La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo retirara las reformas sobre extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego para conservar el respaldo de bloques dialoguistas. La iniciativa agiliza los desalojos por usurpación y endurece las condiciones para las expropiaciones.

La iniciativa fue aprobada por 37 votos contra 33, con el respaldo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén, Corrientes y Provincias Unidas. La oposición estuvo integrada por el interbloque peronista, Convicción Federal y representantes de fuerzas provinciales que cuestionaron tanto el contenido de la norma como el procedimiento utilizado para su tratamiento.

El texto finalmente sancionado incorpora cambios significativos en el régimen de protección de la propiedad privada. Entre sus principales disposiciones establece un procedimiento sumarísimo para acelerar los desalojos en casos de ocupaciones ilegales y limita las posibilidades de expropiación por parte del Estado, con el argumento de reducir la litigiosidad y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Las mayores concesiones del oficialismo estuvieron vinculadas a los capítulos que generaron resistencia entre gobernadores y bloques dialoguistas. Primero fue retirado el apartado que modificaba la Ley de Tierras Rurales, cuestionado por habilitar una flexibilización de las restricciones para la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros. Horas después también quedó fuera del dictamen la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, al no reunir el respaldo suficiente dentro del propio bloque de aliados.

La normativa vigente sobre incendios, aprobada en 2020, impide modificar durante 60 años el destino de los bosques nativos y humedales afectados por el fuego, mientras que fija un plazo de 30 años para las tierras de uso agropecuario. El Ejecutivo pretendía reducir esas restricciones al considerar que perjudican a propietarios que ya fueron afectados por los incendios, pero la propuesta no consiguió el acompañamiento necesario.

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca garantizar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional y reducir las demoras judiciales que enfrentan quienes denuncian ocupaciones ilegales. Según explicó, el nuevo procedimiento permitirá acelerar las resoluciones y fortalecer la protección de los titulares de inmuebles.

La discusión expuso, una vez más, la profunda distancia entre el oficialismo y la oposición. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «inconstitucional» y aseguró que la modificación del régimen de expropiaciones constituye «un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado». En la misma línea, el senador pampeano Daniel Bensusán denunció irregularidades en el trámite parlamentario y cuestionó que el nuevo dictamen hubiera sido distribuido apenas una hora antes del inicio de la sesión.

Las críticas también apuntaron al alcance político de la iniciativa. La senadora rionegrina Ana Marks sostuvo que concebir la tierra exclusivamente como un activo económico implica desconocer su dimensión social y advirtió que el nuevo régimen de desalojos no contempla respuestas para el creciente déficit habitacional.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la ley representa una reparación para quienes sufrieron usurpaciones y abusos estatales. En el mismo sentido, la senadora Nadia Márquez consideró que la norma contribuirá a desalentar las ocupaciones ilegales, agilizar la recuperación de inmuebles y generar un clima más favorable para las inversiones. El radical Maximiliano Abad, en cambio, acompañó el proyecto, aunque advirtió que la llegada de capitales dependerá principalmente de la estabilidad institucional, la previsibilidad económica y la fortaleza de las instituciones.

La exclusión del capítulo sobre tierras del debate en el Senadon no desactivó una movilización que ya estaba en marcha. Organizaciones sociales, ambientales, sindicatos y dirigentes políticos confluyeron en el centro de la capital sanjuanina para advertir sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría modificar el régimen que regula la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.

La Plaza 25 de Mayo se convirtió en el principal punto de encuentro de una manifestación que reunió, según estimaciones policiales, a más de mil personas donde participaron de una convocatoria que sumó a organizaciones ambientales, movimientos sociales, gremios y referentes de distintos espacios políticos bajo una consigna compartida: preservar el control nacional sobre la tierra.

La movilización se desarrolló pese a que el Senado finalmente resolviera postergar el tratamiento del capítulo referido a la Ley de Tierras, incorporado al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lejos de desactivar la convocatoria, la decisión legislativa reforzó entre los asistentes la idea de mantener la presión pública mientras la iniciativa continuara abierta a discusión parlamentaria.

Banderas argentinas, carteles y consignas atravesaron toda la jornada. «La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja», podía leerse en una de las pancartas que sintetizaban el espíritu de la protesta, centrada en la defensa del patrimonio territorial y de los recursos naturales.

