En la provincia de Misiones se registra una fuerte protesta de la Policía frente al Comando Radioléctrico de la ciudad de Posadas que, lentamente, se va llenando con efectivos de toda la provincia que reclaman por su sueldo. 

Las fuerzas federales llegaron al lugar este domingo por la mañana, cerca de las 9:20, generando una escenario de máxima tensión que se tradujo en empujones en una de las esquinas lindantes, aunque el encontronazo se desactivó a los pocos minutos y la situación no pasó a mayores. Sin embargo, en las últimas horas se empezó a juntar una mayor cantidad de personas.

En este marco, el jefe de Policía de Misiones, el comisario general Sandro Martínez, inició gestiones de último momento para intentar acercar posiciones y destrabar el conflicto, que se originó el viernes a la madrugada.

Asimismo, indicaron que hay avances en las negociaciones entre los voceros de los manifestantes y las autoridades policiales, más allá que en la reunión anterior no se había presentado una nueva propuesta salarial.

Martínez logró el retiro de la Infantería y arribó al lugar para encarar las tratativas, luego de que este domingo por la mañana llegaran a la zona fuerzas federales, conformadas por Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.

Las negociaciones se llevan a cabo con los referentes de la manifestación, los retirados Ramón Amarilla y Germán Palavecino, además de un comisario de apellido Gentili, designado como «negociador» por el comité de crisis conformado con intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación.

«Hay un principio de acuerdo. Por eso se va a retirar la Infantería. El diálogo se ha reinstaurado. Le demostramos al jefe que la seccional está funcionando normalmente. Por favor no generemos conflictos ni peleas», indicó Palavecino, quien además indicó que como parte del acuerdo el jefe de la Policía solicitó la devolución de los móviles tomados para la protesta.

Mientras el oficialismo negocia para conseguir votos, el senador Bartolomé Abdala afirmó que la ley saldrá “con algunos cambios”. Negó la posibilidad de que la compañía sea quitada de la lista como reclamaban los gremios y algunos gobernadores.

En la continuidad del debate de la Ley Bases, el senador de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala aseguró que el mega-proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei será aprobada pero “con algunos cambios”.

“La Ley Bases tuvo un diálogo extenso. En muchos casos se ha estudiado y se han hecho sugerencias. Por eso la demora”, afirmó en declaraciones radiales.

“Hoy sabemos que la Ley va a salir con algunos cambios. Los cambios que van a hacerse son los de menos impacto”, sumó.

En ese sentido, el legislador libertario descartó la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas sea quitada de la lista de empresas públicas a privatizar como había trascendido en las últimas jornadas.

“Aerolíneas ha sido muy cuestionada. Personalmente no veo con firmeza que salga de la lista de privatizaciones. Es uno de los temas a resolver. Lo veo muy difícil”, planteó.

El reclamo por Aerolíneas había llegado desde el ámbito gremial pero también de un grupo de gobernadores, especialmente de provincias de aquellas en las que la llegada de los vuelos comerciales son menos rentables.

La denuncia  es contra las y los legisladores que, durante la extensa sesión del pasado 30 de abril en la que se votó a favor de la Ley Bases, otorgaron la suma del poder político al Ejecutivo Nacional.

Lo hizo la CTA Autónoma mediante la representación de su Secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy, junto a un importante grupo de personalidades de la política, la justicia y los DDHH.

Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Castro, Eduardo Barcesat, Carlos Rosanski, Hugo “Cachorro” Godoy, Claudio Lozano, Jorge Elbaum y Atilio Borón fueron los autores de la denuncia que se presentó el jueves 16 de mayo ante la Cámara Nacional en los Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires, contra las y los legisladores que, durante la extensa sesión del pasado 30 de abril en la que se votó a favor de la Ley Bases, otorgaron la suma del poder político al Ejecutivo Nacional.

Según detalla la denuncia, se los acusa bajo “las figuras de violación de los deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad (art. 248 CPN), y falsedad ideológica de instrumento público (art. 292 CPN)”, delitos para los que se encuentran previstas penas de prisión muy severas e, incluso, en el caso del delito de concesión de facultades tiránicas, se prevé la prisión perpetua.

A su vez, el escrito sostiene que la acusación también “debe considerarse interpuesta contra toda persona que, durante la investigación, pudiese resultar identificada como cómplice y/o instigadora de los hechos denunciados, particularmente ya adelantamos que el Sr. Presidente de la Nación, Javier Milei debe ser investigado como posible instigador (art. 45 del Código Penal) al enviar el Proyecto de ley sancionado (en media sanción) por la Cámara de Diputados y que si los Senadores ingresan en el mismo ámbito de ilicitud en el trámite de la ley deben ser alcanzados por esta denuncia de oficio (por tratarse de un delito todavía en ejecución)”.

El otro tramo, aclara que “no se trata aquí de ‘criminalizar’ opiniones, ni discursos -aunque muchas veces esos discursos sí resultan ‘en sí mismos’ constitutivos de un delito, p. ej., cuando por su intermedio se practica la apología de delitos y/o delincuentes-; aquí, repetimos, se trata de lo que hicieron los Legisladores, apartándose de sus deberes concretos, mediante inadmisibles concesiones de poder que convierten al Poder Ejecutivo Nacional en una suerte de ‘soberano absoluto’”, y agrega que la norma del artículo 29 de la Constitución Nacional establece: “… El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria…”.

En tanto, los denunciantes señalaron públicamente que “la gravedad de la situación creada por Javier Milei requiere respuestas comprometidas con la democracia”, y consideraron que “denunciar los atropellos no es una opción, sino una obligación”.