El gobernador sanjuanino respondió al avance legislativo impulsado por Ricardo Quintela y sostuvo que la delimitación entre ambas provincias posee respaldo constitucional y parlamentario. Además convocó a todo el arco político local a sostener una posición común frente al reclamo de La Rioja.

La discusión por los límites entre San Juan y La Rioja sumó este viernes un nuevo episodio de alto voltaje político. Horas después de que la Legislatura riojana aprobara una ley destinada a fortalecer los reclamos territoriales de esa provincia, Marcelo Orrego salió a fijar una posición contundente: la jurisdicción sanjuanina no está sujeta a revisión por decisiones adoptadas de manera unilateral.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario provincial buscó despejar cualquier incertidumbre respecto de la situación jurídica de los territorios involucrados en la contienda. “Quiero ser claro con cada sanjuanino: nuestra jurisdicción no está en discusión. Los límites rigen hace 57 años y el propio Congreso confirmó su vigencia en 2014”, afirmó.

La declaración constituyó la primera respuesta oficial de San Juan luego de que el gobernador riojano Ricardo Quintela lograra respaldo legislativo para avanzar con un plan político y judicial orientado a cuestionar la delimitación vigente entre ambas provincias. La iniciativa contempla gestiones ante el Congreso de la Nación y eventuales presentaciones en los tribunales para sostener la posición riojana.

Desde la Casa de Gobierno sanjuanina remarcan que el caso ya cuenta con definiciones normativas firmes. Por ese motivo, Orrego recordó que cualquier modificación territorial requiere mecanismos institucionales específicos previstos por la Constitución Nacional y acuerdos que exceden la voluntad de una sola jurisdicción.

“Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley”, enfatizó el gobernador, en una frase que sintetiza la postura oficial frente al planteo impulsado desde La Rioja.

El diferendo trasciende la discusión cartográfica. Detrás de la controversia aparecen recursos naturales de enorme valor económico, emprendimientos mineros claves para la región y uno de los principales emblemas patrimoniales del país: el Parque Provincial Ischigualasto, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y convertido en una referencia internacional para la investigación paleontológica.

Consciente de esa dimensión, Orrego incorporó un mensaje de defensa institucional y económica de la provincia. “No vamos a permitir que se ponga en duda lo nuestro: el territorio, los recursos, el futuro y símbolos como Ischigualasto”, expresó.

El mandatario también procuró enviar una señal hacia el interior del sistema político sanjuanino. En un contexto donde la disputa podría trasladarse al ámbito legislativo nacional o incluso desembocar en la Corte Suprema de Justicia, convocó a oficialismo y oposición a sostener una posición común en defensa de los intereses provinciales.

“Convoco a todas las fuerzas políticas de la provincia a defender unidos lo que nos pertenece, con el mayor respeto por La Rioja, pero con la ley en la mano, con firmeza y sin especulaciones”, sostuvo.

La respuesta de Orrego marca el inicio de una etapa de mayor confrontación institucional entre ambas administraciones. Mientras La Rioja busca abrir una revisión de los límites vigentes mediante herramientas políticas y judiciales, San Juan sostiene que la cuestión ya fue resuelta por la legislación nacional. Con posiciones cada vez más definidas, el conflicto parece encaminarse hacia una discusión de alcance federal, donde no sólo estarán en juego los mapas provinciales, sino también recursos estratégicos y proyectos clave para el desarrollo económico de la región.

La Legislatura riojana aprobó una ley que faculta al Ejecutivo provincial a impulsar gestiones ante el Congreso y promover demandas judiciales para reclamar áreas que actualmente pertenecen a San Juan. El gobierno de Marcelo Orrego rechazó la iniciativa y ratificó que los límites vigentes cuentan con respaldo legal y parlamentario.

La histórica discusión limítrofe entre San Juan y La Rioja volvió a escalar este viernes luego de que la Legislatura riojana aprobara el proyecto impulsado por el gobernador Ricardo Quintela para avanzar en el reclamo de territorios que hoy se encuentran bajo jurisdicción sanjuanina. La norma habilita al Ejecutivo provincial a desplegar una estrategia política, administrativa y judicial orientada a revisar la delimitación vigente entre ambas provincias.

La iniciativa recibió un amplio respaldo parlamentario y sólo registró la abstención de los representantes de La Libertad Avanza. Entre los espacios alcanzados por la pretensión riojana aparecen zonas de fuerte valor económico, turístico y patrimonial, entre ellas el Parque Provincial Ischigualasto y áreas vinculadas a algunos de los proyectos mineros más relevantes de la cordillera argentina.

El planteo del gobierno de Quintela se apoya en cuestionamientos a la Ley 18.004, sancionada en 1968 durante la administración de facto de Juan Carlos Onganía. Desde La Rioja sostienen que aquella delimitación debe ser revisada, mientras que San Juan recuerda que el trazado fue posteriormente ratificado por el Congreso Nacional en democracia, otorgándole plena vigencia jurídica.

La legislación aprobada autoriza además a la Fiscalía de Estado riojana a iniciar acciones judiciales y solicitar medidas cautelares destinadas a resguardar recursos mineros, hídricos, arqueológicos y ambientales ubicados en la zona objeto de la controversia. El objetivo es impedir eventuales decisiones o explotaciones sobre esos bienes hasta que exista una resolución definitiva sobre la jurisdicción correspondiente.

