La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) declaró el estado de alerta tras conocerse la decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de dar por finalizada la suspensión de los artículos del Decreto 378/2025, una medida adoptada —según el sindicato— de manera unilateral y sin el debido proceso de consulta técnica con los especialistas y trabajadores del sector.

En un comunicado oficial, el gremio manifestó su profunda preocupación por las implicancias que esta decisión podría tener sobre la seguridad aerocomercial, uno de los pilares del sistema aeronáutico nacional.

“Como organización sindical que representa a los tripulantes de cabina de todo el país, advertimos que decisiones de esta naturaleza, adoptadas sin el debido análisis técnico ni consulta con los especialistas y trabajadores del sector, pueden tener consecuencias directas sobre la seguridad operacional”, expresó el sindicato conducido por Juan Pablo Brey.

Desde Aeronavegantes remarcaron que la falta de diálogo institucional y el carácter intempestivo de la medida generan un escenario de incertidumbre en una actividad donde la seguridad y la previsibilidad son esenciales. En ese sentido, subrayaron que la resolución “rompe un equilibrio alcanzado a lo largo de años de trabajo conjunto entre las autoridades aeronáuticas, las compañías y los gremios, en pos de un sistema seguro y profesionalizado”.

Frente a este panorama, la entidad sindical anunció que se mantiene “en estado de alerta” y “evaluando los pasos a seguir, incluyendo las vías administrativas y judiciales correspondientes”, en caso de que las modificaciones introducidas afecten directamente las condiciones laborales de sus representados.

Aun así, Aeronavegantes aclaró que el Convenio Colectivo de Trabajo que mantienen con Aerolíneas Argentinas contempla disposiciones que mitigan parcialmente los efectos del decreto, aunque advirtieron que su preocupación se extiende a “otros colectivos laborales del sector que sí resultan directamente impactados por estas medidas”.

“Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores afectados y nuestro firme rechazo a cualquier intento de desregulación que ponga en riesgo la seguridad, la previsibilidad y las condiciones dignas de trabajo en la aviación nacional”, subrayaron.

Luego de meses de reclamos y de haber conseguido un aumento del 61%, los trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron que el Gobierno inició sumarios disciplinarios contra los referentes del conflicto. Las sanciones alcanzan a Norma Lezana y a otros profesionales de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), acusados de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”. El gremio calificó la medida como “una represalia ridícula e infundada” y convocó a un Cabildo Abierto en defensa del hospital público.

Cuando parecía que el largo conflicto salarial del Hospital Garrahan comenzaba a cerrarse, una nueva decisión oficial volvió a encender las tensiones.
Los trabajadores, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), denunciaron que el interventor designado por el Ministerio de Salud de la Nación, Mariano Pirozzo, inició sumarios disciplinarios contra los referentes gremiales que encabezaron las protestas, entre ellos Norma Lezana, histórica dirigente del hospital.

Las notificaciones acusan a los profesionales de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación” por las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto que derivó, finalmente, en un aumento salarial del 61%.
Desde la APyT consideraron las sanciones como un acto de persecución política y gremial, destinado a disciplinar a quienes protagonizaron la lucha por recomponer los sueldos y defender las condiciones laborales.

“Nos acusan casi de terroristas por reclamar ser recibidos por la dirección del hospital”, señaló Lezana, al calificar los sumarios como “ridículos, infundados e insólitos”.
La dirigente sostuvo que los trabajadores responderán “en todos los terrenos: administrativo, judicial y apelando a la solidaridad social que permitió visibilizar nuestro reclamo durante todo este tiempo”.

El foco de las críticas apunta directamente a Pirozzo, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien el gremio señala como un funcionario sin trayectoria en el ámbito de la pediatría pública. “Este personaje, formado en la Universidad Maimónides y entrenado en el Hospital Militar Cosme Argerich, jamás recibió a los representantes gremiales durante los meses de conflicto”, remarcaron desde la asociación.

Lezana fue aún más contundente: “De Lugones y Pirozzo esperamos cualquier cosa. Haber tenido que reconocer, después de negarlo durante casi un año, que nuestros reclamos eran válidos, ahora se complementa con esta represalia increíble. Si creen que nos van a intimidar, demuestran que no entendieron nada”.

La dirigente recordó que el conflicto por recomposición salarial y condiciones laborales provocó más de 300 renuncias de profesionales calificados, situación que —dijo— “evidencia el vaciamiento del sistema de salud pública y el desinterés por sostener el hospital de referencia pediátrica más importante del país”.
“Si hubo violencia en este conflicto, fue la del ministro-empresario y del interventor que desconocen la pediatría pública. Nuestra lucha fue por cuidar al hospital, no por dañarlo”, añadió.

Una nueva jornada de protesta

Como respuesta a las sanciones, la APyT convocó a un Cabildo Abierto de Organizaciones y Familiares para este jueves 13 de noviembre a las 16, dentro del predio del hospital.
El encuentro contará con la participación de organizaciones de la salud, del movimiento por la discapacidad, de la universidad pública, jubilados, colectivos feministas, organismos de derechos humanos y sindicatos solidarios.

Durante la actividad se debatirán los pasos a seguir frente a los sumarios y se analizarán acciones conjuntas contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional, incluyendo los proyectos de reforma laboral y previsional que preocupan a los gremios.
“El ataque contra los voceros del movimiento en defensa del Garrahan busca allanar el terreno para nuevos embates. Pero no nos van a callar”, concluyó Lezana.

