SATSAID acordó un nuevo aumento salarial
El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), anunció la firma de un nuevo acuerdo de incremento salarial, en el marco de la revisión paritaria para el trimestre octubre-diciembre de 2023 del Convenio Colectivo de Trabajo n° 223/75, correspondiente a los trabajadores de empresas de cable e internet.
El acuerdo alcanzado con la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC), a instancias del Ministerio de Trabajo que conduce Raquel “Kelly” Olmos, estipula un aumento del 85% sobre los salarios de junio de 2023, absorbiendo el aumento programado del 34% en el acuerdo anterior.
A su vez, el pago del incremento salarial se realizará en tres tramos, correspondiendo un aumento del 47,5% a partir de octubre y no remunerativo hasta enero de 2024, un aumento del 64% absorbiendo el 47,5% del mes anterior, de carácter no remunerativo hasta febrero de 2024 y un aumento hasta el 85%, absorbiendo el aumento del mes anterior y no remunerativo hasta marzo de 2024.
Las partes establecieron el pago de una suma no remunerativa extraordinaria y por única vez, equivalente a la retención establecida por el artículo 123°, del Convenio Colectivo de Trabajo 223/75, que será liquidado en tres tramos de octubre a diciembre.
Por otra parte, el acuerdo establece que el incremento previsto no podrá ser absorbido ni total, ni parcialmente, por aumentos que se hubieran producido con anterioridad al 1° de octubre de 2023. Finalmente, las partes acordaron volver a reunirse durante la primera semana de enero, a fin de analizar el impacto económico del acuerdo y continuar con la discusión paritaria.
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El empleo formal perdió más de 626.000 cuentas sueldo en menos de dos años
La reducción del empleo registrado durante el gobierno de Javier Milei sumó un nuevo indicador de magnitud: entre diciembre de 2024 y agosto de 2026 desaparecieron 626.001 cuentas sueldo del sistema bancario argentino. El retroceso representa una caída del 6% y estuvo acompañado por una disminución prácticamente equivalente en la cantidad de empresas que utilizan entidades financieras para pagar las remuneraciones de sus trabajadores.
Las cifras surgen del informe de Información de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA), cuyos registros fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y difundidos por la diputada nacional Julia Strada. El relevamiento muestra que las cuentas destinadas a acreditar salarios pasaron de 10.511.100 a 9.885.099 durante el período considerado.
En simultaneo, las empresas que utilizaban el sistema bancario para depositar haberes se redujeron de 662.181 a 622.693. Son 39.488 empleadores menos dentro de ese registro, una contracción cercana al 6% que acompaña la evolución de las cuentas sueldo y aporta otra señal sobre el debilitamiento del universo de trabajadores y empresas vinculados al empleo formal.
Aunque la desaparición de una cuenta sueldo no representa necesariamente un puesto de trabajo perdido —también puede responder a cambios en la modalidad de pago o en la entidad bancaria—, la reducción simultánea de las empresas pagadoras adquiere relevancia al contrastarla con otras estadísticas laborales. En conjunto, los indicadores muestran una tendencia descendente que excede las variaciones propias del sistema financiero.
Más de 437.000 puestos registrados menos
El deterioro también aparece en los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según un relevamiento de CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados en unidades productivas de todo el país, equivalente a una contracción del 4,4%.
La cantidad de trabajadores comprendidos en ese universo pasó de 9.857.173 a 9.419.562. La reducción estuvo acompañada por una caída en el número de empleadores: durante el mismo período dejaron de figurar 32.290 unidades productivas, un descenso del 6,3%, al pasar de 512.357 a 480.067.
Se trata de registros diferentes, con períodos de comparación que tampoco son idénticos. Mientras el BCRA contabiliza cuentas sueldo y empresas que acreditan remuneraciones mediante bancos, la SRT releva trabajadores y empleadores comprendidos en el sistema de riesgos del trabajo. Sin embargo, la evolución de ambas series permite observar una contracción coincidente del empleo formal y de la estructura empresarial que lo sostiene.
Buenos Aires concentra una parte importante de las pérdidas
La provincia de Buenos Aires también refleja el impacto de esta dinámica. De acuerdo con información del Observatorio Económico bonaerense y CEPA, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 113.167 puestos de trabajo registrados en unidades productivas del territorio provincial.
