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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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La Corte de San Juan notificó seis vacantes al Consejo de la Magistratura

La Corte de Justicia de San Juan notificó formalmente al Consejo de la Magistratura la existencia de seis vacantes que deberán ser cubiertas mediante concursos públicos. La nómina comprende tres cargos de jueces y otros tres correspondientes al Ministerio Público Fiscal, con funciones distribuidas entre la Primera y Segunda Circunscripción Judicial.

El presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, confirmó la comunicación al organismo encargado de seleccionar a los futuros magistrados. A partir de ahora, el Consejo de la Magistratura deberá establecer el cronograma para poner en marcha los concursos y avanzar con la cobertura de los puestos.

Entre los cargos disponibles figuran dos juzgados de Familia correspondientes a la Primera Circunscripción y un tercer juzgado para la Segunda Circunscripción, con competencia sobre Jáchal e Iglesia. La ampliación apunta a reforzar uno de los fueros con mayor demanda dentro de la Justicia provincial.

Las otras tres vacantes corresponden al Ministerio Público Fiscal. Se trata de una Fiscalía Civil y Laboral de primera instancia, una Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación y una Asesoría Oficial de Menores e Incapaces destinada al norte sanjuanino.

El origen de las vacantes

No todas las plazas tienen el mismo origen. La Fiscalía Civil y Laboral quedó disponible tras la jubilación de Beatriz Gil, lo que generó la necesidad de iniciar el proceso para designar a su reemplazante.

La Fiscalía de Cámara ante el Tribunal de Impugnación responde a otra circunstancia. Se trata de un cargo previsto por la legislación que instauró el sistema acusatorio y que permanecía sin cobertura. Su incorporación al proceso de selección fue solicitada por el fiscal General de la provincia, Guillermo Baigorrí.

La función tiene relevancia dentro del esquema acusatorio, ya que esos fiscales intervienen en defensa de las acusaciones cuando las resoluciones son apeladas ante el Tribunal de Impugnación.

En cuanto a los nuevos juzgados de Familia, el juzgado de la Segunda Circunscripción y la Asesoría Oficial de Menores e Incapaces, fueron creados por la Cámara de Diputados a partir de un proyecto impulsado por la Corte de Justicia con respaldo del gobernador Marcelo Orrego.

El proyecto original también contemplaba la creación de un nuevo Juzgado de Paz para Caucete, pero esa incorporación fue postergada luego de un acuerdo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provincial.

La apertura de estas seis vacantes inicia ahora una nueva etapa administrativa: el Consejo de la Magistratura deberá organizar los concursos y evaluar a los postulantes. La cobertura de los cargos permitirá reforzar áreas con alta demanda y ampliar la capacidad de respuesta de la Justicia provincial, particularmente en materia de Familia y protección de menores.

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Movistar, Claro y Personal acordaron una nueva suba salarial para sus trabajadores

La CONSITEL acordó con Movistar, Claro y Personal dos pagos únicos equivalentes al 2,10% de las escalas de julio y una actualización salarial del mismo porcentaje desde octubre. Las partes retomarán la negociación a mediados de septiembre.

Los trabajadores de las telecomunicaciones tendrán nuevos incrementos en los próximos meses luego del acuerdo alcanzado por la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) con Movistar, Claro y Personal. El entendimiento contempla pagos extraordinarios durante agosto y septiembre y una suba del 2,10% sobre las escalas salariales a partir de octubre de 2026.

El primer pago será abonado en agosto y equivaldrá al 2,10% de las escalas conformadas correspondientes a julio. En septiembre se repetirá el mismo porcentaje, calculado sobre las escalas de julio, aunque en este caso se incorporará además el impacto asociado a la productividad.

La actualización permanente llegará en octubre, cuando las escalas salariales se incrementen un 2,10%. La distribución será diferente según se trate de trabajadores de telecomunicaciones fijas o móviles.

