La UTA retoma este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias. La conducción de la UTA busca una mejora para los choferes del interior y la seccional San Juan anticipó que adherirá a un eventual paro nacional si no se alcanza un acuerdo.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) reanuda este jueves la negociación salarial con las cámaras empresarias del transporte, en una reunión que puede resultar determinante para definir la continuidad del conflicto por los ingresos de los choferes del interior del país.

El encuentro está previsto entre las 13 y las 15 y tendrá como principal objetivo acercar posiciones sobre una recomposición salarial que permita equiparar las condiciones de los trabajadores provinciales con las mejoras alcanzadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La negociación lleva varias semanas sin una resolución definitiva. Mientras el gremio reclama una actualización acorde con el aumento obtenido por los choferes metropolitanos, las empresas advierten sobre el incremento de los costos operativos y las dificultades financieras que atraviesan los servicios de transporte fuera del AMBA.

En San Juan, la conducción de la UTA sigue las conversaciones nacionales y ya definió su postura ante una eventual medida de fuerza. Si la conducción nacional dispone un paro, la seccional provincial anticipó que acompañará la protesta, lo que podría provocar interrupciones en el servicio de colectivos y afectar a miles de usuarios.

La posibilidad de una huelga no es nueva. La semana pasada, el gremio había advertido sobre la convocatoria a una medida de fuerza, aunque finalmente decidió mantener abierta la negociación y suspendió la protesta mientras continuaban las conversaciones con las empresas.

Ese antecedente mantiene la expectativa sobre el resultado de la reunión en la tarde de este jueves. Un entendimiento permitiría desactivar, al menos por ahora, la amenaza de paro, mientras que la falta de avances podría llevar a la conducción de la UTA a definir una protesta de alcance nacional.

Por el momento, no existe un paro confirmado. La definición dependerá del resultado de la negociación y de la decisión posterior de la conducción nacional del gremio. En San Juan, sin embargo, la adhesión ya fue anticipada en caso de que finalmente se convoque a la medida.

El Gobierno nacional incorporó al pliego de concesión del Belgrano Cargas una cláusula que impide competir a empresas controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Aunque la medida es conocida como “cláusula anti-China”, su alcance jurídico es más amplio y también comprende compañías estatales argentinas.

El Gobierno de Javier Milei incorporó una condición específica a la privatización del Belgrano Cargas que impedirá participar de la licitación a empresas bajo control directo o indirecto de gobiernos extranjeros.

La disposición fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y establece un filtro previo para acceder a la concesión de la infraestructura ferroviaria. Aunque en el ámbito empresario y político ya es conocida como la “cláusula anti-China”, el texto no menciona al país asiático ni prohíbe expresamente la participación de sus compañías.

La restricción alcanza a sociedades controladas por Estados soberanos extranjeros, ya sea de manera directa o a través de otras empresas, además de organismos y compañías estatales. El mismo criterio se aplica a empresas públicas argentinas, tanto nacionales como provinciales.

De esta manera, una compañía privada extranjera podrá competir si cumple con las condiciones del pliego, mientras que quedarán fuera aquellas cuya propiedad o control efectivo corresponda a un Estado.

Una concesión por 50 años

El proceso comprende la concesión por 50 años de las vías y los inmuebles vinculados con las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que en conjunto abarcan actualmente unos 7.594 kilómetros distribuidos en 16 provincias.

El esquema previsto incorpora el sistema de acceso abierto (open access). El concesionario tendrá a su cargo la infraestructura ferroviaria, pero otras empresas podrán utilizar las vías mediante el pago de un peaje.

La adjudicación tampoco dependerá exclusivamente del canon ofrecido al Estado. Las propuestas deberán combinar el volumen de inversiones comprometidas con el costo de utilización de las vías. El diseño busca favorecer ofertas que contemplen mayores desembolsos para mejorar la infraestructura junto con menores costos de acceso para los operadores.

El Gobierno calcula que la concesión podría movilizar alrededor de US$1.000 millones en inversiones para las tres líneas. Además, algunos proyectos vinculados con el proceso podrían acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El antecedente de otras concesiones

La exclusión de empresas controladas por gobiernos extranjeros no constituye una novedad absoluta dentro de la política de privatizaciones impulsada por Milei. El Ejecutivo ya utilizó criterios similares en procesos vinculados con infraestructura, entre ellos la Hidrovía y el proyecto de transporte eléctrico AMBA I.

La particularidad del Belgrano Cargas radica en el peso que tienen las empresas estatales chinas en el financiamiento y desarrollo de infraestructura ferroviaria a nivel internacional. Por eso, aunque la cláusula tiene alcance general, su aplicación es interpretada como un límite concreto para eventuales postulantes vinculados con el Estado chino.

Con esta condición, el Gobierno busca que la administración privada de la red quede en manos de compañías sin control estatal, mientras avanza con una de las principales concesiones ferroviarias previstas dentro de su programa de venta y transferencia de activos públicos.

La Superintendencia de Servicios de Salud retiró del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a 18 empresas, mutuales y cooperativas. Las auditorías detectaron falta de actividad efectiva, ausencia de afiliados y documentación incompleta. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exclusiones ya superan las 180.

La medida alcanza a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas de distintas provincias. Entre las entidades excluidas figuran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A. y Sociedad Médica Universitaria S.A., además de Asociación Mutual Intercooperativa, AMI S.R.L., Huinca Salud S.A. y Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.

También quedaron fuera del registro Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Timely Medical, entre otras organizaciones alcanzadas por el proceso de fiscalización.

Según explicó el organismo, las inspecciones permitieron establecer que varias de estas entidades no registraban actividad efectiva, no contaban con beneficiarios activos o no habían presentado la información requerida por la normativa vigente. Antes de disponer las bajas, la Superintendencia las intimó a regularizar su situación.

La falta de respuesta suficiente derivó finalmente en la exclusión del registro. El procedimiento forma parte de una revisión más amplia impulsada por el Gobierno para depurar el padrón de entidades que formalmente figuran como prestadoras de medicina prepaga, pero que no acreditan una operatoria efectiva.

Con esta nueva resolución, más de 180 entidades fueron excluidas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en un proceso que la Superintendencia anticipó que continuará mediante nuevas auditorías.

El organismo sostuvo además que las bajas no deberían generar perjuicios para los usuarios, debido a que las entidades alcanzadas no registraban afiliados activos ni prestaciones en curso al momento de las verificaciones.

La depuración apunta a que el registro oficial quede integrado por organizaciones que acrediten existencia operativa, beneficiarios y cumplimiento de las obligaciones exigidas. La Superintendencia mantendrá las fiscalizaciones y podrá disponer nuevas exclusiones cuando se detecten incumplimientos similares.