Este domingo 26 de octubre, la Argentina celebra elecciones legislativas para renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados. El oficialismo de Unión por la Patria se juega casi la mitad de sus escaños, mientras que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO buscará fortalecer su peso parlamentario. En un momento de polarización política y de debate por reformas estructurales, el resultado de estas elecciones será clave para definir el equilibrio de poder en el Congreso durante los próximos dos años.

Con 257 diputados en total, la Cámara Baja renovará casi la mitad de sus miembros en una elección que no solo determinará el futuro de los principales bloques políticos, sino también la viabilidad legislativa de las reformas económicas y laborales impulsadas por el Ejecutivo.

El peronismo pone en juego 46 de sus 98 bancas actuales, el PRO 21 escaños, La Libertad Avanza 8, Encuentro Federal 7 y la UCR 11. A su vez, Democracia Para Siempre arriesga 9 bancas, Innovación Federal y la Liga del Interior (ELI) 3 cada uno, la Coalición Cívica 4, y el Frente de Izquierda 3.

El oficialismo necesita al menos retener los lugares que hoy ocupa para no perder margen de maniobra legislativa, mientras que la oposición intentará ampliar su representación y acercarse al número que le permita alcanzar el quórum propio (129 diputados) o incluso los dos tercios necesarios para revertir vetos presidenciales.

El mapa actual

Antes de la elección, la distribución en la Cámara de Diputados es la siguiente:

Unión por la Patria (98 bancas)

La Libertad Avanza (37)

PRO (35)

Encuentro Federal (15)

UCR (14)

Democracia Para Siempre (12)

Innovación Federal (8)

Coalición Cívica y ELI (6 cada uno)

Frente de Izquierda (5)

Coherencia (4)

Independencia (3)

Además, con dos bancas aparecen Futuro y Libertad, el MID, Por Santa Cruz y Producción y Trabajo. Con una banca se ubican Creo, Defendamos Santa Fe, el MPN, Republicanos Unidos, Somos Fueguinos y Unidos.

Provincias clave

Buenos Aires

La provincia más poblada del país y principal distrito electoral renueva 35 bancas. De ellas, 15 pertenecen a Unión por la Patria, 7 al PRO, 3 a Encuentro Federal, 3 a la Coalición Cívica, 2 a La Libertad Avanza, 2 a Democracia Para Siempre, 2 al Frente de Izquierda y 1 a la UCR.
Es el escenario donde se definirá gran parte del equilibrio del Congreso.

Ciudad de Buenos Aires

La Capital Federal elige 13 diputados. En juego hay 3 bancas del PRO, 3 de Unión por la Patria, 2 de La Libertad Avanza, 1 de la UCR, 1 de Democracia Para Siempre, 1 de la Coalición Cívica, 1 del Frente de Izquierda y 1 de Republicanos Unidos.

Santa Fe y Córdoba

Dos provincias estratégicas del centro del país renuevan 9 bancas cada una.
En Santa Fe, el PRO y sus aliados arriesgan 5, Unión por la Patria 2, Encuentro Federal 1 y Defendamos Santa Fe 1.
En Córdoba, la UCR pone en juego 3, el PRO 2, Encuentro Federal 3 y Unión por la Patria 1.

Mendoza y Entre Ríos

Ambas provincias deben renovar 5 escaños.
En Mendoza, se juegan 2 de la UCR, 2 de Unión por la Patria y 1 de La Libertad Avanza.
En Entre Ríos, 2 de Unión por la Patria, 1 del PRO, 1 de la UCR y 1 de Democracia Para Siempre.

Región NEA

En Corrientes, se eligen 3 bancas, hoy distribuidas entre la UCR, Democracia Para Siempre y Unión por la Patria.
En Misiones, también 3, actualmente ocupadas por La Libertad Avanza, la UCR e Innovación Federal.
Chaco vota 4 escaños (2 de Unión por la Patria, 1 del PRO y 1 de Democracia Para Siempre), mientras que Formosa pone en juego 2 (una de Unión por la Patria y otra de Democracia Para Siempre).
En Santiago del Estero, las 3 bancas corresponden hoy al peronismo.

Región Cuyo y NOA

Catamarca renueva 3 diputados (2 de Unión por la Patria y 1 de la UCR); La Rioja, 2 (ambas del peronismo); y San Juan, 3 (2 de Unión por la Patria y 1 de Producción y Trabajo).
San Luis también elige 3, pertenecientes a Unión por la Patria, La Libertad Avanza y el PRO.
En La Pampa, se disputan 3 bancas: una por Unión por la Patria, otra por el PRO y otra por Democracia Para Siempre.

