Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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Empresarios en “modo ajuste”: compañías rechazan subas y se profundiza el malestar laboral
La Guía Salarial Argentina expone un escenario de elevada fricción entre empresas y trabajadores: mientras siete de cada diez compañías consideran inviables las demandas de recomposición salarial, el mismo porcentaje de empleados declara estar insatisfecho con sus ingresos. El desfasaje entre expectativas y posibilidades marca el pulso de un mercado laboral atravesado por la cautela y la selectividad.
El mercado laboral argentino ingresa en 2026 con una tensión estructural cada vez más visible: la distancia entre lo que los trabajadores consideran necesario para recomponer su poder adquisitivo y lo que las empresas están dispuestas —o pueden— conceder. El relevamiento de Michael Page, elaborado a partir de encuestas a 1.900 organizaciones y más de 1.300 profesionales, revela que el 70% de las firmas percibe las pretensiones salariales como “fuera de presupuesto”, una definición que sintetiza el clima de época.
Del otro lado del mostrador, la insatisfacción es igualmente contundente: siete de cada diez trabajadores califican su salario como “regular” o directamente insuficiente. La presión por recomponer ingresos se traduce en demandas concretas: el 58% exige incrementos superiores al 20% como condición para evaluar un cambio laboral. Sin embargo, la respuesta empresaria dista de acompañar esa expectativa: apenas el 8% proyecta otorgar aumentos por encima de ese umbral.
La comparación interanual acentúa el giro hacia la prudencia. En 2025, un 41% de las compañías manifestaba intención de expandir su dotación; hoy, ese porcentaje se reduce al 30%. Aunque el 60,6% de las firmas mantiene previsiones de crecimiento, las decisiones de contratación se subordinan a criterios de productividad y sostenibilidad, dejando en segundo plano la expansión agresiva de plantillas.
En este cuadro, el managing director regional de PageGroup, Álvaro Párker, advierte que el desafío ya no pasa exclusivamente por la remuneración. “Las organizaciones necesitan fortalecer y diferenciar su propuesta de valor para atraer y retener talento”, plantea, en un escenario donde la compensación económica pierde centralidad relativa frente a otros factores.
Cambio de paradigma en las condiciones laborales
El informe confirma una transformación en las prioridades del talento. El 94% de los profesionales busca propuestas personalizadas que incluyan beneficios en salud, esquemas de trabajo flexibles, vacaciones y bonos. En particular, la modalidad laboral se consolida como un factor crítico: el 78% rechaza los esquemas completamente presenciales.
Sin embargo, la mayoría de las empresas aún no logra adaptarse a esa demanda: el 71% continúa ofreciendo paquetes estandarizados, lo que profundiza la brecha entre oferta y expectativa. Este desacople se traduce en una creciente intención de rotación y en una percepción extendida de estancamiento: más del 50% de los trabajadores no visualiza oportunidades de desarrollo dentro de sus organizaciones.
Talento escaso y selectividad en la contratación
En este sentido, el mercado exhibe otro rasgo estructural: la escasez de perfiles calificados en áreas clave. Sectores como Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología concentran la demanda de competencias técnicas en niveles medios y ejecutivos.
No obstante, el 35,4% de las empresas reconoce dificultades para cubrir esas posiciones, lo que introduce una paradoja: aun en un contexto de ajuste, persisten nichos de alta demanda donde el talento escasea y se vuelve estratégico.
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La CGT eleva la presión tras el 1° de mayo y no descarta una nuevo paro general
La Confederación General del Trabajo anticipó un endurecimiento de su plan de acción tras la movilización por el Día del Trabajador. Aunque evita confirmar fechas, la conducción cegetista no descarta un nuevo paro general en un clima de creciente conflictividad laboral.
A horas de la movilización convocada para este 1° de mayo, la CGT elevó el tono de su discurso y dejó abierta la puerta a una profundización del conflicto con el Gobierno. El dirigente Jorge Sola, integrante del triunvirato que conduce la central, adelantó que, una vez finalizada la marcha hacia Plaza de Mayo, el sindicalismo avanzará hacia “una medida de fuerza mucho más fuerte”, aunque evitó precisar si se tratará de un nuevo paro general.
Las declaraciones, formuladas en la antesala de una jornada que el movimiento obrero busca convertir en una demostración de fuerza, reflejan un cambio de clima en la estrategia sindical. “El primer paso es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe”, sostuvo Sola, quien comparte la conducción con Octavio Argüello y Cristian Jerónimo.
