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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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Departamentales

San Juan acelera las obras preventivas frente a posibles crecidas de ríos y arroyos


La Provincia desplegó un operativo de obras hídricas en 15 departamentos para mejorar el escurrimiento del agua y reducir los daños que podrían provocar las crecidas durante la temporada de mayores caudales. Los trabajos, coordinados en el ámbito del Comité de Prevención de Emergencias (COPRE), comprenden intervenciones sobre ríos, arroyos, canales, drenes y sistemas de defensa.

Las tareas combinan limpieza de cauces y desagües, encauzamientos, reparación de infraestructura hidráulica y reconstrucción de protecciones en zonas expuestas. No eliminan la posibilidad de inundaciones, pero buscan disminuir la vulnerabilidad de poblaciones, caminos y redes de riego ante episodios de lluvias intensas.

Intervenciones en el norte y la cordillera

En Iglesia se construyen defensas en Laguna Bella Vista y el arroyo Agua Negra, mientras que ya se operó el descargador de fondo del dique Cuesta del Viento.

En Jáchal, las intervenciones alcanzan al río homónimo y a la colectora de Calle Vieja.

Calingasta, en tanto, mantiene trabajos de encauzamiento en los ríos Los Patos y Calingasta.

En Valle Fértil, las máquinas trabajan en las inmediaciones de Astica, donde se encauza un río de lecho pedregoso y se reconstruye una defensa deteriorada. La obra busca proteger el canal matriz de distribución, la pileta de Hidráulica y a los habitantes de la zona, que habían quedado expuestos ante la rotura de esa estructura.

Obras en el Gran San Juan y departamentos cercanos

En Rivadavia se reparan compuertas del dique Ignacio de la Roza y se retira vegetación en las inmediaciones del Parque Faunístico.

Rawson ejecuta tareas de levantamiento de monda, mientras que en Santa Lucía se limpian los drenes 25 de Mayo y Richet Zapata.

Zonda ya concluyó el encauzamiento en el dique Soldano y mantiene trabajos de protección y acondicionamiento cerca de Puente Blanco, sobre el río de la Ciénaga.

En Ullum se interviene el perilago del Embarcadero, la zona de La Usina y los canales Chilote y Falda, donde también se reconstruyen defensas.

En San Martín se limpia el desagüe San Isidro, principal receptor de los escurrimientos provenientes del cerro Pie de Palo. Albardón, por su parte, continúa con el encauzamiento del río Yakín.

Limpieza de drenes y protección de los sistemas de riego

En 25 de Mayo finalizaron las tareas en el dren de la ruta 279, entre calle 20 y Callejón Del Bono, y la restitución del dren de La Chimbera. Continúan las intervenciones sobre el dren de calle 21 y el ubicado en calle 4 y ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa.

Caucete concentra trabajos de encauzamiento y limpieza del río Bermejo, además del refuerzo de las defensas del sistema de riego.

En Pocito se realiza levantamiento de monda y se utiliza maquinaria de Hidráulica en calle 18 y Aberastain.

En Sarmiento, las tareas comprenden la limpieza y el encauzamiento del dren Sarmiento y el colector Bofinger, junto con obras de defensa en Colonia Fiscal, sobre el dren Camilo Rojo.

La amplitud territorial del operativo responde a la necesidad de atender puntos críticos con características diferentes: desde cauces cordilleranos y ríos de montaña hasta colectores urbanos y canales de riego.

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destacada

Los trabajadores universitarios vuelven a la huelga por la recomposición salarial

Los trabajadores no docentes de las universidades nacionales comenzaron este martes una secuencia de tres paros de 24 horas para exigir una mejora de sus ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta también comprende el reclamo de fondos suficientes para sostener el funcionamiento de las instituciones y sus tareas de investigación.

La medida fue resuelta por el Consejo Directivo de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que fijó otras dos jornadas de huelga para el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre. La organización sindical anticipó que mantendrá las acciones gremiales hasta obtener respuestas del Poder Ejecutivo.

«Seguimos unidos y organizados, defendiendo nuestros derechos, nuestros salarios y la educación pública», expresó la federación al ratificar la continuidad de las medidas.

