Luego del estancamiento de mediados de noviembre, los gremios docentes regresaron este viernes a la mesa paritaria con el Gobierno de San Juan. El encuentro, que comenzó pasadas las 15 en el Ministerio de Educación, busca destrabar la negociación salarial, luego de que el sector sindical rechazara la propuesta oficial por considerarla insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.

Este viernes por la tarde se reanudó formalmente la paritaria docente en San Juan. En la sede del Ministerio de Educación, los representantes de UDAP, UDA y AMET volvieron a sentarse frente a los funcionarios del Gobierno provincial con la expectativa —de ambos lados— de acercar posiciones antes del cierre del año.

El último encuentro había terminado sin avances: la parte gremial rechazó la denominada “propuesta superadora” del Ejecutivo, que incluía aumentos escalonados, puntos adicionales y una suma fija para enero.

La propuesta oficial: porcentajes, IPC y sumas fijas

En la reunión que quedó en suspenso semanas atrás, el Gobierno había planteado:

Actualización por IPC sobre el valor índice para noviembre y diciembre.

4 puntos adicionales para todos los cargos docentes en noviembre.

Incremento de 5 puntos del código E60 en diciembre, elevándolo a 44.

Aumento del 6,47% en asignaciones familiares para noviembre y revisión de topes.

Suma fija no remunerativa de $100.000 a pagar por CUIL en enero de 2026.

Aumento del 5% del valor índice en marzo de 2026 (base diciembre 2025).

Pese a considerar que la oferta era “superadora”, el Ejecutivo no logró el aval de los sindicatos.

La contrapropuesta gremial: más puntos y nuevas definiciones

Los gremios insistieron este viernes en que el esquema presentado por el Gobierno no alcanza a cubrir la pérdida salarial acumulada durante el año. Por eso, reclamaron una mejora sustancial en puntos clave del salario docente y objetivos de largo plazo en materia de carrera administrativa.

Los pedidos centrales fueron:

Suba del código E60 y ampliación del E66.

Revisión y mejora de las radios 4, 5, 6 y 7.

Avances concretos en el concurso de ascenso y compromiso de tratamiento.

Normalización en la aplicación de la normativa vigente para Gabinetes Técnicos e Interdisciplinarios.

Mejoras en la Obra Social Provincia, retomando reclamos pendientes.

Actualización integral de asignaciones familiares, incluyendo montos y tramos.

Ajustes en el código A44.

Definición sobre la vigencia del Decreto 1890, que regula el nomenclador de cargos.

Además, ratificaron su exigencia de que noviembre se liquide con la aplicación del IPC y los puntos reclamados, y pidieron mantener una instancia de negociación abierta en febrero de 2026.

Aunque la reunión de este viernes reabrió el diálogo, el panorama sigue abierto. Ambas partes coinciden en la necesidad de cerrar un acuerdo antes del receso de verano, pero las diferencias siguen siendo significativas: mientras el Gobierno sostiene una oferta que considera equilibrada para la situación fiscal provincial, los gremios buscan una recomposición más robusta que les permita recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

El proceso continuará en los próximos días con nuevas reuniones técnicas y la supervisión de los equipos de Hacienda y Educación. Los sindicatos no descartan medidas de fuerza si no hay avances concretos.

En un plenario nacional, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió presentar un amparo judicial para exigir que el Gobierno cumpla íntegramente la Ley de Financiamiento Universitario. La conducción del gremio, encabezada por Walter Merkis, denunció un “incumplimiento sistemático” del Ejecutivo y alertó que, sin respuestas, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas.

La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. En un masivo plenario nacional de secretarios generales, FATUN definió los pasos a seguir frente a lo que considera un incumplimiento grave del Ejecutivo: la suspensión de hecho de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en dos oportunidades.

La organización nodocente ratificó el estado de “alerta y movilización” y sostuvo que el oficialismo, al no aplicar la norma, agrava la situación presupuestaria de las universidades y deteriora las condiciones laborales de casi 50.000 trabajadores del sector.

La vía judicial: un amparo contra la suspensión de la ley

La resolución del plenario incluye un elemento clave: FATUN acompañará y monitoreará la acción de amparo colectivo Expte. 16.348/2025, impulsada por el personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT), que pide declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la Ley 27.795.

El objetivo del gremio es claro: que la Justicia fuerce al Poder Ejecutivo a poner en plena vigencia la ley que garantiza el financiamiento del sistema universitario y la recomposición salarial del personal nodocente.

