Los docentes universitarios cumplen este jueves un nuevo paro nacional, en coincidencia con el Día del Profesor, luego de que la audiencia paritaria terminara nuevamente sin acuerdo. En simultaneo, el CIN cuestiona los $7,349 billones previstos por el Gobierno para las universidades y reclama elevarlos a $11 billones.

El conflicto en las universidades públicas volvió a quedar sin una salida inmediata. La nueva audiencia paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios docentes terminó este jueves sin acuerdo y sin una propuesta que permitiera acercar posiciones, mientras las casas de altos estudios enfrentan otra disputa de fondo por los recursos previstos para 2027.

La medida de fuerza coincide con el Día del Profesor y se desarrolla mientras las organizaciones sindicales solicitan una recomposición salarial superior a la ofrecida por el Ejecutivo. La última propuesta oficial había contemplado un aumento del 3% para septiembre, una pauta que los gremios rechazaron por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

La negociación salarial está vinculada además con el pedido urgente en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya instrumentación constituye uno de los principales puntos de desacuerdo entre las organizaciones docentes y el Gobierno.

A la discusión salarial se suma ahora la definición de los recursos para el próximo ejercicio. El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla $7,349 billones para las universidades nacionales, destinados al funcionamiento, la inversión y programas especiales.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una estimación sustancialmente superior. El organismo que reúne a los rectores aprobó un proyecto propio por $11 billones, cifra que considera necesaria para sostener el funcionamiento del sistema universitario durante 2027.

La diferencia asciende a aproximadamente $3,65 billones, por lo que la discusión parlamentaria se convirtió en otro de los puntos centrales de la disputa. Durante la presentación del proyecto ante diputados y senadores, el titular del CIN, Franco Bartolacci, advirtió que, si el Congreso no modifica y actualiza la partida, las universidades podrían enfrentar dificultades para iniciar normalmente el próximo ciclo lectivo.

El Gobierno sostiene una interpretación diferente. Según la posición oficial, el proyecto contempla los efectos de la cautelar judicial, una inflación proyectada del 18% y un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento. El Ejecutivo también cuestiona la metodología utilizada por los rectores para calcular los recursos que, según el CIN, exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De este modo, la negociación combina dos discusiones que, aunque tienen ámbitos formales diferentes, repercuten sobre el funcionamiento de las instituciones: los salarios del personal docente y nodocente y los fondos disponibles para sostener las universidades durante el próximo año.

Los sindicatos consideran que la mejora de los sueldos está estrechamente ligada a la devolución de los fondos para las universidades. La ausencia de acuerdos en las negociaciones, junto con la brecha entre las estimaciones del CIN y los recursos previstos por el Gobierno, deja la puerta abierta a nuevas protestas.

El Sindicato Jerárquico Minero ASIJEMIN y el Instituto Jean Piaget firmaron un Convenio Marco de Colaboración Institucional. El encuentro formal contó con la participación de Fabián Gascó, secretario técnico-profesional y de formación de ASIJEMIN, e Irina Korman, representante legal del Instituto Jean Piaget Salta SRL, acompañados de manera destacada por Roberto Velázquez, director de la regional NOA de ASIJEMIN, junto a su equipo de trabajo.

El objetivo principal de este acuerdo es buscar la capacidad técnica y sellar convenios académicos estrechamente vinculados al sector productivo e industrial, apuntando a diseñar, coordinar y ejecutar programas, cursos, talleres, diplomados y actividades de formación vinculadas directa e indirectamente a la actividad minera.

Este acuerdo organizacional sirve para impactar directamente en la investigación, la educación y el desarrollo tecnológico del sector. Con un foco absoluto destinado a los trabajadores mineros nucleados en ASIJEMIN, el convenio busca promover de forma constante la mejora continua, la seguridad laboral y la profesionalización del sector.

Como beneficio directo e inmediato para incentivar el estudio, el instituto otorgará un 20% de descuento en la carrera de Técnico Superior Minero para todos los afiliados y su grupo familiar, aplicable a modalidades presenciales, virtuales o mixtas. Con esta iniciativa, se espera consolidar un estándar de formación de excelencia que potencie el desarrollo sostenible de la región.

