Un informe de la Cámara Comerciantes Unidos de San Juan reveló que las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una caída interanual del 6,7% durante febrero. El retroceso alcanza a la mayoría de los rubros y confirma un escenario de consumo debilitado que se arrastra desde el año pasado, en un contexto económico que continúa tensionando la actividad comercial.

El dato no aparece aislado. En febrero del año pasado el sector ya había evidenciado una retracción del 3,1%, lo que revela un proceso de debilitamiento del consumo que se ha ido profundizando con el paso de los meses. Para los comerciantes, la persistencia de este escenario refleja un cambio en el comportamiento de los consumidores, cada vez más cautelosos al momento de decidir una compra.

La contracción se distribuye de manera amplia dentro del entramado comercial. De los once rubros analizados, la mayoría registró números negativos, con especial impacto en los sectores vinculados a bienes durables, que suelen resentirse con mayor intensidad cuando el poder adquisitivo se deteriora.

El informe ubica entre los rubros más afectados a muebles y decoración, que registró una caída del 10,2%. Le siguen ferretería y materiales para la construcción (-8,7%), calzados y marroquinería (-8,5%) e indumentaria (-8,1%), segmentos estrechamente asociados al consumo discrecional.

Sin embargo, el retroceso no se limita a ese universo. Incluso sectores ligados a compras cotidianas muestran un desempeño por debajo de lo esperado. Las ventas de electrodomésticos retrocedieron 7,6%, mientras que alimentos y bebidas registraron una baja del 7,2%. También se observaron descensos en juguetería y librerías (-5,6%) y farmacia (-3,1%).

En ese panorama, el único rubro que logró escapar a la tendencia negativa fue el de neumáticos y repuestos, con un crecimiento del 4,5%, un comportamiento que algunos comerciantes vinculan con la necesidad de mantenimiento del parque automotor ante la dificultad de acceder a vehículos nuevos.

Más allá de los porcentajes, los comerciantes advierten que la caída del consumo se percibe con claridad en la dinámica diaria de los locales: menor circulación de clientes, compras más espaciadas y decisiones cada vez más selectivas.

La evolución reciente del sector confirma esta fragilidad. Informes previos del comercio local ya habían advertido una desaceleración en la actividad y una reducción de la cantidad de unidades vendidas en distintos momentos del año, reflejando un mercado interno aún condicionado por el poder adquisitivo de los hogares.

La caída registrada en febrero vuelve a poner en evidencia la fragilidad que atraviesa el comercio minorista sanjuanino. Para las PyMES del sector, el problema excede la fotografía de un mes puntual y remite a una dinámica más profunda: un consumo debilitado que restringe la actividad y obliga a replantear estrategias de supervivencia comercial.

En este sentido, el desempeño del mercado interno aparece como la variable central para la recuperación. Mientras el poder adquisitivo continúe bajo presión y las decisiones de compra sigan atravesadas por la cautela, el comercio local seguirá moviéndose en un terreno de incertidumbre. Para muchos pequeños comerciantes, sostener las persianas abiertas ya se ha convertido en el principal desafío de las concicións económicas.

En un presente cargado por tensiones judiciales y fiscales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió sostener el paro y suspender la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. La jornada fue reprogramada para el fin de semana del 3 de mayo, lo que obligará a comprimir las instancias decisivas en pocas semanas y profundiza el impacto económico sobre miles de trabajadores vinculados a la actividad.

La determinación se adoptó este mediodía en el predio de Ezeiza, donde los 30 presidentes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol deliberaron sobre la posibilidad de levantar la medida. Tras el encuentro, optaron por ratificar la suspensión de la jornada prevista para este fin de semana.

El mensaje fue claro: en medio del conflicto abierto con la Justicia y el Gobierno, la conducción del fútbol argentino decidió sostener una postura unificada. La reprogramación oficial establece que la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 se disputará el fin de semana del 3 de mayo.

