El último mes de 2025 comenzó atravesado por una escalada de conflictos laborales en sectores clave de la industria nacional. Cierres repentinos, suspensiones, retiros forzados y despidos masivos se multiplican en textiles, metalurgia, automotrices y comercio mayorista. Empresarios y gremios coinciden en señalar la caída del consumo, el impacto de las importaciones y las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei como los factores principales de la crisis.

El arranque de diciembre expuso una realidad que los sindicatos venían advirtiendo durante todo el año: la industria argentina atraviesa uno de los momentos más duros de la última década. En apenas siete días, se registraron cierres de plantas, paralizaciones casi totales, cientos de despidos y el uso creciente del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar indemnizaciones reducidas bajo el argumento de “fuerza mayor o falta de trabajo”.

Desde textiles y metalúrgicas hasta terminales automotrices y cadenas mayoristas, el mapa productivo acumula señales de deterioro profundo.

Textiles: fábricas que bajan la persiana y trabajadores en la calle

Hazan Silvia (Lanús): 50 empleos en riesgo y una conciliación que solo aporta tiempo

La tradicional textil Hazan Silvia, con décadas de actividad en Lanús, anunció su cierre definitivo dejando a 50 trabajadores al borde del despido. La empresa atribuyó la decisión a la competencia desigual con productos importados, especialmente de China, y a la caída en la demanda interna.

Gremios y organizaciones territoriales realizaron una protesta masiva y denunciaron que el dueño busca aplicar el artículo 247 para pagar indemnizaciones reducidas. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, frenando momentáneamente el cierre.

El secretario general de la AOT, Guillermo Aguilar, fue categórico: “No corresponde aplicar el artículo 247. Esto es destrucción industrial”.

Marechiare (Mar del Plata): otra histórica que se despide

La conservera Marechiare, emblemática en el sector pesquero, cerró definitivamente y dejó 40 trabajadores sin empleo. La caída de ventas y los costos crecientes empujaron a la firma al cierre. La mayoría de los afectados firmó acuerdos de desvinculación.

Metalurgia en emergencia: parálisis productiva y salarios impagos

Ascensores Cóndor (Ituzaingó): de 180 empleados a una planta casi vacía

La fábrica Ascensores Cóndor atraviesa una crisis sin precedentes: apenas quedan 40 operarios, muchos de ellos con cuatro meses de salarios impagos, y la producción está totalmente detenida por falta de insumos. Además, los trabajadores denunciaron que hay al menos 200 ascensores cobrados pero nunca entregados, un indicio de colapso empresarial.

Electropart (Córdoba): despidos sin indemnización plena

La metalúrgica Electropart despidió a ocho trabajadores —casi la mitad de su personal— aplicando el artículo 247. La UOM Córdoba denunció que la empresa busca anticiparse a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. “Esto es lo que viene: echar trabajadores sin pagar lo que corresponde”, señalaron desde la seccional.

PLA by John Deere (Santa Fe): más recortes y preocupación en la región

La planta metalmecánica PLA by John Deere confirmó nuevos despidos en Las Rosas, profundizando la preocupación en el sector. La UOM regional sigue el caso y advierte que la situación podría agravarse en las próximas semanas.

Automotrices: ajustes drásticos en terminales clave

General Motors (Alvear): menos de la mitad del personal en dos años

La terminal de General Motors redujo drásticamente su planta: pasó de más de 1.000 trabajadores a unos 600. En noviembre se sumaron 90 retiros voluntarios y ya acumula más de 300 desvinculaciones desde 2024, además de suspensiones y reducción de turnos.

Peugeot (El Palomar): vacaciones adelantadas y producción frenada

En Peugeot, la decisión fue adelantar vacaciones y frenar la producción por más de un mes debido a la caída de ventas y exportaciones. El reinicio está previsto recién para enero. La medida ya genera un efecto arrastre en proveedores.