Esa reducción representa el 25,9% de la pérdida nacional contabilizada por el relevamiento. En el mismo período desaparecieron de los registros 9.151 empleadores bonaerenses, una disminución del 6% que evidencia el retroceso de la estructura productiva y laboral en el principal distrito económico del país.
La reforma laboral y los límites de los nuevos indicadores
La evolución de estas cifras también permite examinar el comportamiento del mercado de trabajo después de la aprobación de la Ley de Modernización Laboral. La norma fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Por lo tanto, el relevamiento bancario hasta agosto comprende varios meses posteriores a su aprobación.
No obstante, la coincidencia temporal no alcanza para establecer que la reforma haya provocado la caída de las cuentas sueldo ni para determinar, por sí sola, su eficacia sobre la creación de empleo. Los datos describen una tendencia que ya se manifestaba con anterioridad y cuya evolución requiere considerar otros factores económicos, productivos y laborales.
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La CGT marchará por el financiamiento de las obras sociales y alerta sobre su continuidad
La central obrera movilizará el jueves 26 de noviembre a la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar recursos que permitan sostener la cobertura de 17 millones de personas. Según la dirigencia sindical, el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina a prestaciones por discapacidad. La protesta será parte de un plan de acción que continuará en diciembre.
La crisis financiera de las obras sociales sindicales se convirtió en el principal motivo de movilización de la CGT. La conducción resolvió marchar el próximo jueves 26 de noviembre hacia la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para exigir una respuesta del Gobierno frente al deterioro de los recursos del sistema, una situación que, según advierten los gremios, compromete el funcionamiento de numerosas entidades y la continuidad de las prestaciones médicas para millones de afiliados.
La concentración comenzará a las 15 frente a la sede del organismo, ubicada en Bartolomé Mitre al 400, en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria fue definida durante una reunión de la mesa chica cegetista en el Sindicato del Seguro, con la participación de los tres integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, además de Héctor Daer, de Sanidad; Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos; Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, y Guillermo Moser, de Luz y Fuerza.
El reclamo involucra a un sistema que, de acuerdo con las estimaciones de la central obrera, brinda cobertura a unos 17 millones de personas. La conducción sindical sostiene que la reducción de los ingresos y las dificultades para acceder a los fondos de compensación profundizaron el desequilibrio financiero de las entidades. Algunas ya habrían restringido prestaciones, mientras que distintos sindicatos recurren a recursos propios para sostener la atención de sus afiliados.
El Fondo Solidario, en el centro de la disputa
Uno de los principales focos del conflicto es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes de trabajadores y empleadores. Su función es compensar a las obras sociales por determinados gastos sanitarios, entre ellos tratamientos de alta complejidad, medicamentos de elevado costo y prestaciones específicas.
Según fuentes sindicales, alrededor del 90% de los recursos del fondo se destina actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad. La CGT considera que esa concentración limita la disponibilidad de dinero para afrontar otras obligaciones asistenciales y reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean absorbidos por los ministerios nacionales correspondientes, en lugar de recaer sobre los recursos destinados al financiamiento sanitario.
La dirigencia asegura que mantuvo tres encuentros con el ministro de Salud, Mario Lugones, para plantear la situación, pero afirma que no recibió una propuesta concreta para corregir los desequilibrios. La movilización ante la Superintendencia apunta a obtener una respuesta institucional y abrir una instancia de resolución sobre la distribución de los recursos.
El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que la continuidad de algunas obras sociales y la cobertura de sus afiliados están comprometidas. El dirigente puso el acento en la dimensión del problema: cualquier deterioro del sistema podría repercutir sobre los servicios de salud de millones de personas que dependen de esas entidades.
La presión de los costos y la caída de los aportes
A las dificultades de financiamiento se suma el deterioro de las variables que sostienen económicamente a las obras sociales. La pérdida del poder adquisitivo reduce los salarios sobre los que se calculan los aportes y contribuciones, mientras que los medicamentos, los insumos y las prestaciones médicas registran aumentos que presionan sobre los presupuestos institucionales.
La combinación de menores ingresos y mayores costos restringe la capacidad de respuesta, especialmente en entidades con estructuras financieras más frágiles o con una población afiliada que demanda tratamientos complejos. Para los gremios, el problema excede una discusión contable: puede traducirse en demoras, limitaciones de servicios y mayores dificultades para acceder a la atención.
