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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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Departamentales

Un corte eléctrico imprevisto dejó sin luz a gran parte de San Juan

Un corte imprevisto de energía eléctrica se produjo en la siesta de este miércoles y alcanzó a Capital, Rivadavia, Santa Lucía, Chimbas, Rawson, Pocito y Albardón, además de Jáchal y Sarmiento. Hasta el momento no se informó oficialmente el origen de la interrupción ni cuándo quedará normalizado el suministro.

El interrupción del servicio se produjo de manera repentina y generó inconvenientes para hogares, comercios y distintas actividades que dependen del suministro eléctrico. La extensión geográfica del apagón hizo a que trascendiera el área metropolitana y alcanzara puntos distantes del territorio sanjuanino.

Según informó la empresa Naturgy, la situación se debió a cuestiones ajenas a su gestión y que las causas serán materia de investigación.

La falta de información oficial mantenía abierta la incertidumbre entre los usuarios mientras continuaban los trabajos destinados a restablecer el suministro. La principal incógnita pasa ahora por determinar si se trató de una falla localizada con impacto sobre distintos puntos de la red o de un inconveniente de mayor alcance en el sistema eléctrico provincial.

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La Justicia volvió a exigir al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

El juez Martín Cormick rechazó el planteo del Poder Ejecutivo contra la intimación anterior y volvió a otorgarle cinco días para cumplir con la medida cautelar vinculada a la Ley 27.795. La resolución alcanza la actualización de salarios docentes y no docentes y la recomposición de las becas estudiantiles.

El juez federal en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick volvió a intimar este miércoles al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El magistrado rechazó el planteo presentado por el Poder Ejecutivo contra la intimación anterior y fijó nuevamente un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento.

La resolución establece que el Estado deberá avanzar con la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y con la recomposición de los programas de becas estudiantiles. En caso de persistir la demora, Cormick advirtió que podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de incumplimiento.

El nuevo pronunciamiento se produjo después de que el Gobierno cuestionara la intimación dictada el 22 de septiembre y sostuviera que ya había cumplido con las obligaciones alcanzadas por la cautelar. El Ejecutivo acompañó documentación para respaldar esa posición y pidió dejar sin efecto la posibilidad de aplicar sanciones.

Cormick mantuvo, sin embargo, el criterio de que el cumplimiento acreditado hasta ahora no resulta integral. La cautelar original había sido dictada en diciembre de 2025 a partir de una presentación impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. El recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema tampoco modificó su vigencia.

El conflicto judicial se concentra particularmente en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Mientras el primero establece mecanismos de actualización para los ingresos del personal docente y no docente, el segundo contempla la recomposición de los programas de asistencia estudiantil. El reclamo universitario también incluye la recuperación del poder adquisitivo perdido por los salarios desde diciembre de 2023.

El debate coincide con el litigio salarial entre las universidades nacionales y los gremios. Mientras el Ejecutivo afirma haber respondido a los reclamos y cuestiona el fallo judicial que ve insuficiente su postura, la disputa sigue abierta y bajo un nuevo límite de tiempo impuesto por la Justicia.

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destacada

Judiciales nacionales paralizan la actividad este viernes por salarios, obra social y defensa de la Justicia Nacional

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.

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