El Decreto 612/2026 modificó la reglamentación de la reforma laboral y redefinió la base de cálculo de los aportes previstos en los convenios colectivos. La decisión amplía los conceptos salariales computables, preserva recursos para los sindicatos y excluye del tope del 2% determinadas contribuciones empresarias destinadas a prestaciones sociales, asistenciales y previsionales.

El Gobierno nacional introdujo un cambio de fuerte impacto en el sistema de relaciones laborales al publicar el Decreto 612/2026, mediante el cual modificó la reglamentación de la Ley 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo y estableció nuevos criterios para calcular los aportes, contribuciones y retenciones surgidos de los acuerdos paritarios.

La disposición, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, reemplaza aspectos del Decreto 407/2026, que había restringido la base de cálculo exclusivamente al salario básico convencional.

Con la nueva reglamentación, la base sobre la que se aplican las cuotas solidarias y otros aportes convencionales ya no comprenderá únicamente el salario básico, sino también las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual previstas en los convenios colectivos. Permanecen excluidos los premios, bonos, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, participación en ganancias, conceptos no remunerativos y cualquier otro ingreso extraordinario.

Otro de los cambios relevantes consiste en diferenciar los aportes regulados por el artículo 9 de la Ley 14.250 de aquellas contribuciones que los empleadores acuerden a favor de las organizaciones sindicales. Estas últimas pasarán a regirse por la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales y deberán destinarse exclusivamente a prestaciones sociales, asistenciales, previsionales o culturales para los trabajadores representados.

La norma también obliga a que esos recursos sean administrados mediante cuentas y documentación independientes del resto del patrimonio sindical, con el propósito de reforzar los mecanismos de control y transparencia.

El decreto mantiene vigente el tope del 2% previsto para las cuotas solidarias, aunque redefine los conceptos salariales sobre los cuales se calcula ese límite. Paralelamente, deja fuera de esa restricción las contribuciones empresarias destinadas a fines específicos, una modificación que evita una reducción significativa de los ingresos que perciben numerosas organizaciones gremiales y sus obras sociales.

La decisión llegó después de intensas conversaciones entre funcionarios nacionales y la CGT, que había advertido que la reglamentación original afectaba el financiamiento del modelo sindical argentino. Entre los casos mencionados durante las negociaciones sobresalen las contribuciones empresarias destinadas a obras sociales, que en algunos gremios representan miles de millones de pesos mensuales, recursos esenciales para sostener prestaciones médicas y asistenciales.

La rectificación se oficializó además en un momento de alta sensibilidad política, cuando la central obrera prepara una nueva etapa de movilizaciones y mantiene abiertos diversos frentes de conflicto con el Gobierno por la política laboral y salarial.

La modificación del Decreto 407/2026 refleja un cambio de criterio en la aplicación de la reforma laboral impulsada por la administración nacional. Más allá de los aspectos técnicos, la medida preserva una fuente clave de financiamiento para los sindicatos, redefine el alcance de los convenios colectivos y reconfigura uno de los puntos de mayor discusión entre el Poder Ejecutivo y el movimiento obrero organizado.

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) firmó el acuerdo salarial correspondiente al segundo semestre de 2026. La actualización contempla incrementos mensuales para todas las categorías del convenio y llevará el salario bruto conformado del Vigilador General hasta $1.930.000 en diciembre, con una mejora acumulada del 17,35% respecto de junio.

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con las cámaras empresarias de la seguridad privada que establece una recomposición salarial escalonada entre julio y diciembre de 2026. El entendimiento fija incrementos mensuales para todas las categorías comprendidas en el convenio colectivo y busca preservar el poder adquisitivo de una de las actividades con mayor crecimiento en materia de empleo durante los últimos años.

La referencia principal del convenio corresponde a la categoría Vigilador General, cuyo salario bruto conformado pasará de $1.644.650 en junio a $1.930.000 en diciembre. La diferencia representa un incremento acumulado de $285.350, equivalente al 17,35%, mediante una secuencia de actualizaciones distribuidas a lo largo del semestre.

El cronograma salarial establece que el ingreso bruto alcanzará $1.706.800 en julio, $1.744.800 en agosto, $1.791.600 en septiembre, $1.827.200 en octubre, $1.864.000 en noviembre y $1.930.000 en diciembre, otorgando previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores en un período caracterizado por negociaciones periódicas y revisiones salariales.

Uno de los componentes con mayor crecimiento será el salario básico, que aumentará desde $911.650 hasta $1.085.000, con una mejora acumulada del 19,02%, porcentaje superior al incremento del salario conformado. Por su parte, el adicional por presentismo pasará de $165.000 a $180.000, mientras que el viático ascenderá de $498.000 a $545.000, consolidando la actualización de los conceptos que integran la remuneración habitual de los trabajadores.