Los octavos de final quedaron fijados para el domingo 10; los cuartos, para el miércoles 13; las semifinales, el domingo 17; y la final, el domingo 24 de mayo.

El nuevo esquema condensa en apenas tres semanas la fase decisiva del campeonato, con exigencias deportivas y logísticas significativas para los planteles y las instituciones.

Alternativas en evaluación y calendario en tensión

Además de la reprogramación ya comunicada, la AFA habría notificado a los clubes tres posibles fechas alternativas para recuperar la jornada suspendida: 18 de marzo, 22 de abril o 13 de mayo. Cada entidad deberá expresar su preferencia para avanzar en la definición final del calendario.

Este abanico de opciones revela la complejidad de encajar compromisos locales e internacionales en una agenda ya ajustada. La reestructuración no solo afecta la planificación deportiva, sino también la negociación de derechos televisivos, la organización de operativos de seguridad y la logística de traslados.

El trasfondo judicial

La reunión fue convocada por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a autoridades de la entidad en el marco de una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde la conducción rechazaron las acusaciones y sostuvieron que “no existe deuda exigible” y que los pagos observados “fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos”. Según señalaron, ese planteo ya fue presentado y el expediente se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones.

En esa línea, apuntaron contra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que acusaron de intentar convertir obligaciones aún no vencidas “en la base de un supuesto delito penal tributario”. El conflicto, por lo tanto, trasciende el plano deportivo y se inscribe en una disputa institucional de mayor alcance.

El efecto en la economía del fútbol

Más allá del expediente judicial, la suspensión del fútbol profesional genera consecuencias inmediatas en una extensa cadena laboral. Cada fecha moviliza a trabajadores de seguridad, boleterías, mantenimiento, gastronomía, transporte, prensa y servicios tercerizados. Para muchos de ellos, el ingreso depende directamente de la realización de los partidos.

La paralización temporal implica, en los hechos, una merma en ingresos para miles de familias. El fútbol argentino no es solo espectáculo y competencia: constituye una industria que articula empleo formal e informal, consumo y circulación económica en cada ciudad sede.

La decisión de sostener el paro, entonces, se proyecta más allá de la circunstancia judicial, Instala interrogantes sobre la estabilidad institucional del deporte más convocante del país y sobre la capacidad del sistema para absorber presiones políticas sin trasladar costos a su base laboral.

La ratificación del paro por parte de la AFA confirma que el conflicto con la Justicia ingresó en una punto de endurecimiento. La fecha 9 reprogramada para mayo es apenas la expresión visible de una puja que combina poder institucional, discusión fiscal y gobernanza del fútbol argentino.

Mientras los dirigentes defienden su posición en los tribunales, el campeonato se reordena a contrarreloj y la industria que gira en torno a cada partido enfrenta días de incertidumbre. El calendario comprimido puede resolver la urgencia competitiva; la disputa de fondo, en cambio, seguirá marcando el pulso político del fútbol nacional.

La suspensión de los trabajos en el tramo Cochagual–Tres Esquinas de la Ruta Nacional 40 dejó sin empleo a 95 operarios y volvió a encender alarmas en el sector de la construcción. Desde la UOCRA atribuyen la decisión al desfinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y a la acumulación de certificados impagos por parte del Estado nacional.

La obra de la Ruta 40 Sur quedó oficialmente paralizada este miércoles tras una asamblea entre la Unión Transitoria de Empresas (UTE) adjudicataria y los trabajadores. El encuentro formalizó lo que ya se anticipaba en el obrador: la suspensión de tareas y el despido de los 95 obreros afectados al proyecto.

El secretario general de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, confirmó la situación y no ocultó su preocupación por el impacto inmediato. “Nos levantamos con la mala noticia de que la obra se paralizó otra vez y la verdad es que es una situación grave. Como dirigente, estas cosas te descolocan”, expresó.

Según explicó, la empresa comunicó que no podía continuar ante la falta de pagos del Estado nacional. “Hay certificados impagos desde septiembre y la UTE ya no puede sostener la actividad. Hacer trabajar a la gente sin cobrar no tiene sentido”, sostuvo.

