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Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, expuso este jueves en el Salón Azul del Senado y señaló, entre otras cosas: «Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”.

El debate en comisión de la Ley Bases concluyó el jueves por la noche en el Senado, sin que el oficialismo de La Libertad Avanza lograra avanzar en un dictamen para poder llevar el proyecto al recinto.

Una de las últimas expositoras en ese debate fue la periodista Nancy Pazos, en representación de la organización Periodistas Argentinas, quien -al exponer este jueves en el Salón Azul del Senado- pidió a los legisladores que “no legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo abone las deudas impagas en concepto de publicidad y defendió el rol de los medios públicos.

Antes de la exposición de Pazos en el Salon Azul, hubo una intervención afuera del Congreso: el grupo Las Criadas rodeó caminando el edificio, vestidas con capas rojas y cofias blancas, como las protagonistas de la novela, y luego serie, de Margaret Atwood, “El cuento de la criada”.

Las mujeres portaban carteles con las frases: “Información o cuento”, No voten el fin del periodismo”, “Medios públicos y sin censura”, “Télam no se cierra, se defiende”, “Radio Nacional no se vende”, “No al cierre de la Defensoría del Público”, “Con esta ley la libertad no avanza”, “Le gusta cuando callas” y “No vendan por ley las noticias”.

Luego, en su alocución en el Salón Azul, la periodista Pazos planteó: “Estamos ante el peligro de convertir por ley información en propaganda. Y ustedes, senadoras y senadores, pueden evitarlo. Lo que nosotras venimos a compartir con ustedes hoy es una preocupación: la libertad de expresión está en peligro. Nosotras estamos en peligro”.

“Estamos en peligro cuando en las coberturas de actos y movilizaciones nos disparan gases y balas de gomas. Los datos: más de 40 periodistas sufrieron esto mientras estaban trabajando, lo denunciamos ante la CIDH y la ministra de Seguridad nos pidió disculpas por estos atropellos”, continuó.

Pazos analizó: “Estamos en peligro cuando el Presidente dedica una catarata de mensajes para estigmatizar a colegas y medios que informan sobre aquello que las autoridades consideran ‘impertinente’” y describió que “4 de cada 10 agresiones a la prensa tuvieron como protagonistas al Presidente o a sus ministros, según el relevamiento del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA”. 

En ese sentido, expuso que “la cifra resume la dinámica de la relación entre el nuevo jefe de Estado y la prensa: descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con asiduidad a periodistas y medios”.

Luego, continuó: “Estamos en peligro cuando el Estado no paga a los medios las deudas contraídas y elimina la pauta oficial, todo al mismo tiempo y sin dar posibilidades financieras de adaptarse al cambio de las reglas de un juego que dominó la relación entre Estado y medios de comunicación durante décadas”. 

La profesional precisó que “las deudas impagas afectan a 328 medios”, reconoció que “hasta ahora el reparto de la pauta oficial no era transparente”, pero dijo que “sí lo era su ejecución: podíamos hacer un pedido de acceso a la información pública y tener el detalle de qué medio cobró cada peso. Ya no”. 

“El Estado sigue gastando recursos públicos para difundir sus mensajes, pero el manejo de esa caja es ahora opaco y socialmente incontrolable”, apuntó.

Así, la conductora de “El amor es más fuerte” de Radio 10, expuso: “Estamos en peligro cuando dispensan de producir a más de 700 trabajadoras y trabajadores de la agencia estatal Télam”. 

“Esto significa que el Estado sigue pagando esos sueldos, pero desde hace cinco meses ha preferido despreciar la recaudación que Télam producía mensualmente. Y lo que Télam dejó de producir es información y dinero: es decir, las noticias producidas por 32 delegaciones provinciales y lo que estaba cobrando por los servicios que prestaba, que en cinco meses de parálisis representa una pérdida de 17 mil millones de pesos”, explicó.

En ese contexto, agregó que “todo el servicio que brinda RTA representa del gasto público un 0,1% del PBI” y evaluó que “está claro que no se trata entonces de reducir el déficit, sino del peligro de paralizar la producción de información federal, que garantiza que un habitante de Tierra del Fuego pueda enterarse qué sucede en Jujuy, por ejemplo”. 

“Idéntico es el procedimiento en Radio Nacional: hay 52 emisoras provinciales sin dirección que se limitan a reproducir lo que ordena un interventor desde CABA”, agregó.

La titular de Periodistas Argentinas planteó que “esto significa, entonces y también, que ustedes están en peligro: lo que representan, lo que expresan, los intereses que defienden no pueden llegar al resto de la población”, aseveró que “eso está pasando ahora” y dijo que “no hay que ir muy lejos para comprobarlo: en este Palacio funciona un canal en el cual nuestras colegas han sufrido actos de censura en plena emisión en vivo”.

