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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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Judiciales nacionales con salarios bajo la línea de pobreza en la mayoría del país

Un informe de la Federación Judicial Argentina advierte que 16 provincias no alcanzan el umbral básico y expone una brecha salarial de hasta 300% entre jurisdicciones.

La estructura salarial del Poder Judicial argentino quedó bajo fuerte cuestionamiento tras el último relevamiento de la Federación Judicial Argentina, que confirma un deterioro sostenido del ingreso real y una fragmentación territorial que desafía cualquier criterio de equidad federal. El estudio, basado en datos de marzo y contrastado con la Canasta Básica Total definida por el INDEC, revela que en 16 de las 24 jurisdicciones analizadas los sueldos iniciales se ubican por debajo de la línea de pobreza.

El dato sintetiza una transformación profunda: el ingreso de quienes recién ingresan a la carrera judicial ya no garantiza cubrir necesidades elementales en gran parte del territorio.

Un mapa salarial fragmentado

El informe —impulsado por la conducción de Matías Fachal— describe un país dividido en bloques claramente diferenciados. En la región patagónica, algunos distritos logran sostener ingresos por encima del costo de vida, aunque con matices. Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego exhiben márgenes positivos, mientras que Río Negro y Chubut, pese a salarios nominalmente altos, no logran cubrir la canasta regional.

En el Área Metropolitana, la distancia resulta aún más elocuente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires muestra ingresos que superan ampliamente el umbral de pobreza, en tanto que la Provincia de Buenos Aires presenta un cuadro crítico, con salarios iniciales muy por debajo del nivel necesario para sostener un hogar. Entre ambas jurisdicciones se registra una diferencia cercana al 300%, un dato que desnuda una asimetría estructural dentro de un mismo sistema judicial.

Regiones en retroceso sostenido

El relevamiento también identifica zonas donde la insuficiencia salarial es generalizada. En la región pampeana —que incluye distritos como Córdoba, Entre Ríos y La Pampa— ninguna jurisdicción alcanza la línea de pobreza, consolidando un patrón de ingresos rezagados frente al costo de vida.

Una situación similar se observa en Cuyo, donde San Juan, San Luis y Mendoza presentan brechas negativas, con este último distrito registrando uno de los desfasajes más pronunciados del país.

En el norte argentino, la situación combina heterogeneidad y fragilidad. Mientras Chaco logra sostener un margen favorable, provincias como Formosa, Misiones, Salta, Jujuy y La Rioja exhiben déficits significativos, con salarios que quedan muy por debajo del costo de subsistencia.

El salario judicial y la pérdida de referencia nacional

Más allá de las diferencias regionales, el informe plantea un cuestionamiento de fondo: la inexistencia de un piso salarial común vinculado al costo de vida. Esta ausencia ha convertido la remuneración judicial en una variable dependiente del territorio, desdibujando el principio de “igual tarea, igual remuneración”.

La federación advierte que el problema no se limita a la magnitud de los ingresos, sino a su desconexión con la realidad económica de cada región. Incluso en distritos donde los salarios parecen elevados en términos nominales, la presión de precios —especialmente en el sur— neutraliza cualquier ventaja aparente.

Reclamo gremial: paritaria nacional y convenios colectivos

Frente a este panorama, la Federación Judicial Argentina volvió a exigir la implementación de una paritaria nacional que establezca criterios mínimos homogéneos, junto con convenios colectivos en cada jurisdicción que contemplen particularidades locales sin profundizar desigualdades.

La organización sostiene que la actual dispersión salarial no solo afecta el poder adquisitivo, sino también las condiciones de trabajo y la calidad del servicio judicial, al generar realidades laborales profundamente dispares dentro de una misma estructura institucional.

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Cómo acceder a la jubilación para personal de casas particulares

El acceso a la jubilación para el personal de casas particulares exige mucho más que cumplir la edad requerida. Detrás del trámite hay una verificación exhaustiva de aportes, condiciones laborales y documentación respaldatoria que, en numerosos casos, termina siendo el principal obstáculo para quienes buscan iniciar el retiro.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Asesoramiento Previsional, precisó los pasos y condiciones que rigen para este sector, uno de los más expuestos a la informalidad y a trayectorias laborales fragmentadas.

Quiénes pueden jubilarse y bajo qué condiciones

El esquema previsional vigente establece que las mujeres pueden acceder al beneficio a partir de los 60 años y los hombres desde los 65, con un requisito común: acreditar 30 años de aportes efectivos.

