Nancy Pazos defendió el rol de los medios públicos en el Senado
Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.
Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.
Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.
Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.
Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.
“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.
Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”.
En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.
Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”.
La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”.
“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.
Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.
“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.
En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”.
“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.
La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.
Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.
“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”.
Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.
Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.
“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.
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La investigación por el Acueducto Gran Tulum suma un pedido de desafuero y cruces en Tribunales
La jueza de Garantías Mónica Lucero suspendió la audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra, luego de aceptar las justificaciones de los dos legisladores nacionales ausentes. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro cuestionaron la decisión y solicitaron el desafuero del senador y del diputado para garantizar su comparecencia.
La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tuvo este miércoles una primera audiencia marcada por las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, un pedido fiscal de desafuero y fuertes diferencias entre el Ministerio Público y la jueza de Garantías Mónica Lucero. La magistrada resolvió suspender la formalización hasta que estén presentes los 11 investigados.
El procedimiento, realizado en los Tribunales de San Juan, debía permitir que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, expusieran los hechos bajo investigación y las posibles responsabilidades penales. La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia y apunta a presuntas irregularidades en licitaciones, compras de materiales, modificaciones presupuestarias y controles de ejecución de una obra que permanece inconclusa.
Entre los primeros en presentarse estuvieron el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, representante de Krah América Latina. La ausencia de los dos legisladores nacionales terminó condicionando el desarrollo de la audiencia.
Andino acreditó que se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales mediante la presentación de pasajes de avión. Lucero aceptó la justificación, aunque rechazó que participara por videoconferencia. En el caso de Uñac, su abogado defensor, Marcelo Fernández, leyó una nota en la que el senador fundamentó su inasistencia con referencias a normas constitucionales, nacionales y provinciales. También adelantó que no declararía durante la audiencia y que, si decidiera hacerlo posteriormente, presentaría un escrito.
La decisión de la jueza de considerar justificadas ambas ausencias provocó la reacción de la Fiscalía. Gómez cuestionó que las obligaciones laborales pudieran justificar la falta a una audiencia de estas características y pidió el desafuero de Uñac y Andino para asegurar su comparecencia. La magistrada defendió sus atribuciones para resolver sobre las inasistencias y sostuvo que el Ministerio Público no necesitaba que ella le corriera vista de sus decisiones.
Otro de los cruces giró en torno a la designación de Fernández como defensor del senador. El fiscal pidió precisar cuándo se había formalizado el nombramiento y cuestionó inicialmente que pudiera haberse concretado minutos antes del comienzo de la audiencia. Sin embargo, el registro judicial consignaba que Uñac había designado al abogado el 5 de octubre, nueve días antes de la convocatoria.
Durante la jornada también surgió una consulta de Lucero a Julio Ortiz Andino sobre un posible vínculo familiar con una persona allegada a la magistrada, para determinar si existían motivos que pudieran justificar su apartamiento. Al cierre de la audiencia no se había informado una resolución sobre ese punto.
La causa tiene como telón de fondo una obra central para el abastecimiento de agua potable en San Juan, cuya ejecución quedó inconclusa. La próxima instancia judicial deberá permitir que la Fiscalía exponga formalmente los hechos atribuidos a los investigados y que las defensas ejerzan sus derechos, mientras se define cómo garantizar la comparecencia de todos los involucrados.
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La Ruta 40 Sur vuelve a la agenda de Nación: Orrego viajará para negociar fondos
El gobernador Marcelo Orrego viajará a Buenos Aires para gestionar la reactivación del financiamiento de la Ruta Nacional 40 Sur, cuya obra quedó comprometida tras la interrupción de los fondos nacionales. La agenda prevé contactos con el jefe de Gabinete y representantes de Vialidad Nacional, con el objetivo de encontrar una alternativa que permita continuar los trabajos.
Durante una rueda de prensa en el departamento Rawson, el mandatario afirmó que hará “todo lo posible” para cumplir con las obligaciones vinculadas al proyecto y señaló que las reuniones podrían abrir una instancia para avanzar en la liberación de recursos. Por ahora, no hay un acuerdo confirmado ni anuncios concretos sobre nuevos desembolsos.
El principal punto de la negociación es el tramo 2, que había comenzado con fondos nacionales y posteriormente quedó sin ese respaldo. Frente a la interrupción de los aportes, el Gobierno provincial comenzó a explorar otras vías para sostener la obra, entre ellas la posibilidad de obtener crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), sujeto a condiciones que permitan garantizar su continuidad.
Orrego remarcó que la Ruta 40 Sur resulta fundamental para la conectividad de San Juan y el traslado de la producción hacia otros mercados. La búsqueda de recursos, por lo tanto, no se limita a completar una obra vial: también apunta a preservar un corredor relevante para la logística provincial y la integración regional.
El mandatario sanjuanino mencionó, además, la posibilidad de que el asunto llegue a la Cámara de Diputados la próxima semana, aunque no precisó qué iniciativa se trataría ni bajo qué condiciones.
