Frente al fuerte rechazo sindical y a la falta de consensos legislativos, el Gobierno nacional decidió abrir una mesa de diálogo con la CGT y el sector empresario. Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado para analizar modificaciones al proyecto, con la mira puesta en llevarlo al recinto el 10 de febrero.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo atraviesa su momento más delicado en el Congreso. La resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), sumada a las dudas de sectores empresarios y a la fragilidad del oficialismo en el Senado, obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia y apostar ahora al diálogo como vía para destrabar la iniciativa.

La decisión política fue confirmada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, quien reconoció que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el proyecto con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los consensos”, afirmó.

En ese marco, el próximo 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Bullrich. El espacio analizará los planteos formulados por el sindicalismo y por distintas entidades empresariales, en coordinación con los bloques legislativos que vienen acompañando al oficialismo. La intención es avanzar hacia un dictamen consensuado y llevar la iniciativa al recinto el 10 de febrero.

Además, el Gobierno iniciará la semana próxima una instancia formal de diálogo con la CGT, en un intento por reducir tensiones y explorar posibles puntos de acuerdo. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que la negociación tendrá límites claros.

“Estamos escuchando a todos y vamos a tomar las cosas que sean razonables y apunten a que el mercado laboral crezca. Lo que no queremos es que todo quede igual”, sostuvo Bullrich, al reiterar la visión oficial de que el actual esquema laboral está agotado y desalienta la creación de empleo formal.

Según la senadora, uno de los ejes centrales de la reforma es brindar mayores certezas a las empresas, particularmente en materia de litigios laborales, contingencias e indemnizaciones. En ese sentido, lanzó un mensaje directo al sindicalismo: “Si la CGT quiere cuidar el empleo, tiene que ayudar a que las cosas se puedan cambiar”.

Bullrich también aclaró que, hasta el momento, la central obrera no presentó una contrapropuesta formal por escrito, aunque aseguró que cualquier iniciativa será evaluada siempre que no implique sostener el statu quo. Las negociaciones, agregó, se concentrarán principalmente en el Senado, donde el oficialismo busca articular acuerdos con el radicalismo, el PRO y bloques provinciales.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto —las cuotas solidarias sindicales— también formará parte de la discusión. Desde el Gobierno insisten en que la reforma debe abordarse de manera integral, incluyendo modalidades de contratación, convenios colectivos y modernización del sistema laboral. “No se puede acordar solo lo que le conviene a una de las partes”, remarcó la senadora.

La postura de la CGT

En este sentido, la CGT endureció su discurso. Esta semana difundió un comunicado titulado “La reforma laboral también impacta en tu salud”, en el que la Secretaría de Acción Social, encabezada por José Luis Lingeri, advirtió sobre las consecuencias que tendría la iniciativa oficial sobre el financiamiento y el funcionamiento de las obras sociales sindicales.

“Menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en un derecho básico”, señaló la central obrera, que rechazó de plano la idea de que el debate se limite a una discusión corporativa. “No se trata de cajas ni de intereses sectoriales”, enfatizó el texto.

Con el proyecto aún lejos de garantizarse la aprobación, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación que busca descomprimir el conflicto social y político que rodea a la reforma laboral. El desafío será lograr modificaciones suficientes para sumar apoyos sin desnaturalizar una iniciativa que el oficialismo considera estructural. En un escenario de fuerte tirantez social y sindical, el diálogo aparece ahora como la única vía posible para evitar que la reforma quede empantanada en el Senado.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las jubilaciones acumulan una pérdida del 27,4% en términos reales desde la modificación de la fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno. El deterioro es aún mayor entre quienes cobran el haber mínimo, afectados por el congelamiento del bono desde marzo de 2024.

Las jubilaciones y pensiones atraviesan uno de los mayores retrocesos en su poder adquisitivo de las últimas décadas. Desde la implementación del nuevo esquema de actualización dispuesto por el gobierno de Javier Milei, los haberes previsionales acumulan una caída real del 27,4%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El deterioro se produjo tras el cambio en el mecanismo de movilidad previsional introducido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609 —basada en la evolución de los salarios y la recaudación— por un sistema de ajuste automático atado exclusivamente a la inflación.

De acuerdo con el análisis de CEPA, esta modificación fue clave para que el Gobierno alcanzara el superávit fiscal, pero lo hizo a costa de una fuerte licuación de los ingresos de los jubilados. En diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, si se hubiera mantenido la fórmula anterior, el haber habría alcanzado los $434.279, lo que representa una diferencia mensual de $93.393.

El informe sostiene que la fórmula derogada “hubiera sido superadora en el tiempo” y que fue eliminada “en el preciso momento en que podía comenzar a mejorar los haberes”. Según CEPA, el esquema previo incorporaba un rezago que permitía que las jubilaciones le ganaran a la inflación cuando esta comenzaba a desacelerarse. En contraste, el sistema actual impide nuevas pérdidas, pero también bloquea cualquier recuperación del poder adquisitivo ya erosionado.

El impacto del congelamiento del bono

La situación es aún más crítica para quienes perciben la jubilación mínima con bono. El refuerzo mensual permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, lo que provocó una profunda licuación de su valor real en un contexto inflacionario.

Mientras los haberes jubilatorios aumentaron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono incluido solo se incrementó un 101%. Según CEPA, para sostener el poder de compra original, el bono debería haber alcanzado en diciembre los $177.485. La diferencia —$107.485 mensuales— representa el recorte efectivo que sufren los jubilados de menores ingresos.

Como resultado, las jubilaciones mínimas con bono se encuentran actualmente un 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre del gobierno anterior.