Sin embargo, en el caso del trabajo doméstico, ese requisito adquiere una particularidad central: las contribuciones deben corresponder, como mínimo, a una carga laboral equivalente a 16 horas semanales.

Cuando la actividad fue inferior a ese umbral, el sistema contempla la posibilidad de completar los aportes faltantes mediante un mecanismo de regularización. Este proceso no es automático: requiere evaluación técnica y la confección de formularios específicos para compensar los períodos incompletos.

El punto crítico: cómo demostrar la relación laboral

Uno de los aspectos más sensibles del trámite es la acreditación del vínculo laboral. A diferencia de otros sectores formales, donde los registros son más sistemáticos, en el servicio doméstico muchas relaciones se desarrollaron sin respaldo administrativo completo.

Por eso, la normativa exige una batería amplia de documentación que permita reconstruir la historia laboral. Entre los principales instrumentos se destacan:

.Certificación del empleador (Formulario PS 6.293)
.Declaraciones juradas del trabajador y sobre documentación (PS 6.292 y PS 6.294)
.Recibos de sueldo y comprobantes de pago
.Boletas de depósito previsional
.Constancias de obra social o afiliación sindical
.Registros médicos o laborales vinculados al domicilio de trabajo
.En ausencia de certificaciones formales, el sistema admite declaraciones juradas, aunque acompañadas de pruebas que respalden lo declarado.

Dónde y cómo iniciar el trámite

La gestión debe realizarse de manera presencial en la Dirección de Asesoramiento Previsional, ubicada en Casa de Gobierno, presentando:

.DNI
.Clave de Seguridad Social de ANSES
.Clave Fiscal de ARCA

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7.30 a 14.30.
Desde el organismo recomiendan iniciar el proceso con anticipación y no esperar al cumplimiento exacto de la edad jubilatoria, debido a la complejidad administrativa que puede implicar la validación de aportes.

Trayectorias mixtas y evaluación diferencial

Un aspecto relevante es la situación de quienes alternaron tareas domésticas con otras actividades laborales. En esos casos, el análisis previsional no es uniforme: se ponderan los distintos regímenes para determinar tanto la edad de retiro como los años de aportes exigidos. Este criterio busca evitar inequidades, aunque introduce una mayor complejidad técnica en la evaluación de cada expediente.

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Recomposición del 3,4% para trabajadores de Claro, Telecom y Movistar

Los trabajadores de las principales operadoras del país —Claro, Telecom Argentina y Movistar— alcanzaron un nuevo entendimiento paritario que fija una recomposición salarial del 3,4%, en línea con la evolución reciente de los precios y la estrategia gremial de actualización periódica.

El acuerdo fue rubricado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones, espacio que nuclea a las principales federaciones del sector y que conduce Claudio Marín. La negociación consolida un esquema de incrementos escalonados que busca sostener el poder adquisitivo en un rubro altamente volátil y tecnológicamente intensivo.

Dos tramos: alivio inmediato y recomposición estructural

La pauta acordada se instrumenta en dos etapas consecutivas. Por un lado, se liquidará con los haberes de abril una suma extraordinaria equivalente al 3,4% de las escalas vigentes, concebida como compensación inmediata.

En este sentido, desde mayo ese mismo porcentaje se integrará de forma permanente al salario, impactando directamente en las escalas del sector. Esta segunda instancia no solo mejora los ingresos corrientes, sino que también eleva la base de cálculo para adicionales, antigüedad y futuras negociaciones.

Aplicación diferenciada según la actividad

El diseño del incremento contempla particularidades según el segmento laboral, con el objetivo de optimizar su efecto en la estructura salarial:
Servicios móviles: el aumento se traslada en su totalidad al salario básico, reforzando el ingreso directo.

Servicios fijos: la distribución adopta un esquema mixto. Un 3% se reparte entre salario básico (60%) y adicional especial (40%), mientras que el 0,40% restante se canaliza como viático convencional, con incidencia en productividad y turnos.

Este esquema refleja la heterogeneidad interna del sector, donde conviven tareas técnicas, operativas y comerciales con distintas modalidades de remuneración.

Proyección y efectos colaterales

Desde la representación sindical subrayaron que las nuevas escalas no solo impactan en los haberes mensuales, sino que también servirán como referencia para el cálculo del “Día del Trabajador Telefónico” correspondiente a 2027, un componente relevante dentro del esquema de ingresos anual.

El entendimiento ratifica, además, la continuidad de negociaciones periódicas en un rubro donde la actualización salarial se volvió una herramienta clave para amortiguar el deterioro del ingreso real.

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