El beneficio del boleto gratuito para estudiantes y docentes puede utilizarse tanto en la tarjeta física como en la versión digital. Existen formas simples y rápidas de verificar si está correctamente activado.

En el marco de las políticas de acceso al transporte, el Ministerio de Gobierno difundió los mecanismos disponibles para comprobar si el beneficio del Boleto Escolar y Docente Gratuito se encuentra activo en la tarjeta SUBE, ya sea en su formato tradicional o digital. La verificación es clave para evitar inconvenientes al momento de viajar.

Cómo verificarlo en la SUBE física

Quienes utilicen la tarjeta plástica pueden confirmar la activación del beneficio mediante dos opciones:

Terminal Automática SUBE (TAS):
Al apoyar la tarjeta en una de estas terminales, la pantalla indicará el estado. Si aparece el mensaje “Tenés beneficio local”, significa que el boleto gratuito está correctamente habilitado.

Aplicación SUBE:
Al consultar el saldo desde el celular, el sistema mostrará la leyenda “Tu tarjeta está actualizada”, lo que confirma que los beneficios fueron cargados.
Estas alternativas permiten validar la condición de manera inmediata y sin necesidad de intermediarios.

Cómo comprobarlo en la SUBE Digital
En el caso de quienes utilizan el sistema desde el celular, el procedimiento requiere una configuración previa:
Establecer la SUBE Digital como tarjeta principal
Ingresar a Menú
Seleccionar Configuraciones
Ir a “Tu SUBE principal”
Elegir SUBE Digital y confirmar
Verificar el beneficio
Acceder a la pantalla principal
Ingresar en la sección “Beneficios”
Confirmar si el boleto gratuito figura como activo
Este método permite una consulta directa y centralizada desde la aplicación, sin necesidad de dispositivos adicionales.

La digitalización del sistema SUBE amplió las opciones de acceso y control para los usuarios, pero también exige una correcta configuración para evitar errores. Verificar que el boleto gratuito esté activo —ya sea en la tarjeta física o en su versión digital— es un paso simple que garantiza el uso efectivo del beneficio y evita contratiempos en el transporte público.

La primera audiencia pública en Diputados expuso tensiones de fondo en torno a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno: cuestionamientos al proceso participativo, advertencias científicas y un debate que trasciende lo ambiental para instalarse en el terreno del empleo, el desarrollo y los derechos básicos.

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares ingresó en una fase decisiva con la primera audiencia pública realizada este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados. Lejos de consolidar consensos, la instancia evidenció un escenario de alta conflictividad política e institucional, atravesado por denuncias de restricción en la participación ciudadana y por un debate de fondo que enfrenta dos modelos de desarrollo.

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente. Entre los cambios más significativos, elimina la prohibición de actividades mineras en zonas periglaciales y transfiere a las provincias la potestad de definir qué áreas deben ser protegidas, desplazando el criterio técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

La iniciativa, presentada oficialmente como un paso hacia el “ordenamiento normativo”, abre interrogantes sobre el equilibrio entre autonomía provincial, rigor científico y resguardo ambiental.

Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo exclusivamente en el contenido del proyecto, sino en las condiciones bajo las cuales se desarrolló el debate. Apenas el 0,3% de los inscriptos pudo hacer uso de la palabra, en su mayoría en oposición a la reforma. Este dato activó una impugnación formal por parte de legisladores de distintos bloques, quienes sostienen que el esquema implementado vulnera principios constitucionales, así como normativas ambientales y acuerdos internacionales como el de Escazú, que garantizan la participación pública en decisiones de alto impacto.

En el plano argumental, el oficialismo sostiene que la flexibilización de la ley permitirá dinamizar la economía a través de inversiones millonarias y generación de empleo. Según estimaciones del sector empresarial, la apertura de nuevas áreas podría atraer hasta 33.000 millones de dólares hacia 2032 y crear cientos de miles de puestos de trabajo. No obstante, estas proyecciones son puestas en duda por antecedentes concretos de la actividad minera en el país.

