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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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Shell, Axion y Puma aumentaron los combustibles, mientras YPF analiza su próximo movimiento

Shell, Axion y Puma incrementaron entre 2% y 5% los precios de naftas y gasoil después de que el Brent se ubicara alrededor de los US$105. YPF, que concentra cerca del 55% del mercado minorista, todavía no trasladó la suba, aunque su presidente, Horacio Marín, anticipó que la evolución del crudo y de los márgenes determinará los próximos movimientos.

La decisión puso fin, de hecho, al esquema de estabilidad que las compañías venían sosteniendo desde mayo para amortiguar la volatilidad internacional. El acuerdo había funcionado como un mecanismo de compensación frente a las variaciones del crudo y contemplaba mantener los valores mientras el petróleo se ubicara en torno o por encima de los US$80. Con el nuevo salto, las refinadoras resolvieron trasladar parte de la diferencia a los surtidores.

Los nuevos valores muestran el efecto inmediato. En nafta premium, el litro pasó a $2.523 en Axion, $2.463 en Puma y $2.508 en Shell. Para la nafta súper, los precios informados se ubicaron en $2.247, $2.213 y $2.208, respectivamente. En varias provincias, además, la premium ya supera los $2.700 por litro.

YPF, que concentra aproximadamente el 55% de las ventas minoristas, decidió mantener por ahora sus precios. La petrolera estatal sigue la evolución del mercado internacional antes de definir una eventual modificación. Horacio Marín sostuvo que la compañía continuará utilizando el mecanismo de amortiguación y que los próximos movimientos dependerán de cuánto tiempo permanezca elevado el valor del petróleo y de la evolución de sus márgenes.

La lógica había sido explicada por Marín meses atrás, cuando la compañía comenzó a aplicar el denominado buffer para evitar un traslado inmediato de la cotización internacional a los consumidores. El objetivo era compensar las variaciones del crudo mediante ajustes graduales, en lugar de trasladarlas de manera directa al precio final.

El impacto sobre la inflación dependerá de la magnitud y del momento en que se produzcan los aumentos. Por haberse concretado hacia el cierre del mes, parte de la incidencia podría distribuirse entre dos mediciones consecutivas, según estimaciones difundidas por fuentes del mercado.

A esa presión se suma un componente impositivo todavía parcialmente postergado. El Gobierno prorrogó hasta el 30 de septiembre la aplicación de parte de los incrementos pendientes en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Desde el 1° de octubre comenzará a regir el remanente correspondiente a actualizaciones de 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026, según el Decreto 829/2026.

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La pobreza volvió a subir y alcanzó al 32,3% de la población

La pobreza volvió a crecer en la Argentina y alcanzó al 32,3% de las personas durante el primer semestre de 2026, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC. El indicador aumentó 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando había alcanzado el 28,2%.

La nueva medición implica que aproximadamente 15,5 millones de personas quedaron por debajo de la línea de pobreza dentro de los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo estadístico. La cifra marca un cambio respecto de la trayectoria descendente registrada durante 2025.

El deterioro también alcanzó a los hogares: el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza. En el caso de la indigencia, el indicador se ubicó en 7,5% de las personas y 5,6% de los hogares, lo que representa alrededor de 3,6 millones de personas que no lograron cubrir siquiera el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

La diferencia entre ambos indicadores está determinada por las canastas utilizadas por el INDEC. La pobreza comprende a quienes viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye alimentos y otros bienes y servicios esenciales. La indigencia, en cambio, identifica a quienes no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

El resultado adquiere una dimensión adicional al compararlo con el mismo período del año anterior. Frente al 31,6% registrado en el primer semestre de 2025, la pobreza aumentó 0,7 puntos porcentuales. El salto más pronunciado se produjo en la comparación con el segundo semestre de ese año, cuando el indicador había descendido al 28,2%.

La medición también vuelve a poner el foco sobre la población infantil, uno de los grupos con mayor incidencia de la pobreza. En el primer semestre de 2025, antes de esta nueva suba general, el 45,4% de los menores de 15 años ya vivía en hogares pobres; los datos difundidos ahora muestran que el deterioro general se produjo en un período posterior.

El nuevo informe del INDEC llega en un período en el que los indicadores de consumo también muestran señales de retracción. En julio, las ventas de supermercados disminuyeron 2,1% interanual a precios constantes y acumularon una caída de 2,7% en los primeros siete meses del año, otro dato que permite observar la evolución de la capacidad de compra de los hogares.

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Bono San Juan: fuerte demanda para la primera emisión internacional de la Provincia

San Juan consumó este jueves su regreso al mercado internacional de deuda con una colocación de US$600 millones, el máximo previsto para la emisión, después de recibir ofertas por US$1.037 millones. La operación reunió a 67 fondos e inversores y cerró con una tasa de cupón del 9,55%.

La demanda superó en alrededor de US$437 millones al monto finalmente adjudicado, una diferencia que permitió a la Provincia colocar la totalidad del financiamiento buscado. Del volumen de órdenes recibidas, unos US$360 millones correspondieron a inversores del mercado local, según los datos difundidos tras la operación.

El título tendrá vencimiento en 2035, con una estructura de amortización que contempla tres pagos: 33% del capital en 2033, otro 33% en 2034 y el 34% restante al vencimiento. Los intereses serán abonados semestralmente, de acuerdo con las condiciones informadas para la emisión.

El costo financiero debe distinguirse entre el cupón anunciado y el rendimiento efectivo. Mientras la tasa nominal del bono quedó establecida en 9,55%, información difundida sobre la operación ubicó el rendimiento de colocación en torno al 9,875%, debido al precio al que fue emitido el título.

La operación se concretó con una referencia internacional exigente. Al momento del cierre, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se ubicaba en 5,15%, mientras que el riesgo país argentino rondaba los 567 puntos básicos. La comparación permite dimensionar el diferencial que afronta una emisión provincial argentina respecto de la deuda considerada de referencia en los mercados internacionales.

Tras varias semanas de negociaciones con financistas externos, la provincia dejó listo el camino para acceder al crédito. El foco de la presentación estuvo en el equilibrio fiscal y en el crecimiento proyectado gracias a la minería. En particular, se destacaron los megaproyectos de cobre que dinamizarán la economía mediante obras de infraestructura, logística y servicios.

Los fondos se destinarán a obras de infraestructura clave para el desarrollo productivo de San Juan, con foco en las demandas del nuevo auge minero. La Provincia detalló ante los inversores que emprendimientos de la escala de Vicuña y Los Azules transformarán los requerimientos viales, logísticos, energéticos y de servicios en el corto y mediano plazo.

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