En el norte, Tucumán elige 4 diputados (2 del bloque Independencia, 1 de la UCR y 1 de Creo); Salta, 3 (de Unión por la Patria, Innovación Federal y La Libertad Avanza); y Jujuy, 3 (peronismo, UCR y Frente de Izquierda).

Patagonia

Neuquén renueva 3 lugares (MPN, Unión por la Patria y UCR).
Río Negro, 2 (Innovación Federal y PRO).
Santa Cruz, 3 (Por Santa Cruz, UCR y Unión por la Patria).
Chubut, 2 (PRO y Unión por la Patria).
Finalmente, Tierra del Fuego elige 2 diputados, actualmente de Unión por la Patria y Somos Fueguinos, el bloque aliado a La Libertad Avanza.

Estas elecciones intermedias definirán no solo el nuevo mapa político del Congreso, sino también el grado de gobernabilidad y negociación del Ejecutivo en los próximos años.
Mientras La Libertad Avanza busca consolidar su poder parlamentario y avanzar con su agenda de reformas, el peronismo enfrenta el desafío de conservar su representación en un escenario electoral adverso.

El resultado será determinante para medir la fortaleza real de las coaliciones y el rumbo que tomará la política argentina hacia 2027.
Este domingo no solo se eligen diputados: se redefine el equilibrio del poder en la Argentina.

El frente sindical que nuclea a los trabajadores del PAMI resolvió reanudar las medidas de fuerza luego de considerar “inaceptable” la oferta del Gobierno, que propuso incrementos menores al 1% mensual hasta fin de año. Con un año de salarios congelados, los gremios convocan a asambleas y ceses de actividades desde el lunes, mientras el Ejecutivo anuncia un préstamo de 500 millones de dólares del BID destinado a “fortalecer” el organismo.

El conflicto salarial en el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) vuelve al centro de la escena. Tras una oferta oficial que los gremios calificaron de “irrisoria”, el frente sindical que representa a los trabajadores del organismo estatal decidió reanudar su plan de lucha nacional con medidas de fuerza escalonadas durante toda la próxima semana.

La negociación paritaria, convocada por el Gobierno nacional luego de casi un año de inactividad, terminó en un nuevo punto muerto. La propuesta consistió en un aumento de apenas 1,2% para octubre, 0,8% en noviembre y 0,8% en diciembre, cifras que los sindicatos consideran simbólicas y alejadas de la inflación acumulada.

La oferta fue rechazada unánimemente por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación de Profesionales del PAMI y Afines (Appamia), el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados del PAMI (SUTEPA) y la Unión de Trabajadores del Instituto (UTI). En un comunicado conjunto, las organizaciones expresaron que el aumento “no guarda relación alguna con la pérdida salarial acumulada ni con la responsabilidad de quienes sostienen el funcionamiento de la mayor obra social de la Argentina”.

“La unidad de los trabajadores es el camino”, señalaron los gremios, convocando a una serie de medidas que comenzarán el lunes 27 de octubre con asambleas generales en todas las sedes del país a partir del mediodía. El martes habrá un cese de actividades de 12 a 14, mientras que el miércoles la interrupción se extenderá de 11 a 14. El jueves, los trabajadores cesarán tareas desde las 12 y se concentrarán en el edificio central de la calle Corrientes 655 para movilizarse hacia el Ministerio de Desregulación a las 13.30.

El frente sindical no descarta nuevas medidas de mayor impacto si el Ejecutivo no presenta una propuesta superadora. Desde septiembre, los trabajadores del PAMI vienen sosteniendo un plan de lucha que incluyó tres jornadas de paro nacional y asambleas informativas en todo el país.

Un conflicto que se profundiza

El reclamo salarial en el PAMI se inscribe en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo del sector público. Según fuentes gremiales, el personal lleva más de doce meses sin actualización salarial, mientras la inflación interanual supera ampliamente el 180%. “El personal del PAMI sostiene con su esfuerzo una institución esencial para los jubilados, pero el Gobierno responde con aumentos simbólicos que no alcanzan ni para cubrir los gastos básicos”, sostuvieron desde ATE.

El malestar, aseguran los dirigentes, no se limita al aspecto salarial. Se denuncia también la falta de personal, el atraso en los pagos a prestadores y la creciente sobrecarga de tareas administrativas derivada del ajuste presupuestario. En paralelo, la conducción del organismo enfrenta cuestionamientos por la lentitud en la ejecución de programas de asistencia y por el retraso en las prestaciones médicas y de cuidado domiciliario.

Un préstamo millonario bajo la lupa

Mientras el conflicto gremial se intensifica, el Gobierno anunció la aprobación de un préstamo de 500 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinado a “fortalecer la gestión y los servicios” del PAMI.