Sostuvo que “en este palacio ustedes escucharon el discurso inaugural de las sesiones de este año rodeados por un operativo sin precedentes, que involucró a cuatro fuerzas de seguridad” e indicó “desde este palacio tuvieron que ver por redes sociales la jura de ministros, sin acceso a la prensa”.

“La libertad de expresión no es una prebenda, ni un privilegio de las y los periodistas y los medios. Es un bien social que esta ley debilita al legitimar estas prácticas”, continuó y subrayó que “no se trata de reeditar el debate sobre si está bien o mal privatizar, porque ese debate ya lo tuvimos en los 90 y los resultados están a la vista. Y ustedes mismos los padecieron: aprendimos la lección”. 

Enfatizó posteriormente en que “no hay medio privado que pueda garantizar la federalización de las noticias”, apuntó: “No estamos diciendo que un medio privado no quiera hacerlo: no puede. No es un tema de voluntad, sino de roles” y remarcó que “es una tarea que el mercado no puede hacer porque no le compete”.

Finalmente, Pazos puntualizó que “el empresario tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr rentabilidad”, sumó que “la política tiene que hacer bien su trabajo, que es lograr equidad” y consideró: “No podemos entonces delegar en el mercado el buen funcionamiento de la democracia. Ese es su tarea”.

“Y eso le pedimos hoy, senadoras y senadores: hagan su trabajo. No legitimen por ley el fin del periodismo federal y democrático”, concluyó.

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La inflación volvió a subir, llegó al 2,1% en julio y acumuló 19,3% en siete meses

La inflación volvió a acelerarse en julio y alcanzó el 2,1%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro superó en 0,2 puntos porcentuales al de junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había avanzado 1,9%.

Con el nuevo dato, los precios acumularon una suba del 19,3% en los primeros siete meses del año y del 33,8% en los últimos doce meses. La evolución vuelve a poner el comportamiento de los precios bajo atención, después de varios meses en los que el índice había mostrado una moderación.

Entre las divisiones que más aumentaron se ubicó Recreación y cultura, con un incremento del 5%, impulsado principalmente por paquetes turísticos y servicios culturales. Le siguió Restaurantes y hoteles, con una variación del 2,8%.

Los precios estacionales avanzaron 4,5%, mientras que los regulados aumentaron 2,1%. En el IPC núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, la suba fue del 1,8%.
En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado registró una caída del 1,3%, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó 1,5%.

Un factor adicional que pudo haber incidido fue la evolución del dólar. Según la consultora C&T, la cotización de la moneda estadounidense aumentó alrededor de $100 entre fines de junio y comienzos de julio, movimiento que habría comenzado a trasladarse parcialmente a determinados precios.

Diferencias regionales

El comportamiento no fue uniforme en todo el país. En el Gran Buenos Aires, el Noreste, el Noroeste, la región Pampeana y la Patagonia, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia sobre el índice mensual, principalmente por aumentos en verduras, productos lácteos, pan y cereales.

El dato adquiere especial relevancia para San Juan y el resto de la región cuyana, donde la evolución de los servicios de transporte tiene una incidencia directa sobre los gastos cotidianos de los hogares.

La medición de la Ciudad de Buenos Aires mostró, además, una variación superior al promedio nacional. El IPC porteño aumentó 2,9% en julio, acumuló 19,4% desde enero y registró una suba interanual del 33,2%.

El nuevo informe del INDEC confirma así que la inflación todavía se mantiene lejos de una trayectoria completamente estable: julio marcó un leve repunte mensual y dejó el acumulado anual cerca del 20%, mientras el comportamiento de los próximos meses será determinante para establecer si se trata de una fluctuación puntual o del comienzo de una nueva aceleración.

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La UTA suspendió el paro y abrió una última instancia de negociación

La Unión Tranviarios Automotor aceptó suspender el paro de 24 horas previsto para este viernes 14 de agosto luego del pedido de la Secretaría de Trabajo. El gremio y FATAP retomarán las negociaciones la próxima semana, aunque la falta de acuerdo mantiene latente un nuevo conflicto.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) suspendió el paro de colectivos de corta y media distancia previsto para este viernes 14 de agosto en todo el interior del país, luego de que la Secretaría de Trabajo solicitara al sindicato y a las empresas retomar las conversaciones salariales durante la próxima semana.

