La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), ratificó la realización de un paro nacional de 24 horas este viernes 17 de octubre, en continuidad con el plan de lucha iniciado meses atrás. La medida, según explicó la organización, busca “poner en evidencia la profunda preocupación del sector” frente al rumbo económico del gobierno de Javier Milei y sus consecuencias sobre los trabajadores judiciales.

La medida de fuerza se enmarca bajo la consigna “Por el salario, contra el traspaso y en defensa del sistema jubilatorio”, una trilogía que sintetiza los reclamos centrales del gremio. Como antesala de la jornada de protesta, la UEJN realizará el jueves 16 una vigilia nacional en distintas sedes judiciales del país, con asambleas y actividades simbólicas.

Desde el sindicato denunciaron una pérdida salarial acumulada del 29,2% desde el inicio de la gestión actual y calificaron como “insuficientes” los aumentos otorgados en los últimos meses, como el 1,9% correspondiente a agosto. “Los motivos para mantener nuestro reclamo se multiplican”, señalaron en un comunicado, en el que acusaron al Gobierno de llevar adelante un “inmoral saqueo de los recursos de los trabajadores para beneficiar a los grandes grupos concentrados”.

Otro eje de conflicto es la defensa del régimen jubilatorio propio del Poder Judicial, que el gremio considera amenazado ante la posibilidad de una reforma previsional. “No vamos a permitir que se vulneren derechos adquiridos”, advirtieron los dirigentes.

Asimismo, la organización ratificó su rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, al que califican como un intento de “subordinar la independencia judicial”. También expresaron su preocupación por la “improvisada implementación” del nuevo Código Procesal Penal Federal y alertaron sobre los posibles efectos de un recorte presupuestario que agravaría los problemas estructurales del sistema judicial.

Con esta nueva jornada de protesta, la UEJN busca reforzar su presencia en el escenario gremial nacional y marcar distancia del modelo económico que, según denuncian, “destruye el poder adquisitivo y amenaza la estabilidad del Poder Judicial”. La vigilia del jueves y el paro del viernes serán, para el gremio, una doble señal de resistencia ante lo que consideran una ofensiva política y económica sin precedentes sobre el sector.

El Ejecutivo nacional oficializó la venta de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en la cuenca del río Limay y Neuquén. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el plan de privatizaciones impulsado por el presidente Javier Milei para reducir la participación estatal en el sector energético. El proceso será nacional e internacional, con la totalidad del paquete accionario en oferta, y marca un hito en la política de desestatización del Gobierno.

La norma, publicada en el Boletín Oficial, dispone la difusión del llamado durante tres días consecutivos tanto en el Boletín como en los portales oficiales CONTRAT.AR, DGMarket (Banco Mundial) y la Secretaría de Energía, con el objetivo de garantizar transparencia y concurrencia internacional.

El proceso se inscribe en la política de privatización y desinversión estatal que impulsa el presidente Javier Milei, en el marco de su programa de “reconversión del Estado empresario” y apertura de sectores estratégicos a capital privado.

Según fuentes oficiales, el Gobierno busca “mejorar la eficiencia y la competitividad del sistema eléctrico”, reduciendo costos de operación y trasladando las inversiones de mantenimiento y modernización a empresas privadas, nacionales o extranjeras.

Las represas en detalle

Alicurá

Ubicada sobre el río Limay, entre las provincias de Neuquén y Río Negro, fue inaugurada en 1985. Tiene una potencia instalada de 1.000 MW, con una presa de 110 metros de altura y un embalse de más de 3.000 hectáreas. Es considerada la primera gran represa del complejo Limay y una de las que mayor aporte realiza al sistema interconectado.

El Chocón

Inaugurada en 1973, también sobre el río Limay, en territorio neuquino–rionegrino. Su potencia instalada alcanza los 1.200 MW. Fue construida por la empresa estatal Hidronor durante la década del ’60, y por años se la consideró “la obra del siglo” por su impacto en el desarrollo energético y en el control de crecidas del río.

Cerros Colorados

Ubicado sobre el río Neuquén, este complejo comprende tres obras principales: Los Barreales, Portezuelo Grande y El Chañar, con una potencia conjunta de 480 MW. Además de generación eléctrica, cumple un rol clave en el riego del Alto Valle y en la regulación del caudal del río. Es uno de los proyectos hidroeléctricos más antiguos de la región, finalizado a comienzos de los años ochenta.

