Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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Diego Martín consiguió su tercer mandato consecutivo en el Sindicato de Obras Sanitarias
La lista Azul se impuso sobre la Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, en los comicios realizados este viernes. La diferencia fue de apenas 12 votos, sobre un padrón de casi 330 afiliados, con una participación cercana al 95%.
Diego Martín continuará al frente del Sindicato de Obras Sanitarias (Si.O.Sa.) tras imponerse por apenas 12 votos en las elecciones gremiales realizadas este viernes 7 de agosto. El dirigente de la lista Azul derrotó a la nómina Tricolor, encabezada por Norberto “Noly” Gómez, y obtuvo así un nuevo mandato que extenderá a tres períodos consecutivos su permanencia en la conducción del sindicato que representa a los trabajadores de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).
La elección tuvo una participación cercana al 95% de un padrón de casi 330 afiliados, una concurrencia elevada para un comicio gremial. Además del resultado entre las dos listas, se registró un voto en blanco y otro nulo.
Martín asumió por primera vez la conducción de Si.O.Sa. en 2018 y fue reelegido en 2022. La victoria de este viernes le permitirá iniciar un tercer período consecutivo al frente de la organización.
La lista Azul llevó a Alfredo Garay como candidato a secretario Adjunto y a Juan Sánchez para la Secretaría Gremial. La nómina opositora, en tanto, postuló a Facundo Zárate como Adjunto y a Mariana Godoy para ocupar la Secretaría Gremial.
Los afiliados votaron durante toda la jornada en distintos puntos vinculados con OSSE. Se habilitaron mesas en la Casa Central, el Obrador y Marquesado, además de otros puntos distribuidos en departamentos del interior provincial.
La organización de los comicios contempló también la participación de trabajadores que cumplen funciones en zonas alejadas. Para ello se utilizaron urnas móviles, que permitieron acercar la votación a afiliados de departamentos como Calingasta e Iglesia.
Una disputa entre continuidad y renovación
La elección enfrentó dos propuestas con perfiles diferentes. Martín buscó preservar la conducción que encabeza desde 2018 y presentó la lista Azul como una alternativa de continuidad. Gómez, por su parte, encabezó la Tricolor con un discurso centrado en la renovación y cuestionamientos a la conducción del sindicato.
La diferencia final muestra la paridad que atravesó el comicio: con un padrón cercano a los 330 trabajadores y una asistencia de aproximadamente 95%, 12 votos fueron suficientes para definir la conducción del gremio durante los próximos cuatro años.
La contienda también estuvo acompañada por lecturas políticas externas al ámbito estrictamente sindical. Durante las semanas previas circularon referencias sobre los vínculos de cada espacio con distintos dirigentes políticos y gremiales de la provincia.
Martín, integrante del ámbito de la CGT, mantiene vínculos con dirigentes del justicialismo. Una de las expresiones públicas de esos acercamientos se produjo durante la celebración del Día del Sanitarista, realizada en mayo, que contó con la presencia del diputado nacional Cristian Andino y del secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias de Argentina (Fentos), Carlos Adamo.
La lista Tricolor, en tanto, mantuvo conversaciones con referentes vinculados al oficialismo provincial. Entre los nombres mencionados durante la previa apareció el gerente general de OSSE, Carlos Orrego, aunque los contactos no derivaron en una lista unificada y Gómez terminó encabezando la alternativa opositora.
Esas vinculaciones funcionaron como parte de las interpretaciones que rodearon la elección, pero la definición quedó finalmente circunscripta al voto de los afiliados. El resultado fue una victoria estrecha para la conducción vigente.
Un tercer período con una señal electoral
El resultado le permite a Martín conservar la conducción de Si.O.Sa. después de una elección en la que la oposición consiguió disputar el resultado hasta el último voto.
La elevada participación y la escasa diferencia entre las dos listas constituyen los principales datos políticos del comicio interno. El nuevo mandato comenzará con una conducción ratificada por los afiliados, pero frente a una oposición que quedó a solo 12 votos de distancia.
Para Martín, la victoria representa la continuidad de un ciclo iniciado en 2018. Para el gremio, el resultado deja además una conducción legitimada por una elección de alta concurrencia y una disputa particularmente cerrada.
