La Coordinación de Género de ASIJEMIN recorrió yacimientos entre el 6 y el 14 de octubre, organizó talleres con trabajadoras y se reunió con responsables empresariales para discutir condiciones laborales y avanzar en la implementación del convenio de licencias por cuidados.

La mejora de las condiciones laborales de las mujeres mineras y la aplicación efectiva de sus derechos quedaron en el centro de una recorrida sindical por yacimientos de Santa Cruz, donde el sindicato de jerarquicos mineros promovió espacios de diálogo con trabajadoras y representantes de las empresas.

Las visitas se desarrollaron entre el 6 y el 14 de octubre y estuvieron encabezadas por la secretaria adjunta del gremio, Carla Costabile, junto con Julieta Baesa, secretaria general de la Comisión Interna de Cerro Negro, y Eliana Funes, politóloga y asesora sindical.

Durante las jornadas se organizaron talleres para relevar las principales necesidades de las trabajadoras en cada establecimiento y analizar el papel de la organización gremial en la defensa de sus condiciones de empleo. El objetivo fue recoger inquietudes concretas y trasladarlas a una agenda de trabajo sindical.

La delegación también mantuvo encuentros con las gerencias de Recursos Humanos, ante las cuales planteó la necesidad de establecer mesas de diálogo para abordar mejoras laborales y de vida. Uno de los puntos centrales fue la aplicación del convenio de licencias por cuidados suscripto entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), cuya implementación, según informó el sindicato, permanece frenada por el Gobierno nacional.

La solicitud enfatiza la importancia de consolidar los consensos alcanzados en garantías laborales efectivas, mediante mecanismos de consulta continua que aseguren la atención de las necesidades del sector.

Desde la organización agradecieron especialmente la recepción y el compromiso de los delegados de Cerro Vanguardia, Cerro Negro y Minera Santa Cruz, además del acompañamiento de la Delegación Regional Sur.

La recorrida refuerza la presencia de ASIJEMIN y la representación de las mujeres en la minería. El próximo paso será concretar respuestas a sus necesidades, en particular sobre licencias de cuidado y ambiente laboral.

Durante un saludo en el Vaticano, el Pontífice respondió “Argentina, allá vamos” a una pareja santafesina que le pidió que visite el país. La gira está prevista del 8 al 11 de noviembre, mientras el Papa retomó sus compromisos tras una cirugía pulmonar y los médicos confirmaron que no necesitará tratamiento adicional.

Los protagonistas son Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, oriundos de Sauce Viejo, quienes viajaron a Italia durante su luna de miel. La pareja logró acercarse al Papa durante la audiencia general del miércoles, en la plaza de San Pedro. El breve diálogo se produjo mientras León XIV saludaba a fieles, diplomáticos y recién casados.

La frase se conoció mientras avanzan los preparativos para la visita apostólica a Sudamérica. De acuerdo con el programa difundido por las autoridades eclesiásticas, León XIV tiene previsto llegar a la Argentina el 8 de noviembre y permanecer hasta el día 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La gira también contempla escalas en Uruguay y Perú.

Recuperación favorable tras la cirugía

El mensaje del Papa llegó pocos días después de su alta médica, tras una intervención realizada el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma. Los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho debido a un adenocarcinoma pulmonar.

El informe médico difundido el miércoles 21 de octubre confirmó que el tumor estaba localizado y que, tras la evaluación oncológica y los estudios del tejido extraído, no será necesario ningún tratamiento adicional. La información fue comunicada por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Vaticano, y el cirujano Stefano Margaritora.

León XIV ya había retomado gradualmente sus compromisos públicos después de recibir el alta el 17 de octubre. Su recuperación y la continuidad de los preparativos para el viaje aportaron nuevas señales favorables, aunque la frase pronunciada ante los argentinos no constituye, por sí sola, un anuncio formal sobre cambios en la agenda.

La visita prevista para noviembre será la primera de un pontífice a la Argentina desde el viaje de Juan Pablo II en 1987. A medida que se acerca la fecha, el mensaje del Papa suma un gesto cercano y espontáneo a una expectativa que trasciende lo religioso y adquiere relevancia institucional para el país.

La Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad que busca garantizar la continuidad de las prestaciones, proteger los ingresos de los beneficiarios y establecer obligaciones presupuestarias para el Estado nacional. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras un acuerdo entre bloques parlamentarios y representantes de organizaciones vinculadas con el colectivo.

El texto deberá ser tratado por el Senado y procura sostener las herramientas de financiamiento y protección de derechos frente a los recortes contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, desde las organizaciones advierten que la aprobación parlamentaria no resuelve por sí sola la emergencia que atraviesa el sistema.

Uno de los puntos centrales es el artículo 7, que establece que, si los gastos necesarios para cumplir con las prestaciones superan los créditos disponibles en los programas previstos, el excedente deberá cubrirse mediante una compensación presupuestaria con fondos del Tesoro.

La propuesta también dispone que las leyes de presupuesto deberán contemplar recursos suficientes para sostener el sistema y establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Además, faculta a la Jefatura de Gabinete a efectuar las reasignaciones presupuestarias necesarias para asegurar la continuidad de las prestaciones.

Estas obligaciones constituyen uno de los aspectos más sensibles del proyecto, porque condicionan la capacidad del Ejecutivo de reducir los recursos destinados a la atención de las personas con discapacidad. La aplicación efectiva de esas garantías dependerá, de todos modos, de la sanción definitiva de la norma y de su cumplimiento presupuestario.

Pensiones compatibles con el empleo

Otro cambio relevante es la preservación de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para quienes accedan a un trabajo registrado o se inscriban en los regímenes tributarios general o simplificado.

Según el artículo 9, los beneficiarios podrán conservar la pensión mientras sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Si exceden ese límite, el pago quedará suspendido durante el período en que se mantenga esa condición.

El designio prevé, además, que la prestación pueda rehabilitarse de manera inmediata cuando termine la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido. El mecanismo busca evitar que el acceso a un empleo formal implique, automáticamente, la pérdida definitiva del beneficio.

La iniciativa también ratifica, según los términos difundidos durante su presentación, la referencia de la pensión al 70% del haber mínimo jubilatorio y contempla mecanismos para preservar su valor real. La aplicación concreta de estas disposiciones deberá analizarse a la luz del texto definitivo que apruebe el Congreso.

Deudas con prestadores y continuidad de la atención

El incorpora obligaciones para regularizar los pagos pendientes a instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad. Si al momento de la sanción definitiva quedan compensaciones sin completar, el Gobierno deberá presentar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y concluir los pagos en un plazo máximo de 90 días.

También establece la obligación de garantizar las prestaciones médicas básicas, una cuestión clave para centros de atención, transportistas, acompañantes terapéuticos y otros prestadores que sostienen servicios esenciales.

La propósito mantiene, además, herramientas como el nomenclador universal y el arancel unificado, destinadas a establecer referencias comunes para los valores de las prestaciones en todo el país.

Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente de Discapacidad, valoró el consenso alcanzado, aunque advirtió que la emergencia continúa. “No estamos en contra de las auditorías, pero hay que respetar las condiciones de cada persona”, señaló en declaraciones a Medios Rioja, y remarcó que el presupuesto sigue siendo una cuestión pendiente.

La media sanción abre una nueva instancia institucional para definir el financiamiento y las garantías del sistema. La prueba decisiva será que las obligaciones establecidas en la ley se traduzcan en recursos suficientes, pagos regulares y continuidad efectiva de las prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.