Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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El dolor unió a San Juan en la despedida a los héroes de la tragedia aérea
Una multitud acompañó la misa en la Catedral, el recorrido por las instituciones donde prestaron servicio y el sepelio en el Cementerio de Capital. El homenaje estuvo marcado por el dolor, los honores oficiales y el reconocimiento a quienes perdieron la vida mientras cumplían funciones vinculadas a la protección de la comunidad.

San Juan vivió este sábado una de las jornadas más conmovedoras de su historia reciente al despedir a Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos; y Jorge Carbajal, segundo jefe de esa división, quienes murieron el miércoles en el accidente del helicóptero que se precipitó en Valle Fértil cuando se dirigía hacia La Rioja para intervenir en un incendio forestal.
Desde las primeras horas de la mañana, familiares, compañeros de trabajo, integrantes de las fuerzas de seguridad, autoridades provinciales y cientos de sanjuaninos colmaron la Catedral San Juan Bautista para participar de la misa de exequias, luego de la capilla ardiente que durante el viernes permitió a la comunidad brindar un último saludo a las víctimas.
El siniestro también provocó la muerte del piloto Matías Valenzuela y de los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta. Todos integraban el operativo destinado a fortalecer la respuesta frente a incendios forestales y otras emergencias.
Concluida la ceremonia religiosa, los féretros fueron retirados entre un prolongado aplauso de los presentes mientras repicaban las campanas de la Catedral y la Banda de Música de la Policía interpretaba la Marcha Fúnebre. Primero fue despedido Heredia, seguido por Videla, Castro y Carbajal, en un clima de profundo recogimiento.
El cortejo recorrió luego algunos de los lugares que marcaron la trayectoria profesional de las víctimas. La primera parada fue la Central de Policía, donde efectivos de distintas dependencias tributaron un último homenaje a Marcelo Germán Videla. Más tarde, el convoy pasó por la sede de Protección Civil para despedir a Carlos Heredia y continuó hacia el Cuartel de Bomberos de la Policía, donde colegas, personal retirado y miembros de distintos cuerpos de bomberos rindieron honores a Rubén Castro y Jorge Carbajal.
La última etapa del recorrido culminó en el Cementerio de Capital. Allí, una multitud esperaba el ingreso del cortejo para participar de la ceremonia final antes del traslado de los féretros al Panteón Provincial.

Durante el acto se escucharon palabras cargadas de emoción. Un integrante de la fuerza recordó a sus compañeros con un mensaje que conmovió a todos los presentes al evocar las vivencias compartidas y el vacío que deja su partida. Su despedida concluyó con una frase que sintetizó el sentimiento colectivo: «Despedimos hermanos. Descansen en paz».
El momento de mayor solemnidad llegó con la interpretación de El Toque del Silencio, ejecutada por la Banda de Música de la Policía de San Juan como homenaje fúnebre, mientras familiares, compañeros y vecinos acompañaban en silencio los últimos instantes de la ceremonia.
La despedida puso fin a tres días de duelo que movilizaron a toda la provincia. El accidente aéreo no solo enluta a las familias de las siete víctimas fatales, sino también a las instituciones encargadas de la protección civil, la seguridad y el combate de incendios, que perdieron a profesionales de extensa trayectoria y reconocida vocación de servicio.
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Crece el rechazo a la ley de extranjerización de tierras y anuncian nuevas protestas
La CGT, las dos CTA y la UTEP confirmaron movilizaciones para el 6 y 7 de agosto. El primer reclamo será frente al Senado, donde se debatirá la reforma de la Ley de Tierras Rurales, mientras que al día siguiente participarán de la tradicional marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo.
La CGT, las CTA y la UTEP convocan a dos marchas contra la ley de tierras del Gobierno
La conflictividad entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical sumará un nuevo capítulo la próxima semana. La CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron una doble jornada de movilización para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras Rurales y para volver a reclamar cambios en la política económica impulsada por la administración de Javier Milei.
La primera convocatoria será el jueves 6 de agosto frente al Congreso, en coincidencia con la reanudación del debate en el Senado sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Un día después, el viernes 7, las organizaciones volverán a las calles en el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, con una concentración que culminará en Plaza de Mayo.
