La administración sanjuanina pondrá en marcha durante la segunda quincena de julio dos proyectos que marcarán el ritmo de la inversión pública en materia vial durante 2026. Sin asistencia financiera de la Nación, el Ejecutivo provincial asumirá con fondos propios la recuperación integral de la avenida de Circunvalación y la reconfiguración de uno de los accesos más conflictivos al Gran San Juan, en la intersección de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que las licitaciones ya fueron adjudicadas y que las empresas comenzaron las tareas preparatorias para el despliegue de equipos. Según precisó, el inicio efectivo de los trabajos está previsto entre el 15 y el 20 de julio, una vez finalizada la etapa de organización logística.

La renovación de Circunvalación abarcará los 16 kilómetros de los anillos interno y externo, por donde circulan diariamente cerca de 40.000 vehículos. La calzada evidencia un marcado desgaste provocado por años de uso intensivo, una situación que motivó un plan de recuperación destinado a restablecer las condiciones de seguridad, mejorar la fluidez del tránsito y prolongar la vida útil de uno de los corredores más importantes de la red urbana.

El plazo de ejecución fue establecido entre 6 y 7 meses. Para reducir las complicaciones sobre la movilidad cotidiana, la mayor parte de las tareas se desarrollará durante la noche, mientras que las labores que deban realizarse en horario diurno serán coordinadas para minimizar las restricciones a la vía rápida.

La decisión de financiar completamente el proyecto con recursos provinciales adquiere especial relevancia en un presente de retracción de la inversión nacional en obra pública. La ausencia de aportes del Gobierno central obligó a la Provincia a reformular el esquema financiero para garantizar la continuidad de un emprendimiento considerado prioritario por su impacto sobre la conectividad y la seguridad vial.

El programa también contempla la construcción de una rotonda de aproximadamente 120 metros de diámetro en el cruce de Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, un punto que concentra un elevado número de accidentes y constituye uno de los principales ingresos hacia el núcleo urbano desde los departamentos del este.

La nueva configuración reemplazará el sistema actual de circulación con el propósito de ordenar los flujos vehiculares, disminuir los riesgos de colisión y optimizar el desplazamiento tanto del tránsito liviano como del transporte pesado. El diseño incorpora espacios verdes y prevé las dimensiones necesarias para acompañar el creciente movimiento logístico asociado al corredor bioceánico.

La utilización de tarjetas de crédito cayó del 50% al 30% de las operaciones comerciales en pocos meses, mientras crecen las transferencias, los códigos QR y las billeteras virtuales. Comerciantes atribuyen el fenómeno al agotamiento de los límites de financiación, la decisión de muchas familias de reducir su endeudamiento y una persistente retracción del consumo.

El comercio sanjuanino registra una transformación acelerada en los hábitos de pago de los consumidores, impulsada por las restricciones financieras de los hogares y la expansión de las plataformas digitales. Lo que hasta hace pocos meses era el principal instrumento de financiación para las compras cotidianas comenzó a perder protagonismo frente a mecanismos electrónicos que ofrecen mayor flexibilidad y disponibilidad inmediata.

De acuerdo con datos de la Cámara de Comerciantes Unidos, las tarjetas de crédito, que representaban cerca del 50% de las operaciones, hoy concentran apenas el 30%. En contraste, entre el 40% y el 50% de las transacciones ya se concretan mediante transferencias bancarias, billeteras virtuales, códigos QR y tarjetas de débito, consolidando un cambio estructural en las preferencias de los consumidores.

El presidente de la entidad, Marcelo Quiroga, explicó que uno de los principales factores detrás de esta modificación es el escaso margen de financiación disponible. Muchos usuarios alcanzaron el límite de sus tarjetas después de utilizarlas para afrontar no solo la compra de bienes durables, sino también gastos esenciales como alimentos, lo que provoca un aumento de operaciones rechazadas por falta de crédito.

A esta limitación económica se suma la iniciativa de los usuarios para sanear sus finanzas y disminuir sus compromisos de pago. La prioridad, sostienen desde el sector, pasó a ser cancelar obligaciones pendientes antes que asumir nuevos compromisos, en un presnete donde la administración del ingreso familiar adquirió un peso determinante.

Las billeteras virtuales también ganan espacio por las alternativas de financiación que incorporan dentro de sus plataformas. La posibilidad de acceder a créditos o facilidades de pago con requisitos simplificados comienza a disputar el lugar que históricamente ocupaban las tarjetas bancarias, acelerando la digitalización de las operaciones comerciales.

El cambio en los medios de pago coincide con un contexto de debilidad del mercado interno. Durante junio, las ventas minoristas en San Juan retrocedieron un 2,94% interanual, mientras que el 43,2% de los comercios pyme informó una disminución en su facturación. Los mayores retrocesos se registraron en neumáticos y repuestos, indumentaria, artículos deportivos, relojería y joyería, además de alimentos y bebidas.

