
Uocra denunció 500 despidos en Vaca Muerta
La incertidumbre se apoderó de la región de Vaca Muerta, en Neuquén, donde se ubica uno de los yacimientos de hidrocarburos más importantes del país. Tras las últimas declaraciones del presidente electo, Javier Milei, quien anunció el fin de la obra pública con financiamiento estatal y la privatización de YPF, la semana pasada se conocieron los primeros 500 despidos, según informó la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
“A más de 500 compañeros les mandaron el telegrama con el cese laboral”, puntualizó el secretario adjunto del sindicato, Juan Carlos Levi. De acuerdo al dirigente gremial, las primeras 300 desvinculaciones se produjeron en La Calera con Tecpetrol, una de las firmas contratistas del grupo Techint; y luego continuaron en Loma Campana, con las firmas de AESA y PECOM, que le prestan servicios a YPF.
Desde Techint aclararon que hubo un grupo de operarios que terminaron de hacer una obra con Pluspetrol, que no era parte de la obra pública sino particular para esa empresa, y al terminar el trabajo tomaron el seguro de desempleo que tiene el sindicato.
La Uocra busca reincorporar a los trabajadores afectados, en medio de las dudas generadas por las declaración de Milei de suspender la inversión en obra pública. Sin embargo, a diferencia de otros momentos políticos con la llegada de nuevas administraciones, no hay interlocutores que permitan impedir la pérdida de puestos de trabajo.
“Hay una incertidumbre empresarial. Siempre hubo transiciones y con quién hablar para avanzar en esos temas. Hoy no está ese camino”, remarcó.
Levi también señaló que en la Patagonia, “la obra pública viene parada hace rato”, haciendo referencia a proyectos como Vaca Muerta Sur y La Calera II, que deberían haber comenzado en septiembre y octubre, y el parate en las rutas 17 y 51. Además, reconoció que tampoco podrán solicitar ayuda a los intendentes locales, ya que “apenas alcanzan a pagar los sueldos de los empleados municipales”.
“Nosotros vemos bastantes complicaciones. Si esto sigue así, no van a enviar 500 telegramas, van a ser muchos más”, advirtió Levi.
Días atrás, la Uocra emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por los dichos del mandatario electo sobre el “futuro de la obra pública”, y determinó el estado de alerta de la organización gremial. En un documento, firmado por el secretario general del sindicato, Gerardo Martínez, se pronunció en defensa de los 220 mil puestos de trabajo en las obras públicas que actualmente están en ejecución y rechazó las afirmaciones del líder de La Libertad Avanza (LLA) que “arriesgan la continuidad laboral de esos trabajadores”.
“El actual Gobierno aún en ejercicio tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre próximo, lo que de hecho asegura la normal continuidad de las obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos, lo que no contribuye a la paz social”, comunicó la organización sindical.
Luego del triunfo electoral del balotaje del 19 de noviembre, Javier Milei ratificó su promesa de campaña electoral de que “la obra pública se termina” y que el financiamiento de infraestructura se llevará a cabo “a la chilena”,con fondos del sector privado debido al ajuste presupuestario que el dirigente libertario aplicará en el Estado nacional.
“Creo que estos anuncios está haciendo ruido en todos lados y no le hace bien a nadie”, consideró el dirigente sindical. “Los 200 mil telegramas de despidos ya andan dando vueltas. Hay cosas que se tienen que revertir, que no se pueden frenar de la noche a la mañana. Hay cosas que se han hecho mal, pero no hay que generalizar y meter a todos en la misma bolsa porque sin diálogo se va a generar más confrontación y choque. Nadie se ha acercado ni pedido para hablar de la transición”, insistió Levi en declaraciones a Radio 10.
Según los cálculos gremiales, cerca de 10 mil trabajadores están sin tareas y sin actividades porque las obras públicas están paralizadas. Desde la sede central de la Uocra están monitoreando lo que ocurre con el empleo y la continuidad de los proyectos.
“Las empresas y operadoras tienen incertidumbre, pero sobre todo el que peor la pasa es el trabajador”, consideró el dirigente gremial. “Todos estamos con expectativa. El obrero de la construcción es parte de la sociedad. La dignidad no pasa solo por el trabajo, todos los habitantes argentinos necesitan vivienda, educación y sanidad”, dijo sobre el ajuste que se avecina.
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La CGT anunció una marcha masiva hacia San Cayetano para el 7 de agosto

