La crisis del PAMI sumó un nuevo capítulo con la presentación de las renuncias de su director ejecutivo, Esteban Leguízamo, y del subdirector, Carlos Zamparolo. Las dimisiones todavía no fueron aceptadas por las autoridades nacionales y se producen en medio de una creciente disputa interna por el funcionamiento y el financiamiento de la obra social de jubilados y pensionados.

De acuerdo con distintas fuentes periodísticas, ambos funcionarios fundamentaron su decisión en la delicada situación que atraviesa el organismo. La conducción enfrenta además un fuerte enfrentamiento interno que involucra a funcionarios de la actual administración y a dirigentes con una extensa trayectoria dentro del PAMI.

El deterioro financiero constituye uno de los principales focos de preocupación. Fuentes vinculadas al organismo ubican la deuda con prestadores por encima de los $500.000 millones, con obligaciones pendientes que alcanzan a médicos, clínicas, sanatorios, farmacias y otros proveedores de servicios sanitarios.

Las dificultades ya tienen impacto directo sobre los afiliados. Se registran inconvenientes para obtener turnos, demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad y dificultades para garantizar prestaciones destinadas a pacientes con enfermedades crónicas y atención de urgencia en distintas regiones del país.

A esto se suma el cierre de centros de atención en localidades del oeste del conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios de la provincia, además de modificaciones en la prestación de servicios en distintas jurisdicciones.

La magnitud del conflicto encendió también una contienda por la administración de los recursos del Instituto. Existen acusaciones cruzadas vinculadas con el supuesto retraso o falta de transferencia de partidas necesarias para sostener el funcionamiento cotidiano del organismo, que maneja uno de los presupuestos públicos más importantes del país, sólo superado por la ANSES.

Hasta el momento, el ministro de Salud, Mario Lugones, no formuló públicamente una explicación sobre las renuncias ni sobre el cuadro financiero denunciado. Mientras se intenta contener la crisis y evitar que las dificultades de financiamiento deriven en una interrupción generalizada de las prestaciones, también avanzan conversaciones con autoridades provinciales.

La eventual salida de Leguízamo y Zamparolo profundizaría la incertidumbre sobre la conducción de una institución que tiene a su cargo la cobertura sanitaria de millones de jubilados y pensionados. La resolución de las renuncias y el mecanismo que adopte el Gobierno para garantizar los recursos serán determinantes para evitar que la puja interna termine trasladándose con mayor intensidad a la atención de los afiliados.

El conflicto combina así un problema de conducción con reclamos financieros de gran magnitud y consecuencias concretas sobre las prestaciones. Para el Gobierno nacional, el desafío inmediato será asegurar la continuidad de la atención y ordenar las cuentas del organismo sin profundizar el deterioro de una obra social cuya dimensión convierte cualquier interrupción de servicios en un problema de alcance nacional.

La Dirección Provincial de Vialidad inició la repavimentación integral de la Avenida de Circunvalación con una inversión de $15.700 millones. Los trabajos comenzaron entre Tucumán y Mendoza, demandarán 180 días y contemplan una nueva calzada diseñada para alcanzar una vida útil de al menos 25 años.

La Dirección Provincial de Vialidad comenzó las tareas en el tramo comprendido entre las calles Tucumán y Mendoza, dentro del anillo externo, con una inversión de $15.700 millones y un plazo de ejecución previsto de 180 días corridos.

Los trabajos se desarrollarán durante jornadas diurnas y nocturnas para reducir los tiempos de intervención sobre una de las vías con mayor circulación de San Juan. El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, explicó que las restricciones al tránsito constituyen una afectación temporal necesaria para ejecutar una obra de gran magnitud.

La primera etapa demandaría alrededor de 20 días. Una vez concluida, los equipos avanzarán progresivamente hacia otros tramos de la avenida. Lucero advirtió que cada uno presenta características técnicas particulares, por lo que los tiempos podrán variar según las condiciones encontradas.

Una nueva estructura para la calzada

La obra no se limitará a colocar una nueva capa de pavimento. La intervención contempla ampliar la calzada de 7,5 a 10,5 metros, incorporando las actuales banquinas al espacio destinado a la circulación.

El procedimiento incluye el saneamiento de las losas existentes, la colocación de una capa de arena asfalto de 2,5 centímetros, una geogrilla y finalmente entre cuatro y cinco centímetros de concreto asfáltico. Una vez terminada la obra, la superficie de rodamiento quedará completamente cubierta por la nueva carpeta.