El conflicto del Garrahan, lejos de cerrarse con el acuerdo salarial, entra ahora en una nueva fase marcada por la confrontación política y gremial.
Las sanciones a los trabajadores abren un frente sensible dentro del sistema de salud pública, donde la tirantez entre las autoridades y el personal sanitario se reaviva bajo un clima de desconfianza y malestar.

El hospital insignia de la pediatría argentina, símbolo de atención pública de excelencia, vuelve a quedar en el centro de la escena. Y con él, una pregunta de fondo:
¿puede sostenerse un sistema sanitario de calidad cuando quienes lo sostienen son perseguidos por defenderlo?

El proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo nacional prepara para enviar al Congreso reaviva viejos fantasmas: la posibilidad de pagar parte del salario con tickets canasta y el reemplazo de planes sociales por “vouchers laborales” en empresas privadas. La iniciativa, presentada como una medida para fomentar el empleo y reducir costos, genera rechazo en sindicatos y especialistas, que advierten sobre un retorno a la precarización de los años noventa.

Un proyecto que revive viejos mecanismos de flexibilización

El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de una nueva reforma laboral que, según trascendió, incluiría la reintroducción de los denominados tickets canasta, una herramienta emblemática de la flexibilización laboral de los años 90. La propuesta se enmarca en un plan más amplio que busca desregular convenios colectivos, ampliar la jornada laboral y redefinir la relación entre empresas y trabajadores.

Los tickets canasta —también conocidos como Luncheon Tickets— permitían a las empresas pagar una parte del salario con vales de consumo, usualmente destinados a la compra de alimentos o comidas. Aquellos montos, al no ser considerados remunerativos, quedaban excluidos del cálculo de aportes jubilatorios, aguinaldos y cargas sociales. En otras palabras, implicaban una reducción directa en el costo laboral para las empresas y una merma indirecta para los trabajadores.

Antecedentes y marco legal

El sistema, implementado a fines de los años 80 en medio de la crisis inflacionaria, llegó a representar hasta un 20 % de los ingresos de más de 1,5 millón de trabajadores y movilizaba cerca de 4.000 millones de pesos anuales. En 2007, la Ley 26.341 derogó definitivamente este régimen, integrando esos montos al salario remunerativo. Dos años más tarde, la Corte Suprema, en el fallo Pérez Aníbal c/ Disco, ratificó su carácter salarial al considerar que los vales constituían una contraprestación laboral y no una asistencia social.

Hoy, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se promueve ampliar el alcance del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo —que regula los llamados “beneficios sociales”— para incluir nuevamente este tipo de compensaciones. El objetivo declarado sería “estimular el consumo y aliviar la presión impositiva sobre las empresas”, aunque especialistas laboralistas advierten que cualquier intento de reinstalar los tickets canasta colisionaría con los antecedentes judiciales firmes que los definieron como parte del salario.

Vouchers laborales: el otro eje de la reforma

Al mismo tiempo, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, avanza en un programa de “vouchers laborales” destinado a reemplazar progresivamente los planes sociales por capacitaciones en empresas privadas. Firmas como McDonald’s o Sinteplast participarían ofreciendo entrenamientos para beneficiarios de programas sociales, bajo el argumento de “acercarlos al mercado de trabajo formal”.

El esquema prevé que las empresas reciban beneficios fiscales a cambio de proveer formación laboral, aunque diversas organizaciones sociales lo califican como una forma de trabajo gratuito encubierto. “El Estado traslada su función social al sector privado, y lo hace premiando a las compañías con incentivos impositivos”, denunció una fuente del sector, que advirtió además que las iniciativas no garantizan empleo real ni estabilidad para los participantes.

Reacciones y rigideces

Desde el movimiento sindical la reacción fue inmediata. “Esto es volver a los noventa. Los tickets y los vouchers no son otra cosa que precarización encubierta”, afirmó un dirigente de la CTA, mientras que desde la CGT señalaron que “las reformas no pueden construirse sobre la pérdida de derechos adquiridos”.

Para el Gobierno, en cambio, la apuesta combina “modernización laboral” con “flexibilidad en la gestión de los recursos humanos”. Voceros del oficialismo sostienen que la medida busca “reducir la informalidad y dinamizar la creación de empleo”, en un contexto donde más del 45 % de los trabajadores se desempeña fuera del mercado formal.

Un debate que vuelve con otro nombre

Más allá de los matices, la propuesta oficial revive una discusión estructural: cómo equilibrar competitividad y derechos laborales en un país con alta inflación, presión tributaria y caída del empleo formal. Los antecedentes, sin embargo, son elocuentes. Cuando los tickets canasta formaron parte del salario, el beneficio empresarial fue inmediato, pero el costo social se tradujo en sueldos desvalorizados y aportes jubilatorios reducidos.

La eventual reimplantación de los tickets canasta y la introducción de vouchers laborales marcan un giro profundo en la política laboral del Gobierno. Mientras el oficialismo los presenta como herramientas de eficiencia y dinamismo, para amplios sectores del sindicalismo y el derecho laboral constituyen un retroceso en materia de derechos y una reedición, bajo nuevos nombres, de los mecanismos de flexibilización que caracterizaron la década del 90.

El debate legislativo que se avecina pondrá nuevamente sobre la mesa una pregunta central: ¿puede la Argentina modernizar su mercado de trabajo sin resignar la base misma de la protección laboral?