Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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Paritaria minera: ASIJEMIN cerró aumento salarial con Vicuña
El personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N.º 789/21 contará con una nueva actualización salarial.
El entendimiento fue suscripto por Marcelo Mena Muñoz, Secretario General, y Humberto Coria, Director de la Delegación Regional Centro de ASIJEMIN. En representación de la empresa participaron Gustavo Bufaliza, Director de Recursos Humanos, y Ángel Guardia, Superintendente de Recursos Humanos.
El acuerdo establece un incremento del 11 % a partir del 1 de mayo sobre los haberes correspondientes al mes de abril, y un adicional del 5 % a partir del 1 de julio, tomando como referencia los haberes del mes de junio, alcanzando un acumulado del 16,55 %. La vigencia del acuerdo se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026.
Esta actualización paritaria destaca la importancia del Convenio Colectivo de Trabajo como herramienta fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores mineros y la mejora de sus condiciones salariales.
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Orrego busca aval legislativo para un plan de infraestructura de US$600 millones
El gobernador enviará a la Cámara de Diputados un proyecto para habilitar la obtención de crédito destinado a obras estratégicas. La iniciativa contempla viviendas, rutas, saneamiento, agua potable e infraestructura hídrica con el objetivo de acompañar el crecimiento económico que proyecta la provincia a partir de la expansión minera.
La administración de Marcelo Orrego decidió dar un paso de fuerte impacto en la planificación de largo plazo de San Juan. El Ejecutivo provincial enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que autoriza la búsqueda de financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar un amplio programa de infraestructura orientado a sostener el crecimiento económico previsto para los próximos años.
La iniciativa, denominada Ley de Financiamiento de Infraestructura para el Desarrollo de San Juan, apunta a dotar al Estado provincial de herramientas que permitan acceder a líneas de crédito nacionales e internacionales destinadas exclusivamente a inversiones de capital y obras consideradas prioritarias.
El anuncio se produjo en un momento en el que la provincia busca posicionarse como uno de los principales polos mineros del país, especialmente a partir de los proyectos vinculados al cobre. Desde el Gobierno entienden que la llegada de nuevas inversiones exigirá una red de servicios, conectividad y equipamiento capaz de responder a una demanda creciente de infraestructura.
Durante la presentación, Orrego sostuvo que San Juan atraviesa una etapa decisiva y que el desafío consiste en anticiparse a los requerimientos que impondrá el nuevo ciclo productivo. La estrategia oficial apunta a evitar que el crecimiento económico avance más rápido que la capacidad de respuesta del Estado.
El programa contempla intervenciones en cuatro áreas centrales. La primera está vinculada al acceso a la vivienda, con la construcción de más de treinta barrios y la puesta en marcha de mil créditos habitacionales a través del Instituto Provincial de la Vivienda. El objetivo es atender una demanda que podría incrementarse en semultaneo al desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.
El segundo eje se concentra en la conectividad vial. Allí aparecen obras sobre corredores estratégicos, accesos provinciales y rutas que cumplen un papel clave para el transporte de personas, insumos y producción.
La gestión eficiente del recurso hídrico constituye otro de los capítulos prioritarios. El proyecto prevé inversiones destinadas a optimizar sistemas de riego, mejorar la infraestructura de distribución y fortalecer la disponibilidad de agua para consumo humano y actividades productivas.
A ello se suman trabajos de saneamiento y ampliación de redes de agua potable y cloacas, considerados esenciales para acompañar el crecimiento demográfico y mejorar la calidad de vida en distintos departamentos.
La propuesta surge además en un contexto marcado por el repliegue de la inversión pública nacional. La decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir significativamente el financiamiento de obras trasladó a las provincias la responsabilidad de buscar mecanismos alternativos para sostener proyectos de gran escala.
En ese cuadro, varias jurisdicciones comenzaron a explorar esquemas de endeudamiento y financiamiento externo para mantener activos sus planes de infraestructura. San Juan pretende sumarse a esa tendencia aprovechando una situación fiscal ordenada y las expectativas económicas generadas por el avance de la actividad minera.
Desde el equipo económico provincial remarcan que la iniciativa no responde a una necesidad coyuntural de recursos, sino a una estrategia destinada a construir las condiciones que permitan consolidar el desarrollo futuro. La premisa oficial es que la infraestructura debe preceder al crecimiento y no correr detrás de él.
