Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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ASIJEMIN suma a la Municipalidad de Salta a su agenda de formación minera
El intendente Emiliano Durand y el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, firmaron un acuerdo para promover cursos, talleres y diplomados destinados a fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada con la minería.
La Municipalidad de Salta y ASIJEMIN acordaron avanzar en una agenda de formación orientada a acompañar el crecimiento de la minería y ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y vecinos interesados en incorporarse a la industria.
El entendimiento quedó formalizado mediante un acta suscripta por el intendente Emiliano Durand y el secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz.
La propuesta contempla el diseño de cursos, talleres, diplomados y otras instancias educativas destinadas a incorporar conocimientos técnicos y profesionales requeridos por la minería. La iniciativa procura, además, fortalecer la preparación de trabajadores que ya se desempeñan en la industria y facilitar el acceso a herramientas de formación para personas que buscan ingresar a ella.
Durante el encuentro también participaron Roberto Velázquez, de la Delegación Regional NOA; Humberto Coria, director de la Delegación Regional Centro; y Roque Balmaceda, secretario de Acción Social y Turismo de ASIJEMIN.
La Secretaría Técnico-Profesional y de Formación, encabezada por Fabián Gasco, tendrá un papel central en el desarrollo de las futuras propuestas, con el objetivo de orientar los contenidos hacia las necesidades profesionales y técnicas que demanda la minería.
El acuerdo adquiere relevancia en una provincia integrada a uno de los corredores mineros del NOA, donde la expansión de proyectos extractivos requiere perfiles con formación específica en áreas técnicas, profesionales y operativas.
Para ASIJEMIN, la capacitación constituye además una herramienta para mejorar las competencias de los trabajadores y ampliar las posibilidades de incorporación de nuevos recursos humanos. La apertura de propuestas educativas hacia la comunidad busca vincular la formación laboral con las oportunidades que genera el desarrollo minero.
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El Estado pagó más de $200 millones en un mes por jubilaciones de privilegio
Entre expresidentes, exvicepresidentes y familiares de antiguos mandatarios, 11 beneficiarios percibieron en julio asignaciones vitalicias por $203,8 millones brutos. Los haberes individuales van desde $12,4 millones hasta más de $26 millones mensuales.
El Estado nacional destinó $203.835.765,06 durante julio al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los beneficios, abonados por ANSES, presentan diferencias sustanciales y alcanzan montos brutos de hasta $26 millones mensuales.
El mayor haber del listado corresponde al expresidente Alberto Fernández, con $26.092.447. De acuerdo con la información difundida, el 30% de ese ingreso se destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco.
En el otro extremo aparece el exvicepresidente y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, con $12.486.621,66 mensuales. La nómina reúne, además, a otros exmandatarios, exfuncionarios de la fórmula presidencial y familiares que perciben pensiones derivadas.
Quiénes cobran
Los 11 beneficiarios incluidos en el relevamiento son:
Alberto Fernández: $26.092.447.
Mauricio Macri: $25.043.153,46.
Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02.
Zulema Yoma: $20.618.733,63.
Gabriela Michetti: $18.192.138,24.
Julio Cobos: $17.999.446,65.
Inés Pertiné: $17.561.990,73.
Beatriz Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston: $16.214.248,39.
María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68.
Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido: $12.691.238,04.
Daniel Scioli: $12.486.621,66.
La comparación con los haberes previsionales ordinarios permite dimensionar la magnitud de las asignaciones. Según el informe, el ingreso de Fernández equivale a unas 52 jubilaciones mínimas de aproximadamente $498.000, considerando el haber mínimo más el bono de $70.000 utilizado como referencia.
El listado no contempla a Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a percibir la pensión derivada de Néstor Kirchner a partir de una medida cautelar. Ese beneficio, según los datos consignados, ronda los $16 millones mensuales.
Las asignaciones vitalicias tienen un régimen particular derivado de la legislación que contempla beneficios para quienes ejercieron la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación, además de pensiones para determinados familiares. Por esa razón, sus montos y condiciones no deben confundirse con los haberes previsionales comunes administrados por ANSES.
El volumen del desembolso vuelve a colocar bajo discusión pública el costo de estos beneficios en un sistema previsional marcado por restricciones fiscales y por una amplia mayoría de jubilados cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de las asignaciones vitalicias. El dato de julio muestra que 11 beneficios concentraron más de $203 millones en un solo mes, mientras continúa el debate político y judicial sobre su alcance y permanencia.
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Las familias ajustan el consumo: más descuentos, envases chicos y segundas marcas
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, elaborado con datos del INDEC, advierte sobre el deterioro de los ingresos, el avance de la informalidad y la pérdida de capacidad de compra. El 34% de las ventas en supermercados y comercios de proximidad se realiza con promociones, mientras crece la elección de marcas económicas y envases pequeños.
El consumo cotidiano refleja con rapidez el deterioro de los ingresos. Una de cada tres compras de productos masivos se realiza actualmente mediante promociones, descuentos u ofertas, una conducta que revela hasta qué punto las familias priorizan el precio al momento de abastecerse.
El dato surge de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), elaborado a partir de información de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC y otros indicadores económicos. El relevamiento registra, además, un retroceso de los salarios frente al encarecimiento de las necesidades básicas y un aumento del empleo informal.
Hasta julio, el 34% de las ventas en supermercados y comercios de barrio se concretó únicamente cuando existía alguna promoción. El comportamiento no se limita a esperar descuentos: en más de la mitad de las categorías relevadas, los consumidores modificaron sus elecciones y optaron por marcas de menor precio o presentaciones más pequeñas.
La evolución de los ingresos ayuda a explicar ese cambio. Durante el primer trimestre de 2026, la Canasta Básica Total aumentó 9,6%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria avanzó 11,6%. En el mismo período, los salarios de los trabajadores registrados crecieron alrededor de 7%, una diferencia que redujo la capacidad de compra.
El mercado laboral tampoco mostró una mejora equivalente. Entre junio de 2025 y junio de 2026, la subocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales, mientras que el trabajo no registrado avanzó 2,2 puntos, hasta alcanzar al 44,2% de los ocupados.
La precarización laboral agrega una dificultad adicional: quienes trabajan en la informalidad carecen de aportes jubilatorios, cobertura de obra social y, en muchos casos, de los mecanismos de negociación colectiva que permiten recomponer ingresos mediante paritarias.
Pobreza e indigencia vuelven a crecer
El ODSA estimó que la pobreza alcanzó al 30% de la población durante el primer trimestre de 2026, con un incremento de 0,1 puntos respecto del último trimestre de 2025. La indigencia llegó al 6,5%, 0,4 puntos por encima del período anterior.
El deterioro tuvo una expresión particularmente marcada en algunos grandes aglomerados urbanos. La pobreza alcanzó al 52,5% en Concordia, 49,7% en Gran Resistencia, 42,6% en Posadas, 39,7% en Gran Santa Fe y 38,4% en Corrientes.
En indigencia, Gran Resistencia encabezó el registro con 24,3%, seguida por Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).
Los datos trazan una misma secuencia: ingresos que avanzan por debajo del costo de las necesidades básicas, mayor informalidad y consumidores que modifican sus decisiones para preservar el presupuesto. En los comercios, esa transformación se expresa en una conducta cada vez más extendida: comprar cuando hay descuento dejó de ser una oportunidad ocasional para convertirse en una condición de compra para millones de familias.
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