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Otro fallo judicial limita el alcance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y suspendió, para el Convenio Colectivo 704/14, la aplicación de disposiciones de la Ley 27.802 y de los decretos 407/2026 y 612/2026. La resolución es provisoria y mantendrá vigentes las cláusulas del convenio mientras continúa el juicio.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno sumó una nueva disputa judicial. El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 77 hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) y suspendió la aplicación de determinadas disposiciones de la nueva legislación y sus decretos reglamentarios sobre el Convenio Colectivo de Trabajo 704/14.
La resolución fue dictada por el juez Mariano Candal y alcanza exclusivamente al convenio que rige para los trabajadores representados por SUTEP. El magistrado dispuso mantener vigentes sus cláusulas normativas y obligacionales mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El alcance de la decisión es relevante, aunque no equivale a una declaración definitiva de inconstitucionalidad. Se trata de una medida cautelar, por lo que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del CCT 704/14 hasta que avance el proceso judicial y exista una resolución sobre el fondo de la demanda.
La presentación original de SUTEP cuestionó artículos de la Ley 27.802 y de los Decretos 407/2026, vinculados con la continuidad de los convenios colectivos una vez vencido su plazo y con el régimen de aportes y contribuciones destinados a las organizaciones sindicales y a entidades vinculadas con ellas.
El sindicato sostuvo que esas modificaciones afectaban derechos establecidos en su convenio colectivo y promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas (CAEM), en relación con el CCT 704/14.
La controversia se amplió posteriormente a partir de la entrada en vigencia del Decreto 612/2026. SUTEP incorporó a su demanda el artículo 1 de esa norma, al cuestionar modificaciones sobre la base utilizada para determinar los conceptos salariales alcanzados por aportes y contribuciones.
Entre los puntos objetados aparece la exclusión de determinados conceptos de la remuneración, entre ellos el Sueldo Anual Complementario (SAC) y las horas extras.
Qué resolvió el juzgado
La decisión judicial suspendió la aplicación de esas disposiciones únicamente respecto del CCT 704/14. De esta manera, las condiciones establecidas en el convenio mantienen su vigencia y pueden ser exigidas mientras continúa el trámite de la demanda.
El fallo adquiere relevancia porque la discusión no se limita al contenido económico de un convenio. La demanda también plantea interrogantes sobre el alcance de la ultraactividad, es decir, la continuidad de las cláusulas de un convenio colectivo una vez vencido formalmente hasta que sea reemplazado por otro.
SUTEP sostuvo que las modificaciones cuestionadas podían afectar tanto la capacidad de negociación colectiva como los recursos destinados al funcionamiento de la organización sindical y de la Asociación Mutual AMERA.
En los fundamentos destacados por la organización gremial y la CGT, el juzgado habría considerado que algunas de las restricciones introducidas por las nuevas normas no encuentran antecedentes equivalentes en el sistema argentino de relaciones colectivas y deben ser examinadas a la luz de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El análisis judicial también incorporó el posible impacto económico de las modificaciones sobre las organizaciones sindicales y sobre las prestaciones sociales, asistenciales, mutuales y de capacitación que brindan a sus afiliados.
El respaldo de la CGT
La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la resolución y ubicó el expediente dentro de la ofensiva judicial que distintas organizaciones gremiales llevan adelante contra aspectos de la reforma laboral.
La central obrera sostuvo que la disputa excede el caso particular de SUTEP porque involucra cuestiones vinculadas con la continuidad de los convenios colectivos y con las fuentes de financiamiento de las organizaciones sindicales.
“Lo que estuvo en juego en este expediente excede a un sindicato en particular”, expresó la CGT al respaldar el fallo, y sostuvo que una modificación sobre la ultraactividad o sobre los recursos gremiales puede repercutir sobre la capacidad de las organizaciones para sostener prestaciones y derechos colectivos.
Desde SUTEP, en tanto, interpretaron la resolución como un respaldo a la vía judicial elegida para preservar las condiciones establecidas en el convenio y cuestionar aquellas disposiciones que, según su planteo, perjudican a los trabajadores y a su representación sindical.
Una disputa que continúa en los tribunales
El fallo no clausura la discusión. La causa continuará su trámite y deberá resolver si los cuestionamientos formulados por SUTEP tienen sustento suficiente para una decisión definitiva sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.
Por ahora, el efecto concreto es que las disposiciones cuestionadas quedan suspendidas respecto del Convenio Colectivo 704/14, mientras sus cláusulas permanecen vigentes y exigibles.
