Como en la década de 1990 cuando miles de estafetas postales y cabinas de teléfono públicas cerraron sus puertas por el despido de los trabajadores, en 2024, el Gobierno avanza con el achique del Correo Argentino y proyecta más de 7000 despidos.

Es una de las nueve empresas públicas que se podrían privatizar si avanza la Ley Bases; en diciembre tenía 16.858 empleados y el plan es que tenga 9500; se activó un proceso de retiros voluntarios y prejubilaciones.

Hace más de dos semanas comenzó un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas con importantes beneficios con el objetivo de reducir de manera inmediata la plantilla de 16.858 empleados.

Con este proceso en marcha, ya se concretaron unas 2.000 cesantías, pero la intención de la gestión de Javier Milei es avanzar con los recortes hasta alcanzar una nómina final de 9.500.

Así lo reconocieron fuentes inobjetables de la empresa estatal, cuyo cliente principal es Mercado Libre. Correo Argentino tuvo en 2023 un déficit de $100.000 millones y el desafío del Gobierno es lograr un equilibrio económico mediante una novedosa reestructuración que contempla, además de las más de 7000 bajas laborales, la venta de algunos de los 901 inmuebles que tiene la compañía distribuidos en todo el país y el surgimiento de franquicias públicas y privadas para conservar la presencia en las 24 provincias.

Para avanzar con las franquicias no sería necesario el aval del Poder Legislativo. Ya está en marcha una iniciativa para que comercios como kioscos o estaciones de servicios cuenten “un punto correo”. También lo podrían tener intendencias u otras sedes estatales. De esta manera, Correo Argentino se ahorraría los costos del lugar de atención al público y también del personal.

El objetivo de la administración libertaria es que la empresa no dependa más del Tesoro para afrontar el pago de los salarios.

La Asociación Obrera Minera que conduce Héctor Laplace cerró las paritarias de las ramas Extractiva y de Cal y Piedra. En el caso de la primera, el acuerdo será bimestral de carácter acumulativo para los meses de abril (11%) y mayo (9%), mientras que en el caso del segundo será en trimestral, correspondiendo una suba del 11% para abril, del 9% para junio y del 8% para junio.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró las paritarias de las ramas Extractiva y de Cal y Piedra, con las cámaras empresariales del sector minero. Las negociaciones fueron encabezadas por el secretario general del gremio Héctor Laplace y contemplan un acuerdo bimestral para la primera rama y trimestral en el caso de la segunda.

En el caso de la rama Extractiva, AOMA acordó con la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), una suba salarial en dos tramos para el bimestre marzo-abril, con un incremento del 11% para el primer tramo y del 9% acumulativo para el segundo.

Para la paritaria de Cal y Piedra, el aumentó será trimestral y de carácter acumulativo efectivo en tres cuotas correspondiendo una suba del 11% en abril, del 9% en mayo y del 8% en junio.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) defendió a Vialidad Nacional y explicó que todas las acciones que se están difundiendo en los medios masivos de comunicación, como los abrazos simbólicos a rutas y el pedido de distintos gobernadores el pase de las rutas nacionales, son producto de las políticas neoliberales aplicadas por Javier Milei. “Las políticas de desguace del de las empresas del estado por este gobierno nos están llevando a un estado desastroso de las rutas”, sostuvo Graciela Aleñá, .

La semana pasada se conoció el pedido del gobernador de Río Negro, Alberto Weewtilneck para colocar peajes en 15 de sus rutas provinciales porque “el escenario es alarmante”. Y en estos días se sumó Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén. Los mandatarios usaron como argumento el desfinanciamiento del Fondo Provincial de Vialidad -que recauda del impuesto a los combustibles que Nación retacea-, y el deterioro por el tránsito pesado. 

En ese sentido, Aleñá afirmó que “lo que sucede en Río Negro y Neuquén se replica en todas las provincias y es producto del recorte que generó el gobierno de turno”. Y añadió: “Del impuesto al combustible (SISVIAL) no ingresó ni un centavo a Vialidad y estamos hablando de $25.523 millones aproximadamente. Además, del Impuesto País solo ingresó el 6% quedando pendiente más de $ 49.560 millones y del Tesoro Nacional $ 25. 373 millones”. 

En este marco, la dirigente gremial advirtió que todo el desfinanciamiento que se realizó a Vialidad Nacional “repercutirá desastrosamente en todo el país”. Asimismo, se refirió con preocupación al Operativo Invernal ya que, actualmente, “no se cuenta con las herramientas fundamentales para su ejecución y ni con el personal necesario. Todo como resultado del recorte que realizó Nación”. 

Cabe destacar que el organismo, con más de 90 años de historia, solicitó para el año 2024, un presupuesto de $730.531.782.308, quedando vigente por el Gobierno Nacional el mismo monto que el año 2023 de $475.875.439.067, lo que implica una reducción del 35%. De esta manera, se ve comprometida seriamente la operatividad del Organismo y lo pone en una situación angustiante presupuestaria y financieramente, al producirse “una drástica reducción de la remisión de fondos vinculadas a prácticamente todas las partidas presupuestarias”, sostuvieron desde el sindicato.