El debate ahora quedará en manos de la Legislatura. Si obtiene el respaldo parlamentario, el Gobierno contará con la autorización necesaria para iniciar gestiones ante organismos financieros y mercados de crédito, en busca de recursos destinados a una transformación que la administración provincial considera determinante para la próxima etapa de San Juan.
Más allá de la discusión sobre las fuentes de financiamiento, la iniciativa revela una definición política clara: apostar a la obra pública como herramienta de competitividad, generación de empleo y preparación territorial frente a una situación financiera que podría modificar de manera profunda la estructura productiva de la provincia durante la próxima década.
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Boom de motos: el auge del reparto y la búsqueda de ingresos sostienen la demanda
Las motos sostienen su expansión y reflejan el avance de nuevas formas de empleo
El mercado de motovehículos continúa exhibiendo uno de los desempeños más sólidos de la economía argentina. Aunque durante mayo se observó una desaceleración respecto del mes anterior, los niveles de patentamiento permanecen entre los más elevados de los últimos años, impulsados por la expansión de las aplicaciones de reparto, la movilidad laboral independiente y la búsqueda de alternativas de ingresos frente a un escenario económico exigente.
De acuerdo con los datos difundidos por la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante mayo se registraron 66.851 unidades nuevas, lo que representa un incremento interanual del 25,4% respecto del mismo período del año pasado.
La comparación mensual muestra una corrección luego del excepcional desempeño de abril. Sin embargo, el volumen de operaciones continúa ubicándose en niveles históricamente elevados para el sector y confirma una tendencia de fuerte crecimiento que se mantiene desde comienzos de año.
Los números acumulados refuerzan esa dinámica. Entre enero y mayo se patentaron 369.468 motocicletas, un salto del 43,2% frente al mismo período de 2025. El dato consolida a los motovehículos como uno de los segmentos de mayor expansión dentro del mercado automotor argentino.
El fenómeno del trabajo sobre dos ruedas
Detrás de la recuperación del sector aparecen múltiples factores. Además de la mayor accesibilidad económica frente al automóvil, la motocicleta se convirtió en una herramienta central para miles de trabajadores vinculados a plataformas de reparto, mensajería y servicios urbanos.
La proliferación de aplicaciones de delivery y transporte de mercaderías generó una demanda sostenida de unidades de baja cilindrada, especialmente aquellas que combinan bajo costo de adquisición, reducido consumo de combustible y mantenimiento accesible.
En ese contexto, los modelos utilitarios continúan liderando las preferencias de los compradores, configurando un mercado dominado por vehículos destinados principalmente al trabajo cotidiano.
Las marcas que lideran el mercado
Honda volvió a encabezar el ranking nacional de patentamientos durante mayo, ratificando una posición que mantiene desde hace años. Detrás se ubicaron Gilera y Keller, que logró recuperar terreno y regresar al podio de las marcas más elegidas por los usuarios.
Más atrás quedaron Motomel y Corven, que continúan concentrando una parte significativa de las ventas del segmento popular.
En cuanto a los modelos, la Keller KN 110-8 se convirtió en la motocicleta más patentada del mes, desplazando del liderazgo a otras unidades que venían encabezando las estadísticas. La acompañaron en los primeros puestos la Honda Wave 110 y la Gilera Smash, tres referentes tradicionales dentro del mercado de baja cilindrada.
Un indicador que también refleja la realidad económica
Más allá de los números comerciales, el crecimiento sostenido del sector se interpreta como una señal de las transformaciones que atraviesa el mercado laboral. Para numerosos trabajadores, la adquisición de una motocicleta representa hoy una herramienta de subsistencia, una vía para complementar ingresos o una oportunidad de inserción en actividades vinculadas a la logística urbana.
Por esa razón, el notable incremento de los patentamientos no sólo habla de un mercado en expansión. También refleja la creciente importancia que adquieren las economías de plataformas y las modalidades de trabajo independientes dentro de la estructura productiva argentina.
Con más de 369.000 unidades registradas en apenas cinco meses, el negocio de las motos transita uno de sus mejores momentos. El desafío para el sector será sostener ese ritmo durante la segunda mitad del año en un contexto donde el consumo masivo continúa mostrando señales de fragilidad, pero donde la necesidad de movilidad y generación de ingresos mantiene firme la demanda de vehículos de bajo costo.
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