El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario por per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral. Cuestiona la competencia del fuero laboral y la legitimación de la CGT.

El Gobierno de Javier Milei decidió acelerar el frente judicial y solicitó la intervención directa del máximo tribunal para restablecer la vigencia de la Ley N.º 27.802, eje de su programa de reformas en materia laboral. A través de un per saltum —una herramienta excepcional que permite eludir instancias intermedias— el Ejecutivo busca dejar sin efecto la cautelar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que frenó aspectos centrales de la norma.

La presentación, impulsada por la Procuración del Tesoro, pone el foco en la necesidad de una resolución urgente. Según el escrito, la continuidad de la medida judicial implica un perjuicio institucional y económico de magnitud, al impedir la aplicación de modificaciones consideradas estratégicas por la administración nacional. Entre ellas se destacan cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de la jornada laboral bajo ciertos esquemas y nuevas regulaciones sobre la actividad sindical.

El Ejecutivo sostiene que la apelación concedida por la justicia laboral tuvo efecto devolutivo —es decir, sin suspender la vigencia de la ley—, por lo que entiende que la cautelar carece de sustento para paralizar su implementación. En ese sentido, plantea que la intervención de la Corte constituye la única vía eficaz para restablecer el orden jurídico que, a su criterio, fue alterado.

El escrito también despliega una batería de cuestionamientos al trámite judicial. Se mencionan obstáculos en el acceso al expediente, notificaciones incompletas y plazos considerados exiguos, además de inconsistencias en el tratamiento de cuestiones de competencia y legitimación. Uno de los puntos más controvertidos es la crítica a la capacidad de la CGT para representar al conjunto de los trabajadores sin acreditar una afectación concreta, lo que —según el Gobierno— debilita la validez de la acción colectiva.

Asimismo, se objeta la conducta del magistrado interviniente, quien modificó parcialmente su propia resolución pocos días después de haberla dictado. Para el Ejecutivo, ese giro refleja apresuramiento y falta de solidez en los fundamentos iniciales.

La decisión de recurrir al per saltum no es menor. Se trata de un mecanismo utilizado en contadas ocasiones dentro del sistema judicial argentino y reservado para situaciones que, por su trascendencia institucional, requieren una definición inmediata del máximo tribunal. Con este movimiento, la administración Milei busca no solo revertir el freno judicial, sino también obtener un pronunciamiento que siente precedente sobre los alcances del control judicial en reformas estructurales.

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones ratificó el estado de alerta y movilización, reclamó la reapertura urgente de las negociaciones salariales y exigió el pago de un bono de $840.000. La empresa alega limitaciones para responder y la lucha se proyecta en ascenso.

El conflicto en el Correo Argentino suma un nuevo capítulo con la decisión de la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) de sostener y profundizar su plan de acción en todo el país. Tras una audiencia con la Secretaría de Trabajo, el sindicato conducido por Alberto Cejas ratificó su estado de alerta, asamblea y movilización, al tiempo que buscó despejar versiones sobre una interrupción total del servicio.

La organización gremial puso el foco en la recomposición de los ingresos, señalando que la pérdida del poder adquisitivo se ha acentuado en los últimos meses. En ese aspecto, reclamó la reapertura inmediata de la negociación colectiva y cuestionó los ajustes salariales definidos fuera del ámbito paritario, al considerarlos insuficientes y carentes de legitimidad.

Como parte de su pliego de demandas, FOECYT solicitó el pago de un bono extraordinario de $840.000, a liquidarse en cuatro tramos, con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre los sueldos. La exigencia se inscribe en una estrategia más amplia orientada a recuperar capacidad de compra y reordenar las condiciones laborales dentro de la empresa.

Desde el sector empleador, en tanto, se argumentó la imposibilidad de avanzar con definiciones concretas en materia salarial. Según lo expuesto durante la audiencia, la conducción del Correo Argentino carecería de autorización para negociar incrementos y señaló además la ausencia de otras representaciones sindicales como un obstáculo adicional para destrabar el diálogo.

La falta de avances alimenta un clima de creciente malestar entre los trabajadores, quienes advierten sobre un deterioro sostenido de sus condiciones laborales. El gremio también cuestionó decisiones empresariales adoptadas de manera unilateral y alertó sobre un rumbo que, a su juicio, profundiza la pérdida de derechos dentro de la actividad postal.

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan protagonizó una contundente jornada de protesta bajo la consigna “La Universidad no se apaga”, en el marco de una convocatoria federal que se replicó en distintas casas de estudio del país.

El epicentro de la actividad fue la Escuela de Comercio, donde se realizó un abrazo simbólico seguido de una marcha de antorchas que recorrió el predio compartido con la Escuela Industrial. El lugar elegido no fue casual: se trata de un espacio con fuerte valor histórico, considerado uno de los pilares en la formación educativa de la provincia.

Desde las primeras horas de la tarde, estudiantes, docentes, autoridades, trabajadores no docentes y familias comenzaron a concentrarse para visibilizar una situación que califican como crítica. La cooperación conjunta otorgó a la protesta un carácter amplio, con presencia de distintos sectores que integran la vida universitaria.

El rector Tadeo Berenguer acompañó la movilización y respaldó públicamente el reclamo, en una señal institucional frente a las dificultades que atraviesa la universidad. Durante la jornada, se reiteraron cuestionamientos a la política presupuestaria nacional, especialmente por la falta de actualización de partidas destinadas al sistema educativo superior.

Los manifestantes advirtieron que la insuficiencia de recursos compromete no solo los ingresos del personal docente y no docente, sino también el desarrollo de actividades académicas, científicas y de extensión, pilares fundamentales del funcionamiento universitario.

Reclamo federal y respaldo social

La marcha se inscribió en una acción coordinada a nivel nacional, que incluyó clases abiertas, intervenciones públicas y actividades de concientización en distintas universidades. En San Juan, la movilización nocturna aportó una imagen potente que combinó simbolismo y masividad.

Uno de los rasgos distintivos de la jornada fue el acompañamiento de familias, que se sumaron al reclamo en defensa de la educación pública. La participación social amplió el alcance del mensaje y reforzó la dimensión colectiva del planteo.