El acuerdo también incorpora una suma no remunerativa de carácter progresivo que comenzará en $20.000 durante julio, aumentará a $30.000 en agosto, $50.000 en septiembre, $60.000 en octubre, $70.000 en noviembre y alcanzará los $120.000 en diciembre, mecanismo que permite reforzar los ingresos durante el semestre sin modificar de inmediato la totalidad de la estructura remunerativa.

La negociación no se limita a la categoría de Vigilador General. Las nuevas escalas comprenden además a Vigiladores Bomberos, Vigiladores Principales, Operadores de Monitoreo, Verificadores de Eventos, Administrativos, Guías Técnicos, Instaladores de Sistemas Electrónicos y Controladores de Admisión y Permanencia, además de actualizar los adicionales específicos correspondientes a tareas aeroportuarias, zonas especiales como Neuquén y servicios vacacionales.

La seguridad privada constituye una de las principales ramas de servicios del país y emplea a decenas de miles de trabajadores distribuidos en empresas que prestan servicios en industrias, bancos, centros comerciales, hospitales, organismos públicos, barrios privados, complejos logísticos y eventos masivos. La evolución de sus salarios suele ser observada como un indicador relevante dentro del universo de convenios de servicios, debido a la magnitud de la actividad y a la diversidad de funciones que comprende.

La firma de esta paritaria se suma a la intensa dinámica de negociaciones colectivas que atraviesa 2026, marcada por acuerdos de corta duración y cláusulas de actualización periódica para acompañar la evolución de los precios y sostener el poder de compra de los salarios. En ese marco, la recomposición obtenida por UPSRA garantiza una referencia salarial para el segundo semestre y deja abierta la expectativa de una nueva discusión convencional hacia el cierre del año, cuando gremio y empleadores vuelvan a evaluar la evolución de la economía, la inflación y las condiciones del mercado laboral.

La CGT confirmó que el próximo 22 de julio encabezará una movilización junto a las dos CTA y la UTEP en respaldo a los jubilados. La protesta inaugurará una nueva etapa de coordinación sindical y social frente a las políticas económicas del Gobierno y podría derivar en un nuevo paro general si no hay respuestas a los reclamos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este viernes el inicio de una nueva fase de confrontación con la administración de Javier Milei al confirmar su participación en la movilización convocada para el miércoles 22 de julio, una protesta que reunirá además a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La convocatoria tendrá como principal consigna la defensa del sistema previsional y de los ingresos de los jubilados, aunque detrás de esa bandera se inscribe una estrategia sindical de mayor alcance destinada a profundizar la resistencia frente al programa económico del Gobierno nacional.

La concentración fue fijada para las 15 hs en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde las organizaciones marcharán para reclamar una recomposición de los haberes previsionales, la protección de la seguridad social y políticas que garanticen condiciones de vida dignas para los adultos mayores. Bajo el lema «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados», la CGT buscará exhibir una amplia capacidad de movilización junto a otros actores del movimiento sindical y de la economía popular.

La manifestación representa mucho más que una protesta puntual. Constituye el primer paso de un cronograma de acciones consensuado durante las reuniones que, en las últimas semanas, mantuvieron la conducción cegetista, las dos centrales de trabajadores y la UTEP. Ese espacio de coordinación consolidó una agenda común basada en el rechazo a las políticas de ajuste, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el deterioro del empleo, el incremento de la conflictividad social y las reformas estructurales impulsadas por la Casa Rosada.

La convergencia entre la CGT y los movimientos sociales adquiere especial relevancia en un presente marcado por la eliminación de programas sociales, entre ellos Volver al Trabajo, decisión que profundizó el acercamiento entre la central obrera y la UTEP. Esa coincidencia amplió el frente opositor al Gobierno y fortaleció la construcción de una estrategia compartida para sostener la presión sindical y territorial durante los próximos meses.

La protesta de los jubilados muestra cómo el movimiento obrero se preocupa cada vez más por la pérdida del valor adquisitivo de las pensiones. Las organizaciones sostienen que los ingresos de los adultos mayores continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento del costo de vida y consideran que la defensa de la seguridad social constituye uno de los principales ejes de la disputa con el Ejecutivo.

La movilización del 22 de julio se inscribe además en una secuencia de acciones que la CGT viene desplegando desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En poco más de un año y medio de gobierno, la central obrera impulsó varias movilizaciones nacionales y concretó tres paros generales, una frecuencia inédita en comparación con administraciones anteriores. El endurecimiento del conflicto responde al rechazo sindical a las reformas laborales, previsionales y económicas promovidas por el oficialismo, así como al impacto que, según las organizaciones gremiales, tienen las políticas de ajuste sobre el empleo registrado, los salarios y la producción.

En la conducción cegetista admiten que el plan de acción permanecerá abierto y sujeto a la evolución del vínculo con el Gobierno. Si las demandas vinculadas con jubilaciones, salarios, negociación colectiva y protección del empleo continúan sin respuesta, las distintas organizaciones no descartan avanzar hacia nuevas movilizaciones nacionales e incluso convocar a un cuarto paro general, alternativa que comenzó a ganar consenso durante los últimos encuentros entre las centrales sindicales.