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El secretario general del gremio de trabajadores estatales ATE denunció penalmente al presidente Javier Milei «y a todos los involucrados en el DNU» por la comisión de varios delitos.

El 20 de diciembre, el gobierno nacional presentó por cadena nacional un mega decreto compuesto de 366 artículos que modifica cientos de leyes votadas en el Congreso de la Nación.

Con la firma de Javier Milei, Nicolás Posse, Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Mario Russo, Mariano Cúneo Libarona, Guillermo José Ferraro y Sandra Pettovello se publicó en el boletín oficial por lo que se presume que ellos estarán dentro de los involucrados. Resta confirmar si se incluirá a otros actores.

Este martes, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar anunció que el gremio decidió denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU.

Se acusa a los funcionarios por la comisión de varios delitos:

• Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.,
• Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.)
• Delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno.

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Gremios de la carne piden reabrir paritarias

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne de la República Argentina (FESITCARA) exigieron reabrir la paritaria del sector, ante el avance de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los asalariados del sector.

La entidad que conduce Gabriel Vallejos reclamó la “urgente reapertura de la negociación salarial” y remarcó que el acuerdo paritario celebrado con las cámaras del sector meses atrás, “requiere una rápida revisión, ya que la inflación está en constante crecimiento”, indicó la Federación en un comunicado de prensa.

En ese sentido, FESITCARA remarcó que en el actual contexto del país, “peligra la subsistencia alimentaria y la estabilidad económica” de los trabajadores del sector, y que por esta razón, “es crucial que estemos unidos defendiendo los derechos laborales y el salario digno”.

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Enterate cómo son los programas que reemplazarán al Potenciar Trabajo

A diferencia del Potenciar Trabajo, los nuevos programas no ajustan sus montos por inflación. conocé cuáles son los requisitos.

El gobierno de Javier Milei tiene por lo menos un par de premisas básicas para reemplazar al

El gobierno de Milei tiene por lo menos un par de premisas básicas para reemplazar al Potenciar Trabajo: dividir en dos las asistencias, bajo las denominaciones Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, con gastos licuados por inflación y sin próximos aumentos. Todo al mando de Capital Humano, el ministerio de Sandra Pettovello.

Fuentes oficiales precisaron que los beneficiarios cobrarán $78.000 en abril, es decir, el mismo monto que en marzo pagó el Potenciar Trabajo y confirmaron que no hay aumentos en estos programas porque se desliga la suba de esta asignación del Salario Mínimo Vital y Móvil (el Potenciar Trabajo era equivalente al 50% de este).

En febrero de este año desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, se anunció la redefinición y segmentación del Plan Potenciar Trabajo en dos programas especializados: “Volver al Trabajo» y el «Programa de Acompañamiento Social», con el objetivo de optimizar la estrategia de inclusión social y laboral.

Qué pasa con los que ya están

Cabe mencionar que quienes estén en el programa Potenciar Trabajo no tendrán que reempadronarse, ya que el propio sistema los derivará a “Volver al Trabajo” o “Acompañamiento Social”.

Los principales cambios que presentan estos nuevos programas es que implementarán mecanismos que disminuyan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos que tenían las Unidades de Gestión encargadas de coordinar y administrar las prestaciones y proyectos del programa.

Según se detalló desde el propio Ministerio de Capital Humano, con Potenciar Trabajo, estas unidades recibían alrededor de U$D 34 millones anuales para la realización de actividades y cursos que, de acuerdo con lo que informaron en la cartera conducida por Pettovello «no resultaron eficientes para la generación de empleo».

Además se eliminan las planillas de asistencia que permitían a las unidades ejercer un control sobre quién recibía los pagos.

«Volver al trabajo», el nuevo Potenciar Trabajo

Este programa, según el Ministerio, apunta a «fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad, con el fin de incorporar a las personas al trabajo formal y al mercado».

«Busca proporcionar asistencia y orientación para la búsqueda de empleo; intermediación entre los beneficiarios y quienes sean potenciales empleadores; capacitaciones y cursos orientados a mejorar las habilidades laborales, certificaciones, prácticas formativas y promoción de emprendimientos. Además, con Volver al Trabajo se garantiza la terminalidad de la educación formal», indicaron.