Piedra del Águila

La más moderna de las cuatro, fue inaugurada en 1993. Se ubica también sobre el río Limay y tiene una potencia instalada de 1.400 MW, lo que la convierte en la segunda represa más potente del país, solo detrás de Yacyretá. Su embalse, de unos 20.000 hectáreas, se extiende entre las provincias de Neuquén y Río Negro.

En conjunto, estas cuatro centrales aportan cerca del 25 % de la energía hidroeléctrica del país y son esenciales para el abastecimiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, constituyen un eje de desarrollo estratégico para la Patagonia norte.

Del fin de las concesiones a la privatización

Las concesiones originales de estas represas, otorgadas en los años noventa durante el proceso de privatización del gobierno de Carlos Menem, vencieron entre 2023 y 2025.
Tras su vencimiento, el Estado nacional, a través de Energía Argentina (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA), asumió temporalmente la administración de los complejos, bajo un esquema de “reversión” al dominio público, con el objetivo de definir un nuevo marco de gestión.

Sin embargo, con la llegada de Milei a la Presidencia y la orientación de reducción del Estado empresario, la reversión dio paso a una nueva ola privatizadora, esta vez con la venta total del capital accionario de las sociedades controlantes.
El Ejecutivo argumenta que la operación permitirá “atraer inversiones, garantizar eficiencia operativa y generar ingresos fiscales”, aunque evita precisar montos estimativos de la venta.

Reacciones políticas y provinciales

El anuncio provocó reacciones inmediatas en las provincias de Neuquén y Río Negro, donde los gobiernos locales habían solicitado una participación directa en la gestión futura de los embalses, bajo el argumento de que los recursos hídricos son de dominio provincial según la Constitución de 1994.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, manifestó su “preocupación” y adelantó que pedirá la revisión del esquema de privatización para garantizar que la energía generada “beneficie también a las regiones productoras”.

Desde el ámbito sindical, la Asociación de Trabajadores de la Energía (APSEE) y gremios del sector alertaron sobre el riesgo de pérdida de soberanía energética y el posible impacto en los puestos de trabajo de las plantas. También cuestionaron que el Estado ceda activos que ya están amortizados y en plena producción, lo que podría implicar una transferencia patrimonial significativa al sector privado.

La venta de las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila representa uno de los movimientos más significativos del Gobierno de Javier Milei en su política de desestatización.

Estas represas no solo son estratégicas por su peso en la generación eléctrica, sino también por su valor simbólico: fueron emblemas del desarrollo estatal y regional durante más de medio siglo.

El proceso abre un debate profundo sobre el modelo energético y la soberanía sobre los recursos hídricos, en un contexto donde la Nación busca recaudar fondos y liberar responsabilidades operativas, mientras las provincias reclaman su rol constitucional.
Entre la promesa de eficiencia y el temor a la pérdida de control, la venta de las represas patagónicas se perfila como un nuevo punto de inflexión en la historia energética argentina, con impacto político, social y territorial de largo alcance.

El secretario general de la UOM San Juan, Martín Solazzo, explicó la compleja situación paritaria que atraviesa el sector, con aumentos suspendidos y negociaciones demoradas por parte de las cámaras empresarias. También detalló la estrategia para ampliar la representación gremial en la minería, mientras se desarrollan obras de infraestructura sindical. La inminente visita a la provincia de Abel Furlán, máximo referente nacional del gremio, adquiere un fuerte valor político y simbólico en la antesala del Día de la Lealtad Peronista.

La discusión paritaria metalúrgica se encuentra en un punto muerto. El acuerdo firmado en agosto de 2025 contemplaba un plus de 25 mil pesos que debía incorporarse al salario básico a partir de septiembre. Sin embargo, las cámaras industriales se niegan a hacerlo efectivo, argumentando que la homologación del convenio venció en agosto.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, el titular de la UOM San Juan, Martín Solazzo, fue categórico:

“El acuerdo establecía que ese plus debía pasar al básico en septiembre. Las cámaras dicen que no pueden hacerlo porque la paritaria no fue firmada para adelante. Nosotros sostenemos que debe tomarse como base de cálculo y que los trabajadores no pueden cobrar menos que el mes anterior.”