El decreto, publicado este viernes en el Boletín Oficial, faculta al ministro de Economía y al secretario de Finanzas a firmar el contrato de financiamiento, sujeto aún a la aprobación final del Directorio del BID. Según el informe técnico del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el programa apunta a mejorar el acceso a servicios de cuidado para personas con dependencia funcional y a modernizar los sistemas de atención.

Entre los objetivos específicos, el documento menciona la ampliación de la cobertura para hipertensión, diabetes y enfermedades renales, junto con la reducción de tiempos de espera en cirugías oncológicas. El préstamo prevé un plazo de amortización de 25 años, con 5 años y medio de gracia y una tasa de interés ajustada al índice SOFR, vinculado al costo de financiamiento de la Reserva Federal estadounidense.

No obstante, la coincidencia temporal entre el anuncio del crédito internacional y la oferta salarial “testimonial” fue interpretada por los gremios como un gesto de insensibilidad política. “El Gobierno gestiona un préstamo de medio billón de dólares mientras ofrece menos del 1% a los trabajadores que sostienen la estructura del PAMI. Es una contradicción difícil de justificar”, remarcaron fuentes sindicales.

El proceso de venta de Carrefour en la Argentina encendió las alarmas en el sindicalismo. Con al menos cuatro grupos empresarios interesados en la operación, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) exige una reunión urgente con la compañía para garantizar los 24.000 puestos de trabajo y la preservación de los convenios colectivos. La incertidumbre crece entre los empleados y las filiales locales ya activan mecanismos de diálogo para evitar conflictos.

El posible cambio de manos de Carrefour Argentina, una de las mayores cadenas de supermercados del país, generó una inmediata reacción en el ámbito sindical. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, busca establecer contacto directo con la conducción de la empresa para conocer los alcances del proceso de venta y exigir garantías sobre la continuidad laboral de los 24.000 trabajadores que dependen de la compañía.

Fuentes de la FAECYS confirmaron que se realizaron reuniones internas en las últimas horas para definir una estrategia común frente a un escenario de incertidumbre creciente. El objetivo es claro: asegurar la estabilidad del empleo y evitar cualquier intento de flexibilización laboral que pueda derivarse del cambio de control.

“La prioridad es preservar cada puesto de trabajo y asegurar la continuidad de los convenios colectivos vigentes, sin importar quién resulte adjudicatario de la compra”, señalaron desde el gremio.

Según trascendió, el grupo francés Carrefour avanza en negociaciones con al menos cuatro potenciales compradores: Chango Más, Coto, Cencosud y un cuarto oferente cuyo nombre aún no fue revelado. Directivos de la empresa mantuvieron en las últimas semanas reuniones en París con representantes de una firma argentina, aunque sin brindar información oficial sobre el estado de las tratativas. Esa falta de claridad alimentó la preocupación sindical y encendió las alertas en las filiales regionales.

Reclamos por transparencia y preservación de derechos

La FAECYS pidió formalmente que la operación se realice con pleno respeto de los derechos adquiridos y que se mantenga el cumplimiento de los convenios colectivos. “Los trabajadores no pueden ser variables de ajuste en una negociación empresarial”, remarcaron fuentes cercanas al gremio.

La falta de información oficial sobre los términos de la operación generó inquietud también entre las seccionales del interior. En Mar del Plata, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), conducido por Guillermo Bianchi, presentó una nota formal a la dirección local de Carrefour, invocando el acuerdo internacional firmado entre Carrefour Argentina y UNI Global Union.

Ese documento, en su punto 3.1, resalta la importancia del diálogo social y la protección de los derechos laborales, principios que ahora los gremios reclaman como marco indispensable del proceso de venta.

“Es fundamental conservar cada uno de los puestos de trabajo y las condiciones alcanzadas. Son más de 240 familias que han contribuido al crecimiento de la empresa en nuestra ciudad”, expresó el SECZA en un comunicado público.

La conducción marplatense también instó a evitar decisiones unilaterales que puedan afectar las fuentes de empleo, y advirtió que, sin información clara, el malestar podría derivar en medidas de fuerza en las próximas semanas.

Un proceso que tensiona el mapa laboral del retail

La eventual venta de Carrefour no solo afecta a sus empleados directos, sino que podría reconfigurar el mapa del sector supermercadista argentino, concentrando aún más la actividad en pocas manos.
La competencia por el control de la cadena se da en un contexto de consumo deprimido, caída del poder adquisitivo y cierre de locales minoristas, lo que incrementa la presión sobre los trabajadores.

Analistas del sector advierten que, detrás del proceso de venta, hay factores estructurales: márgenes cada vez más ajustados, aumento de costos logísticos y una lenta recuperación del consumo masivo.
En ese escenario, la negociación sindical adquiere un carácter estratégico, no solo por los empleos directos sino por su impacto en las condiciones laborales del comercio en general.