Ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional y el deterioro sostenido del poder adquisitivo, CONADU Histórica anunció un paro nacional de 72 horas para los días 12, 13 y 14 de noviembre. El gremio exige la inmediata reapertura de paritarias y la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación fue suspendida por el Ejecutivo en una decisión que los docentes califican como “jurídicamente inaceptable”.

La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió profundizar su plan de lucha con una medida de fuerza de alcance nacional que afectará la actividad académica en todas las universidades públicas del país. El paro, programado para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, fue aprobado por amplia mayoría durante el Congreso Extraordinario de la organización realizado el pasado 30 de octubre, con la participación de 84 delegados de asociaciones de base de todo el territorio nacional.

La decisión se inscribe en un escenario de creciente conflictividad en el sistema universitario, marcado por la parálisis en las negociaciones salariales y la suspensión de leyes fundamentales para el financiamiento y la continuidad de las políticas públicas en educación superior.

“El Gobierno no ha convocado a la paritaria del sector ni ha ofrecido respuestas a las demandas salariales que venimos planteando desde hace meses”, señalaron desde la conducción nacional del gremio. Según la federación, los salarios docentes acumulan una pérdida que supera el 45 % en términos reales desde diciembre de 2023, lo que agrava el deterioro de las condiciones de trabajo y amenaza la sustentabilidad de la vida universitaria cotidiana.

En un comunicado difundido tras el Congreso, la CONADU Histórica expresó su preocupación por el reciente decreto del Poder Ejecutivo Nacional que, en la misma disposición, promulgó y suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica, conocida como “Ley Garrahan”. El texto oficial —publicado en el Boletín Oficial el 21 de octubre— reconoce la deuda del Estado con el sistema universitario, contemplando una actualización salarial del 40 % a julio de 2025, fondos para becas estudiantiles y partidas para gastos de funcionamiento. Sin embargo, su suspensión inmediata dejó sin efecto las medidas de alivio que el propio decreto admitía como urgentes.

“Es una decisión contradictoria, ilegítima y jurídicamente inaceptable”, sostuvieron desde el gremio, al tiempo que remarcaron que “la suspensión vulnera derechos adquiridos y posterga indefinidamente el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado”.

La medida, señalan, no solo afecta a los trabajadores docentes, sino que compromete la estabilidad institucional de las universidades y la posibilidad de garantizar el derecho a la educación pública de calidad.

Desde la federación convocaron a toda la comunidad universitaria —docentes, estudiantes y personal no docente— a sostener la organización y fortalecer la unidad “en defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo”. En ese sentido, se prevén asambleas, clases públicas y actividades de visibilización en los principales centros universitarios durante los días de la huelga.

Durante una exposición ante empresarios en Madrid, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el objetivo del Gobierno es impulsar una reforma laboral que “desarticule la estructura de los gremios” mediante la prevalencia de los convenios por empresa. Reconoció que el cambio “alterará el poder sindical” y defendió el proyecto como una vía para “federalizar” el mercado de trabajo.

El funcionario hizo estas declaraciones en Madrid, durante el Encuentro Empresarial organizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Embajada Argentina en España, donde expuso ante un auditorio compuesto por más de 200 empresarios, emprendedores y diplomáticos. Fue el primer miembro del gabinete de Javier Milei en visitar España tras el triunfo legislativo de La Libertad Avanza en octubre.

En su presentación, Sturzenegger sostuvo que el esquema de relaciones laborales argentino es “centralizado y obsoleto”, y planteó la necesidad de que los convenios colectivos por empresa tengan prioridad sobre los acuerdos sectoriales o nacionales. Según explicó, esta reforma permitiría “federalizar las negociaciones” y adaptar las condiciones de trabajo a la realidad económica de cada región o compañía.

“En Argentina, el nordeste está asfixiado por las condiciones que se imponen desde Buenos Aires. Las reglas deben definirse en cada lugar, con la participación directa de las empresas y los trabajadores”, argumentó el ministro, acompañado por el embajador argentino en España, Wenceslao Bunge.

Al ser consultado sobre la reacción que podría generar esta reforma en el movimiento obrero, Sturzenegger fue categórico:

“Cuando el convenio por empresa prevalece sobre el sindical nacional, se desarticula toda la estructura gremial. El orden de prelación cambia el poder. Por eso, vamos a tener que bailar si queremos hacer esto”, afirmó, en una frase que rápidamente circuló en Buenos Aires y generó críticas de las centrales sindicales.