Durante la audiencia, diversas exposiciones recuperaron el caso de Bajo La Alumbrera como ejemplo de los límites del modelo extractivo: explotación intensiva, bajo valor agregado local, escasa generación de empleo sostenido y fuertes pasivos ambientales al cierre de los yacimientos. La minería metalífera, caracterizada por su alta inversión de capital y baja demanda de mano de obra, aparece así en conlficto con actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, que dependen de recursos hídricos estables y generan ocupación a largo plazo.

Es precisamente el agua el eje que articula las principales preocupaciones. Más del 36% del territorio continental argentino depende de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que convierte a estos ecosistemas en una pieza estratégica no solo para el consumo humano, sino también para la sostenibilidad de economías regionales enteras. Provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén basan buena parte de su producción en sistemas de riego que podrían verse comprometidos ante cualquier alteración significativa de las reservas hídricas.

La discusión se inscribe, además, en un contexto internacional marcado por la creciente escasez de agua. Un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas advirtió sobre una “quiebra hídrica global”, señalando el agotamiento irreversible de acuíferos en distintas regiones del planeta. En esa línea, organismos internacionales ya expresaron preocupación por el rumbo de la reforma argentina, alertando sobre posibles vulneraciones al derecho humano al acceso al agua.

A este escenario se suma otro dato relevante: un relevamiento de la Universidad de Zurich identificó decenas de emprendimientos mineros actualmente en infracción con la ley vigente, emplazados en zonas de hielo. Para sectores críticos, la reforma no solo implicaría una flexibilización normativa hacia adelante, sino también una suerte de regularización retroactiva de actividades hoy cuestionadas, lo que tensiona aún más la legitimidad del proceso.

Desde el movimiento sindical y las organizaciones territoriales, la discusión adquiere una dimensión adicional. La reforma de la Ley de Glaciares es leída como parte de un paquete más amplio de políticas orientadas a reducir costos productivos y ampliar márgenes de rentabilidad para grandes capitales, paralelamente con cambios en la legislación laboral. En esa interpretación, ambiente y trabajo no son dimensiones separadas, sino variables interdependientes en la disputa por el modelo económico.

La reforma de la Ley de Glaciares expone una de las discusiones más complejas de la agenda pública actual: cómo compatibilizar la necesidad de crecimiento económico con la preservación de recursos estratégicos y derechos esenciales. El debate no se agota en la dicotomía entre minería y ambiente, sino que interpela la calidad institucional, la transparencia en la toma de decisiones y el tipo de desarrollo que se proyecta a largo plazo.

La audiencia pública, lejos de saldar diferencias, dejó al descubierto una fractura profunda entre los argumentos oficiales y las advertencias de amplios sectores sociales, científicos y productivos. Bajo estas circunstancias, el futuro de la ley no solo dependerá de mayorías legislativas, sino también de la capacidad del sistema político para procesar demandas, garantizar participación genuina y sostener un equilibrio que, en última instancia, definirá el acceso al agua y las condiciones de vida de las próximas generaciones.

En la antesala de un nuevo fin de semana largo, la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan dio a conocer el esquema de atención al público que regirá durante la celebración de Semana Santa, con el objetivo de aportar previsibilidad tanto a comerciantes como a consumidores.

Según precisaron desde la entidad, el día miércoles —jornada en la que se conmemora el Día del Empleado Público— la actividad comercial se desarrollará con total normalidad en todo el territorio provincial, sin modificaciones en los horarios habituales.

En tanto, para el Jueves Santo, la recomendación es mantener la operatoria habitual, por lo que los comercios abrirán sus puertas en los horarios regulares, sosteniendo el flujo comercial vigente.

El panorama cambia el Viernes Santo, considerado feriado nacional, jornada en la que no habrá atención al público. En ese sentido, la mayoría de los establecimientos permanecerá cerrada en adhesión a la conmemoración religiosa.

Finalmente, el sábado posterior marcará la reactivación plena de la actividad, con la apertura de los comercios en sus horarios normales.