El secretario general del Sindicato de Químicos, Mario García, aseguró que la planta Electrometalúrgica Andina ubicada en el departamento Chimbas, conserva infraestructura productiva operativa y que la inversión necesaria para reactivar al menos uno de sus hornos sería relativamente baja. Además, planteó que la fábrica podría convertirse en un actor estratégico para la industria de energías renovables en San Juan mediante la producción de silicio metálico para paneles solares.

Según explicó el dirigente , buena parte de la infraestructura industrial permanece en condiciones de funcionamiento, lo que permitiría iniciar un proceso de reactivación con una inversión relativamente acotada.

“La EMA no está muerta”, afirmó García, al tiempo que destacó que uno de los equipos centrales del complejo industrial todavía podría ponerse en marcha. El horno 2, que es el que fabrica carburo, está operativo. Lo que hay que hacer es comprar la materia prima y hacerlo funcionar”, detalló.

Un diagnóstico técnico que apunta a una inversión moderada

De acuerdo con el análisis realizado por el gremio junto al ingeniero Ariel Elizondo, el estado general de la planta permitiría iniciar un proceso gradual de recuperación productiva.
“El relevamiento fue minucioso y deja en claro que para iniciar las tareas la inversión no es demasiado grande”, sostuvo el gremialista.

Sin embargo, el principal obstáculo que enfrenta actualmente la empresa no está vinculado a la infraestructura sino a su situación financiera. Las deudas acumuladas, especialmente en el sistema energético, constituyen hoy uno de los puntos críticos para avanzar hacia una eventual reactivación.

El rol del Gobierno provincial en la negociación energética

Según explicó García, la intervención del gobierno provicnial, permitió avanzar en una alternativa destinada a ordenar las obligaciones de la firma con el mercado eléctrico mayorista. Ese esquema podría convertirse en una pieza clave para recomponer la viabilidad económica de la compañía, dado que el consumo energético representa uno de los factores más determinantes dentro del esquema de costos de este tipo de industrias electrointensivas.

Una planta preservada a la espera de definiciones

Mientras continúan las negociaciones para definir el futuro de la empresa, el predio industrial permanece bajo resguardo y con tareas básicas de mantenimiento. Actualmente un grupo de seguridad custodia las instalaciones, mientras un reducido equipo de trabajadores se encarga de preservar la infraestructura y evitar el deterioro de los equipos.

Para el gremio, esta situación demuestra que la planta todavía mantiene condiciones materiales que permitirían retomar la actividad si se resuelven los aspectos financieros pendientes.

Una posible reconversión hacia la energía solar

Más allá de la producción tradicional de carburo, desde el sindicato plantean una mirada estratégica que vincula el futuro de la EMA con el desarrollo de energías renovables.

Según el sindicalista, la planta cuenta con condiciones técnicas para producir silicio metálico, un insumo fundamental para la fabricación de paneles solares. Ese material constituye uno de los componentes centrales de la industria fotovoltaica y su producción local podría fortalecer la cadena de valor energética en la provincia.

Integrar minería, industria y energías renovables

Para el representante de los trbajadores químicos, la eventual reconversión de la planta permitiría aprovechar una infraestructura industrial ya instalada y, al mismo tiempo, potenciar un modelo productivo más integrado. Incluso sostuvo que la inversión necesaria para poner en marcha este esquema sería baja si se compara con los montos que hoy movilizan otros sectores productivos de la provincia.

“Con el 3% de lo que actualmente se invierte en proyectos mineros, la EMA podría ponerse en funcionamiento para abastecer a la fábrica de paneles solares y producirlos de principio a fin”, afirmó.

El destino de Electrometalúrgica Andina continúa sujeto a definiciones empresariales y financieras que permitan resolver los pasivos acumulados y garantizar condiciones operativas sostenibles.

Sin embargo, desde el sector sindical sostienen que la planta aún conserva potencial productivo y que su reactivación podría recuperar empleo industrial, revitalizar una infraestructura histórica y aportar valor a la estrategia de desarrollo energético de San Juan.

En ese marco, la discusión sobre la EMA vuelve a plantear un interrogante de fondo para la política industrial provincial: si una planta emblemática puede transformarse en pieza clave de la transición energética o si quedará definitivamente como un vestigio del pasado productivo sanjuanino.