Otra novedad es que este refuerzo puede ser complementado con un trabajo con ingresos menores a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $540.000 mensuales, y el beneficiario mantendrá la ayuda social por dos años. Los requisitos para acceder al mismo: tener entre 18 y 49 años.

Acompañamiento Social

En este programa, el foco está destinado a personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad social y que anteriormente eran beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

El objetivo es poder proporcionarles asistencia inmediata, así como también acompañarlos en la construcción de capacidades y en el fortalecimiento familiar.

Podrán acceder a este programa sujetos mayores de 50 años, madres de cuatro o más hijos, así como adultos mayores que enfrentan problemas de salud. Las familias que formen parte del mismo tendrán que realizarse controles de salud y educación.

En Acompañamiento Social se organizarán talleres sobre educación, salud, nutrición, y derechos humanos; se ayudará en la identificación y aprovechamiento de oportunidades económicas con el fin de ayudar al incremento de ingresos en la familia.

Además se brindará asistencia técnica para motivar emprendimientos socio-productivos, así como el apoyo financiero y técnico para proyectos que fomenten la economía solidaria.

Además, se brindará asesoramiento para el proceso jubilatorio y la implementación de prestaciones para asegurar la nutrición adecuada del hogar.

Dicho programa tendrá una duración de dos años, pero podrán prorrogarlo en función de su éxito y eficacia. Es necesario destacar que los beneficiarios de alguno de los dos programas pueden participar del otro, independientemente de la segmentación que se llevó a cabo, de acuerdo con la información que brinda la web oficial del ministerio.

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Sipreba se opuso a una eventual privatización de Medios Públicos Públicos

 El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) calificó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) como «ilegal, ilegítimo e inconstitucional», consideró que la norma implica «una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones» y rechazó una eventual privatización de los medios públicos, al defender el «rol social» que cumplen.

Con el lema «La soberanía, las leyes laborales y los medios públicos no se entregan», el Sipreba convocó para hoy mismo asambleas en la TV Pública, Radio Nacional y la agencia de noticias Télam.

«Desde el Sipreba vamos a defender los derechos laborales de todo el gremio de prensa, los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional frente al DNU que pretende entregar la soberanía nacional y representa una avanzada sin precedentes sobre los derechos de los trabajadores y sus organizaciones, le decimos si al rol social de los medios públicos y no a las sociedades anónimas», dijo el sindicato que dirige Agustín Lecchi en un comunicado de prensa.

El gremio explicó que el DNU -publicado hoy en el Boletín Oficial- «establece que las empresas del Estado pasan a ser sociedades anónimas» y aclaró que «esta disposición, en lo que respecta a Agencia Télam, Radio Nacional, Televisión Pública y Contenidos Públicos, no tiene validez jurídica».

«En términos generales, porque no existe razón objetiva que justifique la urgencia por la que se evita el trámite legislativo correspondiente y las propias declaraciones del gobierno nacional indican que se convocará de inmediato a Sesiones Extraordinarias del Congreso, también, porque la Ley 20.705 estableció el carácter de sociedades del Estado, lo que impone la intervención legislativa para cualquier modificación sobre dicho estatus, y, en particular, respecto de RTA por cuanto la Ley 26.522 establece su régimen jurídico», detalló el comunicado.

El DNU, anunciado anoche en un mensaje por cadena nacional del presidente Javier Milei, establece que las sociedades o empresas con participación del Estado se transformarán en sociedades anónimas, para su posterior privatización.

Para el Sipreba, «no cumplidos los recaudos que exige el art. 99 inciso 3ro. de la Constitución Nacional, al no verificarse circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes, y en tanto el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso emitir disposiciones de carácter legislativo, el decreto adolece de nulidad absoluta e insanable».

«En ningún caso la función pública que cumplen los medios públicos puede ser reemplazada por sociedades comerciales fundadas en el lucro y el negocio, incompatibles con el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación contenido en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos», indicaron en el texto del comunicado.

En esa línea, remarcaron que «la actividad de los medios públicos es insustituible e indelegable y tienen la protección del sistema constitucional de derecho, como el trabajo de quienes desempeñan tareas en estas empresas, con derecho a la estabilidad», y resaltaron que «ninguna situación de emergencia económica puede motivar esta decisión con carácter de urgente cuando los medios públicos representan el 0,017% del Producto Bruto Interno (PBI)».

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