La resolución se suma así a la creciente judicialización de la reforma laboral. Mientras el Gobierno defiende las modificaciones como parte de su política de transformación del régimen de trabajo, distintas organizaciones sindicales recurren a los tribunales para preservar derechos establecidos en convenios colectivos.
El caso de SUTEP abre un nuevo episodio en esa disputa: la Justicia decidió preservar, de manera provisoria, las condiciones de un convenio colectivo frente a disposiciones de la reforma laboral. El alcance definitivo del fallo dependerá ahora de lo que ocurra en el proceso principal, pero la resolución vuelve a colocar en los tribunales una parte sustancial de la discusión sobre el futuro de la negociación colectiva y el financiamiento sindical.
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San Juan renovará la Ruta 40 Norte con fondos vinculados al proyecto Vicuña
La Ruta Nacional 40 Norte será sometida a una intervención integral que modificará distintos puntos del corredor entre Albardón y Jáchal. El proyecto contempla soluciones diferentes según las características de cada tramo y será ejecutado por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, con financiamiento proveniente del acuerdo alcanzado con el proyecto minero Vicuña.
La intervención fue dividida en tres segmentos: Albardón-Villicum, Villicum-Talacasto y Talacasto-San Roque. El diseño combina ampliaciones de calzada, repavimentación y obras hidráulicas destinadas a mejorar la circulación y reforzar la infraestructura frente a contingencias climáticas.
La modificación más importante se concentrará entre Albardón y Villicum. Allí está prevista la construcción de una doble calzada de 12 kilómetros, con dos carriles por sentido, divisor central de hormigón tipo New Jersey y banquinas pavimentadas.
La ampliación permitirá separar los sentidos de circulación y aumentar la capacidad del corredor en uno de los accesos de mayor tránsito hacia el norte provincial. La incorporación de banquinas pavimentadas también apunta a mejorar las condiciones de seguridad para quienes circulen por ese tramo.
Entre Villicum y Talacasto, en cambio, se mantendrá la calzada simple, aunque se incorporarán terceras trochas en distintos puntos. La obra permitirá generar espacios destinados al sobrepaso, una mejora especialmente relevante para la circulación conjunta de vehículos livianos y transporte pesado.
En ese mismo tramo se prevé la construcción de nuevas alcantarillas y defensas, con intervenciones destinadas a ordenar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de lluvias intensas y crecientes sobre la ruta.
El tercer segmento se extenderá desde Talacasto hasta San Roque, en Jáchal. Por tratarse del tramo más extenso, la intervención estará orientada principalmente al fortalecimiento de la infraestructura existente. Se ejecutarán alteos de calzada, alcantarillas y defensas, con el propósito de reducir los cortes provocados por el agua y mejorar la transitabilidad.
La obra adquiere relevancia por el papel que cumple la Ruta 40 como corredor de conexión entre el Gran San Juan, los departamentos del norte y distintos puntos vinculados con la producción, la minería y el turismo. La mejora de la infraestructura también apunta a facilitar el traslado de bienes y personas hacia Jáchal y las localidades ubicadas a lo largo del recorrido.
Asimismo, la iniciativa prioriza el fortalecimiento de la conexión con el Paso Internacional de Agua Negra. Dada su relevancia para la integración chilena y el comercio global, las rutas del norte sanjuanino adquieren un valor estratégico fundamental.
La intervención, además, tendrá impacto sobre servicios esenciales. Una ruta con mayor capacidad y mejores condiciones de circulación puede favorecer el acceso de los habitantes de las localidades del norte a hospitales, escuelas, organismos públicos y centros comerciales, al tiempo que mejora las condiciones para el transporte de cargas.
El financiamiento constituye otro de los elementos centrales del proyecto. La obra será afrontada con recursos derivados del acuerdo alcanzado por la provincia en relación con Vicuña, uno de los principales proyectos mineros en desarrollo en San Juan.
De esta manera, los fondos vinculados con la expansión minera serán destinados también a infraestructura de alcance provincial, en una obra que busca acompañar el crecimiento del tránsito y las necesidades de conectividad del corredor norte.
La transformación de la Ruta 40 entre Albardón y Jáchal combinará ampliaciones, nuevos carriles de sobrepaso y refuerzos estructurales en un recorrido con funciones viales, productivas y turísticas. La magnitud de la intervención quedará determinada por la ejecución de cada tramo, pero el proyecto ya plantea una modificación sustancial de uno de los principales corredores terrestres del norte sanjuanino.
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