La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos y organizaciones sociales confirmaron que se movilizarán este jueves frente al Congreso. Consideran que la eliminación del capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros no modifica los aspectos centrales del proyecto, al que continúan rechazando por entender que afecta derechos sociales, patrimoniales y ambientales.

La decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no alcanzó para desactivar la protesta convocada por el movimiento sindical. La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) y diversas organizaciones sociales ratificaron la movilización prevista frente al Congreso, donde se debatirá una de las iniciativas más controvertidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Desde la conducción cegetista confirmaron que la concentración se desarrollará desde las 14 frente al Palacio Legislativo, al sostener que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo no alteran el contenido de fondo del proyecto. «Se sostiene la movilización», señalaron dirigentes de la central obrera, que consideran que la propuesta continúa incorporando disposiciones que afectan derechos adquiridos y el patrimonio nacional.

En la misma línea se expresó el Frente de Sindicatos Unidos, espacio que reúne a organizaciones gremiales críticas de la actual conducción de la CGT. Sus referentes anunciaron que comenzarán a concentrarse desde el mediodía y advirtieron que el texto conserva artículos que califican como perjudiciales para amplios sectores de la sociedad.

Entre los puntos más cuestionados mencionan mecanismos que agilizan desalojos de inquilinos, comunidades indígenas y familias campesinas; restricciones a las facultades del Estado para disponer expropiaciones por razones de utilidad pública y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que, según denuncian, facilitarían la comercialización de terrenos afectados por incendios.

Las dos CTA también confirmaron su participación en la protesta. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores sostienen que la eliminación del capítulo referido a la venta de tierras no modifica el espíritu general de la iniciativa, por lo que consideran necesario mantener la presión sobre el Congreso durante el tratamiento legislativo.

La convocatoria fue respaldada además por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que ratificó su presencia en la movilización y llamó a confluir con las centrales sindicales en una manifestación unificada. Desde la organización indicaron que la convocatoria permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La decisión de sostener la protesta ya había sido anticipada durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT, en la calle Azopardo. Allí participaron los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante ese encuentro, los dirigentes cuestionaron con dureza el proyecto oficial y afirmaron que la propuesta original para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros significaba «ponerle un cartel de venta al país» en beneficio de intereses económicos concentrados. Aunque ese apartado fue finalmente eliminado para facilitar el tratamiento parlamentario, las organizaciones sindicales consideran que el resto de la iniciativa mantiene cambios de fondo que justifican la continuidad del plan de protesta.

La movilización volverá a colocar al movimiento obrero y a las organizaciones sociales en el centro del debate político mientras el oficialismo intenta reunir los apoyos necesarios en el Senado para avanzar con una de las reformas consideradas prioritarias por la Casa Rosada. El resultado de esa pulseada parlamentaria y la magnitud de la protesta marcarán un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las principales centrales sindicales del país.

El Gobierno de San Juan reafirmó su decisión de garantizar la continuidad del ciclo lectivo tras el paro docente que, según cifras oficiales del Ministerio de Educación, alcanzó un acatamiento cercano al 70% en la provincia. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró que la administración provincial continuará privilegiando el diálogo con los sindicatos, aunque dejó en claro que utilizará las herramientas previstas en la legislación vigente para proteger el derecho de los estudiantes a recibir clases.

En declaraciones a la prensa, el funcionario remarcó que la realidad sanjuanina difiere de la disputa que atraviesa el sistema educativo a nivel nacional. «Nosotros no tenemos conflictos gremiales en San Juan entre gobierno y gremios; defendemos el derecho a la educación y queremos que los alumnos reciban clases», afirmó.

Achem destacó que la gestión encabezada por Marcelo Orrego sostiene una política de equilibrio fiscal que, según explicó, permitió mantener los salarios docentes por encima de la inflación sin comprometer las cuentas públicas ni el cumplimiento de las obligaciones del Estado provincial. En ese sentido, señaló que el objetivo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la sustentabilidad financiera de la provincia.

Al mismo tiempo, cuestionó las medidas de fuerza promovidas por las conducciones sindicales nacionales y consideró que responden, en muchos casos, a motivaciones ajenas a la realidad local. «No queremos que los conflictos nacionales, que muchas veces tienen carácter ideológico, afecten a la provincia», expresó, al tiempo que recordó las diferencias en la cantidad de paros registrados durante la actual gestión nacional respecto de administraciones anteriores.

El funcionario también confirmó que San Juan permanece a la espera de las definiciones que adopten el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar con la implementación de la Ley de Modernización Laboral. Explicó que ambos organismos ya solicitaron información a las provincias como parte del proceso previo a la aplicación de la normativa.

«El Gobierno está obligado a aplicar la ley, no puede elegir si la aplica o no», sostuvo Achem al referirse al alcance de la nueva legislación. En ese marco, indicó que la provincia recurrirá a todos los instrumentos legales disponibles para resguardar el derecho a la educación y reducir el impacto que los conflictos gremiales puedan tener sobre el desarrollo del calendario escolar.

La movilización convocada para el 7 de agosto unirá la Basílica de San Cayetano con Plaza de Mayo bajo la consigna «Tierra, Techo y Trabajo». UTEP, la CGT, las dos CTA y numerosas organizaciones sociales prevén una convocatoria multitudinaria para reclamar contra el ajuste económico, exigir la apertura de la paritaria federal y reivindicar derechos sociales y laborales.

Las organizaciones sociales y sindicales preparan para el próximo viernes 7 de agosto una de las manifestaciones más numerosas de los últimos años. En el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, la convocatoria recorrerá el trayecto entre la Basílica del barrio porteño de Liniers y la Plaza de Mayo con la consigna «Tierra, Techo y Trabajo», una de las banderas impulsadas por el papa Francisco. Los organizadores sostienen que será «la marcha más grande de la década» y la presentan como el inicio de un período de mayor conflictividad frente a las políticas económicas del Gobierno nacional.

La protesta reunirá a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y el espacio Territorios en Lucha, del que forman parte organizaciones como Libres del Sur. También confirmaron su participación agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos de mujeres y entidades profesionales, en una convocatoria que busca expresar un amplio rechazo a las medidas de ajuste y reclamar la reapertura de la paritaria federal.

La jornada comenzará por la mañana con la tradicional bendición de herramientas en el cruce de las avenidas Rivadavia y Jujuy, un gesto simbólico que cada año reivindica la dignidad del trabajo. Posteriormente, la columna principal partirá desde la Basílica de San Cayetano y avanzará por la avenida Rivadavia rumbo al centro porteño.

Durante el recorrido se incorporarán nuevas columnas. Libres del Sur y otras organizaciones nucleadas en Territorios en Lucha prevén concentrarse en el Obelisco para marchar junto a las dos CTA, antes de confluir con el resto de los manifestantes en Plaza de Mayo, donde se desarrollará el acto central.