Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario
El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas en el Presupuesto. Ordenó al Ejecutivo cumplir de inmediato con la norma y volvió a fijar un plazo de cinco días para acatar las medidas cautelares vigentes.
La Justicia volvió a fallar contra el Gobierno nacional en la disputa por el financiamiento de las universidades públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró este martes la inconstitucionalidad del tramo del Decreto 759/2025 que había condicionado la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La resolución hizo lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades, junto con la causa iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Cormick ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la ley y dictar las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para hacerla efectiva.
El punto cuestionado se encuentra en el propio decreto de promulgación. El Gobierno había establecido que la Ley 27.795 quedaba sujeta a lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629, una condición que en los hechos supeditaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. Esa fórmula quedó ahora invalidada judicialmente.
Para Cormick, el mecanismo utilizado por el Ejecutivo no supera un control mínimo de razonabilidad. El magistrado sostuvo que, después de que el Congreso insistiera con la ley mediante las mayorías agravadas previstas por la Constitución tras el veto presidencial, el Poder Ejecutivo no podía introducir por decreto una nueva instancia que demorara su aplicación.
El juez consideró, además, que esa decisión funcionó en los hechos como una forma de veto no contemplada por la Constitución. También rechazó que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario constituya una intromisión excepcional: señaló que forma parte de las atribuciones propias de los tribunales cuando están en juego derechos y obligaciones establecidos por una ley vigente.
La sentencia también puso bajo análisis el argumento fiscal utilizado para justificar la demora. Según la resolución, el impacto estimado de la ley durante 2025 representaba aproximadamente 0,23% del PBI nominal proyectado, de acuerdo con información de la Oficina de Presupuesto del Congreso. El magistrado recordó, además, que los Presupuestos de 2024 y 2025 no fueron aprobados y que durante esos ejercicios se prorrogaron partidas del Presupuesto 2023.
El nuevo pronunciamiento se suma a una cadena de decisiones judiciales que comenzó a fines de 2025. En diciembre, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar que dejó inaplicable la condición introducida por el Decreto 759/2025. La Cámara Contencioso Administrativa Federal mantuvo posteriormente esa protección y la Corte Suprema dejó firme la cautelar en junio.
A esa secuencia se agregó en septiembre una nueva intimación de Cormick al Estado nacional para que cumpliera en cinco días con los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, referidos a la recomposición de los salarios docentes y no docentes y a las becas universitarias. El tribunal advirtió entonces que podía aplicar multas por cada día de demora.
Los gremios universitarios recibieron el fallo como un respaldo a sus reclamos y ratificaron la movilización nacional convocada para el jueves 15 de octubre. La quinta Marcha Federal Universitaria reunirá a sindicatos docentes y nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.795, la recomposición salarial y un mayor financiamiento para las casas de estudios.
La resolución coloca nuevamente al Poder Ejecutivo ante la obligación de ejecutar una ley sancionada por el Congreso y, al mismo tiempo, mantiene abierta la confrontación por los recursos que deberán incorporarse al sistema universitario. Con la discusión del Presupuesto 2027 en el Congreso y una nueva movilización ya convocada, el financiamiento de las universidades vuelve a quedar en el centro de una pulseada que ahora suma un pronunciamiento judicial sobre la validez constitucional del mecanismo utilizado por el Gobierno para postergar su aplicación.
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Los alimentos empujan la inflación de septiembre y frenaron la desaceleración
La inflación habría vuelto a acelerarse en septiembre, después del descenso registrado en agosto. Las principales consultoras privadas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2%, por encima del 1,7% informado para el mes anterior, en un movimiento explicado principalmente por aumentos en verduras y carne.
Las estimaciones se conocen antes de la publicación de nuevos indicadores oficiales y privados que permitirán precisar la evolución de los precios. El dato marca, de confirmarse, un freno a la desaceleración que había predominado durante buena parte del primer semestre y que tuvo una interrupción en julio, cuando el IPC había alcanzado el 2,1%.
Entre las mediciones privadas, Libertad y Progreso proyectó una inflación mensual del 2% y señaló que el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 3,2%, convirtiéndose en el principal impulsor del resultado general.
La medición de C&T Asesores Económicos fue algo inferior, con una estimación de 1,9%. Según su relevamiento, alimentos y bebidas tuvieron en septiembre el mayor incremento desde mayo, con una suba cercana al 2%. Dentro de esa categoría, las verduras aumentaron 11%, mientras que la carne avanzó 2,1%.
El comportamiento de los productos básicos también fue registrado por LCG. La consultora detectó un incremento del 1,7% en alimentos durante la última semana de septiembre, mientras que el acumulado de las últimas cuatro semanas llegó al 2,7%. Por su peso dentro de la canasta de consumo, esos movimientos tienen una incidencia relevante sobre el índice general.
