A pocas semanas del debate del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral, los mandatarios provinciales comenzaron a condicionar su respaldo a la Casa Rosada. La caída real de las transferencias automáticas, la distribución de ATN y el temor a que La Libertad Avanza compita directamente en sus distritos profundizan el distanciamiento.

La relación entre Javier Milei y los gobernadores atraviesa una nueva etapa, marcada por una negociación cada vez más condicionada por los intereses provinciales. La proximidad del debate del Presupuesto 2027 y de la reforma electoral encontró a varios mandatarios tomando distancia de la Casa Rosada, mientras sus legisladores comenzaron a modificar el comportamiento que durante buena parte de la gestión permitió al oficialismo aprobar iniciativas clave.

El cambio se hizo visible en las últimas votaciones del Congreso. Los bloques dialoguistas que responden a gobernadores como Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro acompañaron proyectos impulsados por la oposición, entre ellos los vinculados con discapacidad y el desendeudamiento de las familias.

La señal adquiere relevancia porque el Gobierno necesitará nuevamente construir mayorías para aprobar el Presupuesto 2027, cuya presentación debe concretarse antes del 15 de septiembre, y para avanzar con una reforma electoral cuyo punto más controvertido es la eliminación de las PASO.

La disputa por los recursos

El deterioro de los ingresos provinciales constituye uno de los principales factores detrás del nuevo vínculo entre Nación y las jurisdicciones. Un informe de la Fundación Encuentro señala que las transferencias automáticas a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires acumularon hasta agosto una caída real del 1,2% interanual.

El dato es especialmente significativo porque sólo Catamarca consiguió mejorar su recepción respecto del mismo período de 2025, con una variación positiva de 0,3%. El resto de las jurisdicciones quedó por debajo del año anterior en términos reales.

La Casa Rosada intentó compensar parcialmente esa relación mediante la reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En agosto, el Ministerio de Economía distribuyó $12.000 millones entre tres provincias: Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones cada una, mientras que Misiones obtuvo $5.000 millones.

La asistencia, sin embargo, no alcanzó para evitar nuevos enfrentamientos. En La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto cuestionó la decisión del Gobierno nacional de reconocer a Mendoza el 100% de las regalías correspondientes al complejo hidroeléctrico de Los Nihuiles, una medida vinculada con la histórica disputa por el río Atuel.

“Ahora, junto al Gobierno de Milei, que deroga el Decreto 1560/73, nos quitan sus regalías”, afirmó Ziliotto, al anticipar que su administración no aceptará la decisión.

Passalacqua, una pieza clave

Misiones representa uno de los casos más delicados para el oficialismo. El desembolso de $5.000 millones en ATN llegó mientras el gobernador Hugo Passalacqua profundiza su distancia política respecto de Carlos Rovira y mantiene contactos con dirigentes de distintos espacios.

El mandatario misionero recibió recientemente a Axel Kicillof y previamente había mantenido encuentros con Sergio Uñac y dirigentes del peronismo federal. La Casa Rosada busca evitar que ese acercamiento derive en un alineamiento de Misiones con la oposición.

La Libertad Avanza, a su vez, comenzó a proyectar una estructura propia en la provincia. Entre los nombres mencionados para disputar el territorio aparecen el diputado Diego Hartfield y el titular partidario Adrián Núñez.

La agenda electoral condiciona el vínculo entre los mandatarios provinciales y el Ejecutivo nacional. Distintos gobernadores que respaldaron los proyectos oficiales perciben que la fuerza gobernante podría disputarles el territorio en 2027, más allá de los consensos parlamentarios alcanzados.

El factor electoral

El lanzamiento del tucumano Lisandro Catalán como candidato dispuesto a disputar el poder provincial constituye una primera señal concreta. El movimiento alimentó la desconfianza de los gobernadores que observan con preocupación una eventual expansión territorial de La Libertad Avanza.

La elección municipal de Marcos Juárez, en Córdoba, también dejó una advertencia para las fuerzas opositoras al peronismo: la fragmentación puede modificar el resultado cuando el voto contrario al oficialismo provincial se distribuye entre varias listas.

La definición de alianzas nacionales quedará en buena medida bajo la conducción de Karina Milei, quien tendrá a su cargo las conversaciones con los mandatarios que todavía mantienen vínculos con el oficialismo. Por ahora, los acuerdos aparecen más consolidados con Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Rogelio Frigerio.

