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La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).

“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.

Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.

La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.

“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.

Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.

“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.

Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.

“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.

Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.

“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.

Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.

“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.

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El Gobierno convocó a los gremios estatales a una nueva reunión paritaria

El gobierno nacional convocó a los gremios estatales a una nueva audiencia paritaria para este viernes 19 de julio a las 15 horas en la secretaría de Trabajo, ubicada en Avenida Callao al 114, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las negociaciones colectivas de la Administración Pública Nacional.

La paritaria 2024/2025 tuvo su primera audiencia el pasado 1ro de julio, donde los gremios presentaron sus reclamos, entre los que se encontraban que, cualquier aumento otorgado sea retroactivo al 1ro de junio para asegurar su impacto en el aguinaldo, la continuidad de la suma fija establecida por Alberto Fernández en el año 2020, y el gobierno confirmó la inclusión de un ingreso extra por presentismo.

Tras el primer encuentro, que culminó sin una propuesta de incremento por parte del Ejecutivo que dictó un cuarto intermedio y se comprometió a volver a citar a los gremios, los sindicatos estatales adelantaron la posición que llevarán a la audiencia de este viernes.

 Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE); exigieron que el gobierno presente una propuesta salarial que se ubique “por encima de la inflación”, reclamó el gremio.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, remarcó en este sentido que “son los propios datos oficiales los que muestran que la presión inflacionaria sobre los salarios continúa” y agregó, “esperamos que el Gobierno realice un ofrecimiento que se ubique por encima de la evolución que han tenido los precios en los últimos meses”, señaló.

Aguiar denunció que, “el congelamiento salarial que decidió aplicar el Gobierno empujó a decenas de miles de estatales bajo la línea de la pobreza sólo en el último trimestre” y apuntó hacia los resultados fiscales del Ejecutivo y su impacto en los trabajadores del sector, “hasta ahora, el superávit fiscal que desde el Gobierno festejan se asienta sobre un deterioro grave en las condiciones de vida de todos los empleados públicos”, apuntó.

El sindicato recordó que durante el último encuentro, realizado “en medio de una brutal represión contra trabajadores estatales despedidos”, el gobierno no llevó ningún ofrecimiento salarial, “dejando sin aumento al sector público nacional en el mes de junio, mes en el que la inflación fue del 4,6%”, disparó.

En esa línea, ATE resaltó que la negociación del convenio colectivo de trabajo 214/06, finalizó el período paritario 2022/23 en mayo, “con una pérdida del poder adquisitivo del 22,4%”, subrayó la entidad en un comunicado de prensa.

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Gremios

La Bancaria cerró un nuevo acuerdo salarial

La Asociación Bancaria alcanzó un nuevo acuerdo salarial con la cámaras empresarias del sector que estipula un aumento equivalente a la inflación de junio, calculado sobre los salarios de mayo, en línea con la inflación del mismo mes.

El incremento salarial acordado por la organización que lidera Sergio Palazzo, será aplicado “para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, informó el gremio.

En ese sentido, las empresas deberán abonar la diferencia entre la inflación acumulada de enero a junio de 2024 (79,8%), con los salarios de diciembre de 2023 como referencia, y los incrementos ya otorgados en el 2023 que alcanzan el 71.9%. El resultante deberá abonarse junto a los salarios de julio.

La Bancaria destacó que “una vez más garantizamos la aplicación de los índices inflacionarios mensuales para que los trabajadores bancarios no pierdan contra la inflación, salvaguardando el poder adquisitivo de nuestros representados”, sostuvo el sindicato.

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La CGT se reunió con el Gobierno y pidió que se retire parte de la reforma laboral del DNU

Este martes miembros del Consejo Directivo nacional de la CGT asistieron a la reunión solicitada al secretario de Trabajo Julio Cordero. Allí, relatan, se entabló un diálogo sobre los temas de mayor actualidad y reclamo desde la representación de la central. Estuvieron ausentes dos miembros del triunvirato, Pablo Moyano y el barrionuevista Carlos Acuña. En dos semanas, se vuelven a reunir.

Este martes miembros del Consejo Directivo nacional de la CGT asistieron a la reunión solicitada al secretario de Trabajo Julio Cordero. Allí, relatan, se entabló un diálogo sobre los temas de mayor actualidad y reclamo desde la representación de la central.

Los presentes entre los que se encontraron Héctor Daer como único representante del triunvirato, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Armando Cavalieri, José Luis Lingeri, entre otros, solicitaron que se retire la Apelación hecha por la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema a la sentencia favorable a la postura de CGT sobre la inconstitucionalidad por el capitulo laboral del DNU 70/23 obtenida en la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Sobre la Ley Bases, llevaron cuestionamientos a los artículos que fueran votados por el Congreso respecto a aspectos de la llamada «reforma Laboral» tales como libertad sindical, protección antidiscriminatoria, intermediación laboral, la figura de los «trabajadores colaboradores» autónomos y la fiscalización del empleo informal.

El compromiso, aseguraron, es el de permitir dentro de la reglamentación pertinente las observaciones que el equipo técnico legal de CGT acerque a la Secretaría de Trabajo, por lo que se mantendrán reuniones al respecto dentro de los próximos 15 días.

Respecto a la Ley del Paquete Fiscal se expreso el rechazo a la reincorporación del impuesto de Ganancias sobre la Cuarta Categoría que representa a los salarios. «Mas allá de las presentaciones judiciales que cada gremio considere realizar a este respecto, se expresó también la inviabilidad de pisos salariales que fueran tenidos en cuenta, a los efectos de esta ley, en diciembre del año pasado, lo cual debieran considerarse (de persistir este capitulo legal) la actualización por inflación desde entonces», aclararon desde la CGT.

Al respecto de la discusión salarial, se solicito el mantenimiento del régimen paritario de discusión sobre salarios con la libre negociación de las partes, sin intromisión de pautas de porcentajes por parte del Gobierno. Se solicitó además la agilización inmediata de los acuerdos ya firmados que aún no fueron homologados.

«Por último, a modo de postura de esta central dejamos nuestra mirada diagnóstica y de reclamo respecto de un programa de Gobierno que vemos que no contempla la Producción, el Desarrollo y el Trabajo, privilegiando sólo la cuestión monetaria e inflacionaria. Destacamos el actual estado de profunda recesión, pérdidas de empleos en todas las actividades y caída del poder adquisitivo de trabajadores activos (regulares e informales) y pasivos con una falta de perspectivas de mejoras de recuperación económica en el corto plazo», detallaron a modo de cierre.

«La semana que viene se juntan con los empresarios y la otra semana va a haber una mesa técnica para definir con precisión la reglamentación de estos artículos que tienen una gran vaguedad y que salieron del capítulo laboral de la Ley Bases. Y vamos a tener respuesta sobre dos temas que pedimos, que son la Corte y la modificación del punto de partida del Impuesto a las Ganancias», agregó Daer tras retirarse del lugar.

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