La propuesta oficial introduce cambios sustanciales en la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Entre sus puntos más discutidos elimina el límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y suprime las restricciones que impedían la adquisición de grandes extensiones en zonas productivas. El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica, mientras que sus detractores advierten que comprometen el control nacional sobre recursos considerados estratégicos.
La iniciativa también reforma el régimen de expropiaciones, estableciendo indemnizaciones calculadas sobre el valor de mercado, con un tope para el lucro cesante, y condiciona la transferencia del dominio al pago efectivo de la compensación. A ello se suma la incorporación de procedimientos judiciales más rápidos para los desalojos y la derogación de disposiciones de la Ley de Manejo del Fuego que impedían modificar el destino de tierras afectadas por incendios durante un plazo de treinta años.
El rechazo excedió el ámbito sindical. Diversas organizaciones sociales y rurales se integraron a la denominada Coalición Federal en Defensa de la Tierra y a la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, que durante los últimos días impulsaron radios abiertas, campañas de recolección de firmas, encuentros públicos y un banderazo bajo la consigna «Argentina no se vende».
A ese pronunciamiento se sumaron entidades religiosas. La Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío expresaron públicamente su preocupación por el contenido del proyecto y solicitaron a los legisladores un análisis profundo de las modificaciones propuestas antes de avanzar con su sanción.
En el plano parlamentario, el debate en el Senado acumula cuatro postergaciones debido a las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios. La discusión volverá al recinto este jueves tras un cuarto intermedio solicitado durante la última sesión, en medio de intensas negociaciones entre el Gobierno y distintos bloques legislativos.
Para la CGT, las CTA y la UTEP, la movilización busca influir en esa definición parlamentaria y consolidar un frente común frente a las reformas impulsadas por la Casa Rosada. La convocatoria se suma a las recientes marchas junto a organizaciones de jubilados y anticipa un segundo semestre condicionado por la agitación gremial y las protestas comunitarias frente a la gestión oficial.
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Quiénes asumieron interinamente en Seguridad después del accidente aéreo
El accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil, y que provocó la muerte de siete personas, dejó además un fuerte impacto institucional al desarticular parte de la conducción de la Secretaría de Seguridad de San Juan. Entre las víctimas se encontraban el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Videla; el jefe del Cuerpo de Bomberos, Rubén Castro; y el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal, cuatro funcionarios que ocupaban posiciones determinantes dentro del sistema provincial de emergencias.
Frente a esa pérdida, el Gobierno dispuso una reorganización inmediata para garantizar el funcionamiento de los organismos involucrados y preservar la cadena de mando hasta que se formalicen las nuevas designaciones.
En la Dirección de Protección Civil, la conducción quedó provisoriamente en manos del comisario mayor retirado Diego Morales, quien meses atrás se desempeñó como subjefe de la Policía de San Juan y cuenta con una extensa trayectoria dentro de la fuerza. Su designación apunta a asegurar la coordinación de las tareas de prevención, respuesta y asistencia ante emergencias mientras se define la conducción definitiva del organismo.
La estructura de la Policía de San Juan también debió reacomodarse. Tras el fallecimiento del subjefe Marcelo Videla, esa responsabilidad pasó de manera interina al comisario general Néstor Álvarez, integrante de la plana mayor y uno de los oficiales de mayor antigüedad dentro de la institución, respetando el orden jerárquico establecido por la fuerza.
En el Cuerpo de Bomberos, donde la tragedia provocó la pérdida simultánea de su jefe y su subjefe, la conducción quedó temporalmente a cargo del comisario inspector Sergio Rodríguez, quien asumió la responsabilidad operativa del cuerpo hasta que el Poder Ejecutivo oficialice la nueva estructura de mando.
Las designaciones permanentes deberán instrumentarse mediante decretos del Poder Ejecutivo. Fuentes oficiales señalaron que esa definición será adoptada por el gobernador Marcelo Orrego una vez que regrese a San Juan, luego de interrumpir la misión institucional que desarrollaba en Estados Unidos para retornar tras conocerse la tragedia.
Mientras se completan esos nombramientos, la Secretaría de Seguridad mantiene la totalidad de sus servicios operativos. La prioridad del Ejecutivo provincial es garantizar la continuidad de las tareas de prevención, patrullaje, emergencias y asistencia a la población, al tiempo que avanza la reorganización de una estructura que sufrió una de las pérdidas institucionales más importantes de su historia reciente.
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