La medida de fuerza coincide con la disputa judicial por la aplicación de la Ley 27.795. En octubre, un juez declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que supeditaba la implementación de la norma a determinadas condiciones y ordenó al Gobierno nacional cumplir con sus disposiciones. El Ejecutivo apeló el fallo, por lo que la discusión permanece abierta en los tribunales.

La legislación establece mecanismos de actualización salarial para docentes y no docentes, además de disposiciones destinadas a reforzar el financiamiento de las universidades, entre ellas las partidas para becas estudiantiles.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la aplicación requiere determinar las fuentes de financiamiento y establecer las asignaciones presupuestarias correspondientes. Esa posición mantiene abierto el desacuerdo con las organizaciones universitarias, que reclaman que la norma se traduzca en medidas concretas.

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La reforma laboral no frena la caída del empleo formal y la informalidad alcanza al 45%

La reforma laboral aprobada por el Congreso en marzo de 2026 todavía no muestra en los indicadores de empleo los resultados que el Gobierno esperaba. A ocho meses de su sanción, los puestos registrados retrocedieron un 0,9%, la informalidad llegó al 45% de la población ocupada y el empleo privado acumuló más de un año de contracción. Incluso Federico Sturzenegger, uno de los principales impulsores de los cambios, reconoció que la respuesta empresaria no estuvo a la altura de las expectativas oficiales.

Los datos del INDEC reflejan un deterioro en la calidad de la inserción laboral. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026, la informalidad aumentó 1,8 puntos porcentuales, al pasar del 43,2% al 45%. Esto significa que casi la mitad de las personas ocupadas trabaja sin las garantías propias de un empleo registrado.

La evolución de las incorporaciones tampoco exhibe una recuperación sostenida. Según la Secretaría de Trabajo, en junio representaron apenas el 1,6% del total de trabajadores ocupados, el registro más bajo de la serie. En agosto subieron al 1,8%, aunque permanecieron por debajo del 2% observado en febrero, antes de la aprobación de la ley.

Catorce meses de retroceso en el empleo privado

La contracción también aparece en los relevamientos sobre trabajo asalariado formal. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) contabilizó una pérdida de 12.700 puestos en el último período analizado, equivalente a una baja del 0,2%. El total quedó en torno de los 6,1 millones de trabajadores y completó 14 meses consecutivos de retroceso.

Desde noviembre de 2023, la reducción acumulada ronda los 266.000 empleos privados, un descenso del 4,2%. El estudio ubica la cantidad de trabajadores en niveles comparables con los de mayo de 2014.

La brecha entre producción y empleo agrega otro dato relevante: mientras la economía acumuló un crecimiento neto del 2,2% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el trabajo asalariado privado se redujo más de un 4% durante ese mismo período.

A ese cuadro se suma el aumento de la desocupación. En el segundo trimestre de 2026, la tasa alcanzó el 7,9%, frente al 7,6% registrado un año antes, de acuerdo con el INDEC. También superó el nivel del trimestre previo y se convirtió en el registro más alto desde el inicio de la actual gestión presidencial.

Sturzenegger apuntó contra los empresarios

La evaluación oficial introdujo un reconocimiento poco habitual sobre los resultados de la reforma. Sturzenegger manifestó que no está conforme con la respuesta de los empleadores frente a los cambios normativos y cuestionó, además, la continuidad de determinadas prácticas en las negociaciones colectivas.

El ministro expresó su malestar con el funcionamiento de la ultraactividad, principio por el cual las cláusulas de un convenio colectivo mantienen su vigencia una vez vencido el acuerdo, hasta que sean sustituidas por otro. Según sostuvo, los convenios que se firman tienden a repetir fórmulas anteriores porque las partes evitan confrontar y esperan que el Estado resuelva las diferencias.

El funcionario también atribuyó parte de las transformaciones del mercado laboral a los cambios de hábitos posteriores a la pandemia y señaló que una porción de los trabajadores opta por modalidades de contratación más flexibles.

Sin embargo, los indicadores sobre remuneraciones tampoco muestran una recomposición generalizada. El salario mínimo perdió un 40,8% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y no registró una recuperación real en septiembre. En el empleo privado registrado, la remuneración promedio cayó un 0,4% en julio, aunque habría mejorado un 1,3% en términos reales durante agosto.

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