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A diferencia del Potenciar Trabajo, los nuevos programas no ajustan sus montos por inflación. conocé cuáles son los requisitos.

El gobierno de Javier Milei tiene por lo menos un par de premisas básicas para reemplazar al

El gobierno de Milei tiene por lo menos un par de premisas básicas para reemplazar al Potenciar Trabajo: dividir en dos las asistencias, bajo las denominaciones Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, con gastos licuados por inflación y sin próximos aumentos. Todo al mando de Capital Humano, el ministerio de Sandra Pettovello.

Fuentes oficiales precisaron que los beneficiarios cobrarán $78.000 en abril, es decir, el mismo monto que en marzo pagó el Potenciar Trabajo y confirmaron que no hay aumentos en estos programas porque se desliga la suba de esta asignación del Salario Mínimo Vital y Móvil (el Potenciar Trabajo era equivalente al 50% de este).

En febrero de este año desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se anunció la redefinición y segmentación del Plan Potenciar Trabajo en dos programas especializados: “Volver al Trabajo» y el «Programa de Acompañamiento Social», con el objetivo de optimizar la estrategia de inclusión social y laboral.

Qué pasa con los que ya están

Cabe mencionar que quienes estén en el programa Potenciar Trabajo no tendrán que reempadronarse, ya que el propio sistema los derivará a “Volver al Trabajo” o “Acompañamiento Social”.

Los principales cambios que presentan estos nuevos programas es que implementarán mecanismos que disminuyan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos que tenían las Unidades de Gestión encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa.

Según se detalló desde el propio Ministerio de Capital Humano, con Potenciar Trabajo, estas unidades recibían alrededor de U$D 34 millones anuales para la realización de actividades y cursos que, de acuerdo con lo que informaron en la cartera conducida por Pettovello «no resultaron eficientes para la generación de empleo».

Además se eliminan las planillas de asistencia que permitían a las unidades ejercer un control sobre quién recibía los pagos.

«Volver al trabajo», el nuevo Potenciar Trabajo

Este programa, según el Ministerio, apunta a «fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a las personas al trabajo formal y al mercado».

«Busca proporcionar asistencia y orientación para la búsqueda de empleo; intermediación entre los beneficiarios y quienes sean potenciales empleadores; capacitaciones y cursos orientados a mejorar las habilidades laborales, certificaciones, prácticas formativas y promoción de emprendimientos. Además, con Volver al Trabajo se garantiza la terminalidad de la educación formal», indicaron.

Otra novedad es que este refuerzo puede ser complementado con un trabajo con ingresos menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $540.000 mensuales, y el beneficiario mantendrá la ayuda social por dos años. Los requisitos para acceder al mismo: tener entre 18 y 49 años.

Acompañamiento Social

En este programa, el foco está destinado a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad social y que anteriormente eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

El objetivo es poder proporcionarles asistencia inmediata, así como también acompañarlos en la construcción de capacidades y en el fortalecimiento familiar.

Podrán acceder a este programa sujetos mayores de 50 años, madres de cuatro o más hijos, así como adultos mayores que enfrentan problemas de salud. Las familias que formen parte del mismo tendrán que realizarse controles de salud y educación.

En Acompañamiento Social se organizarán talleres sobre educación, salud, nutrición, y derechos humanos; se ayudará en la identificación y aprovechamiento de oportunidades económicas con el fin de ayudar al incremento de ingresos en la familia.

Además se brindará asistencia técnica para motivar emprendimientos socio-productivos, así como el apoyo financiero y técnico para proyectos que fomenten la economía solidaria.

Además, se brindará asesoramiento para el proceso jubilatorio y la implementación de prestaciones para asegurar la nutrición adecuada del hogar.

Dicho programa tendrá una duración de dos años, pero podrán prorrogarlo en función de su éxito y eficacia. Es necesario destacar que los beneficiarios de alguno de los dos programas pueden participar del otro, independientemente de la segmentación que se llevó a cabo, de acuerdo con la información que brinda la web oficial del ministerio.

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Unidad sindical en San Juan: la CGT y la CTA se movilizan contra la reforma laboral

La CGT y la CTA se movilizarán este miércoles 11 de febrero desde las 18 horas en el microcentro sanjuanino, en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que comenzará a debatirse ese mismo día en el Senado.