El relevamiento también confirma el predominio de los pagos electrónicos: el 50% de las operaciones se realizó mediante transferencias, QR y débito; el 30% con tarjeta de crédito, y apenas el 20% en efectivo.

Para los comerciantes, la evolución de estos indicadores expone un cambio que excede la incorporación de nuevas tecnologías. La pérdida del poder adquisitivo, el incremento de alquileres, tarifas, impuestos, combustibles y otros costos operativos continúa condicionando tanto la capacidad de compra de las familias como la rentabilidad de los negocios. En ese marco, el consumo se concentra cada vez más en bienes esenciales y obliga al comercio a adaptarse a una nueva dinámica de financiamiento y de pago, marcada por una menor dependencia del crédito bancario tradicional.

La decisión de la Corte Suprema de dejar firme la medida cautelar que ordena al Estado nacional actualizar los salarios docentes y no docentes y recomponer las becas estudiantiles, en cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, representa uno de los reveses judiciales más significativos para la política universitaria del Gobierno. El pronunciamiento no sólo ratifica la vigencia de los artículos centrales de la norma, sino que también coloca a la administración nacional frente a la obligación de ejecutar medidas concretas para revertir el deterioro presupuestario que afecta al sistema público de educación superior.

En San Juan, el fallo fue recibido como una reivindicación de un prolongado proceso de movilización sindical y social. Desde la Asociación de Docentes, Investigadores y Creadores de la Universidad Nacional de San Juan (ADICUS), su secretario general, Jaime Barcelona, sostuvo que la resolución judicial constituye «un acto de justicia» después de más de dos años marcados por el ajuste presupuestario, el congelamiento de becas y una sostenida pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios.

Barcelona recordó que los incrementos salariales otorgados durante ese período resultaron insuficientes frente a la inflación, con actualizaciones mensuales que en numerosos casos apenas alcanzaron el uno por ciento. Esa política, afirmó, derivó en una caída superior al 50% del salario real, mientras el deterioro del financiamiento alcanzó también al funcionamiento de las universidades y a programas de asistencia estudiantil, como las becas.

Para el dirigente sindical, la masiva movilización universitaria realizada este año marcó un punto de inflexión político. Según su interpretación, la contundencia de aquella protesta precipitó la reapertura de la negociación salarial y permitió alcanzar un incremento inicial del 21%, además del compromiso oficial de convocar nuevamente a la mesa paritaria antes del 10 de septiembre para continuar la discusión sobre la recomposición salarial.

Sin embargo, advirtió que el fallo judicial, por sí solo, no resuelve el deterioro acumulado. Explicó que la actualización ordenada por la Justicia representa un avance, aunque todavía resta recuperar la diferencia generada por la inflación durante los últimos años. En ese sentido, consideró que la próxima convocatoria paritaria será determinante para evaluar si el Ejecutivo cumple efectivamente con las obligaciones establecidas por la ley.

Desde ADICUS evitaron anticipar medidas de fuerza mientras permanezca vigente el compromiso asumido por el Gobierno. Barcelona sostuvo que el objetivo del gremio no es profundizar el conflicto, sino alcanzar una recuperación real de los salarios y garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas. «Si existe una propuesta seria que permita recomponer los ingresos, deberá ser analizada», planteó.

No obstante, el dirigente dejó en claro que el escenario podría modificarse si el Ejecutivo incumple los plazos acordados o posterga nuevamente la negociación. En ese caso, explicó, las federaciones universitarias evaluarán nuevas acciones gremiales y judiciales, ahora fortalecidas por una decisión de la Corte Suprema que obliga al Estado a respetar la legislación vigente.

Barcelona sostuvo además que una eventual desobediencia al fallo podría derivar en responsabilidades legales para los funcionarios encargados de ejecutar la política universitaria, al considerar que el incumplimiento de una resolución del máximo tribunal generaría configurar una violación de los deberes propios de la función pública.

La determinación judicial modifica el tablero político de la problemática universitaria. A partir de ahora, la discusión ya no gira exclusivamente en torno a reclamos gremiales o presupuestarios, sino también sobre el alcance institucional de una decisión de la Corte Suprema cuyo cumplimiento será observado de cerca por las universidades, los sindicatos y amplios sectores de la sociedad que, durante los últimos dos años, hicieron de la defensa de la universidad pública una de las expresiones de movilización más relevantes del país.

Con el plazo del 10 de septiembre como próxima fecha decisiva, el conflicto ingresa en una nueva etapa. El foco ya no estará puesto en la legitimidad del reclamo —respaldada ahora por la Justicia— sino en la voluntad política del Gobierno para cumplir una sentencia que redefine las condiciones de financiamiento del sistema universitario argentino y pone a prueba su relación con uno de los sectores más movilizados del ámbito educativo.