El conflicto tiene antecedentes en el debate de la reforma laboral. Durante su tratamiento en el Senado, en febrero, el Gobierno aceptó mantener en el 6% la contribución patronal destinada a las obras sociales, en lugar de reducirla al 5%, una modificación que había generado un fuerte rechazo sindical.
Jerónimo cuestionó las políticas oficiales por considerar que debilitan el funcionamiento del sistema solidario de salud y advirtió que, si no aparecen respuestas, la central avanzará con nuevas medidas de presión.
Una protesta por etapas y sin paro general inmediato
La marcha del 26 de noviembre será una de las últimas acciones previstas por la CGT antes de concluir el año. La conducción también analiza realizar, a mediados de diciembre, un cese de actividades de entre dos y cuatro horas, acompañado por asambleas en los lugares de trabajo y con alcance simultáneo en todo el país. La fecha y la duración definitiva todavía deberán ser resueltas por el Consejo Directivo.
La modalidad forma parte de una protesta por etapas, conocida como “a la francesa”, que busca incrementar la presión sobre el Ejecutivo sin convocar, por el momento, a un nuevo paro general. Aunque distintos sectores gremiales reclaman una huelga nacional, el triunvirato mantiene una estrategia gradual y procura sostener la unidad de la central.
El plan de lucha había perdido intensidad durante la visita del papa León XIV, cuando la CGT renovó su propuesta de establecer una mesa de diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los trabajadores. La falta de avances en esa instancia y la persistencia de los reclamos sectoriales llevaron a la conducción a recuperar la agenda de movilizaciones.
La disputa también se desarrolla en un escenario de diferencias dentro del movimiento sindical. A comienzos de noviembre, Luis Barrionuevo, titular de UTHGRA, anunció junto con alrededor de 50 organizaciones gremiales una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esa iniciativa constituye otro frente de presión sobre el Gobierno, aunque por fuera de la convocatoria definida por la conducción cegetista.
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La CGT acusó a Milei de convertir al país en una «escribanía de las corporaciones»
En el Día de la Soberanía Nacional, la central obrera vinculó la Vuelta de Obligado con las políticas económicas del Gobierno. Cuestionó el RIGI, el DNU 70/23, la apertura de importaciones y la derogación de normas sobre recursos naturales y patrimonio nacional.
La Confederación General del Trabajo (CGT) aprovechó la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional para cuestionar con dureza la política económica del presidente Javier Milei. En un documento difundido el 20 de noviembre, la central obrera evocó la resistencia argentina frente a las potencias extranjeras durante la Vuelta de Obligado y trazó un paralelismo con las decisiones actuales del Gobierno, a las que vinculó con la pérdida de autonomía económica y el debilitamiento del patrimonio nacional.
«En tiempos de entrega de recursos naturales y desguace del patrimonio público, sigamos su ejemplo», expresó la organización sindical, al reivindicar a quienes defendieron el territorio argentino frente a las invasiones extranjeras. Según su planteo, las formas de intervención cambiaron, pero persisten mecanismos que pueden condicionar las decisiones nacionales y el aprovechamiento de los recursos estratégicos.
El pronunciamiento apuntó especialmente contra el DNU 70/23, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones normativas vinculadas con la Ley de Tierras y la Ley de Glaciares. La CGT sostuvo que estas medidas favorecen los intereses de grandes grupos económicos y cuestionó que, bajo esas condiciones, «un gobierno democrático» pueda convertirse en una «escribanía de las grandes corporaciones».
Apertura económica, industria y empleo
La central también cuestionó la política exterior de Milei y su concepción de soberanía. «La soberanía no solo se ejerce ‘con los pies’», señaló, en referencia a las declaraciones presidenciales, y criticó la frecuencia de los viajes del mandatario a Estados Unidos en comparación con sus recorridas por las provincias argentinas.
En el plano productivo, advirtió que la apertura de las importaciones y la caída del consumo profundizan las dificultades de la industria nacional. La CGT calificó este proceso como un «verdadero industricidio» y sostuvo que sus consecuencias se reflejan en el cierre de más de 30.000 empresas y la pérdida de alrededor de medio millón de puestos de trabajo, cifras que forman parte de su propio diagnóstico sobre la situación económica.
La autonomía financiera también ocupó un lugar central en el mensaje. «Soberanía también es decidir nuestro propio rumbo económico, sin entregar las decisiones de política económica al Fondo Monetario Internacional», afirmó la organización, al cuestionar la influencia de los compromisos externos sobre las decisiones del Estado argentino.
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