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Luego de que el Ministerio de Trabajo de la Nación establezca en la Resolución 1133/2023 del Boletín Oficial, la UOM informó que las empresas de las actividades, que no contemplen en su Convenio Colectivo de Trabajo la absorción del bono en los aumentos salariales, deberán pagar la suma dispuesta en el Decreto 438/23.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que lidera Abel Furlán, informó a sus afiliados que conforme a lo informado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, el bono de $60.000 anunciado por el Ministro de Economía, Sergio Massa, no podrá ser absorbido en los aumentos estipulados en las paritarias, puesto que no está previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo.

De esta manera, las empresas comprendidas en la actividad deberán abonar la asignación no remunerativa que figura en el Decreto en los términos establecidos por el mismo. En un comunicado difundido por el gremio, se aclara que puesto que “el acuerdo paritario suscripto el 24/7/2023 no establece cláusula de absorción con respecto a la gratificación extraordinaria pactada por el día del metalúrgico” las empresas del sector “ deberán abonar la asignación no remunerativa establecida en el mencionado Decreto en los términos y con los alcances allí previstos”.

Durante el día de ayer, el Ministerio de Trabajo de la Nación, a través del Boletín Oficial, publicó la Resolución 1133/2023 que establece los alcances y las posibilidades de absorción del bono en cuestión para los trabajadores que se desarrollan en el sector privado.

En la Resolución, la cartera de Trabajo explicó que los beneficiarios serán aquellos trabajadores con relaciones laborales declaradas hasta el 31 de agosto de 2023. Además, aclaró que para que el bono “no afecte la dinámica de la negociación colectiva” podrá ser absorbido “en concepto de los aumentos salariales” solo en los casos que esté previsto en las cláusulas de los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes.

En este sentido, la Seccional Capital de la UOM aclaró que conforme a lo establecido por el DNU, el bono tendrá un tope máximo de $400.000 y un margen a partir de $370.000. Es decir que un trabajador que perciba un salario de $360.000 recibirá una suma de $30.000, pero en el caso de que el asalariado perciba $380.000, el bono será de $20.000 y así sucesivamente.

Además, la Seccional informa que el primer tramo del bono, correspondiente al mes de agosto, será cobrado dentro de los primeros 15 días hábiles del mes de septiembre. Mientras que el segundo tramo, estipulado para el mes corriente, se liquidará en los términos legales de la normativa en vigencia.

El gremio homologó la paritaria la semana pasada a instancias del ministerio de Trabajo, estableciendo un aumento del 20% en julio, un 9% en agosto y 9% en septiembre, todos de carácter acumulativos por lo que determina una suba total del 42,5%.

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Departamentales

Más aulas y tecnología para los estudiantes de Difunta Correa

La Escuela República del Paraguay incorporó un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de mejoras integrales en sus instalaciones. Durante la recorrida, el gobernador Marcelo Orrego también supervisó la construcción de un nuevo centro de salud y una dependencia de la Policía Rural.

Esta obra incluyó la construcción de un aula para Nivel Inicial, dependencias administrativas, sanitarios y un playón deportivo, además de la renovación de aulas y galerías y trabajos sobre cubiertas, instalaciones eléctricas y sanitarias, carpinterías, pisos, espacios exteriores y cierre perimetral.

La jornada también tuvo un componente tecnológico. Estudiantes de la institución recibieron computadoras destinadas a acompañar sus aprendizajes y ampliar el acceso a herramientas digitales. Orrego señaló que la incorporación de tecnología forma parte de una política que busca reducir las brechas educativas y anticipó que la provincia prevé avanzar con la entrega de 50.000 equipos para alumnos de escuelas secundarias.

“Hoy tener una computadora significa acceder al conocimiento, a las nuevas tecnologías y a la inteligencia artificial”, sostuvo el gobernador, quien vinculó esa incorporación con la igualdad de oportunidades. También destacó los programas provinciales de alfabetización y Comprendo y Aprendo como parte de las políticas educativas que lleva adelante su administración.

La visita a Vallecito incluyó además una recorrida por otras obras públicas destinadas a ampliar la prestación de servicios para los habitantes del paraje. Entre ellas se encuentra el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Vallecito, que registra un avance del 25%.

El futuro establecimiento contará con consultorios, áreas de odontología y ginecología, enfermería, farmacia, guardia, dependencias administrativas y espacios para el personal. Su incorporación permitirá ampliar la atención sanitaria sin que los vecinos deban trasladarse fuera de la localidad para acceder a prestaciones básicas.

Otro de los proyectos supervisados fue la Unidad Operativa Rural N.º 1 Vallecito, también con un avance del 25%. La dependencia dispondrá de oficinas, guardia, dormitorios, cocina-comedor, sanitarios, estacionamiento y corrales, con el objetivo de reforzar la presencia y capacidad operativa de la Policía Rural.

