Sergio Massa como postulante presidencial, aunque pactó una definición estratégica más decisiva para el futuro político del espacio: la preferencia por unas primarias competitivas antes que el tradicional «dedazo: el nombre del próximo postulante del PJ podría surgir de una competencia interna en la que Massa, Kicillof y otros dirigentes deberán medir su respaldo electoral. La batalla inmediata, sin embargo, estará en el Congreso, donde el peronismo buscará impedir que el Gobierno elimine las PASO y cierre la principal vía institucional para resolver su propia interna.

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Diputados tratará el acuerdo con Vicuña y rutas nacionales en una sesión especial

La legislatura provincial confirmó una sesión especial para el próximo miércoles, con un temario exclusivo: el convenio con Vicuña Argentina por un aporte anticipado de hasta US$250 millones y el proyecto vinculado con las rutas nacionales.

El Cuerpo legislativo de San Juan tratará el próximo miércoles, en una sesión especial, dos iniciativas prioritarias para el Gobierno de Marcelo Orrego: el acuerdo firmado con Vicuña Argentina y el proyecto relacionado con las rutas nacionales. La convocatoria tendrá un temario exclusivo y concentrará el debate en ambos expedientes.

La definición se produjo luego de la presentación realizada este viernes por funcionarios del Ejecutivo ante los legisladores. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; y el ministro de Producción, Gustavo Fernández expusieron sobre los expedientes 1904 y 1955 y respondieron consultas vinculadas con sus aspectos técnicos, financieros y legales.

El convenio con Vicuña contempla una contribución anticipada de hasta US$250 millones para financiar obras de infraestructura en San Juan. El acuerdo fue firmado el 5 de agosto y establece un plazo de 60 días corridos para obtener la aprobación legislativa.

Durante la reunión, los diputados plantearon dudas sobre los honorarios bancarios, la afectación específica de los fondos, las zonas de influencia de las obras y, especialmente, los alcances de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El ministro Perea defendió el entendimiento y sostuvo que se trata de un acuerdo favorable para la provincia. Según explicó, no existen flexibilizaciones para la empresa y destacó que algunas obligaciones, como el mecanismo de forestación, quedarán bajo definición provincial mientras que el aporte corresponderá a Vicuña.

El expediente continuará su recorrido en las comisiones de Legislación, Hacienda y Minería antes de llegar al recinto. El oficialismo busca reunir el respaldo necesario y ampliar el consenso legislativo, aunque el bloque Justicialista mantiene una postura contraria al convenio y al proyecto referido a las rutas nacionales.

Con los votos propios y el acompañamiento previsto de otros espacios y legisladores, el oficialismo tendría asegurada la aprobación. Entre quienes anticiparon su respaldo aparecen Eduardo Cabello, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Pedro Albagli y Franco Aranda.

La sesión del miércoles representará así el próximo paso decisivo para dos iniciativas con impacto directo sobre la infraestructura provincial: una vinculada al financiamiento anticipado derivado del acuerdo minero y otra orientada a la intervención de San Juan sobre rutas nacionales.

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Cerraron más de 30.000 empresas y se perdieron 411.000 empleos registrados

Un informe del Centro de Economía Política Argentina, elaborado sobre datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contabilizó 30.633 empleadores menos entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. En el mismo período desaparecieron 411.613 puestos de trabajo registrados.

La cantidad de empresas registradas en la Argentina se redujo en 30.633 empleadores entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). La cifra implica una caída del 6%, al pasar de 512.357 a 481.724 empleadores.

El retroceso se profundizó durante mayo. En ese mes se registraron 2.371 empleadores menos, frente a los 1.814 que habían desaparecido en abril. La pérdida mensual aumentó así un 30,7% en apenas un mes.

El comercio encabezó la caída, con 841 empresas menos, seguido por la industria manufacturera, que perdió 403. También retrocedieron alojamiento y gastronomía (-341), transporte y almacenamiento (-210), agro (-156), servicios inmobiliarios (-113) y construcción (-42).

La contracción empresarial tuvo su correlato directo sobre el empleo. Desde noviembre de 2023 hasta mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos registrados, un 4,2% menos, mientras que la cantidad de trabajadores relevados por la SRT pasó de 9.857.173 a 9.445.560.

Solo en mayo desaparecieron 70.217 empleos registrados. La industria manufacturera concentró la mayor pérdida, con 15.139 puestos menos, seguida por comercio mayorista y minorista (-13.488), servicios administrativos y de apoyo (-11.050), transporte y almacenamiento (-6.653) y alojamiento y gastronomía (-5.712).

También se verificaron fuertes retrocesos en el agro, la construcción y los servicios vinculados al entretenimiento y las actividades profesionales. En sentido contrario, la administración pública incorporó 4.550 trabajadores, la enseñanza sumó 1.266 y la minería registró 55 nuevos puestos.

Los datos muestran que la reducción del entramado empresarial se concentró especialmente en ramas estrechamente vinculadas con el consumo interno. El deterioro de las ventas, la menor demanda y la pérdida de poder adquisitivo aparecen así asociados a una retracción simultánea de empresas y puestos de trabajo formales.

El relevamiento de CEPA expone una de las principales consecuencias laborales de la contracción registrada desde el inicio de la actual gestión: mientras algunos rubros vinculados a la producción primaria y extractiva muestran crecimiento, buena parte de las actividades orientadas al mercado interno continúa reduciendo empleadores y trabajadores registrados.

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