Las concesionarias registraron 43.758 patentamientos durante julio, un 30,3% menos que un año atrás. En los primeros siete meses de 2026 la caída acumulada alcanza el 12,8%, aunque el sector apuesta a la ampliación de la oferta, la financiación y el crecimiento de la electromovilidad para sostener la demanda.

El mercado argentino de vehículos nuevos volvió a mostrar signos de debilidad durante julio. De acuerdo con el informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), se patentaron 43.758 unidades en todo el país, un volumen que representa una contracción del 30,3% frente a las 62.818 registradas en igual mes de 2025.

La comparación mensual tampoco arrojó resultados positivos. Frente a junio, cuando se habían inscripto 47.415 vehículos, el descenso fue del 7,7%, lo que confirma la desaceleración de la demanda al inicio del segundo semestre.

El balance anual también refleja una merma. Entre enero y julio se patentaron 339.359 unidades, cifra que se ubica un 12,8% por debajo de las 389.367 registradas en el mismo período del año pasado.

Pese al retroceso de los indicadores, desde ACARA sostienen que el negocio atraviesa una etapa de transformación impulsada por una mayor diversidad de productos, una competencia cada vez más intensa entre fabricantes y mejores condiciones de financiamiento ofrecidas tanto por bancos como por las terminales automotrices.

El presidente de la entidad, Sebastián Beato, señaló que las marcas tradicionales continúan ampliando sus catálogos mientras los fabricantes chinos mantienen una fuerte política comercial, lo que incrementa la variedad de modelos y precios disponibles para el consumidor.
También remarcó el avance de la electromovilidad, cuya participación ya representa cerca del 15% de las operaciones. Según explicó, el crecimiento de este segmento dependerá en gran medida de la expansión de la infraestructura de carga, condición necesaria para acelerar la incorporación de vehículos electrificados al mercado.

Para el resto de 2026, Beato proyectó un comportamiento similar al observado en los primeros meses del semestre, con una competencia cada vez más marcada y una demanda más exigente. Ese escenario, indicó, obliga a concesionarios y terminales a mejorar su eficiencia para sostener la rentabilidad en un mercado donde la oferta supera ampliamente el ritmo de las compras.

En ese sentido, explicó que muchas concesionarias comenzaron a ampliar su propuesta comercial mediante la incorporación de nuevos servicios vinculados a la posventa, el mantenimiento y otros negocios complementarios, al tiempo que insistió en la necesidad de contar con incentivos fiscales que impulsen el consumo y favorezcan la recuperación de la industria.

Los modelos más vendidos de julio

El ranking mensual volvió a estar encabezado por la Toyota Hilux, con 2.812 patentamientos. Completaron los primeros lugares el Fiat Cronos (2.122), la Ford Ranger (1.768), la Ford Territory (1.564) y la Toyota Yaris Cross (1.339).

Entre los diez vehículos más elegidos también se ubicaron el Volkswagen Tera, Peugeot 208, Volkswagen Amarok, Toyota Yaris y Chevrolet Tracker.

Las marcas líderes

En cuanto al desempeño por fabricantes, Toyota volvió a dominar el mercado con 7.102 unidades patentadas durante julio. Detrás se posicionaron Fiat (5.244), Volkswagen (5.073), Ford (4.165) y Chevrolet (3.704).

El lote de las diez principales automotrices se completó con Peugeot, Renault, Citroën, Jeep y Nissan, en un mercado que continúa ampliando la participación de marcas asiáticas y de nuevos jugadores, especialmente en el segmento de vehículos electrificados y utilitarios deportivos.

El Ministerio de Capital Humano intimó a CTERA a garantizar la prestación mínima del servicio educativo durante la huelga prevista para este lunes y advirtió que aplicará sanciones en caso de incumplimiento. El gremio ratificó la medida en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional, mejoras salariales y mayor financiamiento para la educación pública.

El conflicto entre el Gobierno nacional y los sindicatos docentes sumó un nuevo episodio en la antesala del paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para este lunes 3 de agosto. A pocas horas del inicio de la protesta, el Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical a cumplir con las obligaciones previstas para los servicios considerados esenciales y anticipó que recurrirá a las herramientas legales disponibles si no se garantiza la prestación mínima exigida.

Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello recordaron que la normativa laboral vigente incorpora a la educación entre las actividades alcanzadas por el régimen de servicios esenciales, por lo que durante una huelga debe mantenerse una cobertura equivalente al 75% del funcionamiento habitual. El comunicado oficial también advierte que cualquier incumplimiento podrá derivar en sanciones contra las entidades sindicales.