La decisión evita, por ahora, una jornada de interrupción total del transporte urbano e interurbano en las provincias. Sin embargo, la tregua será limitada: la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de volver a las medidas de fuerza si no aparece una propuesta que permita cerrar la negociación.

El conflicto lleva más de tres meses sin una resolución y tiene como principal reclamo la equiparación de los salarios de los choferes del interior con la escala acordada para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, explicó que la falta de entendimiento con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) llevó al gremio a trasladar el reclamo al ámbito nacional. Según señaló, la audiencia terminó con un pedido de la cartera laboral para abrir una nueva instancia de diálogo.

“Suspendemos la medida para la solución a nuestro reclamo, que es el sueldo para el sostén de nuestra familia. La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”, sostuvo Fernández.

La diferencia salarial entre los trabajadores metropolitanos y los del resto del país constituye uno de los puntos centrales del pugna. La UTA pretende extender a las provincias la grilla vigente en el AMBA, cuyos salarios básicos para los choferes avanzan hacia los $1,74 millones, además de viáticos y adicionales.

FATAP, en cambio, sostiene que las empresas del interior no cuentan con recursos suficientes para afrontar esa pauta. La entidad empresarial atribuye la brecha a la distribución de subsidios: mientras en el AMBA la asistencia estatal cubriría alrededor del 60% de los costos operativos, en las provincias no superaría el 10%.

Para las empresas, cualquier mejora salarial de esa magnitud requeriría mayores aportes nacionales y provinciales o un aumento de las tarifas para compensar la diferencia de financiamiento.

Con el paro suspendido, las negociaciones continuarán la próxima semana bajo la órbita de la Secretaría de Trabajo. La UTA espera una propuesta concreta y advirtió que, si no se alcanza un entendimiento, el conflicto podría volver a traducirse en medidas de fuerza en el transporte público del interior.La definición tendrá impacto directo en las provincias, donde el servicio de colectivos constituye uno de los principales medios de movilidad cotidiana y donde las diferencias de financiamiento con el sistema metropolitano siguen condicionando la discusión salarial.

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El conflicto universitario se extiende y ADICUS prepara nuevas jornadas de paro

El conflicto universitario volverá a ocupar las aulas y dependencias de la Universidad Nacional de San Juan durante la próxima semana. Desde ADICUS confirmaron nuevas medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial y mayores recursos para las universidades públicas.

La resolución fue adoptada en el Congreso de CONADU Histórica, donde se definió desarrollar una semana completa de lucha. La propuesta impulsada desde San Juan contemplaba comenzar con un paro de 48 horas y avanzar progresivamente, pero la mayoría de los congresales optó por extender la protesta durante toda la semana, combinando jornadas de huelga con acciones de visibilización.

La secretaria gremial del gremio universitario, Edith Liquitay, explicó que no habrá necesariamente paro todos los días. Las jornadas sin actividad serán determinadas en coordinación con los trabajadores no docentes, siguiendo la modalidad implementada el miércoles 12 de agosto.

Durante esa medida conjunta, la adhesión alcanzó niveles elevados en distintas dependencias de la UNSJ. Según los datos proporcionados por Liquitay, en la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento llegó aproximadamente al 90% durante el turno mañana y al 95% por la tarde, mientras que en otras unidades académicas se ubicó alrededor del 70%.

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. ADICUS sostiene que los incrementos acumulados para los trabajadores universitarios alcanzaron el 21,3%, mientras que la inflación del período habría generado una pérdida del 29,5%. Para el gremio, esa diferencia explica la decisión de profundizar las medidas.

El conflicto también alcanza al financiamiento de las universidades. la referente gremial cuestionó el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno nacional en el acta firmada el 10 de junio y señaló que permanecería pendiente un 20% adicional destinado al funcionamiento de las casas de estudios, además de recursos para hospitales escuela y un aumento de las becas.

El Gobierno nacional, por su parte, sostiene que realizó las transferencias correspondientes a gastos de personal y actualizaciones salariales y defiende el cumplimiento de las partidas previstas.

Mientras continúa la disputa, el Ejecutivo convocó a una nueva paritaria nacional para el 1 de septiembre. ADICUS considera insuficiente ese horizonte y apuesta a sostener la presión gremial para obtener respuestas antes de esa fecha.

La discusión excede las universidades y también llegó a la Justicia, donde los rectores reclaman el cumplimiento de los compromisos asumidos y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. El próximo 4 de septiembre, además, está prevista una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional en Bariloche.

La continuidad de las medidas en San Juan dependerá de la coordinación entre docentes y no docentes, pero ADICUS ya anticipó que la próxima semana volverá a llevar la protesta universitaria al ámbito público.

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