El martes 21 de octubre, trabajadores del Hospital Garrahan, gremios docentes universitarios y organizaciones de discapacidad marcharán a Plaza de Mayo para exigir al Gobierno de Javier Milei que cumpla con tres leyes aprobadas por amplia mayoría parlamentaria: Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario. Habrá además un “ruidazo” previo en la Quinta de Olivos.

Pocos días antes de las elecciones del 26 de octubre, el Ejecutivo de Javier Milei enfrentará una nueva movilización masiva. La convocatoria surgió del personal del Hospital Garrahan, que anunció un paro para el martes 21, pero rápidamente se amplió a los gremios docentes universitarios y a las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad. La protesta apunta a exigir el cumplimiento efectivo de tres normas sancionadas por el Congreso Nacional y aún sin aplicación: la Ley de Emergencia en Discapacidad, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Financiamiento Universitario.

La marcha coincidirá con el vencimiento del plazo legal que tiene el Ejecutivo para promulgar las dos últimas. Según el artículo 80 de la Constitución, si el Presidente no promulga ni veta una ley en diez días hábiles, ésta queda automáticamente promulgada. En este caso, además, las tres leyes fueron votadas por más de los dos tercios de ambas cámaras, por lo que no existe posibilidad de veto. Sin embargo, desde los sectores convocantes alertan que Milei podría repetir el esquema aplicado con la Ley de Discapacidad: promulgarla, pero luego no implementarla mediante un decreto reglamentario restrictivo.

El punto de partida de la movilización fue una comunicación entre un referente sindical del Garrahan y un dirigente del sector universitario, quienes coincidieron en la necesidad de construir una protesta unificada. Esa idea tomó cuerpo en una reunión realizada en la sede de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), donde participaron delegados de distintos sectores que acordaron la convocatoria conjunta.
La AGD-UBA y las asambleas del Garrahan ratificaron el paro del 21 y confirmaron que el día previo, lunes 20 a las 12, ofrecerán una conferencia de prensa en las puertas del hospital pediátrico —Combate de los Pozos 1881— para pedir que la CGT, las CTA y los movimientos sociales se sumen a la jornada.

“Unificamos fuerzas en esta concentración y llamamos a todas las organizaciones del movimiento obrero y popular a sumarse a esta convocatoria. En la Plaza de Mayo leeremos un documento consensuado, exigiendo la implementación inmediata de las leyes, que apenas mitigan los graves problemas de salud, educación y discapacidad que vive el país”, adelantaron los gremios en un comunicado conjunto.

Antes de la movilización central, los trabajadores del Garrahan realizarán otra acción de protesta: un “ruidazo” frente a la residencia presidencial de Olivos, el sábado 19 a partir de las 14. Allí confluirán también organizaciones universitarias y de discapacidad, bajo la consigna de “hacer ruido para que nos escuchen”.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, sostuvo que existe “una presunción de que el Gobierno podría reglamentar las leyes pero no aplicarlas, como ya ocurrió con la de Discapacidad”. En ese caso, anticipó que impulsarán un pedido de juicio político al presidente Javier Milei por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Ya hicimos todo lo que debíamos: agotamos las instancias, recorrimos los caminos institucionales y construimos un movimiento social en defensa del Hospital Garrahan. Hay una mayoría social y parlamentaria que nos respalda. Si el Gobierno decide no cumplir la ley, será responsable de un delito institucional”, advirtió Lezana.

La nueva movilización de trabajadores del Garrahan, docentes universitarios y organizaciones de discapacidad reaviva la tensión entre el Ejecutivo y amplios sectores del sistema público de salud y educación. Más allá de su impacto en la recta final hacia las elecciones, el reclamo expone un problema estructural: la resistencia del Gobierno nacional a aplicar leyes sancionadas por consenso parlamentario.

El 21 de octubre, en Plaza de Mayo, confluirán tres ejes —salud, educación y derechos sociales— que vuelven a interpelar al oficialismo con una consigna sencilla pero contundente: cumplir las leyes vigentes.

El Gobierno de Javier Milei anunciará este viernes un proyecto de reforma laboral que plantea la eliminación del pago de horas extra, el reemplazo de las indemnizaciones por fondos de cese y la descentralización de la negociación colectiva. La CGT ya analiza un informe técnico que advierte sobre los impactos negativos de las medidas en el empleo, la formalidad y la recaudación previsional.

El 61° Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, volvió a convertirse en escenario de anuncios económicos. Allí, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Ejecutivo tiene listo un paquete de reformas estructurales que será presentado al Congreso a partir del 10 de diciembre, cuando cambie la correlación de fuerzas parlamentaria. Entre ellas figura la reforma laboral impulsada por Javier Milei, de la cual el sindicalismo ya conoce un borrador y prepara su rechazo.

“El equilibrio fiscal es innegociable. Le dedicamos estos dos primeros años a estabilizar el desastre económico heredado. En el segundo bienio debemos llevar adelante las reformas estructurales que hacen falta”, sostuvo Adorni ante empresarios y banqueros, planteando la necesidad de “modernizar el sistema de trabajo” y de “crear condiciones para que las empresas vuelvan a contratar”.

Aunque el Gobierno prometió brindar los detalles el próximo viernes, el contenido del borrador ya circula en las principales centrales sindicales. El texto propone la creación de un banco de horas, que eliminaría el pago de horas extras y los límites de jornada laboral, así como la “modernización” de los convenios colectivos, lo que en la práctica implicaría su desregulación. Además, avanza en la sustitución del sistema de indemnizaciones por un fondo individual de cese laboral, y reduce cargas sociales y contribuciones patronales, bajo el argumento de que esto incentivaría la contratación formal.