Según explicó Lucero, la estructura fue proyectada con una vida útil estimada de al menos 25 años, una previsión que busca garantizar mayor durabilidad y mejores condiciones para absorber el tránsito vehicular que soporta diariamente la avenida.

Puentes, señalización y seguridad

La intervención también incluye mejoras destinadas a reforzar la seguridad vial. Se reemplazarán postes de las barandas y se renovará la señalización vertical mediante elementos reflectivos. Sobre la calzada se aplicará material termoplástico vibratorio para generar alertas físicas ante determinadas maniobras o desplazamientos.

En los puentes ubicados sobre Mendoza y Tucumán se ejecutarán trabajos de mayor complejidad. Allí será demolido el pavimento existente para garantizar la altura reglamentaria requerida por el tránsito pesado y se reemplazarán las juntas de las estructuras.
Las modificaciones permitirán adecuar la infraestructura a las actuales exigencias de circulación y a una mayor demanda de transporte de cargas.

La metodología prevé que los equipos avancen tramo por tramo hasta completar toda la vía. Al finalizar la intervención, las antiguas losas de hormigón quedarán definitivamente cubiertas por la nueva superficie asfáltica.

El paro nacional de 24 horas convocado por los gremios universitarios registró un 90% de adhesión en San Juan, según informó ADICUS. La medida alcanzó a las facultades de la UNSJ y a los colegios preuniversitarios, en reclamo de una recomposición salarial y de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de protesta fue convocada por las organizaciones que representan a docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, en medio de un conflicto que combina el reclamo por la recuperación de los salarios con la exigencia de que el Gobierno nacional cumpla con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

En San Juan, la elevada adhesión comunicada por ADICUS reflejó el respaldo de los trabajadores universitarios a la medida de fuerza nacional. La interrupción de las actividades académicas se extendió durante 24 horas y coincidió con el comienzo del segundo cuatrimestre, lo que volvió a colocar el financiamiento de la educación superior en el centro de la discusión.

Salarios y pérdida del poder adquisitivo

El reclamo salarial constituye uno de los principales motivos de la protesta. Los gremios universitarios sostienen que los incrementos otorgados durante el último período no lograron compensar el deterioro acumulado de los ingresos frente a la inflación.

Las organizaciones sindicales cuestionaron particularmente el aumento del 21,3% percibido durante julio, al considerar que resultó insuficiente para recomponer el poder adquisitivo perdido. Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales habían advertido, además, que la diferencia entre los salarios actuales y la evolución de los precios supera el 28%.

La discusión no se limita a la actualización de los haberes. Los sindicatos también reclaman que se instrumenten las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario y que se actualicen los recursos destinados a becas y hospitales universitarios.

Desde la perspectiva gremial, la insuficiencia presupuestaria repercute directamente sobre el funcionamiento de las universidades nacionales y condiciona el desarrollo de las tareas de enseñanza, investigación y extensión.

Un conflicto que volvió a las aulas

La protesta se produjo en un momento especialmente sensible para las universidades, con el inicio del segundo cuatrimestre y sin un acuerdo que permita cerrar la disputa salarial.

Para los gremios, la convocatoria a la huelga constituye una nueva instancia de presión frente a la falta de respuestas a sus demandas. La elevada adhesión registrada en San Juan, según ADICUS, mostró que el reclamo excedió a una unidad académica puntual y alcanzó a las distintas estructuras educativas dependientes de la UNSJ.

La acción también expuso nuevamente la distancia entre las organizaciones sindicales y el Gobierno nacional respecto del financiamiento de las universidades públicas.

La respuesta del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó los argumentos sindicales y cuestionó la legitimidad de la medida de fuerza. Desde el Gobierno sostuvieron que las transferencias correspondientes a las universidades se encuentran al día de acuerdo con los compromisos asumidos y rechazaron que exista un incumplimiento de sus obligaciones.

Además, el Ejecutivo convocó a una reunión paritaria para el 1 de septiembre, fecha que los gremios deberán evaluar mientras mantienen abierto el reclamo por una recomposición salarial.

El paro de este miércoles dejó así una señal concreta en San Juan: con un 90% de adhesión informado por ADICUS, la discusión universitaria volvió a interrumpir las clases y mostró que la pugna salarial y presupuestaria permanece sin una resolución definitiva.

La continuidad de las demandas estará condicionada por las respuestas en la mesa paritaria y la asignación de los fondos universitarios. Al mismo tiempo, la comunidad académica mantiene un litigio que trasciende los sueldos y repercute en las actividades cotidianas de la educación superior.