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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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La CGT evalúa endurecer su estrategia frente al Gobierno

La preocupación por los cambios impulsados por el Gobierno en materia laboral y sindical, sumada al deterioro del empleo registrado en distintas ramas de la economía, acelera dentro de la CGT el debate sobre una respuesta política y gremial de mayor intensidad.

La CGT se encamina hacia una nueva etapa en su relación con el Gobierno nacional. El malestar generado por recientes medidas oficiales que, según el sindicalismo, avanzan sobre la autonomía de las organizaciones gremiales, reactivó las presiones internas para abandonar la estrategia de prudencia que predominó durante los últimos meses.

El debate ocupará un lugar central en la reunión que el Secretariado Nacional mantendrá con representantes de diversas confederaciones, entre ellas la CATT, la CASIA y la CSIRA, espacios que reclaman una respuesta más contundente frente a las decisiones adoptadas por la administración de Javier Milei.

La inquietud excede el plano institucional. En la conducción cegetista crece la preocupación por el desempeño de la economía real, especialmente en actividades vinculadas a la producción industrial, la construcción y el comercio, donde se multiplican las denuncias por suspensiones, despidos y reducción de planteles.

En ese marco, la defensa del empleo formal vuelve a consolidarse como eje prioritario de la agenda sindical. Distintos dirigentes advierten que la pérdida de dinamismo productivo y el retroceso del consumo comienzan a reflejarse con mayor intensidad en el mercado laboral, alimentando el descontento entre los trabajadores.

Sin embargo, el factor que hoy acelera la discusión interna es el alcance de las reformas que afectan el funcionamiento de sindicatos, federaciones y confederaciones. En Azopardo interpretan que las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo podrían alterar mecanismos históricos de representación y financiamiento sobre los que se estructura el modelo sindical argentino.

La definición que adopte la CGT en las próximas semanas será observada con atención tanto por el Gobierno como por el empresariado. Después de meses de tensiones intermitentes, la principal central obrera del país parece acercarse a un punto bisagra en el que la negociación podría ceder espacio a una dinámica de confrontación más abierta.

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Crece la discusión sobre quién se beneficia del auge minero

La decisión de incorporar desde China parte de la infraestructura destinada a un emprendimiento cuprífero encendió cuestionamientos de ASIMRA. El gremio reclama una mayor participación de fabricantes argentinos y reabre una discusión que excede a una obra puntual: cuánto valor agregado queda en el país cuando llegan grandes capitales.

La expansión minera volvió a colocar sobre la mesa una discusión que acompaña históricamente a los grandes proyectos vinculados a los recursos naturales. Esta vez, el debate no gira en torno a cuestiones ambientales ni fiscales, sino a la capacidad de las inversiones para dinamizar el entramado productivo argentino.

La controversia surgió tras conocerse que parte de las instalaciones habitacionales previstas para un importante emprendimiento de cobre serían fabricadas fuera del país. La decisión despertó reparos dentro de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica (ASIMRA), desde donde advirtieron que la medida podría reducir significativamente la participación de empresas nacionales en una iniciativa que movilizará recursos por miles de millones de dólares.

La preocupación no se limita a la provisión de estructuras modulares. Detrás de esa contratación aparece una cadena de bienes y servicios que involucra a fabricantes metalúrgicos, empresas de ingeniería, contratistas especializados, talleres y proveedores tecnológicos. Para la organización sindical, el desafío consiste en aprovechar la magnitud de estos emprendimientos para fortalecer capacidades productivas ya instaladas en el país.

La discusión adquiere una dimensión estratégica porque coincide con el crecimiento de proyectos considerados fundamentales para el futuro exportador argentino. El cobre se perfila como uno de los minerales más demandados por la transición energética global y varias provincias aspiran a convertirse en protagonistas de ese mercado durante las próximas décadas.

En ese marco, distintos actores vinculados al mundo del trabajo sostienen que la llegada de capitales debería traducirse en algo más que generación de divisas. La aspiración es que también impulse procesos de industrialización, incorporación tecnológica y formación de proveedores capaces de integrarse de manera competitiva a cadenas de abastecimiento de gran escala.