Las centrales obreras con representación en San Juan —la Confederación General del Trabajo (CGT), y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)— confirmaron una movilización conjunta para este miércoles en rechazo al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno de Javier Milei, que ingresará formalmente al debate en el Senado.

La decisión fue ratificada tras una reunión plenaria entre las centrales sindicales y confirmada por el secretario general de la CGT San Juan, Eduardo Cabello, y por el secretario general del gremio de Jerárquicos Mineros, Marcelo Mena. Ambos coincidieron en la necesidad de mostrar unidad y volumen político frente a una iniciativa que, según sostienen, afecta derechos laborales básicos y debilita la organización sindical.

La movilización comenzará a las 18 horas, con concentración en la sede de la CGT San Juan, ubicada sobre calle España, entre Mitre y Santa Fe. Desde allí, las columnas marcharán por el centro de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se realizará un acto central.
Jornada federal, paro y señal política.

La protesta se enmarca en una jornada federal de lucha, con movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria principal tendrá lugar frente al Congreso Nacional, mientras que en varias provincias se replicarán marchas y actos en rechazo al proyecto oficial.

Desde las centrales obreras advirtieron que la reforma laboral implica un retroceso en materia de estabilidad, negociación colectiva y derechos conquistados, y señalaron que la respuesta sindical busca incidir tanto en el debate legislativo como en la agenda política.

Documento y reclamos sociales

Durante el acto previsto en la Plaza 25 de Mayo, las centrales obreras darán lectura a un documento conjunto, que también será entregado al gobernador Orrego, con el objetivo de expresar formalmente el rechazo al proyecto y solicitar una posición clara frente al debate nacional.

A la marcha se sumarán además organizaciones sociales y colectivos que llevarán reclamos vinculados a la defensa del agua, los derechos de jubilados y jubiladas, la protección de los glaciares, la denuncia por los incendios forestales y el rechazo a la criminalización de infancias y adolescencias, además de expresiones contra el racismo y el genocidio.

Con la participación de la CGT y la CTA, la movilización de este miércoles se perfila como una de las expresiones sindicales más amplias de los últimos meses en la provincia. En un momento de fuerte debate legislativo y cuestionamientos al rol del movimiento obrero, la protesta buscará exhibir unidad, capacidad de movilización y una postura firme frente a una reforma que las centrales consideran regresiva.

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San Juan: Docentes universitarios se suman a la jornada nacional de protesta conta la reforma laboral

La medida de fuerza será por 24 horas e incluirá una movilización por el centro sanjuanino. El reclamo fue definido por CONADU y CONADU Histórica y se replicará en todas las universidades públicas del país, en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Congreso Nacional.

Aún antes del inicio formal del ciclo lectivo, el conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda nacional. Este miércoles 11 de febrero, las y los docentes universitarios llevarán adelante un paro total de actividades por 24 horas, acompañado por una movilización en distintas provincias, entre ellas San Juan.

La decisión fue tomada en el plenario de secretarios generales de CONADU y CONADU Histórica, donde ambas federaciones acordaron unificar el reclamo a nivel nacional frente al tratamiento legislativo de la reforma laboral impulsada por el Gobierno. El paro alcanzará a todas las universidades públicas del país y se enmarca en una jornada federal de protesta.

Convocatoria en San Juan

En el ámbito local, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan (SiDUNSJ) convocó a sus afiliados y a la comunidad universitaria a sumarse a la protesta. La concentración está prevista para la tarde del miércoles en la sede de la CGT San Juan, desde donde se marchará en unidad hacia la Plaza 25 de Mayo.

La participación del sector universitario se integrará así a la movilización convocada por las centrales sindicales, reforzando el carácter multisectorial de la jornada de protesta.

Reclamo y contexto

Desde los gremios docentes advirtieron que la reforma laboral en debate representa un retroceso en materia de derechos, al promover condiciones de mayor inestabilidad, flexibilización del empleo y pérdida de garantías laborales. En ese sentido, señalaron que el impacto del proyecto no se limita al sector privado, sino que también afecta al conjunto del sistema educativo y científico.

El paro y la movilización se inscriben en un escenario de creciente preocupación por el futuro del sistema universitario público, atravesado por ajustes presupuestarios, salariales y laborales.