El diagnóstico que impulsa esta escalada no se limita a la caída del consumo. Desde la central obrera describen un escenario más amplio, atravesado por el endeudamiento de los hogares, la pérdida de empleo y la precarización de las nuevas oportunidades laborales. En ese contexto, la movilización de este jueves —prevista desde las 15 hacia Plaza de Mayo— buscará canalizar ese malestar y exhibirlo como un factor de presión política.
La jornada tendrá, además, una impronta simbólica. Según adelantaron desde la conducción sindical, la convocatoria también rendirá homenaje al papa Francisco, a un año de su fallecimiento, destacando su influencia en la defensa de los derechos laborales y la dignidad del trabajo.
Pese al tono enfático de las advertencias, en la cúpula cegetista intentan evitar definiciones apresuradas. “Primero, la marcha”, sintetizan puertas adentro, en una señal de que cualquier decisión sobre una eventual huelga dependerá del impacto político y social de la movilización. No obstante, de concretarse un nuevo paro general, se trataría del quinto desde la asunción del presidente Javier Milei, lo que consolidaría un escenario de alta confrontación entre el Gobierno y el sindicalismo.
La protesta contará con el respaldo de organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que en paralelo mantiene su propia agenda de reclamos vinculados a programas sociales y condiciones de subsistencia. La articulación entre gremios y movimientos sociales refuerza la capacidad de movilización y amplía el alcance de la protesta.
En el plano institucional, la central también mantiene abiertos frentes judiciales. Sola cuestionó el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que se declaró competente para analizar la constitucionalidad de la reforma laboral (Ley 27.802), impulsada por el Ejecutivo. El dirigente reclamó que la causa “vuelva al juez natural”, en referencia al magistrado laboral Raúl Horacio Ojeda, quien había suspendido artículos clave de la norma, y advirtió que, de no prosperar ese planteo, acudirán a la Corte Suprema.
En simultaneo, desde la CGT aseguran que los conflictos sindicales “se han triplicado” en los últimos meses, con focos particularmente intensos en regiones productivas como Cuyo, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Este dato no solo refleja una mayor tensión en el mercado laboral, sino que también funciona como un termómetro del deterioro en la relación entre trabajadores, empresas y Estado.
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YPF aplicó nuevos aumentos: cómo quedaron los valores y qué pasa con el consumo en San Juan
La petrolera estatal YPF actualizó sus precios a fines de abril con variaciones acotadas. Mientras las naftas registraron subas marginales, el gasoil mostró leves retrocesos. En contrapartida, el nivel de consumo en la provincia se sostiene e incluso exhibe signos de crecimiento, en contraste con la tendencia nacional.
El cierre de abril trajo consigo un nuevo movimiento en los surtidores de San Juan, aunque con una dinámica más moderada respecto de ajustes anteriores. Desde el primer minuto del miércoles 29, las estaciones de servicio de YPF aplicaron una actualización de precios que, en términos generales, se ubicó en una franja de entre el 0,3% y el 1,5%, configurando un escenario de relativa estabilidad en el mercado local de combustibles.
En este marco, la nafta Súper pasó de $2.096 a $2.102 por litro, lo que representa un incremento del 0,3%. En la misma línea, la Infinia avanzó de $2.282 a $2.288, con una suba del 0,26%. Se trata de variaciones contenidas que, si bien consolidan una tendencia alcista, lo hacen con una intensidad menor a la observada en meses previos.
Distinto fue el comportamiento en el segmento del gasoil, donde se verificaron ligeras correcciones a la baja. El Diesel 500 descendió de $2.195 a $2.185 (-0,45%), mientras que el Infinia Diesel retrocedió de $2.368 a $2.358, con una disminución del 0,42%. En tanto, el GNC también registró un ajuste y se ubicó en torno a los $750 por metro cúbico.
Más allá de estas fluctuaciones, el dato que sobresale en la plaza sanjuanina es la resiliencia del consumo. A contramano de lo que ocurre en otras regiones del país —donde los incrementos suelen impactar de manera directa en la demanda—, las estaciones de servicio locales continúan reportando un flujo sostenido de usuarios. Incluso, fuentes del sector señalan que el volumen de despacho muestra signos de expansión, posicionando a la provincia como una excepción dentro de un contexto nacional caracterizado por la retracción de las ventas minoristas.
Este comportamiento abre interrogantes sobre las particularidades del mercado regional. Factores como la dinámica de la actividad económica local, el peso del transporte y ciertas características estructurales del consumo podrían estar amortiguando el impacto de los aumentos, al menos en el corto plazo.
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