Pese a esa advertencia, CTERA confirmó que sostendrá la medida de fuerza aprobada por su congreso nacional. La organización reclama la inmediata convocatoria a la paritaria nacional docente, una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el tratamiento de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

La secretaria general del gremio, Sonia Alesso, sostuvo que la realidad económica de los trabajadores de la educación se agravó de manera sostenida y afirmó que miles de docentes no logran cubrir sus necesidades básicas. Según explicó, el deterioro de los ingresos empuja a numerosos profesionales a abandonar la carrera y desalienta el ingreso de nuevos estudiantes a los institutos de formación.

«Nos vamos a quedar sin maestros en la Argentina», advirtió la dirigente, al considerar que la pérdida salarial y las dificultades económicas ponen en riesgo el futuro del sistema educativo. También señaló que el endeudamiento de los trabajadores se volvió una constante para afrontar gastos cotidianos.

Alesso cuestionó además la política educativa del Gobierno nacional al asegurar que la ejecución presupuestaria destinada al área se encuentra en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas. En esa línea, denunció la paralización de obras de infraestructura escolar, expresó su preocupación por la disminución de la matrícula en los profesorados y rechazó el proyecto oficial de «libertad educativa», al considerar que profundiza el debilitamiento de la enseñanza pública.

La protesta docente coincidirá con el paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que incluirá una movilización hacia el Ministerio de Economía para reclamar aumentos salariales y denunciar el ajuste sobre la administración pública. A la convocatoria de CTERA también adhirieron las federaciones universitarias CONADU y CONADU Histórica, ampliando el alcance de la jornada de protesta.

La CGT, las dos CTA y la UTEP confirmaron movilizaciones para el 6 y 7 de agosto. El primer reclamo será frente al Senado, donde se debatirá la reforma de la Ley de Tierras Rurales, mientras que al día siguiente participarán de la tradicional marcha de San Cayetano hacia Plaza de Mayo.

La CGT, las CTA y la UTEP convocan a dos marchas contra la ley de tierras del Gobierno
La conflictividad entre el Gobierno nacional y el movimiento sindical sumará un nuevo capítulo la próxima semana. La CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron una doble jornada de movilización para rechazar el proyecto oficial que modifica la Ley de Tierras Rurales y para volver a reclamar cambios en la política económica impulsada por la administración de Javier Milei.

La primera convocatoria será el jueves 6 de agosto frente al Congreso, en coincidencia con la reanudación del debate en el Senado sobre la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, iniciativa promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Un día después, el viernes 7, las organizaciones volverán a las calles en el marco de la tradicional peregrinación de San Cayetano, con una concentración que culminará en Plaza de Mayo.

La propuesta oficial introduce cambios sustanciales en la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Entre sus puntos más discutidos elimina el límite del 15% para la propiedad de tierras rurales en manos extranjeras y suprime las restricciones que impedían la adquisición de grandes extensiones en zonas productivas. El Gobierno sostiene que las modificaciones permitirán atraer inversiones y fortalecer la seguridad jurídica, mientras que sus detractores advierten que comprometen el control nacional sobre recursos considerados estratégicos.

La iniciativa también reforma el régimen de expropiaciones, estableciendo indemnizaciones calculadas sobre el valor de mercado, con un tope para el lucro cesante, y condiciona la transferencia del dominio al pago efectivo de la compensación. A ello se suma la incorporación de procedimientos judiciales más rápidos para los desalojos y la derogación de disposiciones de la Ley de Manejo del Fuego que impedían modificar el destino de tierras afectadas por incendios durante un plazo de treinta años.

El rechazo excedió el ámbito sindical. Diversas organizaciones sociales y rurales se integraron a la denominada Coalición Federal en Defensa de la Tierra y a la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda, que durante los últimos días impulsaron radios abiertas, campañas de recolección de firmas, encuentros públicos y un banderazo bajo la consigna «Argentina no se vende».
A ese pronunciamiento se sumaron entidades religiosas. La Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes y el Llamamiento Argentino-Judío expresaron públicamente su preocupación por el contenido del proyecto y solicitaron a los legisladores un análisis profundo de las modificaciones propuestas antes de avanzar con su sanción.

En el plano parlamentario, el debate en el Senado acumula cuatro postergaciones debido a las dificultades del oficialismo para reunir los votos necesarios. La discusión volverá al recinto este jueves tras un cuarto intermedio solicitado durante la última sesión, en medio de intensas negociaciones entre el Gobierno y distintos bloques legislativos.

Para la CGT, las CTA y la UTEP, la movilización busca influir en esa definición parlamentaria y consolidar un frente común frente a las reformas impulsadas por la Casa Rosada. La convocatoria se suma a las recientes marchas junto a organizaciones de jubilados y anticipa un segundo semestre condicionado por la agitación gremial y las protestas comunitarias frente a la gestión oficial.