Con paro y movilización, la docencia universitaria se suma este miércoles a una jornada nacional de protesta que vuelve a poner en primer plano el rechazo sindical a la reforma laboral. En San Juan, la presencia del sector académico refuerza el alcance político de la convocatoria y amplía el frente de resistencia frente a un proyecto que genera un fuerte rechazo en amplios sectores del mundo del trabajo.

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Protesta sindical y conflicto policial en Rosario en una jornada de máxima tensión

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desarrollada en Rosario fue atravesada por un escenario de extrema tensión institucional, marcado por el reclamo salarial y el autoacuartelamiento de la policía provincial y del Servicio Penitenciario. La simultaneidad de los conflictos expone el impacto del ajuste sobre distintos sectores del Estado y del mundo del trabajo.

La ciudad de Rosario vivió este martes una de las jornadas más complejas de los últimos años. A la movilización convocada por el Frente de Sindicatos Unidos contra la reforma laboral del gobierno de Javier Milei se superpuso un conflicto de alto voltaje institucional: el reclamo salarial de efectivos de la policía provincial y del Servicio Penitenciario, que derivó en acuartelamientos, enfrentamientos internos y episodios de represión protagonizados por las propias fuerzas de seguridad.

Desde la noche de este lunes, efectivos en actividad, retirados y familiares se concentraron frente a la Jefatura de Policía de Rosario para exigir recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales. La protesta escaló con quema de cubiertas, disturbios y una situación inédita: un sector de uniformados reprimió a sus propios compañeros por orden de la superioridad.

Lejos de descomprimirse, el conflicto continuó durante la mañana de este martes con “sirenazos”, patrulleros cortando calles y un fuerte despliegue policial en torno a la jefatura, mientras los manifestantes advirtieron que no se retirarían sin respuestas concretas.

Un conflicto que se expande

Las protestas no se limitaron a Rosario. También se registraron concentraciones y acuartelamientos en la ciudad de Santa Fe, frente a la Casa de Gobierno, y en localidades como Reconquista, Rafaela, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, configurando un escenario de tensión extendida en toda la provincia.

El reclamo central de los efectivos apunta a salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica, luego de aumentos cercanos al 1% mensual, en un contexto de jornadas extenuantes y con apenas 24 horas semanales de descanso, lo que obliga a completar ingresos mediante adicionales.

Testimonios de policías dieron cuenta de una situación extrema. Una agente relató que, por orden de la jefatura, se avanzó con gas pimienta contra los manifestantes, incluso cuando en la primera línea había mujeres, y que algunos efectivos se negaron a cumplir la orden.

Respuesta oficial y advertencias

Tras los incidentes, el gobierno provincial anunció que al menos 20 agentes serían pasados a disponibilidad. Si bien reconoció la legitimidad del reclamo salarial, advirtió sobre el “abandono de servicio” y remarcó los límites legales de la protesta dentro de las fuerzas de seguridad.

La decisión estuvo lejos de cerrar el conflicto y sumó un nuevo foco de tensión en una provincia atravesada por problemas estructurales de seguridad, crisis económica y un marcado deterioro del poder adquisitivo.

La protesta sindical en un contexto explosivo

En ese marco, la movilización sindical contra la reforma laboral adquirió un significado político más amplio. Las columnas gremiales marchaban contra el proyecto que el oficialismo busca aprobar en el Senado mientras Rosario permanece virtualmente en estado de alerta, con sirenas encendidas, edificios públicos custodiados y una creciente sensación de incertidumbre.

Para los sindicatos, la simultaneidad de los conflictos no es casual. Sostienen que la misma política de ajuste que impulsa una reforma regresiva para los trabajadores formales impacta también sobre quienes cumplen funciones esenciales del Estado, precarizando salarios y deteriorando condiciones laborales.

Rosario se convirtió en un espejo nítido de la crisis social que atraviesan la provincia y el país. Mientras el Gobierno nacional avanza con una reforma laboral que promete mayor flexibilización y pérdida de derechos, y las administraciones provinciales trasladan el recorte de recursos a sus trabajadores, el malestar se expande y desborda los carriles tradicionales.

La protesta sindical y el conflicto policial, cada uno con su propia lógica y límites, confluyen en una misma señal de alarma: sin salarios que alcancen y sin derechos laborales garantizados, la conflictividad social no solo persiste, sino que tiende a profundizarse.

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