Los sindicatos UDAP, UDA y AMET suspendieron la huelga de 48 horas tras la intimación oficial que obliga a garantizar el 75% de asistencia en las escuelas. En conferencia de prensa conjunta anunciaron que la protesta continuará este miércoles con una marcha de antorchas por el centro de la ciudad, mientras el conflicto salarial sigue sin resolución.

El conflicto docente en San Juan sumó un nuevo giro este martes luego de que los tres gremios del sector —UDAP, UDA y AMET— confirmaran la suspensión del paro de 48 horas previsto para esta semana. En lugar de la huelga, las organizaciones sindicales resolvieron mantener la protesta mediante una marcha de antorchas que se realizará este miércoles a las 20 horas por las calles céntricas de la capital provincial.

La decisión fue comunicada durante una conferencia de prensa conjunta realizada horas después de que la Subsecretaría de Trabajo notificara formalmente a los sindicatos sobre la obligación de garantizar un mínimo del 75% de asistencia en las escuelas durante cualquier medida de fuerza, en aplicación de la normativa que regula los servicios esenciales.

La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, explicó que la medida de fuerza fue levantada por una razón operativa y solidaria con los docentes que deberían garantizar la continuidad del servicio educativo.

“En solidaridad con los docentes que deberían cubrir el 75% de asistencia obligatoria, decidimos no realizar el paro para no sobrecargar al personal restante”, sostuvo la dirigente sindical.

Críticas al Gobierno provincial

Durante la conferencia, los representantes sindicales también expresaron fuertes cuestionamientos a la postura del Ejecutivo provincial en el marco de la negociación salarial.

Karina Navarro, secretaria general de UDA, denunció lo que calificó como una actitud de “indiferencia por parte del gobernador frente al conflicto docente” y advirtió que el sector atraviesa un clima de creciente tensión.

“Levantamos la medida, pero esto no significa que el conflicto termine”, remarcó la dirigente, quien además habló de una presunta “persecución” hacia el sector docente.

En la misma línea, Adrián Ruiz, secretario adjunto de AMET, cuestionó la forma en que fue aplicada la normativa laboral que restringe las medidas de fuerza.

Según explicó, la legislación invocada por la Subsecretaría de Trabajo debería contemplar un plazo de cinco días para su implementación, período que —según el gremio— no se habría respetado.

Ruiz también criticó la advertencia del Gobierno provincial de descontar los días de paro a los docentes que participaran de la protesta.

La aplicación de la normativa laboral

La suspensión de la huelga se produjo luego de que la Subsecretaría de Trabajo notificara oficialmente a los sindicatos sobre la obligación de garantizar un nivel mínimo de funcionamiento del sistema educativo durante conflictos laborales.

La disposición se basa en lo establecido en el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la reciente reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

La normativa establece que, en los servicios considerados esenciales, las organizaciones sindicales deben asegurar una prestación mínima durante cualquier medida de fuerza.

Para cumplir con ese requisito, los gremios debían presentar un plan detallado de cobertura, especificando establecimientos, niveles educativos, turnos y docentes designados para garantizar el porcentaje de asistencia exigido.

Las autoridades provinciales advirtieron que la falta de presentación de este esquema o su incumplimiento podría derivar en sanciones legales, lo que finalmente llevó a los sindicatos a reconsiderar la estrategia de protesta.

Protesta en las calles y negociación abierta

Aunque el paro quedó sin efecto, el conflicto docente continúa abierto. La marcha de antorchas prevista para este miércoles se perfila como la primera demostración pública del malestar del sector tras la intervención de la autoridad laboral.

La movilización buscará visibilizar el reclamo salarial y presionar al Gobierno provincial en medio de negociaciones que, hasta ahora, no lograron acercar posiciones entre las partes.

La suspensión del paro docente desactivó momentáneamente el riesgo de una interrupción masiva de clases en San Juan, pero el conflicto está lejos de resolverse. Con una marcha de antorchas como nueva forma de protesta y las paritarias aún sin acuerdo, el escenario educativo provincial sigue marcado por la tensión entre sindicatos y Gobierno, en un marco atravesado además por las nuevas reglas laborales que regulan las medidas de fuerza en servicios esenciales.

La Subsecretaría de Trabajo intimó a los gremios docentes a garantizar un mínimo del 75% de prestación del servicio educativo, en aplicación de la normativa nacional que regula las medidas de fuerza en servicios esenciales. Tras la notificación oficial, UDAP dejó sin efecto el paro previsto para este miércoles y jueves, mientras crece la expectativa por la posición que adoptarán los sindicatos UDA y AMET.