El efecto dominó del cierre de Whirlpool

El cierre de la planta de lavarropas de Whirlpool en Pilar provocó una reacción en cadena entre las pymes proveedoras del Parque Industrial. Empresas de insumos y logística se vieron obligadas a despedir personal y detener líneas de producción, evidenciando la fragilidad del entramado industrial.

Comercio mayorista: Caromar y un golpe brutal al empleo

La cadena Caromar, dedicada a productos de limpieza y descartables, cerró al menos cuatro de sus ocho sucursales dejando más de 200 trabajadores sin empleo en San Justo, Mar del Plata, Burzaco, José C. Paz y Rosario.

La empresa apeló al artículo 247 para pagar solo la mitad de las indemnizaciones, pero los gremios de Comercio y Camioneros rechazaron la medida por “improcedente e injustificada”, ya que la firma mantiene operaciones en otras localidades.

Un modelo económico que profundiza la recesión

La acumulación de despidos, cierres y paralizaciones refleja un patrón común: el impacto directo del ajuste fiscal, la apertura importadora, la caída del consumo y la contracción del mercado interno.

Gremios de todos los sectores advierten que la política económica del Gobierno nacional acelera el deterioro industrial, mientras que empresarios justifican las medidas por la falta de rentabilidad y la imposibilidad de competir en un mercado abierto.

La utilización creciente del artículo 247 aparece como un síntoma: las empresas buscan abaratar costos laborales en un contexto de emergencia.

La primera semana del mes deja una señal clara: si no hay un cambio de rumbo económico, la destrucción de empleo continuará. Con fábricas paralizadas, cadenas comerciales recortando estructuras y gremios en pie de conflicto, la Argentina enfrenta un cierre de año marcado por la incertidumbre y el riesgo de una crisis laboral más profunda.

Diciembre recién empieza, pero el clima ya está instalado: conflictividad creciente, industria golpeada y miles de trabajadores en una situación límite.

La paritaria docente de San Juan entró nuevamente en una fase clave. Este viernes, durante la quinta sesión de la cuarta negociación salarial del año, el Gobierno provincial formalizó una nueva propuesta integral que apunta a recomponer los haberes del sector docente hacia fin de año y proyectar aumentos para los primeros meses de 2026. Los gremios decidieron trasladar la propuesta a sus bases y retomar la negociación el 12 de diciembre.

Pese a la expectativa generada, la reunión concluyó sin una definición final. Tal como lo establece el procedimiento estatutario, los tres gremios docentes —UDAP, UDA y AMET— resolvieron trasladar la oferta a sus bases, donde será evaluada antes de dar una respuesta en la próxima convocatoria.

El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, acompañados por funcionarios de ambas carteras. Por el lado sindical, las conducciones gremiales participaron con sus equipos técnicos y asesores legales.

Los puntos centrales de la propuesta oficial

El Ejecutivo provincial detalló una oferta que combina actualizaciones inmediatas y proyecciones hacia 2026. Los principales ejes son:

Incremento del valor índice para diciembre, aplicando la variación mensual del IPC informada por el INDEC correspondiente al mes previo.

Aumento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente, a partir de diciembre.

Suba de 5 puntos en el código E60, que alcanzará los 44 puntos desde diciembre de 2025.

Incremento del 5% del valor índice para marzo de 2026, tomando como base el valor de diciembre de 2025.

Según explicaron desde la mesa negociadora, se trata de una actualización que busca sostener el poder adquisitivo en un contexto de alta inflación y, al mismo tiempo, ordenar la estructura salarial docente hacia el inicio del ciclo lectivo 2026.

Quiénes estuvieron presentes

En representación del Gobierno participaron:

Roberto Gutiérrez, ministro de Economía

Silvia Fuentes, ministra de Educación

Emilio Achem, secretario General de la Gobernación

Mariela Mingorance, secretaria de Hacienda

Mariela Lueje, secretaria de Educación

Rodolfo Navas y Abel Farías, directores de Educación

Sergio Castro, director de Recursos Humanos

Vanesa Mestre, jefa de Asesoría Letrada

Martín Recabarren y Adriana Aguirre, asesores jurídicos

Por los sindicatos:

UDAP: Patricia Quiroga, Daniel Persichella, Verónica Jofré, Walter Ríos

AMET: Daniel Quiroga, Adrián Ruiz

(La representación de UDA también estuvo presente, aunque sin detalle nominal en el acta difundida).