De esta manera, los proyectos de educación, salud y seguridad forman parte de un plan integral para Vallecito y el paraje Difunta Correa, equilibrando las necesidades de la comunidad local con el constante flujo de turistas y peregrinos.

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Destacadas

El Gobierno acelera su mapa de privatizaciones y apunta a cinco empresas públicas

La administración de Javier Milei busca concretar antes del primer semestre de 2027 nuevos procesos de privatización o concesión sobre al menos cinco compañías estatales. AySA encabeza el cronograma, seguida por Belgrano Cargas, Intercargo, ENARSA y la central termoeléctrica Vuelta de Obligado.

AySA aparece como la operación más inmediata. La apertura de ofertas por el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos está prevista para el 15 de septiembre. El proceso no contempla un precio base, aunque existe una valuación elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que funcionará como referencia para las propuestas.

Entre los empresarios mencionados como potenciales interesados figura Mauricio Filiberti, propietario de Transclor y vinculado a Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor. La definición quedará supeditada al proceso licitatorio y a las condiciones establecidas por el Gobierno.

El sistema ferroviario de cargas constituye otra de las apuestas centrales. El Gobierno ya lanzó la licitación para concesionar las vías y los inmuebles asociados a las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

La concesión tendrá un plazo de 50 años y requeriría inversiones estimadas en alrededor de US$1.000 millones. Las empresas adjudicatarias podrán acceder además a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El pliego incorpora una condición particular: quedan excluidas las compañías controladas directa o indirectamente por gobiernos extranjeros. Los interesados podrán formular consultas hasta el 28 de octubre y deberán presentar sus ofertas antes del 11 de noviembre a las 9.59.

El Ejecutivo también trabaja sobre Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de asistencia en tierra y operaciones de rampa en los aeropuertos. Después de un primer proceso sin resultado definitivo, las autoridades preparan un nuevo llamado antes de fin de año, aunque todavía resta definir la modalidad.

La agenda continúa con ENARSA, compañía dedicada a la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y a la generación eléctrica. La administración nacional también analiza avanzar sobre los gasoductos que permanecen bajo su órbita.

A estas operaciones se suma la central termoeléctrica Vuelta de Obligado, cuyo proceso está previsto para el primer trimestre de 2027.

La secuencia revela una política sostenida de transferencia de activos y concesiones estatales al capital privado. Con AySA como primera prueba relevante, el Gobierno busca avanzar durante los próximos meses sobre infraestructura sanitaria, transporte ferroviario, servicios aeroportuarios y energía, con el objetivo de reducir la participación directa del Estado en esas áreas.

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Destacadas

El Gobierno validó el acuerdo entre la UOM y las empresas siderúrgicas

El Gobierno nacional homologó el acuerdo de la Rama 21 siderúrgica firmado por la UOM y las empresas el 13 de agosto. El entendimiento contempla una mejora del 12%, sumas extraordinarias de hasta $1,6 millones y la incorporación de los porcentajes al salario básico desde enero de 2027.

La Secretaría de Trabajo de la Nación, encabezada por Julio Cordero, homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) con las empresas siderúrgicas correspondientes a la Rama 21 del Convenio Colectivo 260/75.

El entendimiento había sido alcanzado el 13 de agosto, por lo que la aprobación administrativa llegó apenas 13 días después. La rapidez del trámite contrasta con una negociación que permaneció abierta durante aproximadamente dos años sin alcanzar un acuerdo definitivo.

El convenio establece un incremento total del 12%, instrumentado mediante sumas no remunerativas. El primer 6% se aplicará durante agosto, septiembre y octubre, mientras que el segundo 6%, no acumulativo, regirá durante noviembre y diciembre.

Los porcentajes acordados pasarán a integrar los salarios básicos de convenio desde el 1° de enero de 2027, conforme a las condiciones fijadas en el entendimiento.

Bono extraordinario

La negociación también contempla una compensación extraordinaria para los trabajadores. Los empleados propios de las compañías siderúrgicas recibirán una suma de $1.600.000, mientras que para quienes pertenecen a empresas contratistas se estableció un monto equivalente al 80%, de $1.280.000.

El pacto fue alcanzado por la comisión paritaria de la UOM designada por el interventor judicial del sindicato, Alberto Biglieri, junto con representantes de las compañías del rubro.


El cierre de una negociación extensa

La resolución puso fin a una prolongada disputa salarial que había atravesado distintas instancias de negociación. El proceso se reactivó con la conformación de una mesa de delegados paritarios, en medio de la intervención judicial del gremio y el desplazamiento de Abel Furlán.

La decisión de la autoridad laboral formaliza así un acuerdo largamente esperado por los trabajadores siderúrgicos y establece el esquema de ingresos que regirá hasta comienzos de 2027.

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