El gremio ADICUS confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CONADU, con medidas de fuerza en dos etapas. La protesta impactará en la Universidad Nacional de San Juan y pone en el centro el reclamo por recomposición salarial y financiamiento educativo.

El sistema universitario vuelve a tensarse en San Juan. ADICUS, el gremio que nuclea a los docentes de la Universidad Nacional de San Juan, confirmó su adhesión al paro nacional impulsado por CONADU, en el marco de un plan de lucha que se desplegará de manera escalonada durante abril y comienzos de mayo.

La medida fue definida en articulación con las distintas representaciones docentes del país, en el ámbito de la federación que coordina las estrategias gremiales a nivel nacional. Según explicó el secretario adjunto Sergio Castro, la decisión responde a una construcción colectiva que busca sostener la presión sobre el Gobierno en torno a los reclamos del sector.

El cronograma prevé dos semanas de paro: la primera del 13 al 18 de abril y la segunda del 27 de abril al 3 de mayo. Entre ambas instancias habrá una semana de actividad normal, aunque desde el gremio aclararon que forma parte de la continuidad del mismo plan de lucha.

El eje central del conflicto sigue siendo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y la falta de una ley de financiamiento universitario que garantice estabilidad presupuestaria. “Las medidas van a continuar hasta que se logre una recomposición salarial”, advirtió Castro, marcando el tono de un conflicto que no parece cercano a resolverse.

Sin embargo, el impacto trasciende lo estrictamente salarial. Desde ADICUS alertan sobre un fenómeno que comienza a afectar la estructura del sistema: el desplazamiento de docentes hacia otros ámbitos laborales. La pérdida de competitividad de los salarios universitarios —históricamente más altos que los del sistema provincial— ha invertido esa lógica y empuja a muchos profesionales a migrar hacia otros sectores o a retomar cargos anteriores.

Este proceso, aún en desarrollo, abre interrogantes sobre la capacidad de las universidades para sostener su plantel docente y preservar estándares académicos en el mediano plazo.

En este sentido, el gremio busca que la protesta no se limite a la suspensión de clases. Durante las jornadas de paro se llevarán adelante actividades de visibilización, reuniones y recorridas por las distintas unidades académicas. El objetivo es mantener presencia institucional y ampliar el alcance del reclamo dentro de la comunidad universitaria.

La crisis en la UNSJ refleja, en escala local, una problemática estructural que atraviesa al sistema universitario argentino: la tensión entre financiamiento, salarios y sostenibilidad. En ese marco, cada medida de fuerza no solo interrumpe el ciclo lectivo, sino que también evidencia las dificultades para garantizar su continuidad.

El ministro de Producción y Minería de Salta, Ignacio Lupión, junto al secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, y el referente gremial Roberto Velázquez, mantuvieron una reunión de trabajo para analizar la actividad minera en la provincia y el rol de los trabajadores profesionales en la industria.

Durante el encuentro, el Ministerio de Producción y Minería presentó los lineamientos estratégicos del Gobierno para el desarrollo de la minería, destacando su rol en la planificación de proyectos, fomento de inversiones, generación de empleo, apoyo a las empresas locales, impulso de energías y cuidado del medio ambiente.

Por su parte, ASIJEMIN subrayó la importancia del aporte técnico de los trabajadores profesionales, la capacitación continua, la seguridad laboral, la defensa de derechos laborales, paritarias y la promoción de buenas prácticas ambientales dentro de los proyectos mineros.

El encuentro permitió intercambiar perspectivas y avanzar en una línea de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial y ASIJEMIN, con el objetivo de consolidar un sector minero seguro, profesional y sustentable, que impulse el desarrollo económico y laboral de la provincia. La reunión reafirma el compromiso del Gobierno de Salta y de ASIJEMIN en fortalecer la minería con visión profesional y garantizar que los trabajadores mineros cuenten con las herramientas, formación y derechos necesarios para su desempeño.

La Asociación Trabajadores del Estado desplegó una protesta inédita en todo el país al enviar delegados a sucursales del Banco de la Nación Argentina para solicitar créditos en las mismas condiciones que, según denuncias, habrían recibido funcionarios del oficialismo. El caso suma presión política y abre interrogantes sobre la transparencia en el otorgamiento de préstamos.

El sistema financiero público quedó en el centro de la escena tras la difusión de presuntos beneficios crediticios otorgados a funcionarios y allegados al oficialismo. La reacción no tardó en llegar: la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) impulsó una medida de protesta de alcance nacional, enviando a más de mil delegados y afiliados a las 709 sucursales del Banco Nación para solicitar préstamos en igualdad de condiciones.

La acción sindical apunta a visibilizar lo que consideran un trato desigual. “Queremos los mismos montos, las mismas tasas y los mismos plazos”, sintetizaron desde el gremio, en referencia a créditos hipotecarios que, según trascendió, oscilarían entre los 100 y 530 millones de pesos. La polémica se amplificó tras la difusión de datos provenientes de la Central de Deudores del Banco Central, que vinculan estos beneficios con funcionarios, legisladores y figuras cercanas al espacio gobernante.

Entre los nombres señalados aparecen dirigentes políticos, funcionarios de organismos clave y referentes vinculados a la comunicación oficial. La magnitud de los montos, en contraste con los ingresos declarados de algunos beneficiarios, alimentó cuestionamientos sobre los criterios de otorgamiento.

Uno de los puntos más sensibles señalados por ATE es la presunta flexibilización de requisitos. Según indicaron, a los beneficiarios de estos créditos no se les habría exigido la estabilidad laboral que sí se requiere a otros solicitantes, una condición clave en el análisis crediticio. El caso de un funcionario que accedió a un préstamo y fue desvinculado pocos días después fue presentado como ejemplo de esta irregularidad.

La controversia ya trascendió el plano político y sindical para ingresar en la esfera judicial. La diputada Mónica Frade presentó una denuncia penal que apunta a investigar posibles delitos como tráfico de influencias y administración fraudulenta. La causa quedó bajo análisis de la Justicia federal, que deberá determinar si existieron irregularidades en el proceso de otorgamiento.

Desde el Gobierno, las respuestas buscaron contener el impacto. El Banco Nación sostuvo que los créditos se otorgan bajo criterios homogéneos, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la operatoria y reconoció haber recomendado este tipo de financiamiento.

Sin embargo, la existencia de líneas específicas para empleados del sector público con condiciones más favorables introduce un elemento de presión en el discurso oficial.

El trasfondo del conflicto remite a un entorno económico complejo, donde el acceso al crédito para amplios sectores de la población se encuentra restringido. En ese marco, cualquier indicio de privilegio adquiere mayor sensibilidad política y social.