El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, negó que la planta de Albardón haya dejado de funcionar y afirmó que conserva su dotación laboral. También explicó que desde enero la planta tiene un nuevo propietario y que la marca Tía Maruca quedó desvinculada de la operación sanjuanina.

Las versiones sobre un eventual cierre de la fábrica de galletitas de Albardón volvieron a circular en las últimas horas, pero fueron desmentidas por el Gobierno de San Juan. El secretario de Industria y Comercio, Alejandro Martín, aseguró que la planta continúa operativa y mantiene la misma cantidad de trabajadores.

El funcionario explicó que no se trata de una noticia nueva y cuestionó la reiteración de una versión que, según sostuvo, ya había circulado en abril. “Cada tanto esa noticia vuelve a aparecer”, señaló, al tiempo que reconoció que la caída del consumo y las dificultades que atraviesa buena parte de la industria nacional generan un terreno propicio para este tipo de versiones.

Uno de los cambios producidos durante este año estuvo vinculado con la propiedad de la empresa. Martín indicó que Juan Carlos Crovella adquirió en enero la totalidad del paquete accionario, aunque esa modificación no implicó el cierre ni la paralización de la planta ubicada en Albardón.

También hubo una modificación relevante en torno a la marca Tía Maruca. Según precisó el funcionario, esa denominación ya no forma parte de la operación de la fábrica sanjuanina y quedó en manos de Alejandro Ripani, quien continúa elaborando productos de la marca desde una planta ubicada en Luján.

El establecimiento industrial, en tanto, mantiene la elaboración de sus propias marcas, entre ellas Argentitas y Dale, además del resto de las líneas que permanecieron bajo la conducción de la planta. La dotación de personal, de acuerdo con la información brindada por Martín, tampoco sufrió modificaciones.

La aclaración oficial apunta así a separar dos cuestiones que habían quedado mezcladas en las versiones difundidas: el cambio de propietario y la desvinculación de Tía Maruca no significaron el cierre de la fábrica de Albardón.

Martín reconoció que la compañía enfrenta un período complejo por el menor consumo interno, pero sostuvo que la planta continúa sosteniendo sus operaciones. “La venta al consumo interno está difícil, pero esta planta se está sosteniendo”, afirmó.

La jueza Adriana Tettamanti, del Juzgado Contencioso Administrativo, hizo lugar al reclamo de AMPUNSJ contra Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. y ordenó completar el parcelamiento e inscripción de los terrenos del Loteo Valle Encantado. La empresa deberá cumplir en seis meses y pagar $15.369.487 más intereses.

La Justicia de San Juan condenó a Proyectos Residenciales y Comerciales S.A. (P.R.Y.C.S.A.) a completar la regularización parcelaria del emprendimiento inmobiliario Valle Encantado y estableció una reparación económica a favor de la Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (AMPUNSJ).

La titular del Juzgado Contencioso Administrativo, resolvió la demanda interpuesta por la mutual, originada en la inobservancia de las obligaciones de un contrato suscrito el 15 de enero de 2021.

El fallo establece que la empresa deberá concretar el parcelamiento e inscripción parcelaria de los lotes comprendidos en el emprendimiento. Para hacerlo, dispone un plazo de seis meses desde la notificación de la sentencia, con la posibilidad de aplicar sanciones económicas si la orden judicial no es cumplida.

Además de la obligación de regularizar los terrenos, la magistrada fijó una indemnización de $15.369.487 por daños y perjuicios, suma que deberá actualizarse mediante los intereses correspondientes hasta su efectivo pago.

El veredicto también alcanza a 87 asociados de AMPUNSJ individualizados en el expediente. La determinación de cuánto corresponde a cada uno deberá efectuarse durante la etapa de ejecución de sentencia, por lo que todavía resta definir la distribución concreta de esos montos y la modalidad mediante la cual se harán efectivos.

El expediente tuvo una instancia de conciliación el 9 de abril de 2026, con participación de representantes de la mutual y de la empresa. El encuentro concluyó sin acuerdo, por lo que el juzgado dispuso continuar con la producción de prueba hasta arribar a la resolución ahora conocida.

