El gremio suspendió las medidas de fuerza previstas para este jueves y viernes en 27 aeropuertos, luego de que la Secretaría de Trabajo intimara a garantizar el 75% de los servicios. Si no hay acuerdo en la audiencia laboral, el sindicato advirtió que retomará la protesta desde el lunes 7 de septiembre.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió postergar el paro que los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) habían previsto para este jueves y viernes en 27 aeropuertos del país. La conducción del gremio, encabezada por Rodolfo Aguiar, aguarda ahora una audiencia con la Secretaría de Trabajo para definir cómo se aplicarán los servicios mínimos establecidos para la actividad aeronáutica.

La decisión se produjo después de que el Gobierno nacional intimara a ATE a garantizar el 75% de la prestación durante una eventual medida de fuerza. La notificación fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que reclamó el cumplimiento del régimen vigente para los servicios considerados esenciales.

Aguiar confirmó la suspensión y sostuvo que el sindicato actuó para facilitar una instancia de negociación. “Nadie nos puede acusar de ser irrazonables”, afirmó, al señalar que ATE siempre contempló la prestación de servicios esenciales. Según el dirigente, la audiencia permitirá establecer de común acuerdo los alcances de la esencialidad y la modalidad de la protesta.

El conflicto tiene como origen los reclamos de los trabajadores de ANAC por el cumplimiento de acuerdos paritarios y mejoras en las condiciones laborales. La medida inicialmente anunciada contemplaba asambleas durante dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, en los aeropuertos alcanzados.

Durante esas jornadas, ATE había previsto garantizar únicamente vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y servicios oficiales. El gremio había advertido que eventuales demoras o cancelaciones no serían responsabilidad de los trabajadores y cuestionó al Gobierno por no haber respondido a sus demandas pese a la anticipación con que fueron comunicadas.

La intimación oficial se apoyó en las disposiciones de la denominada Ley de Modernización Laboral, que fija un piso del 75% para determinados servicios considerados esenciales durante una huelga. Entre ellos figura el transporte aéreo y la actividad aeronáutica, además de otras prestaciones vinculadas con salud, saneamiento, telecomunicaciones, recolección de residuos, servicios portuarios y seguridad.

ATE sostiene, en cambio, que el derecho de huelga está protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que históricamente garantizó prestaciones mínimas para evitar riesgos sobre la vida, la salud y la seguridad. Aguiar reclamó una audiencia urgente para acordar con las autoridades la modalidad de la protesta y cuestionó que el Gobierno invoque la esencialidad principalmente cuando los trabajadores realizan medidas de fuerza.

La tregua será, por ahora, de corto alcance. Si la audiencia no se concreta o fracasa la instancia de diálogo, ATE anunció que retomará las medidas desde el lunes 7 de septiembre, con nuevas asambleas en los aeropuertos. La negociación laboral será entonces determinante para evitar que el conflicto vuelva a impactar sobre la programación de vuelos en todo el país.

La Lista A se impuso en las tres sedes de El Triunfo y obtuvo 76 votos, contra 46 de la Lista B y 17 de la Lista C. El resultado fortalece al espacio de Diego Vázques a poco más de un mes de la elección provincial del gremio.

La interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan sumó este miércoles un nuevo resultado favorable para la oposición. La Lista A ganó la elección de delegados en la empresa El Triunfo y se impuso en sus tres establecimientos de la provincia: Capital, Caucete y Casuarinas, en 25 de Mayo.

El recuento arrojó 76 votos para la nómina opositora, mientras que la Lista B reunió 46 sufragios y la Lista C alcanzó 17. Ambas listas derrotadas están vinculadas con el oficialismo gremial. La diferencia le permitió a la Lista A quedarse con la representación de los trabajadores de la empresa.

Los nuevos delegados serán Carlos Frau, Gustavo Gavia, Rubén López, Elías Núñez, Oscar Molina y Mario González. Su elección adquiere relevancia dentro de la disputa provincial porque constituye una referencia concreta sobre la adhesión que cada espacio consigue entre los trabajadores del transporte.

El resultado se suma al obtenido días atrás en la empresa Albardón, donde la nómina identificada con Diego Vázques también había derrotado al oficialismo. En aquella votación, la oposición consiguió 126 votos contra 74 de la lista celeste y blanca, sobre 201 sufragios emitidos y un voto impugnado.

Con dos logros favorables consecutivos en empresas de transporte, el espacio de Vázques llega fortalecido a la recta previa de los comicios provinciales. Sin embargo, la definición de octubre tendrá una dimensión mayor y pondrá en juego la conducción de toda la seccional sanjuanina.

La elección general de la UTA está prevista para el 7 y 8 de octubre. Vázques competirá por la conducción provincial frente al oficialismo encabezado por Héctor Maldonado, en una contienda que determinará la conducción del gremio para el próximo período.

La propuesta oficial de un aumento del 3% para septiembre fue considerada insuficiente por las federaciones docentes y nodocentes, que reclaman una recomposición del 31,2% acumulado hasta julio, más la actualización correspondiente a agosto. La protesta será este miércoles y el jueves definirán nuevas medidas.

La distancia entre ambas posiciones quedó expuesta durante la reunión paritaria. Mientras el Ejecutivo llevó una recomposición del 3%, los gremios reclaman que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario y se reconozca una recomposición salarial que, según sus cálculos, alcanza el 31,2% hasta julio, a lo que debe añadirse la inflación correspondiente a agosto.

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), CONADU Histórica y las restantes organizaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales cuestionaron que la propuesta oficial no contemple la pérdida acumulada. También denunciaron que el Gobierno volvió a postergar el cumplimiento de la ley y de la medida cautelar judicial que ordenó recomponer los ingresos de los trabajadores universitarios.

Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, sostuvo que la oferta «continúa desconociendo la pérdida salarial acumulada» y reclamó el cumplimiento inmediato de la legislación vigente.

Desde CONADU Histórica, Francisca Staiti señaló que el 3% ofrecido se encuentra muy lejos del 31,2% que, según la organización, se adeuda hasta julio por aplicación de la cautelar.

El reclamo sindical no se limita a los salarios. Las federaciones también exigen la implementación efectiva del Convenio Colectivo de Trabajo, la actualización de las becas estudiantiles, mayores recursos para las universidades y fondos destinados a los hospitales universitarios.

Entre los compromisos pendientes figura además la apertura de una mesa de negociación para el sistema de preuniversitarios y la discusión del nomenclador salarial y de los adicionales por posgrados. Esos puntos habían quedado asentados en el acta paritaria del 10 de junio, pero, según las organizaciones gremiales, todavía no tuvieron una respuesta concreta.

Cabe añadir que la controversia salarial se mantiene activa, mientras continúa el litigio judicial por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar y sostuvo que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados hubieran reparado el deterioro salarial señalado en la causa. El Ejecutivo deberá presentar documentación sobre los avances en el cumplimiento de esa resolución.

Para las federaciones, la negativa oficial a reconocer la recomposición reclamada profundiza un conflicto que lleva más de 300 días desde el incumplimiento que denuncian respecto de la ley. «La deuda salarial se paga», sostuvo CONADU Histórica al convocar a la nueva jornada de protesta.

El paro de este miércoles será acompañado por docentes y nodocentes de distintas universidades del país. En San Juan, la medida alcanzará a la comunidad universitaria a través de las organizaciones que adhieran a la convocatoria nacional.