También resta conocer si se mantiene la cooperación política con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y si otros gobernadores, entre ellos Ignacio Torres, Marcelo Orrego y Claudio Poggi, terminan acercándose a la propuesta libertaria o preservan una construcción propia.

Reformas bajo negociación

La nueva ley de Biocombustibles es otro ejemplo de la dificultad de construir una posición común entre las provincias. Tucumán, Jujuy y Salta muestran una postura favorable, mientras Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe cuestionan el ingreso de grandes compañías integradas al mercado del biodiésel.

El argumento de estos últimos distritos es que la participación de grandes empresas cerealeras podría desplazar a pequeñas y medianas firmas del mercado. El proyecto quedó temporalmente detenido en el Senado, donde el Gobierno tampoco consiguió reunir los votos necesarios.

La reforma electoral promete una discusión todavía más compleja. La eliminación de las PASO aparece como el punto que genera mayor resistencia entre los aliados parlamentarios. Una alternativa con mayores posibilidades de consenso sería suspenderlas nuevamente, como ocurrió durante las elecciones de 2025.

La cuestión no es menor para los gobernadores: cualquier modificación de las reglas electorales puede alterar el diseño de las alianzas, la selección de candidatos y la relación entre las elecciones nacionales y provinciales.

El 1 de noviembre habrá, además, una prueba política en Bariloche, donde se votará la reforma de la Constitución municipal. El oficialismo provincial de Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés enfrentarán al peronismo y a una alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. El resultado será observado como una primera aproximación a la capacidad de esos espacios para competir asociados o separados.

Con el Presupuesto 2027 a las puertas del Congreso y una reforma electoral que afecta directamente los intereses de las estructuras provinciales, la relación entre Nación y los gobernadores ingresa en una fase de mayor negociación. La Casa Rosada todavía conserva capacidad de iniciativa, pero los mandatarios comenzaron a dejar en claro que el acompañamiento legislativo ya no será automático y que cada proyecto deberá atravesar, cada vez más, el filtro de los intereses territoriales y de la disputa electoral de 2027.

Desde nuestra organización sindical, nos dirigimos a cada uno de los compañeros y compañeras, a sus familias y a la comunidad de Perito Moreno, con el firme propósito de llevar absoluta tranquilidad en este momento mientras las autoridades de aplicación laboral, ambiental y fuerzas de seguridad llevan adelante un operativo en el Proyecto Cerro Negro.

Como representantes de los trabajadores, reafirmamos que nuestra prioridad absoluta es, y será siempre, velar por la seguridad, la salud y la dignidad laboral de quienes hacen grande a la minería. En este camino, hacemos un llamado genuino a la paz social y a la urgente reconstrucción del diálogo social.

Nuestra provincia cuenta con un liderazgo y una trayectoria minera indiscutibles. Ese estatus histórico y productivo no es casualidad; se ha consolidado gracias al esfuerzo diario y la alta calificación de cada trabajador, proveedor minero y de las Comunidades anfitrionas que confiaron en esta industria. Ese prestigio es el que hoy debe primar. Cuidar y sostener la actividad de forma responsable, es cuidar el sustento de miles de familias santacruceñas, y para lograrlo debemos actuar con la seriedad, responsabilidad y la firmeza que el contexto social y económico actual nos demanda.

La historia de Santa Cruz nos ha enseñado que, cuando los canales entre el Estado y el sector empresarial se desarticulan, se generan tensiones donde los trabajadores y las comunidades anfitrionas terminan quedando como rehenes de la incertidumbre, por ello no podemos permitir que las descoordinaciones institucionales afecten a quienes día a día sostienen la producción.

Por eso, en esta coyuntura, desde ASIJEMIN consideramos que la atención inmediata debe centrarse de manera urgente en dos focos prioritarios:

En primer lugar, la situación de los compañeros que hoy se encuentran trabajando y conviviendo en el campamento. Estamos y seguiremos estando en el territorio, acompañando de cerca las inspecciones y exigiendo de forma irrestricta como siempre se lo ha hecho que las condiciones laborales, de habitabilidad y de salud cumplan estrictamente con lo que dictan nuestros convenios colectivos. No daremos nunca un solo paso atrás en el cuidado de la integridad de nuestra gente en los yacimientos.

