Más de 130 trabajadores de la empresa Hunter fueron despedidos sin previo aviso, luego de que la firma perdiera la licitación del servicio de seguridad del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Denuncian que el sindicato UPSRA avaló los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y que solo intervino cuando el conflicto se viralizó. Reclaman indemnizaciones completas y respeto por la antigüedad.

La bronca, la angustia y la sensación de abandono atraviesan a más de 130 vigiladores de seguridad privada que se quedaron sin trabajo en San Juan en las últimas horas de 2025. El 31 de diciembre, a las 12:30 del mediodía, trabajadores de la empresa Hunter comenzaron a ser citados en grupos de 15 o 20 personas a la oficina local de la firma. Allí recibieron una notificación seca y sin margen de negociación: la empresa había perdido el “objetivo” del Hospital Rawson y quedaban desvinculados de manera inmediata.

Entre los despedidos hay trabajadores con más de dos décadas —y en algunos casos cerca de 30 años— de antigüedad. Muchos de ellos cumplieron funciones clave en pasillos, guardias y perímetros del principal nosocomio de la provincia, en jornadas de hasta 12 horas y en un contexto laboral de alta exigencia.

“UPSRA no intervino para nada”

Las críticas más duras de los despedidos apuntan contra la Unión Personal de Seguridad República Argentina (UPSRA). En este sentido, los trabajadores aseguraron que el sindicato no solo no los defendió, sino que convalidó los despidos.

“Nos despidieron con el artículo 247 de la LCT y UPSRA lo avaló. El gremio nos entregó en bandeja”, expresó uno de los vigiladores afectados.

Según relataron, no hubo acompañamiento gremial durante el proceso ni presencia sindical en las instancias previas o posteriores a los despidos. “El gremio no intervino para nada, ni cuando se perdió la licitación ni cuando nos echaron. Nadie se comunicó”, remarcaron.

El artículo 247 y la indemnización recortada

La empresa Hunter aplicó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita el pago de una indemnización reducida en casos de fuerza mayor o falta de trabajo no imputable al empleador. Bajo ese encuadre, la firma ofreció solo el 70% de la indemnización correspondiente, una propuesta que los trabajadores consideran injusta y abusiva.

Los vigiladores sostienen que la pérdida de la licitación no puede ser utilizada como excusa para recortar derechos adquiridos, especialmente en casos de antigüedades tan extensas. Por eso, exigen el pago completo de las indemnizaciones y el rechazo de la aplicación del artículo 247.

La nueva empresa y los puestos que no se conservaron

El servicio de seguridad del Hospital Rawson quedó en manos de la empresa El Guardián. Sin embargo, lejos de absorber al plantel saliente, solo incorporó a 13 de los 130 trabajadores despedidos. “No quieren saber nada con los vigiladores de Hunter”, denunciaron.

Además, remarcaron que las condiciones laborales de la nueva firma son diferentes y que no hubo ningún proceso transparente de traspaso de personal. “Después del primer día no llamaron a nadie más”, aseguraron.

El sindicato reaccionó tras la viralización

Recién en las últimas horas, y luego de que el conflicto tomara estado público, UPSRA presentó una nota ante el Gobierno de San Juan reclamando el pago completo de las indemnizaciones y repudiando la aplicación del artículo 247 por parte de Hunter Security SA.

Sin embargo, para los despedidos la reacción llega tarde. “UPSRA se comunicó recién ayer, cuando todo se viralizó”, señalaron, y aclararon que el contacto fue solo con algunos de los diez afiliados que había entre los 130 despedidos.

Dolor, incertidumbre y un reclamo que sigue abierto

Las imágenes de despedida en redes sociales reflejaron el impacto humano del conflicto. “130 personas perdimos el laburo, ya no más ‘nos vemos mañana’. Adiós Hospital Rawson”, escribió uno de los trabajadores, junto a fotos cargadas de emoción.

En una situación económica adversa, los despedidos enfrentan ahora la incertidumbre total: sin empleo, con indemnizaciones recortadas y con un sindicato al que acusan de haberlos dejado solos.

El conflicto en la seguridad privada de San Juan expone una combinación explosiva de precarización laboral, despidos masivos y un rol sindical severamente cuestionado. Mientras los trabajadores exigen indemnizaciones completas y respeto por años de servicio, el caso vuelve a poner en debate el uso del artículo 247 de la LCT, la responsabilidad de las empresas ante la pérdida de contratos y el verdadero alcance de la representación gremial en momentos críticos. La bronca sigue abierta y el reclamo, lejos de cerrarse, recién comienza.

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales apoyó la presentación judicial impulsada por APUNT para declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, al considerar que vulnera la Ley de Financiamiento Universitario y amenaza salarios, funcionamiento institucional y el derecho social a la educación superior.

La tirantez entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario público sumó un nuevo capítulo con la decisión de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) de respaldar formalmente la acción judicial presentada por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT). La demanda apunta a frenar la aplicación del Decreto 759/2025, al que consideran incompatible con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso.

Según lo planteado en la presentación, el decreto intenta suspender de hecho la vigencia de una ley plenamente vigente, que garantiza recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial del personal nodocente. Para APUNT y FATUN, la medida no solo constituye un exceso del Poder Ejecutivo, sino que también lesiona el principio de legalidad, al pretender imponer un decreto por encima de una norma aprobada por el Poder Legislativo.