Un cuarto intermedio que abre un compás de espera

La decisión de pasar a cuarto intermedio hasta el 12 de diciembre a las 14 horas responde a la necesidad de que cada gremio consulte la propuesta con sus afiliados, un paso que siempre resulta determinante en negociaciones de alto impacto como la salarial.

En el Gobierno hay expectativa de obtener una respuesta favorable, aunque las conducciones gremiales advierten que la definición estará en manos de las bases, que evaluarán si la oferta responde a sus demandas en un cierre de año marcado por la tensión económica.

En un plenario nacional, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió presentar un amparo judicial para exigir que el Gobierno cumpla íntegramente la Ley de Financiamiento Universitario. La conducción del gremio, encabezada por Walter Merkis, denunció un “incumplimiento sistemático” del Ejecutivo y alertó que, sin respuestas, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas.

La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. En un masivo plenario nacional de secretarios generales, FATUN definió los pasos a seguir frente a lo que considera un incumplimiento grave del Ejecutivo: la suspensión de hecho de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en dos oportunidades.

La organización nodocente ratificó el estado de “alerta y movilización” y sostuvo que el oficialismo, al no aplicar la norma, agrava la situación presupuestaria de las universidades y deteriora las condiciones laborales de casi 50.000 trabajadores del sector.

La vía judicial: un amparo contra la suspensión de la ley

La resolución del plenario incluye un elemento clave: FATUN acompañará y monitoreará la acción de amparo colectivo Expte. 16.348/2025, impulsada por el personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT), que pide declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la Ley 27.795.

El objetivo del gremio es claro: que la Justicia fuerce al Poder Ejecutivo a poner en plena vigencia la ley que garantiza el financiamiento del sistema universitario y la recomposición salarial del personal nodocente.

Para FATUN, el decreto que frena la norma es “irregular”, vulnera la división de poderes y desconoce una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Advertencia fuerte: riesgo para el ciclo lectivo 2026

En su documento final, el plenario fue contundente: si el Gobierno mantiene su postura y no habilita los fondos previstos, “peligra el comienzo del ciclo lectivo 2026 y el normal funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

La falta de actualización presupuestaria ya afecta áreas críticas como mantenimiento, servicios esenciales, becas, funcionamiento administrativo, insumos tecnológicos y programas de extensión.

Reclamo político: presión al Congreso y al CIN

Además de la vía judicial, FATUN definió otras acciones políticas y gremiales:

1. Reclamo al Congreso

El gremio solicitará nuevamente que el Parlamento ratifique públicamente su defensa de la universidad pública y exija el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, tal como ya hizo al sancionarla dos veces este año.

2. Convocatoria a la Comisión Negociadora

El sindicato reclamará al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoque a la Comisión Negociadora de Nivel General. El objetivo: evaluar la situación crítica y consensuar estrategias para defender las necesidades presupuestarias del sistema.

3. Facultades para acciones directas

El plenario otorgó a la Mesa Ejecutiva de FATUN la potestad de adoptar todas las medidas de acción directa que considere necesarias, manteniendo activa la estructura del plan de lucha.

Un conflicto que se agrava

FATUN denunció que, pese a dos años de “firme voluntad negociadora”, el Gobierno no respondió a ninguna de las propuestas elevadas por el gremio. La situación —según la entidad— profundiza la pérdida salarial, afecta la sustentabilidad de las cajas previsionales y deteriora la salud laboral del personal.

La pulseada se inscribe en un conflicto mayor que atraviesa todo el sistema universitario: congelamiento presupuestario, paritarias cerradas, recortes en programas y la suspensión de la normativa que garantizaba un horizonte de financiamiento a mediano plazo.