Para FATUN, el decreto que frena la norma es “irregular”, vulnera la división de poderes y desconoce una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Advertencia fuerte: riesgo para el ciclo lectivo 2026

En su documento final, el plenario fue contundente: si el Gobierno mantiene su postura y no habilita los fondos previstos, “peligra el comienzo del ciclo lectivo 2026 y el normal funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

La falta de actualización presupuestaria ya afecta áreas críticas como mantenimiento, servicios esenciales, becas, funcionamiento administrativo, insumos tecnológicos y programas de extensión.

Reclamo político: presión al Congreso y al CIN

Además de la vía judicial, FATUN definió otras acciones políticas y gremiales:

1. Reclamo al Congreso

El gremio solicitará nuevamente que el Parlamento ratifique públicamente su defensa de la universidad pública y exija el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, tal como ya hizo al sancionarla dos veces este año.

2. Convocatoria a la Comisión Negociadora

El sindicato reclamará al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoque a la Comisión Negociadora de Nivel General. El objetivo: evaluar la situación crítica y consensuar estrategias para defender las necesidades presupuestarias del sistema.

3. Facultades para acciones directas

El plenario otorgó a la Mesa Ejecutiva de FATUN la potestad de adoptar todas las medidas de acción directa que considere necesarias, manteniendo activa la estructura del plan de lucha.

Un conflicto que se agrava

FATUN denunció que, pese a dos años de “firme voluntad negociadora”, el Gobierno no respondió a ninguna de las propuestas elevadas por el gremio. La situación —según la entidad— profundiza la pérdida salarial, afecta la sustentabilidad de las cajas previsionales y deteriora la salud laboral del personal.

La pulseada se inscribe en un conflicto mayor que atraviesa todo el sistema universitario: congelamiento presupuestario, paritarias cerradas, recortes en programas y la suspensión de la normativa que garantizaba un horizonte de financiamiento a mediano plazo.

El secretario general de ASIMM, Marcelo Pariente, advirtió que la inmensa mayoría de los trabajadores de plataformas opera sin formalidad laboral, expuestos a largas jornadas, ingresos inestables y sin cobertura social. Reclaman que las empresas cumplan el convenio vigente y garanticen derechos básicos.

La expansión del delivery por aplicaciones se convirtió en uno de los fenómenos laborales más visibles de los últimos años en Argentina. Sin embargo, detrás de la comodidad del servicio y de la supuesta “flexibilidad” que promocionan las plataformas, se despliega una realidad marcada por la precarización extrema.

En una entrevista con Habrá Consecuencias por El Destape 1070, el secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, trazó un diagnóstico contundente:
“El 95% de los trabajadores de reparto está en negro y trabaja entre 10 y 12 horas por día”, afirmó.

Según Pariente, la informalidad es tan extendida que los repartidores quedan fuera de cualquier derecho básico: sin obra social, sin ART, sin aportes jubilatorios, sin licencias y sin aguinaldo. Las empresas, denuncia, incumplen un convenio colectivo ya homologado, lo que agrava la desprotección. “Los trabajadores de plataformas estamos totalmente abandonados”, sentenció.

El dirigente explicó que la precarización no solo es laboral, sino también tecnológica. El llamado “algoritmo”, que asigna horarios, pedidos y tarifas, funciona como un mecanismo silencioso de control y disciplinamiento. “No podemos discutir el salario. El sistema decide cuánto ganamos”, señaló Pariente, y añadió que cuando ocurre un accidente la fragilidad queda expuesta con crudeza:
“Si te quiebra una pierna, te quedás meses sin poder trabajar a la buena de Dios”.

El crecimiento del sector agrava el problema. Se estima que unas 160.000 personas trabajan hoy en plataformas de reparto en Argentina, muchas de ellas como único ingreso familiar. Pero la enorme mayoría lo hace en una situación de total informalidad. La promesa de independencia y horarios flexibles se diluye frente a la realidad: jornadas que superan las diez horas, ganancias variables y gastos que corren por cuenta del trabajador, desde nafta hasta reparaciones de moto o bicicleta.

En ese contexto, ASIMM exige que se cumpla el convenio colectivo vigente y que se reconozca a los repartidores como trabajadores formales con todos los derechos que les corresponden: registro, obra social, ART, elementos de seguridad, pago por movilidad, vacaciones, aguinaldo y licencias. Pariente resumió el reclamo con claridad:
“No queremos discutir viajes, queremos discutir salarios y el poder adquisitivo de mis compañeros”.

Con miles de trabajadores sosteniendo una industria que crece sin regulaciones efectivas, el conflicto ya no gira solo en torno a un modelo de negocio tecnológico, sino a la necesidad urgente de garantizar condiciones dignas, seguridad y derechos básicos. El desafío, coinciden los especialistas, es evitar que la modernización se siga construyendo sobre un modelo de informalidad masiva.