La administración de Javier Milei profundiza su programa de desregulación y desprendimiento de activos estatales con la venta y concesión de empresas vinculadas a energía, infraestructura, transporte y servicios esenciales. Mientras el Gobierno apuesta a obtener divisas y reducir la participación estatal, sindicatos y especialistas advierten sobre pérdida de soberanía, deterioro del empleo y riesgo de concentración privada en áreas sensibles.

La frase de Rodolfo Dromi que marcó el ciclo de privatizaciones de los años noventa vuelve a resonar con fuerza en la Argentina actual. “Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”, sintetizaba entonces el exfuncionario menemista que encabezó uno de los procesos de transferencia de activos públicos más profundos de la historia reciente. Tres décadas después, el gobierno de Javier Milei retoma buena parte de aquella lógica y acelera un esquema de ventas, concesiones y reprivatizaciones que vuelve a colocar en el centro de la discusión el rol del Estado en áreas estratégicas.

La publicación de los pliegos para desprenderse de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) terminó de confirmar una orientación que ya venía tomando forma desde el inicio de la gestión libertaria. Energía, rutas nacionales, logística ferroviaria, infraestructura vial, servicios públicos y hasta sectores vinculados al desarrollo nuclear aparecen dentro de un programa oficial que busca reducir la participación estatal y, al mismo tiempo, generar ingresos extraordinarios para fortalecer las reservas y afrontar compromisos financieros.

Según estimaciones difundidas en ámbitos oficiales y económicos, la Casa Rosada proyecta recaudar cerca de 3.000 millones de dólares antes de fin de año mediante concesiones, licitaciones y ventas de activos públicos.

La estrategia no se limita únicamente a una política de ajuste fiscal. También implica un rediseño profundo del esquema de administración pública construido durante décadas, particularmente en sectores considerados históricamente sensibles para la autonomía energética, el transporte y la prestación de servicios esenciales.

Uno de los capítulos que mayor resistencia sindical generó es el vinculado al sistema energético. La decisión de avanzar sobre Transener y el intento de privatizar parte del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima encendieron fuertes cuestionamientos de gremios y especialistas del área.

Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), advirtió que el retiro del Estado del control energético implica resignar capacidad estratégica en un sector determinante para el desarrollo nacional. La preocupación también alcanza a trabajadores nucleares y científicos ligados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Desde ATE, el investigador Rodolfo Kempf alertó sobre un “desmembramiento” del sistema nuclear argentino. El dirigente cuestionó especialmente la posibilidad de privatizar áreas vinculadas a la minería de uranio, la producción de radioisótopos destinados a la salud y el freno al proyecto CAREM, uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del país en materia nuclear.

“El área nuclear constituye un sector de alta complejidad tecnológica donde Argentina posee capacidades reconocidas internacionalmente”, remarcan desde el sindicato estatal, que prepara nuevas medidas de protesta para rechazar el avance privatizador.

La ofensiva oficial también alcanzó a la infraestructura vial. En los últimos días, el Ministerio de Economía adjudicó distintos corredores nacionales bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, profundizando un esquema que reduce progresivamente el papel operativo de Vialidad Nacional.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció que las rutas “no pueden quedar subordinadas a intereses privados” y sostuvo que la infraestructura vial constituye una herramienta central para la integración territorial, la producción y la conectividad federal.

El gremio cuestionó además la utilización de garantías estatales para respaldar financieramente futuras concesiones privadas. Según la organización sindical, el Gobierno está transfiriendo recursos públicos para sostener negocios privados mientras se debilita la estructura técnica y operativa del organismo vial.

El caso de AySA terminó por darle visibilidad masiva a un proceso que ya venía avanzando en distintas áreas. La empresa responsable del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires volverá a quedar bajo control privado si prospera el esquema diseñado por la administración nacional.

El plan contempla una primera etapa de venta del paquete mayoritario a operadores privados mediante licitación internacional y posteriormente la colocación del resto de las acciones en mercados bursátiles. El Estado conservaría únicamente una participación minoritaria, mientras que los trabajadores mantendrían el 10 por ciento a través del Programa de Propiedad Participada.

La decisión reabrió viejos cuestionamientos sobre la gestión privada de servicios esenciales. Sectores opositores y referentes vinculados al saneamiento recuerdan las dificultades registradas durante la anterior concesión privada del servicio en los años noventa, cuando las deficiencias operativas, la falta de inversiones y el deterioro de la prestación derivaron finalmente en la reestatización impulsada durante el gobierno de Néstor Kirchner.

