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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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Vialidad Nacional: triunfo histórico tras un año de lucha y un futuro con desafíos

La Dirección Nacional de Vialidad vivió en los últimos días uno de los momentos más trascendentes de su historia reciente. Tras un año completo de movilizaciones, gestiones y resistencia sindical, el Senado de la Nación dejó sin efecto el decreto 461/2025 que disponía la disolución del organismo. Para los trabajadores, fue el cierre de una etapa marcada por la incertidumbre y la angustia, pero también el inicio de nuevos retos.

José Pérez, secretario adjunto de Vialidad Nacional en San Juan, en diálogo mantenido con Mundo Laboral SJ, recordó con emoción la jornada en la que más de mil empleados, provenientes de distintos puntos del país, marcharon desde la Casa Central hasta el Congreso. “Fueron lágrimas de desahogo, de alegría. Después de tanto tiempo de lucha, los senadores estuvieron a la altura y se logró dar por tierra con este decreto que amenazaba nuestra existencia”, expresó.

El dirigente destacó que esta victoria se construyó con trabajo coordinado en distintos frentes: presentaciones judiciales, reuniones con comisiones de obras públicas, contacto directo con legisladores y una campaña de visibilización para que la ciudadanía entendiera el papel fundamental de Vialidad en el mantenimiento y desarrollo de las rutas nacionales. “Muchos desconocían qué hace Vialidad, cómo se administran los fondos y la calidad de los profesionales que la integran. Logramos instalarlo en la agenda pública”, subrayó.

Sin embargo, Pérez advirtió que la lucha no termina aquí. Entre las prioridades inmediatas está revertir el desfinanciamiento que sufre el organismo y garantizar que los recursos provenientes del impuesto al combustible se destinen efectivamente a la red vial. También, encarar una recomposición salarial: “Desde octubre de 2024 no tenemos aumentos ni paritarias. Necesitamos recuperar lo perdido y contar con los medios para cumplir nuestras tareas”.

Actualmente, Vialidad Nacional cuenta con 5.200 trabajadores en todo el país, de los cuales 200 se desempeñan en San Juan, atendiendo 1.200 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales. A pesar de las licitaciones recientes que cubren 11.000 kilómetros, aún quedan 30.000 bajo responsabilidad directa del organismo. “Para el gobierno sobran trabajadores; nosotros creemos lo contrario. Nos faltan manos para cubrir todo lo que hay que hacer”, afirmó Pérez, cuestionando los informes oficiales que justificaban recortes y despidos.

El sindicalista, que también vivió la crisis de 2001 cuando Vialidad pasó a ser un ente residual, destacó la fortaleza colectiva y la unidad de los empleados en ambas instancias. “Esto no es fácil, pero cuando se lucha en conjunto y se tienen metas claras, las victorias llegan. Queremos que la gente transite por rutas seguras y de calidad, porque amamos esta institución y sabemos que es clave para el desarrollo del país”.

Con el decreto anulado y un respaldo legislativo contundente —60 votos en el Senado—, la Dirección Nacional de Vialidad inicia una nueva etapa. El desafío ahora será transformar esta victoria política en mejoras concretas: más presupuesto, mejores salarios, mayor dotación de personal y, sobre todo, una red vial nacional que responda a las necesidades de todos los argentinos.

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La Justicia Federal ordenó frenar los despidos en el INTA

La Justicia Federal falló a favor de los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y frenó los pases a disponibilidad de casi 300 empleados. El fallo impone una multa diaria de $10.000.000 al gobierno de Javier Milei en caso de incumplimiento.

La decisión judicial se suma a una serie de reveses judiciales que la administración actual viene sufriendo en el ámbito laboral. La resolución del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo n°2 de San Martín ordena al gobierno de Milei a dar marcha atrás con la Resolución 1240, que pretendía dejar en situación de disponibilidad a 300 trabajadores del INTA.

El fallo establece que la medida cautelar no puede ser dejada sin efecto o ser objeto de reajuste y que su resistencia «justifica total o parcialmente su proceder» de acuerdo con el artículo 37 del CPCCN y 804 del CCyCN. Además, el Juzgado dispuso la remisión de copias de todo lo actuado a la Justicia Federal Penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia (art. 239 del Código Penal).

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, celebró efusivamente la victoria judicial y destacó que «ATE frena los pases a disponibilidad» en el INTA. Aguiar también apuntó directamente al presidente Milei, preguntándole si «¿Van a seguir insistiendo en desafiar a los otros poderes del Estado?».

El conflicto se desató tras un intento del gobierno de pasar a disponibilidad a 286 trabajadores del INTA, a pesar de que la Justicia Federal había dictado una medida cautelar en contra y el Senado ya había rechazado el Decreto 462/25. Los gremios ATE y APINTA denunciaron que la medida ignoraba la división de poderes y la ley, y que además buscaba una «persecución sindical», ya que el listado incluía a delegados sindicales.

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Paritaria Docente: Gobierno y gremios no se ponen de acuerdo y se reunirán el viernes próximo

La negociación paritaria docente en San Juan no llegó a un acuerdo y pasó a un nuevo cuarto intermedio. Los gremios docentes, UDAP, UDA y AMET, no aceptaron los incrementos ofrecidos por el Gobierno provincial y decidieron seguir negociando elpróximo viernes 29 de agosto.

La reunión paritaria docente se llevó a cabodurante este marte en la sede del Ministerio de Educación de San Juan. La propuesta del Ejecutivo incluía incrementos vinculados a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un aumento del 15% en el concepto Nueva Conectividad San Juan en septiembre y mejoras en los cargos del nomenclador docente.

Sin embargo, los sindicatos consideran que la oferta no satisface sus reclamos, especialmente en cuanto a una mejora específica para agosto y septiembre. «La propuesta del Gobierno es insuficiente», declaró Daniel Quiroga, secretario general de AMET. «Necesitamos una mejora salarial que refleje la inflación y el aumento del costo de vida en la provincia».

Por su parte, Karina Navarro, secretaria general de UDA, destacó que «la negociación paritaria es un proceso complejo que requiere tiempo y esfuerzo». «Estamos dispuestos a seguir negociando para encontrar una solución que satisfaga las necesidades de los docentes y del sistema educativo en general», agregó.

El Gobierno provincial, por su parte, ratificó su compromiso de mantener la política salarial unificada para toda la administración pública provincial. «Estamos dispuestos a seguir negociando y a encontrar una solución que sea justa y equitativa para todos», declaró Roberto Gutiérrez, ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan.

La negociación se reanudará el próximo viernes 29 de agosto a las 14 horas. Mientras tanto, los docentes cobrarán con el aumento del IPC.

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