Para quienes se desempeñan en la telefonía fija, el 1,85% se aplicará sobre las remuneraciones: el 60% se incorporará al salario básico y el 40% al Adicional Especial. El 0,25% restante se trasladará al viático convencional no sujeto a rendición, con los efectos correspondientes sobre los adicionales.

En la telefonía móvil, en cambio, la totalidad del incremento del 2,10% se incorporará al salario básico.

El acuerdo establece además que esta actualización de las escalas será considerada para determinar el pago correspondiente al Día del Trabajador Telefónico de 2027.

La negociación continuará en septiembre

El entendimiento no cierra la discusión paritaria anual. CONSITEL y las empresas acordaron volver a reunirse a mediados de septiembre para evaluar la evolución de los salarios y continuar con la negociación.

El nuevo acuerdo llega después del entendimiento alcanzado en julio, cuando las organizaciones sindicales habían conseguido una actualización del 6,74% sobre las escalas correspondientes a mayo de 2026, aplicada a partir de los salarios de ese mes.

En aquella oportunidad, la distribución también contempló diferencias entre las ramas fija y móvil. Para los trabajadores móviles, el incremento se incorporó íntegramente al básico. En la telefonía fija, el 6% se distribuyó entre el salario básico y el Adicional Especial, mientras que el 0,74% restante se destinó al viático convencional no sujeto a rendición.

CONSITEL había señalado entonces que aquella recomposición buscaba compensar la inflación acumulada del 33,55% correspondiente al período paritario comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026.

Con el nuevo pacto, la negociación incorpora dos pagos extraordinarios y una nueva actualización de las escalas, mientras las partes mantienen abierta la discusión para septiembre. La evolución de los precios y del poder adquisitivo será, nuevamente, uno de los factores centrales para la próxima instancia paritaria.

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La Ruta 40 norte suma obras para sostener el tránsito minero

Vialidad Nacional intensificó el mantenimiento del tramo de la Ruta Nacional 40 comprendido entre Huaco y el límite con La Rioja. Las tareas incluyen defensas aluvionales, limpieza de cauces, señalización y preparación de equipos para emergencias, en un corredor que concentra tránsito minero y conecta a San Juan con el norte del país.

El corredor adquirió mayor relevancia por el crecimiento del transporte vinculado con los emprendimientos mineros del norte sanjuanino, además de su importancia para la circulación comercial, social y turística entre ambas provincias.

El 9° Distrito San Juan del organismo nacional indicó que las intervenciones apuntan a preservar la transitabilidad y elevar las condiciones de seguridad para vehículos particulares y transporte pesado. Entre los trabajos se encuentran la ejecución y mantenimiento de defensas aluvionales, limpieza de cauces, acondicionamiento de la calzada y refuerzo de la señalización.

La preparación adquiere especial importancia por las características del trazado. Este tramo concentra la mayor cantidad de badenes de la red troncal nacional, una particularidad que obliga a mantener una vigilancia permanente sobre los puntos de escurrimiento y las condiciones de circulación.

La proximidad con la precordillera también expone a la ruta a episodios de lluvias intensas durante el verano. En períodos de precipitaciones extraordinarias, cauces habitualmente secos pueden activarse de manera repentina y transportar grandes volúmenes de agua, barro y material de arrastre hacia la calzada.

Frente a ese riesgo, Vialidad concentra parte de las tareas preventivas antes de la temporada de mayores precipitaciones. La limpieza de cauces y el acondicionamiento de las defensas buscan disminuir las interrupciones y permitir una respuesta más rápida ante eventuales cortes.

A estas intervenciones se suma la disponibilidad de equipos preparados para actuar frente a emergencias, un aspecto especialmente relevante en una ruta utilizada por camiones y vehículos asociados al movimiento minero. La continuidad del corredor resulta determinante para el traslado de insumos, maquinaria y producción hacia otros puntos del país.

La Ruta 40 también cumple una función de integración territorial. Su conexión con La Rioja permite sostener desplazamientos de residentes, transporte de cargas y circulación turística, por lo que las obras exceden las necesidades específicas de la minería.

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