Ante la indefinición, algunas empresas decidieron continuar pagando el bono como ítem transitorio para evitar una merma salarial. Mientras tanto, el gremio aguarda que la Secretaría de Trabajo, convoque a una nueva mesa de negociación que permita recomponer los haberes y garantizar que el incremento sea retroactivo.

“Los salarios de los metalúrgicos han perdido mucho poder adquisitivo. Estamos reclamando un esquema que garantice previsibilidad, no queremos aumentos que se diluyan en dos meses”, enfatizó Solazzo.

Un frente sindical en expansión: la UOM y el sector minero

Con la mirada puesta en el futuro, la conducción sanjuanina del gremio busca consolidar su presencia en la minería, una actividad en crecimiento que concentra a cientos de trabajadores metalúrgicos. Durante una recorrida de cuatro días por la mina Veladero, Solazo y su equipo dialogaron con operarios y supervisores de empresas contratistas del rubro metalmecánico.

“Durante años la UOM estuvo ausente en la minería. Nuestra intención es revertir eso, estar presentes, conocer las condiciones laborales y asegurarnos de que los compañeros estén encuadrados bajo nuestro convenio”, sostuvo el dirigente.

El sindicato avanza en conversaciones con Barrick, con el objetivo de establecer un convenio metalúrgico-minero que contemple ítems como zona desfavorable, plus minero y bonificaciones por productividad.

“Queremos una escala salarial propia que refleje la realidad del sector. Es una deuda histórica con los metalúrgicos que trabajan en las minas”, el referente de la UOM en la provincia, quien destacó la predisposición de las empresas para avanzar en un entendimiento que fortalezca la formalidad y la equidad salarial.

La visita de Furlán: política, gremialismo y símbolo de unidad

En medio de estas definiciones, la visita de Abel Furlán, secretario general de la UOM nacional y referente del peronismo sindical, se proyecta como un hecho de alto impacto. Su llegada a San Juan coincidirá con la conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, y reunirá a representantes gremiales y dirigentes políticos en el Parque de Rawson.

“Queremos que Abel venga no solo como dirigente metalúrgico, sino como referente del movimiento obrero dentro del peronismo. Es una figura respetada y su palabra es clave para analizar el presente de la industria y del país”, afirmó Solazzo.

La actividad tendrá una fuerte carga simbólica: unidad gremial, defensa del trabajo industrial y reafirmación del compromiso con los valores fundacionales del movimiento obrero.

“Estamos viviendo un momento difícil, con salarios golpeados y un modelo económico que prioriza la especulación. Por eso es importante mostrar cohesión y pertenencia”, agregó el titular de la UOM San Juan.

Infraestructura sindical: una mejora tangible para los afiliados

En paralelo al frente paritario y político, la organización avanza con obras de infraestructura en su camping de Villa Krause, un espacio emblemático para las familias metalúrgicas. Las tareas incluyen la renovación total de los baños y vestuarios, la instalación de cloacas y la refacción integral de los servicios.

“Son instalaciones con más de cincuenta años. Decidimos hacer todo nuevo, con estándares modernos y mayor comodidad para los afiliados”, explicó el sindicalista. Mientras se concretan los trabajos, el gremio dispuso sanitarios provisorios para mantener operativo el predio.

El proyecto contempla, además, la construcción de un nuevo sector de sanitarios exclusivos para el salón de eventos —con capacidad para 350 personas—, que permitirá mejorar la infraestructura social y recreativa.

“Queremos llegar a la temporada de verano con un camping completamente renovado. Es una forma de retribuir el esfuerzo de los trabajadores en tiempos difíciles”, remarcó Solazzo.

Entre la defensa salarial, la expansión en la minería y la puesta en valor de la infraestructura sindical, la UOM San Juan atraviesa una etapa de consolidación y crecimiento institucional.
El liderazgo de Martín Solazzo refleja una estrategia que combina gestión, cercanía con los trabajadores y una lectura política de contexto.

La visita de Abel Furlán coronará este proceso con una señal clara: la UOM busca reafirmar su protagonismo dentro del movimiento obrero argentino, revitalizar su vínculo con la industria y proyectarse como un actor central en la reconstrucción del trabajo y la producción.

Por Mundo Laboral SJ