Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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Siete de cada diez argentinos consideran mala la economía del país
El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.
El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.
Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.
La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.
La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.
En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.
Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones
La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.
El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.
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Naturgy deberá presentar cronogramas para completar las obras eléctricas pendientes
El organismo regulador intimó a Naturgy San Juan a presentar cronogramas ejecutivos y completar las interconexiones pendientes antes del período de mayor consumo. Una auditoría de septiembre verificó un avance del 83% sobre los $28.011 millones presupuestados para la primera etapa de inversiones.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) solicitó a Naturgy San Juan a acelerar las obras que acumulan demoras y precisar los plazos para completar las instalaciones necesarias antes del verano. La exigencia apunta a que los transformadores y otros equipos incorporados a la red puedan entrar en servicio sin que las tareas pendientes posterguen el refuerzo del suministro durante los meses de mayor demanda.
Además el organísmo estatal, anticipó que mantendrá auditorías periódicas para verificar el cumplimiento de los plazos y comprobar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas de la capacidad y confiabilidad del sistema eléctrico provincial.
Una inversión de $28.011 millones
La auditoría correspondiente a septiembre de 2026 constató un avance equivalente al 83% del monto presupuestado para la primera fase del programa de inversiones 2026-2031, que contempla $28.011.221.140 financiados mediante créditos nacionales y fondos provinciales.
Entre las intervenciones relevadas figura el Campo de Transformación N.º 2 de la estación Albardón-Chimbas, cuyo nuevo transformador permanece en fabricación. También se verificaron avances en las estaciones San Juan Sur e Ischigualasto.
En materia de infraestructura edilicia, las obras de Sargento Cabral, en Rivadavia; Pistacho, en 25 de Mayo; Cerrillo, en Sarmiento; Casa de Gobierno; y Caleras/Termas, en Albardón, se encuentran terminadas o próximas a concluir. El montaje de celdas eléctricas de 33 kV y 13,2 kV alcanzó el 98% en Sargento Cabral y el 100% en la estación Olivos.
La distribuidora también avanzó en la adquisición de equipamiento y en la provisión de transformadores destinados a distintas localidades de San Juan.
Más capacidad y conectividad para la red
El programa comprende, además, la normalización de la estación transformadora Huaco, la construcción de un alimentador de 33 kV entre CAVIC y Pueyrredón y la instalación de antenas satelitales de órbita baja para mejorar la conectividad de instalaciones ubicadas en áreas alejadas.
La intimación del EPRE obliga a priorizar los plazos regulatorios. Con obras pendientes, el desafío es poner en funcionamiento las nuevas instalaciones antes del verano para soportar el aumento del consumo eléctrico.
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Las empresas proyectan aumentos salariales del 22% para 2027
Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.
El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.
Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes
La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.
Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.
Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.
Cautela para el cierre de 2026
Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.
Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.
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