Mediante la creación de una Comisión Coordinadora Mixta que funcionará como enlace institucional, ambas entidades trabajarán en el seguimiento de cada programa para asegurar que las nuevas herramientas académicas respondan con precisión a las demandas operativas, productivas y tecnológicas que la minería actual exige en el norte argentino.

El Presupuesto 2027 enviado por Javier Milei al Congreso abrió una nueva disputa por el destino de los recursos públicos. Las universidades nacionales, los organismos científicos y las prestaciones vinculadas con discapacidad aparecen entre los principales puntos de cuestionamiento de la oposición y de organizaciones académicas y sociales, mientras el Gobierno mantiene como prioridad el equilibrio fiscal y una reducción progresiva de impuestos.

El proyecto contempla $7,34 billones para las universidades nacionales, una cifra significativamente inferior a los más de $11 billones calculados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento del sistema durante 2027. La diferencia supera los $3,6 billones y constituye uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento parlamentario.

El CIN sostiene que los recursos previstos no alcanzan para cubrir las necesidades de funcionamiento, salarios, investigación, becas y hospitales universitarios, además de cuestionar que el proyecto no incorpore plenamente las obligaciones derivadas de la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno, en cambio, defiende la partida y sostiene que contempla un aumento de los gastos de funcionamiento y las variables macroeconómicas previstas para 2027.

El recorte también alcanza al sistema científico en términos reales. El proyecto toma como referencia una inflación del 18% para 2027, por lo que partidas que crecen nominalmente por debajo de ese porcentaje pierden capacidad de compra. El CONICET recibiría $824.539 millones, un incremento nominal del 10,9%, mientras que el INTA tendría una reducción nominal del 12,4% y el INTI del 5,2%.

El deterioro acumulado es aún más significativo. De acuerdo con los análisis difundidos sobre el proyecto, el INTA arrastra una pérdida real superior al 43% desde diciembre de 2023 y el INTI ronda el 49%. Para Jorge Aliaga, integrante del Directorio del CONICET, la discusión excede la asignación anual: advirtió que la ausencia de una política definida de ciencia y tecnología puede dejar sin financiamiento a proyectos de investigación y afectar especialmente a los investigadores jóvenes.

Discapacidad constituye otro de los capítulos más sensibles. El proyecto modifica el régimen de prestaciones y elimina la pauta uniforme del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas, al permitir que cada organismo obligado determine los valores en su relación con los prestadores. También introduce cambios en el régimen de pensiones por invalidez, que quedaron bajo fuerte cuestionamiento de organizaciones vinculadas con el área.

La iniciativa también propone modificar el mecanismo de actualización automática de determinadas asignaciones familiares. Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo, la asignación por embarazo y las prestaciones vinculadas con discapacidad. De aprobarse los cambios, esos incrementos dejarían de estar atados de manera automática al índice de movilidad vigente y pasarían a depender de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo.

El otro componente de la discusión es tributario. El Gobierno sostiene que la reducción de impuestos forma parte de su política para disminuir la presión fiscal y favorecer la inversión. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya anticipó nuevas rebajas impositivas y ratificó el objetivo oficial de continuar reduciendo derechos de exportación y otros tributos.

Un informe del IARAF, dirigido por Nadin Argañaraz, estimó que las modificaciones tributarias impulsadas desde 2024 implican una pérdida de recaudación significativa y proyectó que el costo fiscal acumulado de las medidas anunciadas podría alcanzar el 4,7% del PBI hacia fines de 2027.

La propuesta presupuestaria entra ahora en la fase de deliberación legislativa, donde el financiamiento de la educación superior, la ciencia y los programas sociales concentrará los mayores debates. El dictamen del Parlamento no solo asignará los recursos para 2027, sino que validará las prioridades estratégicas del primer Presupuesto integral de la administración actual bajo su nuevo modelo fiscal.