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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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ArgOliva 2026: San Juan mostrará su potencial olivícola ante mercados internacionales

San Juan volverá a ocupar un lugar central en la agenda olivícola internacional con la realización de ArgOliva 2026, que se desarrollará entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre. La decimoquinta edición reunirá a productores, empresas, especialistas y compradores en una agenda que combinará promoción comercial, capacitación e innovación tecnológica.

La convocatoria recibió 80 muestras para los concursos de calidad y contará con la participación de 43 empresas. De ese total, 26 son firmas argentinas, que presentaron 49 muestras, mientras que otras nueve compañías de seis países aportaron 13 muestras internacionales. El Concurso Nacional patrocinado por el Consejo Oleícola Internacional (COI) incorporó además producciones de San Juan, Mendoza, La Rioja, Buenos Aires y Córdoba.

La evaluación estará a cargo de jurados especializados y del Panel de Cata de Aceite de Oliva Virgen de la Universidad Católica de Cuyo, en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de esa institución.

Uno de los días centrales será el 3 de septiembre, cuando se desarrollarán una ronda internacional de negocios para empresas de alimentos y bebidas, la Mesa Nacional de Olivicultura y el seminario Panorama Internacional, Nuevas Tecnologías para el Olivo. La jornada concluirá con la entrega de premios a los aceites distinguidos.

El 4 de septiembre continuará la ronda comercial y se realizará la Jornada a Campo ArgOliva 2026, con demostraciones de maquinaria y contenidos vinculados con eficiencia hídrica y energética, biotecnología, energías renovables, transformación digital y aprovechamiento de subproductos.

La agenda culminará durante el fin de semana con Expo ArgOliva 2026, los días 5 y 6 de septiembre, en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y los Jardines del Ferro-Urbanístico. La entrada será gratuita y habrá productores, gastronomía, música y propuestas culturales para familias y turistas.

Con esta nueva edición, San Juan consolidará una semana dedicada a mostrar su producción olivícola, fortalecer vínculos comerciales y acercar al público una de las cadenas agroindustriales con mayor presencia en la provincia.

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Discapacidad: prestadores denuncian deudas desde mayo y preparan una protesta nacional

Prestadores y profesionales denuncian que la cadena de pagos permanece interrumpida y que algunos servicios adeudan prestaciones desde mayo. Ante la falta de respuestas, anunciaron la suspensión de tratamientos y una movilización para el lunes 31 de agosto, mientras Diputados postergó hasta septiembre el debate sobre la emergencia del sistema.

La falta de pagos a los prestadores generó una crisis y dejó sin recursos a los centros de atención a personas con discapacidad. Algunos trabajadores aseguran que todavía no cobraron servicios correspondientes a mayo y junio.

La demora se habría producido en el circuito que vincula a las obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud y ARCA, aunque los prestadores aseguran desconocer en qué punto quedó frenada la transferencia de recursos.

El mecanismo comienza cuando los profesionales facturan sus servicios a las obras sociales. Luego, las prestaciones son presentadas ante la Superintendencia, que interviene en la liquidación de los fondos destinados a discapacidad. La interrupción en alguno de esos pasos terminó paralizando los pagos a quienes brindan directamente los tratamientos.

Ante la falta de respuestas, organizaciones de profesionales anunciaron que desde el lunes 31 de agosto suspenderán tratamientos y realizarán movilizaciones. El reclamo alcanza a terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos y otros trabajadores vinculados con la atención de personas con discapacidad.

Un aumento que no alcanza

El conflicto se profundizó pese a que el Gobierno oficializó el martes un incremento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

La Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches, estableció la actualización correspondiente a agosto en función de la variación del IPC registrada en julio.
Para los prestadores, sin embargo, el aumento pierde efecto frente a la falta de transferencia de los fondos. “Por un lado, te dan un aumento y por otro, no te lo pagan”, cuestionó una profesional consultada sobre la situación.

Desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis) señalaron que la demora podría estar relacionada con una menor recaudación de ARCA, vinculada a la caída del empleo formal. La entidad advirtió que, si la interrupción persiste, podría quedar comprometida la continuidad de las prestaciones para miles de personas.

Diputados postergó el debate

La crisis también llegó al Congreso. La oposición intentó incorporar el tratamiento de la emergencia en discapacidad durante la sesión del miércoles, pero no consiguió la mayoría necesaria. La propuesta obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

La Libertad Avanza y el PRO rechazaron el pedido, mientras que la UCR y el MID se abstuvieron. Sin embargo, los bloques opositores sostuvieron que cuentan con los votos necesarios para avanzar posteriormente mediante una sesión especial. El tratamiento quedó previsto para el 9 de septiembre a las 12.

Mientras tanto, el reclamo se extiende por distintas provincias. En Mar del Plata hubo una convocatoria bajo la consigna “Trabajamos, cumplimos, no cobramos”, mientras que en Córdoba los prestadores declararon el estado de alerta.

La suspensión anunciada para el lunes suma presión sobre el Gobierno y vuelve a colocar el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad en el centro de la discusión, con profesionales que reclaman cobrar por servicios ya brindados y garantías para sostener la atención.

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El IPV avanza con nuevos barrios y unos 1.000 créditos para construir

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) prepara un nuevo sorteo de viviendas para San Juan que se realizará antes de fin de año, según confirmó su directora, Elina Peralta. La convocatoria será financiada con fondos provinciales y el organismo ya trabaja en los proyectos habitacionales que permitirán definir las unidades disponibles.

La iniciativa se suma al cronograma de entregas previsto para los próximos meses. El IPV tiene programadas nuevas adjudicaciones de barrios entre septiembre y diciembre, con el objetivo de sostener el ritmo de entrega de soluciones habitacionales en distintos departamentos de la provincia.

A la construcción de nuevos barrios se agregará la Operatoria Individual, destinada a familias que ya poseen un terreno y necesitan financiamiento para levantar su vivienda. El programa contempla alrededor de 1.000 créditos y tendrá inscripción digital.

El CIDI será la puerta de entrada

El nuevo mecanismo será administrado mediante Ciudadano Digital (CIDI). Los postulantes deberán completar allí la inscripción y acreditar los requisitos que establezca el IPV. Entre quienes resulten habilitados se realizará posteriormente un sorteo para determinar los beneficiarios.

Peralta explicó que el sistema todavía se encuentra en desarrollo y que resta completar los aspectos administrativos y técnicos antes de su lanzamiento formal. Una vez concluida esa etapa, el organismo difundirá las condiciones, requisitos y fechas correspondientes.

La funcionaria remarcó que la modalidad para operadores individuales tendrá un procedimiento diferente al utilizado en los sorteos tradicionales de viviendas, aunque ambos mecanismos continuarán formando parte de la política habitacional provincial.

Con el nuevo sorteo y la incorporación de créditos para construcción sobre terrenos propios, el IPV apunta a ampliar las alternativas de acceso a la casa propia y atender tanto la demanda de unidades terminadas como la de familias que ya cuentan con un lote.

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