En una jornada histórica, el Senado ratificó la ley de Emergencia en Discapacidad, dejando firme la norma que otorga mayor presupuesto al sector y actualiza las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023. La oposición se impuso con 63 votos afirmativos y 7 en contra, en un contexto de fuertes manifestaciones en distintos puntos del país.

La ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso, declara la emergencia en todo el territorio argentino hasta diciembre de 2026 y establece una actualización de las prestaciones para compensar la diferencia entre los valores actuales y la inflación desde 2023.

La norma también contempla un aumento en las asignaciones para los talleres para las personas con discapacidad y establece que las 200 mil contribuciones por invalidez serán equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.

En la previa al debate, se daba por descontado que la oposición reuniría los votos necesarios para anotarse el triunfo, sobre todo si se tiene en cuenta que, cuando se aprobó el proyecto en la Cámara alta, este sumó el acompañamiento de 56 senadores (muy por encima de los dos tercios que se requieren).

De todas maneras, en la Casa Rosada ya se preparan para avanzar con un plan de judicialización para, de esa manera, evitar tener que aplicar la ley.

La sesión quedó en manos del presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta, Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Ejecutivo en medio de la gira de Milei por los Estados Unidos. Y se celebra en la previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires de este domingo, en la que La Libertad Avanza medirá fuerzas con Unión por la Patria, principal impulsor de la ley vetada por el jefe de Estado.

Los trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron un nuevo paro para el próximo 12 de septiembre en rechazo al posible veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica y exigiendo su inmediata implementación. La medida se suma al plan de lucha que vienen llevando a cabo los últimos meses para reclamar mejoras salariales y mayor presupuesto.

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ATE, los gremios que representan a los trabajadores del Hospital Garrahan, confirmaron que profundizarán su plan de lucha contra el ajuste y el posible veto presidencial a la Ley de Emergencia Pediátrica. La ley, aprobada por el Congreso, es clave para detener las renuncias de profesionales y garantizar la atención de alta complejidad para niños, niñas y adolescentes.

Los profesionales advierten que cada renuncia desarma equipos interdisciplinarios que llevan años de formación y capacitación, lo que pone en riesgo la atención de los pacientes. «El Garrahan es el centro de atención de alta complejidad para niños, niñas y adolescentes de referencia nacional y concentra el 40 por ciento de atención de los casos de cáncer infantil y realiza la mitad de los trasplantes pediátricos del país», señalaron.

Cronograma de Acciones:

• Lunes 8/9: movilización al Hotel Sheraton en repudio a la cena de la Fundación Garrahan
• Martes 9/9: conferencia de prensa y movilización al Consejo del hospital
• Viernes 12/9: paro desde las 7 am, con asamblea general a 13 hs para definir futuras acciones

Denuncia de Corrupción:

En un punto de extrema gravedad, desde la Junta interna de ATE denunciaron “fundadas sospechas sobre corrupción en el manejo de fondos públicos vinculados a Salud (discapacidad, PAMI, etc.)”. Por ello, exigen una “investigación independiente” sobre el manejo del presupuesto y los recursos propios del Garrahan.

Asimismo, envían una crítica directa al gobierno, sosteniendo el grito: “No al veto, implementación urgente de la ley (recomposición salarial ya y demás medidas)”, y al Consejo, solicitando “incremento de recursos genuinos ya: 540 mil pesos”, entre otros puntos de relevancia. El conflicto se agrava en un hospital que es “referencia nacional”, atiende 600 mil consultas al año, concentra el 40 por ciento de los casos de cáncer infantil y realiza la mitad de los trasplantes pediátricos del país. La lucha, afirman, es en defensa de la salud pública.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en Argentina perdió un 30% de su poder adquisitivo en lo que va de la gestión de Javier Milei, según datos del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Actualmente, el SMVM se encuentra en $322.200 brutos, lo que lo ubica por debajo de la jubilación mínima y representa una caída histórica que lo deja en el nivel real más bajo en décadas.

La situación del SMVM es crítica. No solo se encuentra por debajo de los $390.277,17 que perciben los jubilados con haber mínimo y bono, sino que también acumula una caída del 43,4% en comparación con noviembre de 2019 y del 56,7% en comparación con 2015. Según el informe del CIFRA, si no hubiese perdido capacidad de compra durante la última década, hoy superaría los $740.000.

La pérdida de poder adquisitivo del SMVM tiene un impacto directo en los trabajadores mensualizados o jornalizados que cobran menos del piso salarial, y de forma indirecta en el 40% de asalariados que se desempeñan en la informalidad. Además, los acuerdos del Consejo del Salario terminaron sin consenso y las actualizaciones fueron definidas por la Secretaría de Trabajo, con subas alineadas a la propuesta empresarial, insuficientes para compensar la devaluación y la inflación.

La comparación con la línea de pobreza expone aún más la gravedad de la situación. En julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica. De este modo, el SMVM dejó de cumplir las funciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo: garantizar alimentación, vivienda, salud, educación y un piso de dignidad.