Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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El Gobierno activa cambios en los convenios colectivos y la CGT se prepara para resistir
La Secretaría de Trabajo comenzó a notificar a sindicatos y cámaras empresarias para adecuar 446 acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802. La revisión alcanza cláusulas sindicales y reglas de negociación, mientras los cuestionamientos judiciales y las limitaciones operativas del organismo añaden incertidumbre al proceso.
El Gobierno nacional puso en marcha la revisión de 446 convenios colectivos de trabajo, una de las medidas de mayor alcance de la reforma laboral. Las primeras notificaciones enviadas por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo convocan a sindicatos y cámaras empresarias a discutir la adecuación de sus acuerdos a la Ley de Modernización Laboral 27.802 y al decreto 407/2026.
La iniciativa había sido anticipada por el Ministerio de Capital Humano el 11 de junio. Ahora, con las convocatorias formales, comienza una etapa de negociación que puede modificar reglas históricas de las relaciones laborales, desde la vigencia de determinadas cláusulas hasta la estructura de los acuerdos salariales.
Uno de los puntos más sensibles es el tratamiento de las cláusulas obligacionales, entre ellas las cuotas solidarias que financian a organizaciones sindicales. La reforma modifica el régimen de ultraactividad, que permite mantener vigentes determinadas disposiciones de un convenio una vez vencido. En cambio, las cláusulas normativas —como salarios básicos, jornadas y licencias— tienen un tratamiento diferenciado durante la transición prevista por la ley.
La nueva legislación también promueve la negociación colectiva por empresa frente a los acuerdos por actividad y habilita mecanismos de remuneración vinculados con la productividad. Para los gremios, la revisión abre una discusión sobre la capacidad de negociación conjunta, el financiamiento sindical y la preservación de derechos laborales adquiridos.
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La CGT convocó a marchar por las universidades y reforzó su respaldo al reclamo educativo
La CGT convocó al movimiento obrero a participar de la quinta Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre, en una nueva jornada de reclamo por el financiamiento de las universidades públicas, la recomposición de los salarios docentes y nodocentes y la actualización de las becas estudiantiles.
El llamado fue difundido por la central obrera durante la movilización en defensa de la industria nacional. La decisión amplía el respaldo sindical a una protesta que busca reunir a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, familias y organizaciones sociales en todo el país.
La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) celebró la convocatoria con un mensaje centrado en la unidad de los trabajadores frente al ajuste. En la misma línea, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que conduce Walter Merkis, llamó a volver a llenar las calles en defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.
“Sin salarios dignos, no hay universidades públicas. Sin universidades públicas, no hay futuro”, señalaron desde FATUN al respaldar la movilización.
La convocatoria se produce mientras continúa la controversia judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. El juez federal Martín Cormick intimó al Estado nacional a cumplir la medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y nodocentes y de las becas estudiantiles. Tras la apelación del Gobierno, la Justicia concedió un nuevo plazo de cinco días, bajo apercibimiento de imponer sanciones económicas por incumplimiento.
Los gremios universitarios sostienen que la falta de aplicación de la norma prolonga el deterioro salarial y presupuestario. Por eso, la marcha combinará el reclamo por recursos para las instituciones con la exigencia de recuperar ingresos y garantizar condiciones adecuadas para la enseñanza.
La jornada coincidirá, además, con una sesión especial convocada por la oposición en la Cámara de Diputados a las 14, con un temario que incluye el rechazo del DNU 70/2023, una iniciativa sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
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Una familia necesitó $1.632.505 para no caer bajo la línea de pobreza
Según el INDEC, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes alcanzó los $1.632.505 en septiembre, mientras que la Canasta Básica Alimentaria llegó a $738.690. Ambas aumentaron 1,7% mensual, pero la suba interanual fue mayor en los alimentos: 40%, frente al 38,7% de la canasta que determina la línea de pobreza.
La evolución interanual muestra una presión mayor sobre los gastos alimentarios. En comparación con septiembre de 2025, la CBA aumentó 40%, mientras que la CBT subió 38,7%. Desde diciembre de 2025, las variaciones acumuladas llegaron al 25,3% y al 24,7%, respectivamente.
La diferencia entre ambas mediciones determina los umbrales oficiales de pobreza e indigencia. La canasta alimentaria contempla los requerimientos nutricionales básicos; la total incorpora, además, bienes y servicios no alimentarios indispensables, como transporte, vestimenta y otros gastos del hogar.
Los montos también varían según la composición familiar. Para un hogar de tres integrantes, el INDEC calculó $1.299.664 para superar la línea de pobreza y $588.083 para no ser indigente. En una familia de cinco personas, los valores ascendieron a $1.717.036 y $776.939, respectivamente.
En la medición individual, un adulto equivalente necesitó $528.319 para no ser pobre y $239.058 para cubrir la canasta alimentaria. El organismo utiliza esta unidad de referencia —un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada— y ajusta los montos según la edad, el género y la composición de cada hogar.
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