Un retroceso histórico

El informe también advierte que el inicio de la actual gestión implicó un “rápido retroceso” de los haberes previsionales: una caída del 26,3% para jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que sí lo perciben. Estos niveles colocan el poder adquisitivo actual alrededor de un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990, uno de los períodos más críticos para los ingresos jubilatorios.

A este escenario se suma el veto presidencial a iniciativas legislativas destinadas a recomponer los haberes. En agosto de 2025, el Poder Ejecutivo anuló una ley que contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y elevaba el bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono habría alcanzado los $446.935, recuperando buena parte del poder adquisitivo perdido tras la asunción de Milei.

El fin de la moratoria y la crisis del sistema

Por último, CEPA advierte que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 profundiza la crisis estructural del sistema. Sin esta herramienta, “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria no pueden acceder a una jubilación” por no reunir los 30 años de aportes requeridos.

En esos casos, la única alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y exige una edad de acceso más elevada para las mujeres, consolidando un esquema de mayor exclusión y menores ingresos para los adultos mayores.

El informe de CEPA expone con claridad que el cambio en la fórmula de movilidad previsional se convirtió en una de las principales anclas del ajuste fiscal, con un costo social significativo. Mientras el Gobierno sostiene el superávit, las jubilaciones permanecen estancadas en niveles históricamente bajos, sin mecanismos que permitan recuperar lo perdido y con un sistema que, lejos de ampliarse, restringe cada vez más el acceso a una jubilación digna.

Las proyecciones del Presupuesto 2026 anticipan una nueva caída del financiamiento universitario, con salarios docentes en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia y crecientes advertencias gremiales sobre la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo. Desde el sector denuncian un ajuste que excede lo fiscal y responde a una disputa ideológica con la universidad pública.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público escala hacia un escenario crítico de cara a 2026. De acuerdo con las proyecciones surgidas del Presupuesto aprobado a fines de 2025, si el Ejecutivo continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario —que permanece suspendida y que el oficialismo incluso intentó derogar—, la inversión destinada a las universidades nacionales sería la más baja de los últimos veinte años.

El recorte presupuestario previsto para el sector universitario alcanza el 7,2% en relación con 2025 y un 34,3% respecto de 2023. En términos macroeconómicos, la educación universitaria recibiría apenas el 0,47% del Producto Bruto Interno, una cifra que marca un piso histórico. En este aspecto, el Presupuesto elimina el objetivo del 6% del PBI para educación en general y la meta del 1% para ciencia y tecnología, profundizando el ajuste sobre el sistema científico nacional.

Esta decisión impacta de manera directa sobre organismos clave como el CONICET, el INTI, el INTA, el Instituto Malbrán y la CONAE, entre otros, configurando lo que desde el sector académico describen como un ataque integral al entramado de producción de conocimiento del país.

A ello se suma una disposición particularmente sensible: el Presupuesto le otorga a la Secretaría de Educación la facultad de interrumpir transferencias o congelar partidas a las universidades si considera “inadecuado” el uso de los fondos, una medida que distintos especialistas y gremios advierten como una violación directa del principio constitucional de autonomía universitaria.

Salarios en mínimos históricos

Desde el Frente Sindical Universitario advirtieron que el cierre de 2025 consolidó un escenario crítico. “Cerramos el año con la negativa del gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario sancionada y reafirmada por el Congreso por enorme mayoría, incluso existiendo una cautelar judicial”, señalaron.

El panorama salarial profundiza la crisis: los docentes universitarios acumulan meses sin recomposición, con un 0% de aumento en diciembre, la eliminación del bono y una pérdida sostenida frente a la inflación. “Hay una clara discriminación respecto de otros trabajadores del Estado nacional, en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento”, remarcaron.

Según las estimaciones gremiales, los salarios docentes universitarios se encuentran en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia, hace más de 40 años.

“Está en riesgo el ciclo lectivo 2026”

La nueva secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, fue contundente al describir el escenario: “Están poniendo en riesgo el ciclo 2026 de más de dos millones de estudiantes en todo el país. Con un recorte que ya se acerca al 50% y docentes que no llegamos a cubrir lo básico para reproducir nuestras vidas, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo”.

Chevalier sostuvo que el ajuste tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los trabajadores universitarios: “Hay docentes que cobran alrededor de 500 mil pesos y no pueden cubrir ni el alquiler ni la comida”. Y agregó una definición política que atraviesa todo el conflicto: “Hay un ensañamiento con la universidad y con la ciencia que no es solo económico: es un enfrentamiento puramente ideológico”.

Alerta por no inicio y conflicto nacional

La posibilidad de un no inicio del ciclo lectivo ya comenzó a instalarse formalmente en el debate gremial. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) anticiparon que el escenario de 2026 podría comenzar con medidas de fuerza si el Gobierno insiste en mantener suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que —recordaron— “fue votada cuatro veces por el Congreso contra todos los intentos del oficialismo”.

Además, advirtieron que el Ejecutivo podría apelar el reciente fallo judicial que lo obliga a cumplir con la ley, lo que profundizaría el conflicto. “No estamos ante un ajuste más: estamos frente a un intento de destrucción de un sistema público que nuestro pueblo construyó durante décadas”, afirmaron.

Los reclamos también alcanzan a los trabajadores no docentes. Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvieron mantener el estado de “alerta y movilización” y advirtieron que, si no hay respuestas oficiales, “peligra en 2026 el comienzo del ciclo lectivo y el normal funcionamiento de todas las universidades públicas del país”.

Con financiamiento en mínimos históricos, salarios pulverizados y una ley vigente que el Ejecutivo se niega a aplicar, el ajuste sobre la universidad pública aparece cada vez menos como una medida fiscal y más como una definición ideológica. En este escenario, el riesgo de un no inicio del ciclo lectivo deja de ser una advertencia retórica y comienza a perfilarse como una posibilidad concreta de alcance nacional.