“El problema no es solamente económico; también está en discusión quién garantiza el acceso a servicios básicos”, señalan desde distintos espacios sindicales y técnicos que siguen de cerca el proceso.

La avanzada privatizadora ya tuvo antecedentes concretos durante los primeros meses de gestión libertaria. La venta de IMPSA marcó el inicio formal del proceso, mientras que las concesiones hidroeléctricas del Comahue permitieron al Gobierno obtener más de 700 millones de dólares.

Ahora, la lista de empresas bajo análisis continúa ampliándose. Intercargo, Belgrano Cargas y Logística, centrales térmicas, el astillero Tandanor y la Casa de la Moneda aparecen entre los activos que podrían quedar bajo control privado en los próximos meses.

Para el oficialismo, el objetivo central es reducir el peso del Estado y abrir espacios de participación privada en áreas donde considera que la administración pública resultó ineficiente o económicamente inviable. Para los sindicatos, en cambio, se trata de una reedición de políticas que en el pasado dejaron pérdida de empleo, deterioro de servicios estratégicos y concentración económica.

El debate, en definitiva, trasciende la discusión presupuestaria. Lo que vuelve a ponerse en juego es el modelo de país: hasta dónde debe llegar el Estado, qué sectores pueden quedar sujetos exclusivamente a la lógica empresarial y cuál es el costo social de una transformación estructural que vuelve a dividir aguas en la Argentina.

El titular nacional de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, formuló duras críticas a la orientación de la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y advirtió sobre los riesgos de consolidar un esquema centrado exclusivamente en la rentabilidad empresaria. Reclamó mayor participación sindical, fortalecimiento de proveedores locales y una estrategia de formación laboral para afrontar el crecimiento de la actividad.

La expansión minera que atraviesa la Argentina, con San Juan convertida en uno de los principales epicentros de inversión y exploración, abrió una discusión que excede ampliamente la producción de minerales y la llegada de capitales. La disputa ya no gira únicamente en torno a cifras, exportaciones o proyectos estratégicos: el debate se desplaza hacia la distribución de beneficios, el rol del Estado, las condiciones laborales y la participación efectiva de las comunidades en un proceso que promete transformar regiones enteras.

En ese clima de redefiniciones, Marcelo Mena Muñoz, titular nacional de ASIJEMIN, en diálogo con Mundo Laboral SJ, realizó uno de los pronunciamientos más duros surgidos desde el sindicalismo minero en los últimos meses. Sus cuestionamientos apuntaron directamente a la Mesa Federal Minera impulsada por el Gobierno nacional y al perfil que, según sostiene, está adquiriendo la política minera argentina.

“El problema comienza cuando los trabajadores no son convocados a discutir el modelo”, señaló el dirigente, al explicar por qué considera que el esquema actual corre el riesgo de quedar subordinado exclusivamente a intereses económicos. Desde su mirada, la ausencia de representación sindical en los espacios de debate revela una concepción donde la minería es observada únicamente como un negocio y no como una actividad con impacto social, laboral y territorial.

La definición no fue casual. Mena apeló a una comparación histórica extrema —al mencionar el “Congo belga de Leopoldo II”— para advertir sobre los riesgos de un extractivismo desprovisto de controles y sin articulación con las necesidades locales. Aunque la referencia buscó generar impacto, el dirigente la utilizó para subrayar una preocupación concreta: la posibilidad de consolidar un modelo donde la rentabilidad quede concentrada y las consecuencias recaigan sobre las comunidades.

La Expo San Juan Minera 2026, considerada una de las principales vitrinas del sector en América Latina, también formó parte de su análisis. Si bien reconoció la magnitud del evento y el potencial económico que exhibe la actividad, sostuvo que existen aspectos que no pueden ser ignorados. Entre ellos, mencionó la escasa presencia de pequeñas y medianas empresas locales, muchas de las cuales —afirmó— quedan excluidas por barreras económicas y decisiones políticas.

“Una minería sólida no puede construirse dejando afuera a las economías regionales”, planteó. Para el sindicalista, el crecimiento del sector debería funcionar como motor de desarrollo integral, impulsando proveedores, industria nacional y cadenas de valor vinculadas a cada proyecto.