Entre las referentes presentes, la activista Claudia Cantoni sostuvo que la preocupación radica en los cambios que podrían introducirse sobre la regulación del acceso a la tierra y advirtió sobre el aumento de presencia de capitales extranjeros en amplias extensiones de distintos departamentos sanjuaninos. A su entender, cualquier flexibilización del régimen vigente profundizaría ese proceso y debilitaría las herramientas de resguardo del patrimonio nacional.

Los organizadores señalaron que la movilización buscó instalar el debate en la agenda pública y anunciaron que continuarán impulsando acciones de difusión y nuevas convocatorias mientras el proyecto permanezca en análisis en el Congreso.

La iniciativa promovida por el Gobierno nacional propone modificaciones al régimen que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Durante las negociaciones parlamentarias, el oficialismo introdujo cambios para reunir apoyos legislativos, aunque finalmente resolvió retirar ese capítulo del temario de la sesión.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma apunta a consolidar la inviolabilidad de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y generar mejores condiciones para las inversiones. Al mismo tiempo, afirman que el proyecto mantiene restricciones para impedir que Estados extranjeros y empresas públicas de otros países adquieran inmuebles ubicados en áreas consideradas sensibles para la defensa y la seguridad nacional.

Aunque el debate quedó momentáneamente suspendido, la jornada dejó una señal política inequívoca. La movilización de San Juan, en sintonía con otras registradas en distintas provincias, evidenció que la discusión sobre el destino de la tierra excede el plano legislativo y se ha instalado como uno de los ejes de mayor sensibilidad pública, donde confluyen intereses económicos, soberanía, recursos naturales y modelos de desarrollo.

La movilización convocada en rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad luego de que un grupo de manifestantes derribara una de las vallas instaladas alrededor del Congreso. El operativo incluyó carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Una fotoperiodista resultó herida en la cabeza y fue trasladada al Hospital Argerich.

Mientras el Senado debatía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las inmediaciones del Congreso se transformaron en el escenario de una fuerte confrontación entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Lo que había comenzado como una concentración multitudinaria para expresar el rechazo a la iniciativa oficial terminó con un amplio despliegue policial, heridos y al menos doce personas detenidas.

La protesta reunió a sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y colectivos ambientalistas, que habían convocado a manifestarse contra el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Aunque el capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras había sido retirado del temario parlamentario, la movilización se mantuvo como una señal de rechazo a la orientación general de la iniciativa.

El operativo de seguridad involucró a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad. Según la versión oficial, la intervención se produjo después de que un grupo de personas derribara una de las vallas de seguridad colocadas alrededor del Palacio Legislativo, momento en el que se activó el protocolo para el control de manifestaciones.

A partir de ese instante, la tensión escaló rápidamente. Los efectivos avanzaron para despejar la Plaza de los Dos Congresos mediante el uso de carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Imágenes difundidas por distintos medios registraron corridas, columnas de manifestantes dispersándose y enfrentamientos en distintos sectores de la plaza, mientras continuaba la sesión en el recinto.

Uno de los episodios de mayor preocupación tuvo como protagonista a una fotógrafa, quien recibió un impacto en la cabeza durante los incidentes. Fuentes presentes en el lugar indicaron que la lesión habría sido provocada por una bala de goma. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó su traslado al Hospital Argerich con diagnóstico de traumatismo de cráneo y señaló, además, que otras tres personas fueron asistidas por dificultades respiratorias ocasionadas por la exposición a gases lacrimógenos.

Hasta el cierre de la jornada no existía un balance definitivo sobre la cantidad total de personas lesionadas. Sí se confirmó la detención de doce manifestantes: nueve por la Policía de la Ciudad y tres por la Policía Federal.

Durante gran parte de la tarde la manifestación transcurrió sin incidentes de gravedad. Sin embargo, distintos testimonios señalaron que la tensión aumentó tras la aparición de un grupo de jóvenes identificado como nacionalista, que previamente había realizado convocatorias a través de redes sociales con mensajes de contenido antisemita. Poco después comenzaron los primeros forcejeos en el perímetro de seguridad y se produjo el avance policial.

La jornada volvió a exponer el elevado nivel de conflictividad que acompaña el tratamiento de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. Aunque el capítulo sobre la Ley de Tierras fue retirado de la sesión, el operativo de seguridad y los enfrentamientos desplazaron el eje del debate parlamentario hacia la actuación de las fuerzas de seguridad y el derecho a la protesta, un tema que continúa generando fuerte controversia política y social.