Detrás de la definición administrativa se esconde un problema estructural: la obra pública, especialmente aquella apalancada con financiamiento externo, depende de un delicado equilibrio entre desembolsos internacionales y compromisos fiscales internos. Cuando esa ecuación se rompe, el primer eslabón en resentirse es el empleo.

El impacto social del ajuste

Tovares puso el acento en la dimensión humana de la medida. “No hablamos solo de 100 trabajadores, sino de 100 familias. El ajuste siempre termina recayendo sobre el trabajador”, afirmó, visiblemente molesto.

En un sector históricamente vinculado a la inversión estatal, la paralización de proyectos no solo implica la pérdida de ingresos directos, sino también el deterioro de economías regionales que orbitan en torno a cada obra: proveedores, transportistas, pequeños comercios y servicios asociados.

La construcción, por su efecto multiplicador, funciona como termómetro de la actividad económica. Cuando se detiene, el impacto trasciende el perímetro del obrador.

Un proyecto estratégico con avance mínimo

El tramo Cochagual–Tres Esquinas, de 27 kilómetros, es considerado clave para convertir la Ruta 40 en autopista y mejorar la conectividad entre el sur de San Juan y Mendoza. Sin embargo, la iniciativa arrastra demoras crónicas.

La obra se ejecutaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y había sido retomada en junio de 2024, tras gestiones entre el Gobierno provincial y la administración del presidente Javier Milei. Aquella reactivación fue presentada como un punto de inflexión en medio del repliegue generalizado de la obra pública nacional.

No obstante, la ausencia de nuevos desembolsos volvió a frenar su desarrollo. De acuerdo con el dirigente sindical, luego de casi dos años y medio de ejecución, el avance acumulado apenas alcanza el 8% del total previsto, un indicador que evidencia la sucesión de interrupciones y la fragilidad financiera del proyecto.

La reiteración de anuncios de reactivación que no logran consolidarse profundiza la incertidumbre. “La vez pasada se dijo que se retomaba la obra con financiamiento del BID, y hoy volvemos al punto de partida”, lamentó Tovares.

Infraestructura y política fiscal: una tensión persistente

El caso de la Ruta 40 Sur expone una tirantez más amplia: el ajuste fiscal impulsado a nivel nacional y su correlato en la inversión en infraestructura. En un escenario de restricción presupuestaria, la priorización del equilibrio de las cuentas públicas compite con la necesidad de sostener proyectos estratégicos para el desarrollo regional.

La dependencia de organismos multilaterales agrega un condicionante adicional. Sin desembolsos efectivos, la cadena de pagos se interrumpe y las empresas adjudicatarias quedan sin margen operativo. El resultado es previsible: paralización, despidos y obras inconclusas.

Por el momento, no existen confirmaciones oficiales sobre una eventual reanudación de los trabajos. La incertidumbre domina el panorama y deja en suspenso tanto el futuro laboral de los trabajadores como la concreción de una infraestructura considerada vital para la conectividad cuyana.

La nueva suspensión de la Ruta 40 Sur no es solo un episodio administrativo ni una contingencia presupuestaria: es la expresión concreta de una política de ajuste que encuentra en la obra pública uno de sus principales escenarios de disputa. Con apenas un 8% de avance y casi dos años y medio de ejecución intermitente, el proyecto simboliza las dificultades de sostener inversiones de largo plazo en una situación actual de restricción fiscal.

Mientras los números ordenan balances, 95 trabajadores quedan fuera del sistema y un corredor estratégico permanece inconcluso. La incógnita ya no es únicamente cuándo volverán las máquinas al terreno, sino si existirá una decisión política firme capaz de garantizar continuidad y previsibilidad. Sin esa certeza, la Ruta 40 Sur seguirá siendo, más que una autopista en construcción, una promesa recurrente detenida en el tiempo.