La admisión del ministro blanquea uno de los ejes estratégicos de la agenda laboral del gobierno de Javier Milei: debilitar el poder de negociación de los sindicatos y promover un esquema descentralizado de relaciones laborales. En los borradores del Consejo de Mayo, el Ejecutivo ya incluyó reformas sobre la jornada de trabajo, el régimen de indemnizaciones y la autonomía de los convenios empresariales, temas que se discutirán en el Congreso en el inicio del nuevo período legislativo.

Si bien Sturzenegger evitó confrontar directamente con el expresidente Mauricio Macri, sus declaraciones marcaron una diferencia política: mientras el macrismo había intentado consensuar una reforma con la CGT, el actual Gobierno parece decidido a avanzar sin intermediarios, bajo una lógica de confrontación abierta con el sindicalismo.

El discurso de Madrid ratifica que la estrategia oficial no se limita a modernizar el marco legal, sino que busca redefinir el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los trabajadores, en un movimiento que el propio ministro describe como “la transformación más profunda del mercado laboral argentino en décadas”.

Las palabras de Sturzenegger, lejos de pasar inadvertidas, revelan el núcleo político de la reforma laboral que el Gobierno planea impulsar: un intento de reconfigurar el mapa sindical argentino y desplazar la negociación colectiva hacia el ámbito empresarial.

La “federalización” de los convenios, presentada como modernización, supone también una alteración estructural del sistema de representación gremial vigente desde mediados del siglo XX. En un país donde el sindicalismo sigue siendo un actor central de la vida económica y política, el desafío que plantea el ministro no sólo anticipa una disputa jurídica y parlamentaria, sino una batalla cultural en torno al modelo laboral que definirá el futuro del trabajo en la Argentina.

La Justicia laboral intimó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, a justificar en un plazo de tres días los motivos por los cuales no ha convocado al Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano clave para la actualización de los ingresos básicos y las prestaciones por desempleo.

La medida fue dispuesta por el Juzgado Nacional del Trabajo N°10, en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que encabezan Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, respectivamente. Ambas centrales reclaman el cumplimiento de la ley que establece la periodicidad bimestral de las reuniones y la restitución del diálogo social entre el Estado, los trabajadores y los empleadores.

Las organizaciones denunciaron que el Gobierno incumple su obligación legal y constitucional de promover el diálogo tripartito, y recordaron que los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan la negociación conjunta como base para fijar el salario mínimo.

“Se está afectando un derecho fundamental: el de los trabajadores a participar en la definición de un salario digno”, expresaron los dirigentes sindicales al presentar la demanda.

El reclamo también impugna la Resolución 5/2025, mediante la cual el Ministerio impuso unilateralmente un incremento del salario mínimo a través de un laudo administrativo, sin consenso entre las partes. Según las CTA, esta decisión “carece de validez legal y no garantiza un nivel de vida digno”, en contravención de los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.

El Consejo del Salario, creado para fijar el monto del salario mínimo y los valores de las prestaciones por desempleo, está integrado por representantes del Estado, de las cámaras empresarias y de los sindicatos. Sin embargo, no se reúne desde hace más de seis meses, un hecho inédito desde su conformación.

La falta de actualización del salario mínimo —que hoy se encuentra muy por debajo del costo de la canasta básica— agrava la pérdida del poder adquisitivo y afecta de manera directa a millones de trabajadores formales, informales y beneficiarios de programas sociales.

Con esta resolución, la Justicia pone en evidencia la inacción del Poder Ejecutivo y exige que rinda cuentas sobre una cuestión de alto impacto económico y social. El fallo obliga al Ministerio de Capital Humano a explicar por qué se elude la convocatoria y reabre la discusión sobre la legitimidad de las decisiones unilaterales en materia salarial.

Para las dos centrales sindicales, la medida judicial representa un respaldo a su reclamo y una advertencia al Gobierno sobre la necesidad de respetar los mecanismos institucionales de diálogo social.

“Este fallo reafirma que el salario mínimo no puede definirse de espaldas a los trabajadores”, afirmaron Godoy y Yasky en un comunicado conjunto difundido tras conocerse la intimación judicial.