En segundo lugar, manifestamos nuestro profundo respeto y acompañamiento a la comunidad de Perito Moreno. Somos plenamente conscientes de que es la comunidad la que, con una enorme madurez, brinda la licencia social indispensable para operar, otorgando su voto de confianza tanto al Estado como a las empresas. Esa licencia social debe respetarse y reverse a través de acciones responsables: garantizando el desarrollo local, el cuidado ambiental y una convivencia armónica donde el progreso de la mina se traduzca de forma real en el progreso del pueblo.

El futuro de la minería se defiende con trabajo, seguridad y propuestas claras. Invitamos a las autoridades de la provincia y a los sectores inversores y empresariales a consolidar un espacio de diálogo abierto y constructivo, manteniendo la paz social que nos permita seguir proyectando una actividad minera modelo y con justicia social.

Oscar Romillo
Director Regional Sur – Delegación Regional Sur
ASIJEMIN (Asociación Sindical de Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina)

Cristian Jerónimo y Gerardo Martínez representaron a la CGT en una audiencia con León XIV en el Vaticano, donde expusieron su diagnóstico sobre la pérdida de poder adquisitivo, el deterioro del empleo y el endeudamiento de los hogares. El encuentro también abordó el impacto de la inteligencia artificial sobre el trabajo y se produjo antes de la visita del Papa a la Argentina, prevista para noviembre.

La crisis social argentina llegó al Vaticano. El cosecretario de la CGT Cristian Jerónimo y el secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, fueron recibidos por el papa León XIV y aprovecharon la audiencia para transmitirle su preocupación por el deterioro de las condiciones laborales y sociales durante la gestión de Javier Milei.

El encuentro se desarrolló en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, una instancia que reunió a representantes de distintos ámbitos y permitió incorporar a la discusión las transformaciones económicas y tecnológicas que atraviesan al mundo del trabajo.

La delegación argentina describió ante el pontífice un cuadro caracterizado, según su diagnóstico, por la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y jubilados, el crecimiento de la precarización, el endeudamiento de las familias y las dificultades para generar puestos de trabajo estables y protegidos por derechos laborales.

Martínez había anticipado el tono del planteo al advertir que León XIV encontrará una Argentina atravesada por “mucha tristeza”, que atribuyó a la magnitud del ajuste aplicado por el Gobierno nacional. La expresión sintetizó la preocupación sindical por el impacto de las políticas económicas sobre los ingresos y las condiciones de vida.

La conversación no quedó circunscripta a la coyuntura argentina. Uno de los asuntos centrales fue el avance de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, cuyo impacto sobre el empleo comienza a ocupar un lugar cada vez mayor en las discusiones sindicales y empresariales.

Desde la CGT sostuvieron que la transformación tecnológica no debería quedar exclusivamente bajo decisiones empresariales y reclamaron participación de los trabajadores y sus organizaciones en los procesos que puedan modificar puestos, competencias y formas de contratación. El planteo incorpora así una discusión de largo alcance sobre productividad, capacitación y protección laboral.

Junto con los dirigentes de la central obrera participaron de la delegación argentina Alejandro Gramajo, titular de la UTEP, y Daniel Funes de Rioja, expresidente de la Unión Industrial Argentina, entre otros representantes. La composición del grupo permitió reunir distintas perspectivas del mundo del trabajo y la producción.

El papa León XIV, por su parte, llamó a avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios” y puso especial énfasis en la protección de quienes enfrentan mayores riesgos de exclusión. Su mensaje se vinculó con uno de los principales reclamos planteados por los representantes argentinos: que la transformación económica no recaiga de manera desproporcionada sobre los trabajadores y los grupos más vulnerables.

La audiencia adquiere además una dimensión política y simbólica por la proximidad de la primera visita de León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. El viaje formará parte de una gira regional que también incluirá Uruguay y Perú.

El encuentro en Roma permitió, de ese modo, anticipar ante el pontífice algunos de los principales reclamos que atraviesan hoy al movimiento obrero argentino. Salarios, empleo, deuda familiar y transformación tecnológica quedaron vinculados en una misma discusión: cómo sostener el trabajo y la cohesión social frente a una economía que atraviesa profundas modificaciones.

Para la CGT, el diálogo con León XIV representó además una oportunidad para instalar fuera de las fronteras nacionales su diagnóstico sobre las consecuencias sociales del programa económico de Milei. Para el Papa, el intercambio ofreció una aproximación directa a las demandas de una parte central del movimiento sindical argentino antes de su llegada al país.