En el marco del plan de «transformación del Estado» que impulsa el presidente Javier Milei, el gobierno nacional profundizó el desmantelamiento del turismo social. Mediante una resolución oficial, se dispuso el cierre efectivo de los complejos hoteleros estatales de Embalse (Córdoba) y Chapadmalal (Buenos Aires), con el consiguiente despido de todo el personal que aún quedaba en funciones.

La medida alcanza a 101 trabajadores en total, según confirmó Leonardo Ladoux, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Unidad Turística Embalse. De ellos, 45 se desempeñaban en el complejo cordobés del Valle de Calamuchita, que quedará sin un solo empleado.

La resolución oficial establece un trato diferenciado según el tipo de vínculo laboral. Los aproximadamente 30 trabajadores de planta permanente fueron pasados a la figura de «disponibilidad», que implica un plazo de 12 meses para lograr una reubicación dentro de la Administración Pública Nacional. Si vence ese lapso sin una nueva designación, «quedarán automáticamente desvinculados, con derecho a percibir una indemnización conforme lo dispuesto por el Convenio Colectivo de Trabajo».

En cambio, los cerca de 15 empleados contratados que aún quedaban en el complejo fueron despedidos de manera inmediata y sin contemplaciones. La misma lógica se aplicó al emblemático complejo de Chapadmalal, que también fue vaciado de personal y puesto en la misma condición.

Los dos centros turísticos fueron transferidos a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ya no depende de la Secretaría de Turismo de la Nación. Desde esa agencia se confirmó que los predios serán puestos «a la venta o concesión» para que inversores privados definan su futuro.

En el caso de Embalse, se trata de un extenso predio de más de 300 hectáreas junto al mayor lago de Córdoba, inaugurado en la década del 50 como parte de la política de turismo social del Estado argentino. «Es la primera vez desde la apertura de los hoteles que se despide a todo su personal», lamentó David Salto, secretario general de ATE de Río Tercero y zona.

El gremio ATE no tardó en reaccionar. Este sábado, los trabajadores cesanteados y sus familiares realizarán una protesta en el puente del dique de Embalse, sobre el vertedero, un punto neurálgico del tránsito en la ruta 5. Allí cortarán media calzada entre las 9 y las 13, en una medida que anticipa un conflicto creciente.

Pero antes de esa manifestación, el miércoles próximo los representantes gremiales mantendrán una reunión clave con funcionarios de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni. El objetivo es intentar modificar o al menos revisar la decisión gubernamental, aunque las fuentes sindicales se mostraron escépticas. «Nos dijeron que la decisión ya está tomada y que no hay marcha atrás», confió un delegado a La Voz.

El cierre definitivo de la Unidad Turística Embalse no fue repentino. En noviembre de 2024, el complejo ya había sufrido 20 despidos, y desde entonces otros empleados fueron perdiendo su trabajo de manera gradual. Con esta última resolución, el gobierno completa el vaciamiento total del personal, dejando el predio en manos de la AABE para su futura transferencia al sector privado.

La medida se inscribe en la política más amplia del gobierno de Milei de eliminar o reducir al mínimo las áreas vinculadas al turismo social, consideradas por el oficialismo como parte de un «Estado sobredimensionado e ineficiente». Los críticos, en cambio, hablan de «destrucción de fuentes de trabajo públicas sin planes de reconversión» y de «privatización encubierta del patrimonio estatal».

El conflicto promete escalar en los próximos días, mientras los 101 trabajadores despedidos o en disponibilidad aguardan una definición que, por ahora, parece inexorable.

La crisis institucional desatada en la Unión Obrera Metalúrgica escaló este viernes luego de que la conducción nacional del sindicato respondiera con dureza al fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló las elecciones internas y dispuso la intervención judicial de la organización por 180 días. Desde el gremio calificaron la resolución como “arbitraria” y “antidemocrática”, apuntaron contra los magistrados que firmaron la sentencia y denunciaron un intento de disciplinamiento sobre uno de los principales sindicatos industriales del país.

A través de un extenso comunicado, la organización encabezada por Abel Furlán sostuvo que la medida judicial constituye un ataque directo contra la autonomía sindical y vinculó la decisión con el clima de confrontación abierto entre el movimiento obrero y el gobierno de Javier Milei.

La conducción metalúrgica cuestionó especialmente a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII del tribunal laboral, a quienes acusó de actuar en línea con los intereses empresarios y con las reformas impulsadas por el oficialismo nacional.

“El mismo sector judicial que acompañó los cambios laborales promovidos por el Gobierno ahora avanza sobre la estructura sindical”, expresaron desde la organización, que interpretó la resolución como parte de una ofensiva orientada a debilitar la capacidad de negociación gremial en plena discusión salarial de la actividad metalúrgica.

La UOM atraviesa desde hace meses una fuerte disputa interna derivada del proceso electoral desarrollado en la seccional Campana, origen de la causa judicial que terminó impactando sobre toda la estructura nacional del sindicato. El fallo declaró inválidos los comicios celebrados entre el 2 y el 4 de marzo al considerar que no existieron garantías suficientes sobre la custodia de urnas y la transparencia del procedimiento. Esa nulidad fue posteriormente extendida a la elección nacional que había ratificado a Furlán al frente del gremio.

Para la conducción metalúrgica, sin embargo, detrás de la sentencia existe una construcción política más amplia. El comunicado aseguró que la intervención “no comenzó con este fallo”, sino que responde a una estrategia de desgaste impulsada desde sectores empresariales, judiciales y políticos para erosionar a una organización sindical con fuerte presencia en la industria.

En ese sentido, el sindicato también cargó contra la Lista Naranja de Campana, sector opositor que promovió la demanda judicial, al que acusó de haberse transformado en una herramienta funcional a intereses ajenos a los trabajadores.