Desde la federación señalaron que esta acción judicial no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas por distintos sectores del ámbito universitario frente a lo que consideran una avanzada sobre el financiamiento educativo. En ese marco, subrayaron que permitir la suspensión de una ley conquistada tras años de debate y consenso parlamentario sentaría un precedente institucional grave.

“Ningún decreto puede situarse por encima de una ley ni poner en riesgo el normal funcionamiento de las universidades”, advirtieron desde FATUN, al tiempo que remarcaron que el impacto de la medida excede lo presupuestario. La eventual paralización de la Ley de Financiamiento Universitario afectaría de manera directa los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, profundizando la pérdida del poder adquisitivo en un contexto económico ya adverso.

Pero el alcance del conflicto va más allá del plano laboral. Para la federación nodocente, lo que está en juego es también el derecho de la sociedad a acceder a la educación superior pública, un pilar histórico del desarrollo social, científico y productivo del país. La restricción de recursos, alertan, compromete la calidad educativa, la continuidad académica y la capacidad de las universidades de cumplir su función social.

El respaldo de FATUN a la acción judicial presentada por APUNT refuerza la idea de que el debate sobre el financiamiento universitario no es técnico ni circunstancial, sino profundamente político e institucional. La disputa pone en tensión el equilibrio entre poderes, la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso y el modelo de universidad que se pretende sostener.

“Defender esta ley es defender la universidad pública, el trabajo digno y el futuro del país”, afirmaron desde la federación, que ratificó su estado de lucha permanente. Con la unidad, la organización y la solidaridad como ejes, el sector nodocente vuelve a situarse en la primera línea de defensa de un sistema universitario que consideran estratégico para la democracia y el desarrollo nacional.

Con la designación de María Gabriela Fernández en la Subsecretaría de Medios Públicos, el Gobierno acelera la reestructuración del sistema estatal de comunicación, anticipando nuevos recortes, retiros voluntarios y una redefinición profunda del rol del Estado en materia informativa.

La política de ajuste del Gobierno nacional sumó esta semana un nuevo capítulo con la designación de María Gabriela Fernández como subsecretaria de Medios Públicos. El nombramiento, formalizado mediante el Decreto 7/2026, consolida una estrategia que combina reordenamiento institucional, reducción presupuestaria y un repliegue deliberado del Estado en el sistema de comunicación pública.

De perfil técnico, bajo nivel de exposición pública y formación jurídica, Fernández asume la conducción de una subsecretaría clave que concentra Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado, ex Télam. Se trata de un área neurálgica desde la cual se definen no solo políticas administrativas, sino también el alcance simbólico y democrático de los medios estatales.

La designación se produce en un contexto de reconfiguración profunda del esquema presidencial. Tras el corrimiento de Guillermo Francos y el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el área de Comunicación quedó aún más concentrada. Bajo esa órbita opera ahora Javier Lanari, mientras que la reciente disolución de la Secretaría de Prensa —hasta entonces conducida por Eduardo Serenellini— terminó de cerrar un esquema reducido, centralizado y con dependencia directa de la Presidencia.

Este rediseño institucional no es neutro. Responde a una concepción ideológica explícita del Gobierno, que desconfía del rol del Estado como garante del derecho a la información y la libertad de expresión, principios consagrados por el derecho internacional como pilares del sistema democrático. En línea con esa mirada, la administración de Javier Milei sostiene que esos derechos deben quedar librados al mercado, aun cuando ello implique desigualdad de acceso, concentración de voces y pérdida de pluralismo.

En ese marco, los medios públicos vuelven a quedar en el centro del ajuste. Según versiones difundidas por medios oficialistas, el Gobierno planea reducir aún más la planta de personal en la TV Pública y Radio Nacional, bajo el argumento de que las estructuras actuales están “sobredimensionadas” y responden a herencias de gestiones anteriores. La herramienta elegida sería un esquema de retiros voluntarios, con compensaciones diferenciadas según antigüedad y función, y una implementación gradual.

La ejecución de ese proceso quedará en manos del interventor Carlos Curci, ex vocero de la Sociedad Rural, quien reemplazó a Eduardo González. Desde el Ejecutivo insisten en aplicar criterios propios de empresas comerciales, señalando que los medios estatales “funcionan a pérdida” y presentan dotaciones superiores a las de señales privadas, una comparación que omite deliberadamente su función social, federal y cultural.

Dentro de ese plan, Paka Paka aparece como una de las señales más comprometidas: podría ser transferida a otras áreas, privatizada o directamente cerrada. En el caso de RTA, el objetivo oficial sería reducir su estructura “casi a la mitad”. La ex Télam, encargada de administrar la pauta oficial, también figura entre las dependencias alcanzadas por los recortes.

La llegada de María Gabriela Fernández no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una política clara y sostenida: achicar, desarticular y resignificar el sistema de medios públicos bajo una lógica de mercado. Más que una discusión administrativa, lo que está en juego es el modelo de comunicación que el Estado argentino decide abandonar.

En tiempos de alta concentración mediática, fragmentación social y crisis de representación, el repliegue estatal en materia informativa no es una decisión inocua. Supone aceptar que el acceso a la información, la diversidad de voces y la construcción de sentido colectivo queden subordinados a la rentabilidad. El ajuste, en este caso, no solo recorta presupuestos: recorta derechos, presencia federal y pluralismo democrático.