Analytica, en tanto, relevó una suba semanal del 0,8% en alimentos y bebidas durante los últimos días del mes y calculó un aumento del 2,8% en cuatro semanas. Con esos datos, también estimó una inflación general del orden del 2% para septiembre.
Eco Go coincidió con esa proyección. La consultora calculó un avance del 2% y señaló que componentes de comportamiento estacional tuvieron una incidencia importante en la aceleración, lo que llevaría al índice general a ubicarse aproximadamente 0,3 puntos porcentuales por encima de agosto.
El movimiento de septiembre adquiere relevancia porque modifica la trayectoria observada en los meses anteriores. Después de una sucesión de registros descendentes, julio había mostrado un repunte al 2,1% y agosto volvió a marcar una baja, con 1,7%, el menor registro en 14 meses según la información difundida entonces.
La presión de los alimentos introduce además un componente especialmente sensible sobre los hogares, dado que se trata de uno de los rubros con mayor incidencia en el gasto cotidiano. Las subas concentradas en productos de consumo frecuente pueden tener un impacto más inmediato sobre el presupuesto familiar aun cuando el índice general mantenga variaciones moderadas.
Las estimaciones privadas deberán ser contrastadas con el IPC oficial de septiembre, que permitirá determinar la magnitud definitiva del repunte y la evolución de los distintos componentes. El dato será además una referencia para las próximas mediciones de expectativas y para las decisiones de empresas y trabajadores en materia de precios, salarios y consumo.
Si las proyecciones se confirman, septiembre habrá interrumpido nuevamente la trayectoria descendente de la inflación mensual. El regreso a valores cercanos al 2%, con los alimentos entre los principales impulsores, mostraría que la desaceleración de los precios continúa siendo irregular y todavía expuesta a movimientos fuertes dentro de la canasta básica.
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Milei proyecta una visita a San Juan antes de fin de año
El Presidente Javier Milei prepara una gira por nueve provincias con proyectos incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y San Juan figura entre las paradas previstas. La recorrida, que el Gobierno proyecta concretar antes de fin de año, tendrá como principal objetivo exhibir inversiones productivas y el avance de las iniciativas beneficiadas por el régimen.
La provincia adquiere un lugar relevante dentro de ese itinerario por el peso de la minería. San Juan cuenta con cuatro proyectos aprobados bajo el RIGI, entre ellos Vicuña, Los Azules, Veladero y Gualcamayo, que concentran inversiones de gran magnitud en cobre y oro.
La visita presidencial todavía no tiene fecha confirmada ni un programa oficial definido. La previsión que circula en la Casa Rosada contempla recorridas por Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, además de nuevas actividades en la provincia de Buenos Aires.
El punto de partida de esta agenda fue la reciente recorrida de Milei por Bahía Blanca, donde visitó proyectos alcanzados por el régimen. Tras sus viajes a Nueva York y París, el Presidente retomaría ahora una agenda federal enfocada en inversiones y en la puesta en valor del RIGI.
El esquema original comprendía 23 proyectos aprobados, con una inversión comprometida de US$49.766 millones, de acuerdo con los datos difundidos por el Poder Ejecutivo. Las iniciativas incluyen 12 proyectos mineros, siete de petróleo y gas, dos de generación eléctrica, uno siderúrgico y otro de infraestructura.
A esa cartera se incorporaron posteriormente nuevas iniciativas. Entre ellas aparecen proyectos vinculados con Vaca Muerta y una inversión minera de cobre de Glencore, anunciada durante la Argentina Week en París. La ampliación del mapa de inversiones elevó el peso que el Gobierno pretende otorgarle al RIGI como instrumento para atraer capitales de gran escala.
En San Juan, el proyecto de mayor dimensión es Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining, con una inversión inicial prevista de US$9.700 millones para el desarrollo de los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. Los Azules, Veladero y Gualcamayo completan la nómina provincial de iniciativas incorporadas al régimen.
La eventual recorrida también tendría un componente institucional por el vínculo que Milei mantiene con el gobernador Marcelo Orrego, aunque desde el Gobierno nacional se plantea que el propósito central de la gira es mostrar los proyectos de inversión. Orrego integró, junto con otros mandatarios, la delegación argentina que acompañó al Presidente durante la Argentina Week en París.
El viaje a Francia dejó además a San Juan particularmente expuesta dentro de la agenda de inversiones. Durante esa misión, el mandatario sanjuanino mantuvo contactos con representantes de compañías internacionales y presentó las oportunidades de la provincia en minería y energía, mientras Milei utilizó a San Juan como referencia del potencial inversor argentino.
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