En la misma rueda de prensa, Orrego se refirió al proyecto para transformar la Ruta Nacional 20, con una traza de cuatro carriles —dos por sentido—. La vía constituye uno de los principales accesos a la provincia y cumple una función importante en el transporte de cargas y pasajeros.
De todos modos, lo más urgente ahora es destrabar el dinero para la Ruta 40 Sur. Lo que ocurra en Buenos Aires decidirá si la Provincia recupera el apoyo económico o si tiene que buscar un «plan B» para no frenar las obras.
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Víctor Menéndez: “La CGT acompañará la marcha universitaria y reclama recuperar el poder adquisitivo”
El dirigente sindical que representa a los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan confirmó que la CGT acompañará la movilización del 15 de octubre en defensa de las universidades públicas. También cuestionó los límites a las paritarias, detalló los aumentos acordados para la actividad y alertó sobre las consecuencias del Fondo de Asistencia Laboral.
Los aumentos salariales acordados para los trabajadores de estaciones de servicio de San Juan volverán a quedar por detrás de las expectativas de recomposición del gremio. Víctor Menéndez, referente sindical de la actividad, confirmó una actualización del 1,9% para septiembre, otro 1,9% para octubre y un 1,7% para noviembre, porcentajes que se aplican sobre los salarios del mes anterior.
En diálogo con Mundo Laboral San Juan, el dirigente sanjuanino reconoció las limitaciones económicas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas del rubro, aunque sostuvo que esa realidad no elimina la necesidad de mejorar los ingresos. “El salario viene perdiendo día a día”, advirtió, y cuestionó que la Secretaría de Trabajo imponga límites a los acuerdos paritarios y restrinja la homologación de incrementos superiores.
Para Menéndez, la negociación quedó condicionada por una política salarial que impide recuperar lo perdido frente a la inflación. Su reclamo excedió a los trabajadores de estaciones de servicio: planteó la necesidad de recomponer los ingresos de los distintos gremios y de recuperar capacidad de compra para jubilados y pensionados.
Respaldo a la UTA y críticas al financiamiento del transporte
El representante gremial respaldó la protesta de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan, que paralizó el servicio de colectivos durante casi dos días por salarios adeudados. Felicitó al dirigente Antonio Ruíz , y a los trabajadores que sostuvieron la medida hasta alcanzar un acuerdo para regularizar los haberes pendientes.
Menéndez cuestionó que las empresas de transporte recurran al Estado provincial para cubrir obligaciones que, a su juicio, deben afrontar los propios empleadores. Si bien reconoció el esfuerzo oficial para sostener beneficios como el boleto gratuito para estudiantes y docentes, sostuvo que el costo de mantener el sistema no puede recaer sobre quienes dependen de su salario.
“La única lucha que se pierde es la que se abandona”, afirmó al valorar el resultado de la protesta. La resolución del conflicto, consideró, demuestra la importancia de la organización colectiva cuando están en juego derechos salariales básicos.
Reforma laboral: preocupación por las indemnizaciones
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el impacto que, según Menéndez, podría tener la reforma laboral sobre los derechos adquiridos. En particular, cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), mecanismo vinculado al financiamiento de las indemnizaciones por despido, y alertó sobre sus posibles consecuencias para los recursos destinados al sistema previsional.
El dirigente advirtió que desviar fondos con otros destinos para financiar ese mecanismo podría debilitar el sistema jubilatorio. Asimismo, señaló que la nueva medida no debería ser retroactiva para los contratos vigentes, aunque aclaró que su alcance real dependerá de la normativa final.
Su planteo se inscribe en la resistencia sindical a los cambios en las reglas laborales impulsados por el Gobierno nacional. Para Menéndez, la CGT debe sostener una posición común frente a las modificaciones que puedan afectar la estabilidad, las indemnizaciones y la protección social.
En esa línea, confirmó que la central obrera acompañará la marcha federal universitaria del 15 de octubre, en reclamo del financiamiento de las universidades públicas. La convocatoria tendrá también una instancia de organización sindical previa, con participación de gremios que buscan ampliar el respaldo a las demandas del sistema universitario.
El deporte como herramienta de unidad gremial
La entrevista también incluyó el desarrollo del Campeonato Unidad Estaciones de Servicio 2026, una iniciativa que reúne a trabajadores de distintas localidades y categorías. La competencia contempla tres divisiones: fútbol libre, equipos femeninos y mayores de 40 años.
Menéndez explicó que el objetivo no se limita a la competencia deportiva: busca fortalecer los vínculos entre empleados que trabajan en establecimientos geográficamente dispersos y que, por sus horarios y tareas, tienen pocas oportunidades de encontrarse fuera del ámbito laboral. La entrega de premios y la cena de cierre están previstas para el 11 de noviembre.
La postura de Víctor Menéndez frente a la paritaria, la reforma laboral y la solidaridad intergremial expone el dilema del sindicalismo para proteger el poder adquisitivo ante la moderación salarial. El líder gremial sostiene que la clave radica en fortalecer la estructura sindical y unificar los reclamos para evitar la fragmentación de las luchas.
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