El conflicto docente en San Juan sumó este martes un nuevo episodio luego de que la Subsecretaría de Trabajo provincial intimara formalmente a los gremios a garantizar la continuidad del servicio educativo durante cualquier medida de fuerza. La decisión oficial, basada en la aplicación de la normativa nacional sobre servicios esenciales, obligó al sindicato UDAP a suspender el paro de 48 horas que estaba previsto para los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

La resolución fue formalizada mediante la Resolución Nº 041-ST 2026, firmada por el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, dentro del expediente administrativo Nº 208-000907-2026-EXP. El documento exige a las organizaciones sindicales del sector docente asegurar la prestación mínima del servicio educativo, estableciendo que al menos el 75% de las clases deben garantizarse durante una eventual medida de fuerza.

La notificación fue emitida desde la sede de la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe 52 Oeste, y fue entregada a los gremios mediante cédula oficial este martes al mediodía.

En el texto, el organismo laboral recuerda la vigencia del artículo 24 de la Ley Nº 25.877, modificado por el artículo 101 de la Ley Nº 27.802, que regula el funcionamiento de los servicios esenciales durante conflictos laborales. Bajo ese marco legal, las entidades sindicales deben presentar un plan detallado de prestación mínima que incluya establecimientos afectados, niveles educativos, turnos y personal designado para garantizar el servicio.

La resolución también advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en sanciones, según lo previsto en la legislación vigente.

El paro que finalmente no fue

La huelga docente había sido anunciada días atrás en el marco de las negociaciones salariales entre el Gobierno provincial y los tres gremios que representan al sector: UDAP, UDA y AMET. La medida consistía en un paro de 48 horas que buscaba presionar por una mejora en la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo.

Sin embargo, tras recibir la intimación oficial, UDAP decidió suspender la protesta. La secretaria general del gremio, Patricia Quiroga, confirmó la decisión en declaraciones periodísticas y señaló que la medida de fuerza quedaba sin efecto ante el nuevo escenario legal.

La suspensión del paro fue comunicada pocas horas antes de una conferencia de prensa que los sindicatos habían convocado frente al Centro Cívico para informar las acciones a seguir.

Advertencia oficial y tirantez en la negociación

En este sentido, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, había advertido que el Ejecutivo provincial descontaría el día a los docentes que se plegaran a la huelga, una señal clara del endurecimiento de la postura oficial frente al conflicto.

La advertencia se produjo en un clima en el que las negociaciones paritarias continúan sin acuerdo. Este mismo martes estaba prevista una nueva reunión entre el Gobierno y los gremios docentes, encuentro que finalmente no se concretó.

Desde el Ejecutivo provincial adelantaron que se trabaja en una propuesta salarial superadora, con el objetivo de destrabar la negociación y garantizar la continuidad del ciclo lectivo sin nuevas medidas de fuerza.

Expectativa por la postura de los otros gremios

Aunque UDAP ya confirmó la suspensión del paro, la atención del conflicto se traslada ahora a la posición que adoptarán los otros dos sindicatos docentes que participan de la negociación: UDA y AMET.

Ambas organizaciones habían acompañado inicialmente la convocatoria a la medida de fuerza, por lo que se espera que en las próximas horas definan si siguen la misma línea de UDAP o si impulsan otra estrategia sindical frente a la intimación oficial.

La aplicación de la normativa sobre servicios esenciales marca un punto de inflexión en el conflicto docente sanjuanino. La exigencia de garantizar un alto nivel de prestación mínima —en este caso el 75%— limita significativamente la capacidad de los gremios para sostener medidas de fuerza de alto impacto.

Al mismo tiempo, la decisión del Gobierno provincial se inscribe en el nuevo escenario que abre la reforma laboral impulsada a nivel nacional, donde se busca restringir la afectación de servicios considerados estratégicos.

A este respecto, la disputa salarial sigue abierta y el conflicto podría trasladarse ahora al terreno político y judicial, mientras los sindicatos analizan cómo reorganizar su estrategia frente a un marco legal más restrictivo para las huelgas en el sector educativo.

La suspensión del paro docente deja momentáneamente en pausa la escalada del conflicto en San Juan, pero no resuelve el fondo del problema: la negociación salarial entre el Gobierno provincial y los gremios continúa sin acuerdo. En un escenario marcado por nuevas reglas laborales y mayor presión institucional, el desenlace dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar un entendimiento que permita recomponer ingresos sin poner en riesgo la continuidad del ciclo lectivo.