El fallo corresponde a la primera instancia y, por lo tanto, la empresa tiene la posibilidad de recurrir ante la Cámara Contencioso Administrativa. Una eventual apelación abrirá una nueva instancia de revisión sobre la resolución, mientras que la ejecución de las obligaciones y los derechos económicos reconocidos en el proceso quedarán sujetos a las decisiones que adopte la Justicia.

Un estudio del CESBA y la OIT determinó que el 67% del empleo de la Ciudad de Buenos Aires presenta algún grado de exposición a la inteligencia artificial generativa. La CGT llevó la preocupación al Vaticano y reclamó que la transformación tecnológica no quede exclusivamente en manos empresarias.

La expansión de la inteligencia artificial generativa comenzó a ocupar un lugar central en la agenda del movimiento obrero argentino. La discusión ya no se limita a sus efectos sobre la productividad: también alcanza la estabilidad laboral, la capacitación, las desigualdades entre trabajadores y el papel que tendrán los sindicatos en la definición de las nuevas reglas.

Uno de los datos más contundentes surgió de un estudio elaborado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires (CESBA) junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El informe estableció que el 67% del empleo porteño presenta algún grado de exposición a la IA, con un índice de 0,353 sobre una escala de cero a uno. El registro supera los promedios de la Argentina —0,292— y de América Latina —0,257—, además de los correspondientes a Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Solo Singapur aparece por encima.

La elevada exposición se explica por la composición de la economía porteña, fuertemente concentrada en servicios. Las mayores posibilidades de transformación se observan en la administración pública, las finanzas, las tecnologías de la información, los servicios profesionales, el comercio, el alojamiento y la gastronomía. En cambio, la construcción, el servicio doméstico y las ramas vinculadas con las artes y el entretenimiento presentan niveles inferiores al promedio.

Durante la presentación, el titular del CESBA, Manuel Socías, sostuvo que la estructura productiva de la Ciudad la vuelve especialmente permeable al cambio tecnológico. Por ese motivo, planteó la necesidad de establecer con urgencia instancias de diálogo social tripartito que permitan convertir la IA en una herramienta de desarrollo y no en una fuente de exclusión.

El relevamiento también mostró que el impacto no será uniforme. Los asalariados registrados, profesionales y trabajadores operativos aparecen entre los grupos más expuestos, mientras que los empleos no registrados y de menor calificación presentan una menor incidencia potencial. Las diferencias por género tampoco son lineales: los varones profesionales tienen una exposición superior a la de las mujeres con igual calificación, pero la relación se invierte en los puestos operativos. El cruce entre edad y género deja, sin embargo, un dato particularmente sensible: las mujeres jóvenes constituyen el grupo más vulnerable.

La explicación está vinculada con el tipo de tareas que la IA generativa puede transformar con mayor rapidez: redacción, procesamiento de información, análisis, programación y otras labores cognitivas desarrolladas principalmente en oficinas. El riesgo, por lo tanto, no se concentra únicamente en los empleos de baja calificación, sino también en ocupaciones profesionales y administrativas.

A escala nacional, un informe de la entonces Secretaría de Trabajo, elaborado a mediados de 2023, había estimado que más de la mitad del empleo formal privado —alrededor de tres millones de puestos— incluía tareas total o parcialmente automatizables mediante inteligencia artificial generativa. Ese diagnóstico todavía no fue actualizado oficialmente.

Desde el ámbito empresario, un estudio de la Unión Industrial Argentina y Accenture calculó que la incorporación de estas herramientas podría transformar hasta el 40% de la jornada laboral en las fábricas y elevar la productividad. El mismo trabajo advirtió, no obstante, que la Argentina recibe apenas el 2% de la inversión regional en inteligencia artificial y que solo una de cada tres empresas industriales destina recursos a estas tecnologías.

La CGT trasladó la discusión al plano internacional durante la audiencia que una delegación encabezada por Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo mantuvo con el papa León XIV en el Vaticano. En el encuentro, los dirigentes expusieron el deterioro del poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la pérdida de empleo, pero también incorporaron la expansión de la IA como uno de los factores que podrían alterar la estructura del mercado laboral.

La posición sindical apunta a evitar que la modernización tecnológica sea definida exclusivamente por las empresas. La central obrera reclama participación de los trabajadores, formación profesional, mecanismos de transición y garantías frente a eventuales desplazamientos de puestos.