El reclamo no se limita al plano económico. Mena insistió en que la actividad necesita fortalecer su legitimidad social y evitar errores históricos que terminaron erosionando la confianza pública. En ese sentido, defendió la necesidad de construir una “minería colectiva”, donde el crecimiento productivo vaya acompañado por controles efectivos, participación comunitaria y respeto irrestricto por las condiciones laborales y ambientales.

“Hay cuestiones que no pueden presentarse como concesiones extraordinarias”, afirmó al referirse a prácticas que algunas compañías exhiben como logros empresariales. El pago de salarios en blanco, el cumplimiento de normas de seguridad o la protección ambiental —subrayó— no constituyen beneficios opcionales, sino obligaciones elementales de cualquier actividad formal.

El dirigente también rechazó de manera enfática cualquier intento de revisar derechos adquiridos bajo el argumento de mejorar la competitividad. “No vamos a renegociar conquistas históricas”, sostuvo, al remarcar que el sindicalismo minero no solo busca preservar condiciones existentes, sino también ampliar derechos vinculados al conjunto de la sociedad.

Otro de los ejes centrales de su planteo estuvo relacionado con la formación laboral. Frente a la posibilidad de una expansión acelerada de proyectos vinculados al cobre y al litio, Mena advirtió que el país aún no cuenta con la estructura suficiente para abastecer la futura demanda de trabajadores calificados.

Según explicó, la preparación debe comenzar antes de que los emprendimientos entren en etapas de mayor producción. “No se puede esperar al momento de necesitar miles de operarios para salir a buscarlos de urgencia”, señaló. A su entender, improvisar en ese punto no solo deteriora la calidad del empleo, sino que incrementa los riesgos operativos y expone a los trabajadores a situaciones para las que no fueron preparados adecuadamente.

Por ese motivo, reclamó una articulación más profunda entre Estado, universidades, sindicatos y empresas para desarrollar programas de capacitación sostenidos en el tiempo. La formación técnica, insistió, debe convertirse en una política estratégica y no en una respuesta tardía frente a la demanda de mano de obra.

La reflexión final del dirigente se vinculó con el clima social y sindical que atraviesa el país. Al referirse a las recientes movilizaciones gremiales y universitarias, llamó a fortalecer la unidad entre organizaciones y sectores laborales. “Hoy atacan a un sector; mañana puede ser cualquiera”, advirtió.

La frase sintetiza una visión más amplia sobre el momento político y económico actual: la convicción de que el debate sobre minería no puede separarse de una discusión mayor sobre el modelo de desarrollo, el papel del trabajo y el alcance de los derechos sociales en la Argentina que viene.

El crecimiento de la minería argentina abre oportunidades económicas inéditas, pero también obliga a discutir con profundidad qué tipo de desarrollo pretende construirse alrededor de esa expansión. La magnitud de las inversiones y el potencial exportador conviven con interrogantes decisivos sobre empleo, participación social, control estatal y distribución de beneficios.

Las críticas formuladas por ASIJEMIN exponen una preocupación que comienza a ganar espacio dentro del propio sector: evitar que el avance productivo quede reducido a indicadores financieros mientras se debilitan las instancias de representación y planificación colectiva. En esa disputa se juega algo más que el futuro de la minería. También se define qué lugar ocuparán los trabajadores, las comunidades y las economías regionales en uno de los procesos productivos más trascendentes de las próximas décadas.

El Frente de Sindicatos Unidos aseguró que el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería ubicarse cerca de los 2,9 millones de pesos para garantizar condiciones de vida acordes a lo establecido por la Constitución y la legislación laboral. El espacio sindical denunció una profunda pérdida del poder adquisitivo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y advirtió sobre el creciente deterioro social entre trabajadores públicos y privados.

El debate salarial volvió a ocupar el centro de la escena política y sindical luego de que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) difundiera un duro informe sobre el deterioro del poder adquisitivo en la Argentina y reclamara una actualización drástica del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Según el documento elaborado por el espacio gremial, un trabajador argentino necesitaría actualmente ingresos cercanos a los 2,9 millones de pesos mensuales para cubrir adecuadamente las necesidades básicas contempladas por la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. La cifra, que supera ampliamente el salario mínimo vigente, fue presentada como una muestra de la profundidad de la crisis social que atraviesan amplios sectores asalariados.