El planteo dialoga además con una discusión más amplia sobre los alcances del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Mientras el Gobierno nacional lo presenta como una herramienta destinada a atraer desembolsos de magnitud, organizaciones sindicales y cámaras empresarias insisten en que los beneficios otorgados deben producir efectos tangibles sobre el empleo, la producción y el desarrollo regional.

El debate excede la importación de una obra específica. En el fondo, vuelve a emerger una pregunta que acompaña cada ciclo de expansión extractiva: si la riqueza generada por los grandes emprendimientos será capaz de irradiar oportunidades hacia el tejido económico nacional o si permanecerá concentrada en circuitos productivos con escasa vinculación local.

Con nuevos proyectos en marcha y cifras récord de inversión en el corto plazo, esa discusión promete ganar cada vez más relevancia.

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San Juan sostuvo el turismo con eventos, pero sintió el freno del consumo

El fin de semana largo movilizó a casi un millón de personas en todo el país y generó un impacto económico superior a los $216.000 millones. Sin embargo, la actividad mostró el desempeño más débil de 2026. En San Juan, la agenda deportiva y cultural permitió sostener la llegada de visitantes, aunque el comportamiento del consumo reflejó una mayor prudencia de los hogares.

Durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, el turismo argentino exhibió una postal ambivalente. Si bien 993.683 personas recorrieron distintos destinos del país y el movimiento económico alcanzó los $216.649 millones, los indicadores relevados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) confirmaron que se trató del fin de semana largo de menor desempeño en lo que va del año.

San Juan acompañó esa tendencia. La provincia registró una afluencia moderada de visitantes y una ocupación hotelera distante de los niveles que tradicionalmente caracterizan a este tipo de fechas. No obstante, una intensa programación de competencias deportivas, espectáculos y propuestas recreativas evitó una retracción más pronunciada y aportó dinamismo a distintas localidades.

El calendario deportivo volvió a transformarse en uno de los principales atractivos. La Copa Apertura Nacional de Patinaje Artístico reunió a más de 800 competidores en el Velódromo Vicente Alejo Chancay, mientras que el Nacional de Cadetes B de Handball convocó a unos 600 jugadores provenientes de diversas provincias. A ello se sumaron la Vuelta a San Juan Juvenil, el Desafío Cruz del Tacho, una nueva fecha del automovilismo local y numerosos encuentros de hockey, vóley y fútbol.

La oferta cultural también contribuyó a sostener el movimiento. Las funciones del Teatro del Bicentenario, la experiencia inmersiva Sismografía 1944, las actividades de la Casa Natal de Sarmiento, el Museo Franklin Rawson y el Centro Cultural Estación San Martín ampliaron las alternativas para residentes y visitantes. En distintos departamentos se agregaron ferias, propuestas gastronómicas y festivales que complementaron la agenda.

Entre los puntos más visitados sobresalieron el Parque Provincial Ischigualasto, el Dique Punta Negra, el Parque Nacional El Leoncito y los circuitos vinculados al turismo del vino, que continúan consolidándose como algunos de los principales activos de la oferta sanjuanina.

Más allá del movimiento registrado, los números nacionales reflejan un cambio en los hábitos de consumo. El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, cifra que representó una caída real del 3,5% respecto del mismo feriado del año anterior. A su vez, la permanencia promedio descendió de 2,3 a 2 días, confirmando una tendencia hacia viajes más breves y presupuestos más ajustados.

Desde CAME atribuyeron este comportamiento a una combinación de factores: la pérdida de poder adquisitivo de amplios segmentos de la población, la cercanía de las vacaciones de invierno y el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que concentró parte de la atención y del gasto familiar.

Pese a este desempeño más moderado, el turismo mantiene un peso relevante en las economías regionales. En lo que va del año ya se contabilizaron seis fines de semana largos, con más de 10,3 millones de turistas movilizados y un gasto acumulado que supera los $2,8 billones en todo el país.

El balance deja una conclusión que trasciende datos vinculados al contexto actual. En una etapa marcada por consumos más selectivos y decisiones de viaje tomadas sobre la marcha, destinos como San Juan encuentran en los grandes eventos deportivos, culturales y recreativos una palanca de gestión para sostener su atractivo y preservar el movimiento económico en períodos tradicionalmente asociados a la temporada baja.

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