La Confederación General del Trabajo (CGT) prepara una movilización masiva para el 7 de agosto en conmemoración de San Cayetano, en un contexto de debilidad del Gobierno y creciente tensión política. La marcha, que incluirá a otras organizaciones sindicales, sociales y políticas, busca reposicionar a la central obrera en el tablero político y enviar un mensaje claro al Ejecutivo.
En este sentido, la central obrera, que había mantenido un perfil bajo en las últimas semanas, busca ahora aprovechar el momento de debilidad del Gobierno para asestarle un nuevo revés. La marcha del 7 de agosto será la segunda en la administración de Javier Milei, y se prevé que sea una demostración de fuerza y unidad del movimiento sindical.
Cabe señalar que la CGT no estará sola en esta marcha. Se espera la participación de las dos versiones de la CTA, los movimientos sociales con eje en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y posiblemente el peronismo, en particular el Movimiento Derecho al Futuro, de Axel Kicillof. La inclusión de estas organizaciones busca ampliar el alcance de la protesta y darle un carácter más amplio y diverso.
Esta nueva marcha se produce en un contexto de debilidad extrema del Gobierno, tras el revés parlamentario en el Senado y el aumento de tensión con los gobernadores. La central sindical busca enviar un mensaje claro al Ejecutivo y reposicionar a la organización en el tablero político.
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El Gobierno reglamenta el seguro de cese laboral: Un golpe a la estabilidad y la organización sindical

La Superintendencia de Seguros de la Nación aprobó los lineamientos para los contratos de seguros de cese laboral, lo que permite reemplazar el régimen de indemnización por antigüedad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo por un esquema privado de ahorro administrado por compañías de seguros. La medida genera preocupación entre sindicatos y especialistas, que advierten que el modelo apunta a debilitar la estabilidad laboral y desalentar la organización sindical.
La reglamentación del seguro de cese laboral es un paso más en la flexibilización laboral que busca destruir las barreras que hoy protegen a los trabajadores frente a los abusos del poder empresario. El Gobierno nacional busca eliminar las indemnizaciones y reemplazarlas por un esquema privado de ahorro, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los trabajadores.
Cómo Funcionará el Seguro de Cese Laboral
El seguro de cese laboral permitirá a las empresas y sus empleados acordar reemplazar el régimen de indemnización por antigüedad previsto en la Ley de Contrato de Trabajo por un esquema privado de ahorro administrado por compañías de seguros. Los empleadores aportarán periódicamente fondos a cuentas especiales a nombre de cada trabajador en las aseguradoras, que se acumularán para cubrir una eventual desvinculación.
Riesgos para la Estabilidad Laboral y la Organización Sindical
La indemnización es una herramienta de protección contra los despidos arbitrarios y tiene una función disuasoria: hace económicamente costoso para las empresas despedir sin causa, contribuyendo así a garantizar estabilidad en el puesto de trabajo. El nuevo seguro, sin embargo, reduce drásticamente ese costo y podría facilitar despidos sin justificación. Los sindicatos advierten que este mecanismo forma parte de un proyecto más amplio para debilitar la capacidad de organización de los trabajadores y desalentar la agremiación.
Un Recuerdo a las AFJP
El esquema del seguro de cese laboral recuerda al sistema de las AFJP, cuyas inversiones en el mercado financiero terminaron perjudicando a millones de jubilados y fueron desmanteladas tras años de resultados negativos y denuncias de malversación. La reglamentación del seguro de cese laboral confirma que el Gobierno sigue decidido a desarmar las conquistas históricas del movimiento obrero argentino.
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Trabajadores de Vialidad Nacional exigen la derogación del decreto que ordena el cierre del organismo

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) presentó un petitorio a gobernadores y legisladores para exigir la derogación del Decreto 461/25, que dispone el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Los trabajadores advierten que la medida pone en riesgo la infraestructura vial, la producción y la cohesión territorial.
El STVyARA, encabezado por Graciela Aleñá, presentó este un petitorio dirigido a gobernadores, diputados y senadores nacionales, solicitando el apoyo para derogar el decreto que ordena el cierre de Vialidad Nacional. La acción forma parte de un plan de lucha nacional que será replicado en todas las seccionales del gremio a lo largo del país.
El gremio advirtió que el cierre del organismo pone en riesgo el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial estratégica que la DNV ha sostenido durante casi 93 años. En el documento entregado, se destacó que “es fundamental preservar el rol estratégico de Vialidad Nacional, garantizando una política pública de transporte que beneficie a toda la población y asegure un desarrollo equitativo y conectado”.
Entre los legisladores que ya han manifestado su apoyo al reclamo se encuentran Ricardo Herrera (Unión por La Patria, La Rioja); Juan Marino (Unión por la Patria, Buenos Aires); Mario Manrique (Unión por la Patria, Buenos Aires); Alejandro Vilca (PTS-FITU) y Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda Unidad), como también la asesora del Senador Nacional Mariano Recalde (Unión por La Patria).
El sindicato agradeció a quienes firmaron la recepción del petitorio por “escuchar el reclamo y ponerse del lado de los trabajadores”. En el texto dirigido a los gobernadores, se alertó sobre el impacto negativo del decreto en las economías regionales, el turismo, la producción agroindustrial y la transitabilidad nacional, advirtiendo que la desarticulación del organismo provocará un retroceso estructural sin precedentes.
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