En paralelo, la CGT ya dispone de un informe técnico —elaborado con datos de la OIT, la OCDE, la CEPAL y el Banco Mundial, además de indicadores del INDEC— que advierte sobre los riesgos económicos y sociales de la reforma. Según ese documento, “las reformas centradas en la reducción de costos laborales no garantizan mayor eficiencia ni creación sostenida de empleo formal”, y tienden a “aumentar la rotación, la informalidad y la desigualdad”, afectando además la recaudación previsional y debilitando la demanda interna.

Uno de los puntos más cuestionados es la descentralización de la negociación colectiva, que dejaría a los trabajadores sin respaldo sindical para discutir sus condiciones laborales. El estudio cita el Global Wage Report 2024–2025 de la OIT y reportes de la OCDE, que muestran que este tipo de políticas produce “caídas reales de salarios” y “mayor desigualdad entre empresas”, al romper el equilibrio que otorgan las paritarias sectoriales.

También se objeta la reducción de aportes y contribuciones patronales, dado que —según el informe— en contextos de bajo dinamismo económico, esas medidas no se traducen en creación de empleo sino en pérdida de recursos fiscales y deterioro del financiamiento de la seguridad social. Respecto del sistema de indemnizaciones, la crítica es categórica: “No resolverá la litigiosidad laboral, causada principalmente por incumplimientos en salarios y aportes; por el contrario, la debilita al restarle efecto disuasivo a la norma protectoria”.

En síntesis, el informe concluye que la competitividad no se logra mediante la desregulación sino a través de “inversión en productividad, justicia social y adaptación ecológica”, un enfoque en línea con las recomendaciones de los principales organismos internacionales.

El proyecto de Milei abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero. Aunque el discurso oficial insiste en la “modernización” como clave del crecimiento, los datos técnicos y la experiencia comparada advierten sobre el riesgo de profundizar la precarización y la desigualdad en un país donde más del 40% de los trabajadores ya está en la informalidad.

La reforma laboral, tal como se plantea, no solo reconfigura las reglas del mercado de trabajo, sino que también redefine el poder de negociación entre capital y trabajo. En ese escenario, la CGT prepara su resistencia con un argumento central: sin derechos laborales sólidos no hay estabilidad social ni desarrollo sostenible.

La automotriz francesa ejecutó 300 desvinculaciones en su planta de Santa Isabel, en Córdoba. Los trabajadores denuncian que la empresa busca reemplazar personal con antigüedad por contratados con salarios más bajos. Mientras tanto, la compañía argumenta un reordenamiento productivo y la finalización de la Nissan Frontier. El gremio fue criticado por su presunta pasividad ante el conflicto.

La crisis industrial vuelve a golpear el corazón productivo de Córdoba. La planta de Renault en Santa Isabel despidió a 300 trabajadores en el marco de un proceso que la empresa definió como “acuerdos voluntarios”, pero que los empleados consideran una ola de despidos encubiertos.

Desde hace una semana, los operarios comenzaron a recibir llamados de la administración notificando que no continuarían en sus puestos. Según denuncian, la empresa les ofrecía “elegir” entre el despido directo o un “retiro voluntario” con beneficios mínimos, lo que en la práctica constituye una estrategia para evitar reconocer indemnizaciones plenas y registrar el conflicto como un ajuste de común acuerdo.

Los responsables de Renault admitieron las bajas, pero las justificaron por la finalización de la producción de la Nissan Frontier, modelo que se fabricaba en conjunto con la Renault Alaskan, y por un reordenamiento productivo orientado a “optimizar recursos y focalizar la producción en segmentos específicos”. Según el plan, la automotriz prevé concentrar su operación en 2026 en un modelo de utilitario pequeño, reduciendo el abanico de productos fabricados en la planta de Santa Isabel.

Sin embargo, los operarios refutan los argumentos empresariales. Aseguran que los despidos alcanzan sectores no vinculados a los proyectos discontinuados, lo que revela un proceso más profundo de “depuración interna”. “Están sacando a la gente con más antigüedad para reemplazarla por contratados”, denunciaron, y añadieron que “con uno de nosotros pagan hasta tres contratados”.

Según los trabajadores, la estrategia apunta a reducir el costo laboral y modificar el perfil de la planta: “Renault quiere quedarse con personal joven, flexible y con menos derechos adquiridos. Están haciendo un colador: se van los que reclaman o los que denuncian irregularidades”.

El conflicto se agrava por el malestar con la conducción sindical, a la que los despedidos acusan de complicidad o inacción frente a las cesantías. “Creemos que hubo un análisis previo de cada operario según su nivel de conflictividad, y que el gremio tuvo participación en la selección”, afirmaron fuentes internas. En ese marco, recordaron que existe un recurso de amparo judicial en curso contra despidos anteriores, el cual la empresa habría ignorado.

La crisis en Renault se inscribe en un contexto general de contracción de la industria automotriz nacional, golpeada por la recesión, la apertura de importaciones y la caída de la demanda interna. Los vehículos extranjeros, favorecidos por precios más bajos, desplazan al producto local, obligando a las terminales a reducir turnos y personal.

El despido de 300 trabajadores en Renault Córdoba no es un hecho aislado: forma parte de una tendencia de ajuste estructural que atraviesa a toda la industria argentina. La apertura comercial sin protección, la falta de incentivos a la producción nacional y la caída del poder adquisitivo conforman un escenario en el que las multinacionales optan por recortar empleo antes que invertir.

Si se consolida este modelo de reemplazo de personal estable por contratados, la Argentina corre el riesgo de retroceder décadas en derechos laborales y capacidades productivas, afectando el tejido industrial que históricamente dio sustento a su economía. La “modernización” no puede confundirse con precarización: sin empleo digno ni industria sólida, el país se encamina a una dependencia aún mayor del capital externo.