Desde el FreSU sostuvieron que el ingreso mínimo legal quedó completamente desfasado respecto del costo real de vida y denunciaron que hoy representa apenas una fracción de lo necesario para garantizar condiciones dignas de subsistencia. El espacio sindical calificó al salario mínimo actual como “el más bajo de la historia argentina” y vinculó esa situación con la política económica aplicada desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La presentación del informe no fue un gesto aislado. Formó parte de una estrategia más amplia del sindicalismo combativo para reposicionar la discusión salarial en medio de un escenario signado por paritarias condicionadas, caída del consumo y creciente pérdida de capacidad adquisitiva.

El FreSU, integrado por alrededor de 140 organizaciones sindicales de distintas corrientes gremiales, sostiene que la pérdida acumulada de ingresos desde diciembre de 2023 ya alcanzó niveles históricos. Según sus estimaciones, los trabajadores argentinos resignaron más de 62 billones de pesos durante el actual período de gobierno.

La organización desagregó además el impacto sobre distintos sectores laborales. En el ámbito privado, calcularon que cada asalariado perdió en promedio más de 2,3 millones de pesos acumulados, mientras que entre trabajadores estatales la caída superó los 12,7 millones por persona.

El estudio expone una radiografía particularmente severa sobre la situación social de los asalariados formales, un segmento que históricamente funcionó como núcleo de estabilidad económica dentro del mercado interno argentino y que hoy aparece crecientemente afectado por el deterioro de ingresos y el endeudamiento doméstico.

“El salario ya no alcanza para cubrir necesidades elementales y muchas familias deben endeudarse para sostener gastos cotidianos”, señalaron desde el frente sindical al justificar la magnitud del reclamo.

Para establecer cuál debería ser el verdadero Salario Mínimo, Vital y Móvil, el FreSU tomó como referencia las nueve necesidades fundamentales contempladas en la legislación laboral argentina y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los componentes incluidos aparecen alimentación adecuada, vivienda digna, salud, educación, vestimenta, transporte, previsión social, recreación y vacaciones. Según el detalle difundido por la organización, sólo la cobertura alimentaria demandaría más de 648 mil pesos mensuales, mientras que el acceso a vivienda rondaría los 568 mil pesos.

A eso se suman gastos vinculados a salud, educación y movilidad, además de partidas destinadas al esparcimiento y al descanso anual, conceptos históricamente contemplados dentro de la definición jurídica de salario vital y móvil, aunque crecientemente inaccesibles para gran parte de los trabajadores.

El documento también buscó recuperar una discusión de fondo alrededor del sentido constitucional del salario. Para el FreSU, la política salarial actual desnaturaliza principios básicos establecidos tanto en la Constitución como en la Ley de Contrato de Trabajo, que definen al salario mínimo como una herramienta destinada a garantizar bienestar integral y no únicamente supervivencia básica.

La difusión del informe coincidió además con un momento de creciente reorganización dentro de sectores gremiales enfrentados al rumbo económico del Gobierno nacional. El pasado 1° de Mayo, el FreSU realizó su primer plenario nacional de delegados y delegadas, donde aprobó el programa “Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria”.

Allí confluyen organizaciones de fuerte peso dentro del sindicalismo argentino, entre ellas la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Federación de Trabajadores Aceiteros, además de numerosas estructuras sindicales regionales y sectoriales.

La aparición de este espacio refleja también un fenómeno más amplio dentro del universo gremial: el crecimiento de sectores que reclaman posturas más confrontativas frente al ajuste económico y cuestionan la moderación de parte de la dirigencia sindical tradicional.

Mientras el Gobierno insiste en que la desaceleración inflacionaria representa el principal indicador de estabilización económica, desde el sindicalismo combativo advierten que la caída de precios relativos no se traduce en recuperación del ingreso ni mejora concreta en las condiciones de vida.

El planteo del FreSU vuelve a poner sobre la mesa una discusión central para la economía argentina: cuánto debe ganar un trabajador para vivir dignamente en un país donde los salarios corren permanentemente detrás del costo de vida. La distancia entre los ingresos reales y las necesidades básicas aparece hoy como uno de los principales focos de conflictividad social, en una etapa donde el equilibrio macroeconómico convive con un profundo deterioro del poder adquisitivo y un aumento progresivo del mercado interno.