La organización reivindicó además el resultado de las urnas y aseguró que tanto la conducción nacional como las autoridades seccionales obtuvieron un respaldo contundente de los afiliados. “Los metalúrgicos ya se expresaron democráticamente”, sostuvieron desde el espacio que lidera Furlán.

El pronunciamiento incluyó además una convocatoria explícita al conjunto del movimiento obrero. La UOM llamó a centrales sindicales, cuerpos de delegados y organizaciones gremiales a pronunciarse en defensa de la autonomía sindical y advirtió que la disputa excede la situación interna del gremio metalúrgico.

“Lo que está en juego no es solamente una conducción sindical, sino el alcance de la representación obrera frente a un modelo económico que necesita sindicatos debilitados”, afirmaron desde la entidad.

En este cuadro, la resolución judicial abrió un escenario de enorme incertidumbre dentro del histórico sindicato industrial. La intervención quedó a cargo del abogado Alberto Biglieri, designado por la Cámara para administrar la organización y convocar a nuevas elecciones en un plazo máximo de seis meses.

El conflicto irrumpe además en un momento de elevada sensibilidad para el sector metalúrgico, atravesado por negociaciones salariales tensas, caída del poder adquisitivo y preocupación permanente por la retracción de la actividad industrial.

Con 83 años de historia y un peso determinante dentro de la estructura sindical argentina, la UOM quedó ahora en el centro de uno de los episodios institucionales más delicados de los últimos años para el movimiento obrero organizado.

El borrador de la nueva Ley de Desarrollo Minero fija metas de incorporación laboral y adquisiciones dentro del territorio sanjuanino. También contempla incentivos fiscales, programas de capacitación y la creación de un registro específico para empresas vinculadas a la cadena minera.

La expansión de la minería metalífera volvió a instalar un debate de fondo sobre el modelo de crecimiento que busca consolidar la provincia en los próximos años. En ese marco, comenzó a discutirse un proyecto legislativo que pretende redefinir la relación entre las grandes operadoras y el entramado económico regional, con el objetivo de que la riqueza generada por los recursos naturales tenga una incidencia más visible sobre el empleo, la producción y la actividad empresaria.

El borrador de la denominada Ley de Desarrollo Minero —todavía abierto a modificaciones— propone una serie de obligaciones e incentivos destinados a incrementar la participación de trabajadores y firmas radicadas en San Juan dentro de la cadena de valor extractiva.

Uno de los capítulos centrales está vinculado con la contratación de mano de obra local. La iniciativa establece que las compañías deberán presentar planes específicos de incorporación laboral y avanzar progresivamente hasta alcanzar un piso cercano al 80% de personal con residencia efectiva en la provincia, incluyendo empleados propios y trabajadores tercerizados.

La propuesta incorpora además herramientas de formación técnica y reconversión laboral. Las compañías deberán elaborar diagnósticos periódicos sobre perfiles demandados y desarrollar programas de capacitación orientados a cubrir vacancias estratégicas para la industria. La intención oficial es que el crecimiento de la actividad deje capacidades instaladas más allá de la vida útil de cada yacimiento.

El otro gran eje del proyecto apunta al fortalecimiento del tejido empresario vinculado a la minería. El texto fija como meta que hasta un 60% de las compras de bienes y servicios sean realizadas a compañías con presencia operativa en la jurisdicción, siempre que existan condiciones competitivas de precio, disponibilidad y calidad.

Para estructurar ese esquema, el borrador crea el Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN), una base oficial destinada a identificar a las firmas habilitadas para participar dentro del sistema de preferencia productiva impulsado por el Estado.

El régimen establece criterios estrictos de admisión. Las empresas deberán acreditar actividad real dentro del territorio, domicilio legal y fiscal en la provincia y una composición societaria mayoritariamente vinculada a residentes radicados en el distrito.

La normativa también segmenta a las firmas inscriptas en distintas categorías: industriales, comerciales, prestadoras de servicios y constructoras. A su vez, incorpora un orden de prioridad que favorece primero a las empresas ubicadas en las áreas de influencia directa de los proyectos extractivos, luego a las zonas cercanas y posteriormente al resto del entramado empresario radicado en la provincia.

El esquema contempla además beneficios fiscales y herramientas de promoción económica para aquellas compañías mineras que acrediten simultáneamente altos niveles de contratación regional y compras dentro del mercado interno provincial. Entre los incentivos aparecen certificados de crédito fiscal, acceso preferencial a financiamiento y asistencia técnica.

La iniciativa suma, además, compromisos vinculados con infraestructura comunitaria, sostenibilidad ambiental y programas sociales. Las operadoras deberán presentar proyectos de inversión social orientados a educación, deporte, cultura y fortalecimiento institucional de las comunidades cercanas a los emprendimientos.

La autoridad de aplicación quedará bajo la órbita del Ministerio de Minería de San Juan, acompañado por un consejo consultivo integrado por representantes estatales, cámaras empresarias y referentes de las zonas de influencia minera.

El texto también prevé un régimen sancionatorio para los incumplimientos. Las penalidades incluyen apercibimientos, multas económicas y hasta la suspensión dentro del registro oficial para quienes no cumplan las metas comprometidas o presenten documentación irregular.

Dentro del sector reconocen que uno de los puntos más sensibles de la discusión gira alrededor de los criterios que determinarán qué compañías podrán ser consideradas efectivamente arraigadas en la provincia y cuáles quedarán fuera del esquema de beneficios.

Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto expone una discusión mucho más profunda: cómo evitar que el auge extractivo funcione como un enclave aislado y lograr que la actividad se convierta en una verdadera plataforma de desarrollo económico, industrial y laboral para toda la región.