La disputa cobró renovada intensidad a partir del desarrollo del distrito minero Vicuña, considerado uno de los principales polos cupríferos de Sudamérica y llamado a desempeñar un papel relevante en la producción de cobre durante las próximas décadas.

El conflicto ya había mostrado señales de recrudecimiento en el mes de abril, cuando una resolución judicial dictada en Chilecito dispuso la paralización temporal de actividades vinculadas al proyecto y limitó la utilización de caminos ubicados en territorio riojano. Aunque posteriormente se alcanzaron acuerdos que permitieron normalizar las operaciones, el diferendo nunca terminó de cerrarse.

En su primera conferencia de prensa, el espacio que reúne a sindicatos de las tres centrales obreras cuestionó la adjudicación del campamento a un consorcio extranjero, puso bajo la lupa los beneficios del RIGI y pidió al Gobierno provincial intervenir en la definición de las futuras contrataciones mineras.

La adjudicación de una de las primeras obras clave del proyecto Vicuña elevó el tono de una discusión que trasciende una licitación puntual y se proyecta sobre el futuro de la minería sanjuanina. La Intersindical San Juan, que nuclea a organizaciones gremiales de las distintas centrales obreras, cuestionó la construcción del campamento por parte de un consorcio liderado por la firma china PowerChina, rechazó las declaraciones del presidente de la Cámara Minera de San Juan y Country Director de Vicuña, José Morea, y reclamó reglas que permitan una mayor participación de empresas y trabajadores locales en uno de los emprendimientos más importantes de las próximas décadas.

La conferencia de prensa marcó además la presentación pública formal de un espacio sindical que busca intervenir en los grandes debates vinculados al desarrollo económico de la provincia. Lejos de limitarse a una crítica coyuntural, los dirigentes plantearon interrogantes sobre el destino de las futuras inversiones, el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el papel que ocuparán los proveedores sanjuaninos en la construcción de la nueva infraestructura minera.

Marcelo Mena, titular nacional de ASIJEMIN, fue uno de los encargados de exponer la posición del espacio. El dirigente rechazó los cuestionamientos a la capacidad de las empresas nacionales y recordó que proyectos de gran magnitud como Veladero, Pascua Lama y Hualcamayo, fueron desarrollados con participación de firmas argentinas. Para la Intersindical, esos antecedentes desmienten cualquier interpretación que atribuya la adjudicación a una supuesta incapacidad técnica o productiva local.

La respuesta estuvo directamente vinculada a las declaraciones realizadas días atrás por Morea, quien había planteado la necesidad de preguntarse por qué Argentina no logra mayores niveles de competitividad. Desde la organización sindical sostuvieron que la discusión no puede reducirse a una cuestión de eficiencia empresarial cuando existen factores regulatorios y económicos que generan diferencias significativas entre quienes compiten por las obras.

Sobre ese punto profundizó Martín Solazzo, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) San Juan. Según explicó, después de más de veinte años de actividad minera en la provincia, las empresas locales han demostrado capacidad para responder a las exigencias de grandes proyectos. A su entender, el debate debe centrarse en las condiciones bajo las cuales participan los distintos actores y no en la preparación de la industria sanjuanina.

El dirigente apuntó especialmente al RIGI, al considerar que el régimen otorga beneficios fiscales, financieros y aduaneros que terminan favoreciendo a grandes grupos internacionales. Desde esa perspectiva, sostuvo que las compañías radicadas en el país deben afrontar costos energéticos, logísticos y operativos que dificultan competir en igualdad de condiciones. “La discusión no pasa por la capacidad de las empresas locales sino por las reglas con las que se juega”, resumieron desde la Intersindical.

Uno de los datos más mencionados durante la conferencia fue que la propuesta presentada por la empresa argentina que quedó en segundo lugar habría registrado una diferencia mínima respecto de la oferta finalmente adjudicada. Para los gremios, ese elemento resulta clave porque pone en cuestión la idea de que la decisión respondió exclusivamente a criterios de competitividad.

La preocupación sindical también tiene una dimensión laboral concreta. Solazzo advirtió que la contratación de proveedores externos podría dejar fuera de la obra a unos 500 trabajadores que podrían haber sido absorbidos por empresas locales. En ese sentido, reclamó mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento efectivo de los porcentajes de contratación sanjuanina comprometidos por las compañías mineras y propuso auditorías con participación de representantes sindicales, empresarios y organismos públicos.

El planteo adquiere relevancia por la magnitud del proyecto. El campamento adjudicado representa apenas una parte de la infraestructura prevista para Vicuña. Según señalaron los dirigentes, la etapa actualmente en ejecución contempla alrededor de 2.000 plazas, mientras que la capacidad total proyectada alcanzará las 8.000 camas durante el desarrollo pleno del emprendimiento. En otras palabras, la obra en discusión equivale aproximadamente al 25% de la capacidad final prevista, por lo que aún resta definir una porción sustancial de las futuras contrataciones.

Esa perspectiva llevó a la Intersindical a solicitar formalmente la convocatoria de una mesa de diálogo integrada por el Gobierno provincial, las operadoras mineras, las cámaras empresarias, los proveedores y las organizaciones gremiales. El objetivo es discutir anticipadamente los criterios que regirán las próximas adjudicaciones vinculadas a infraestructura, servicios, construcción e instalaciones industriales.

Los sindicatos también expresaron su malestar por no haber sido convocados a participar en el debate sobre el proyecto de ley de proveedores mineros que analiza la Legislatura provincial. Aunque reconocieron la importancia de fortalecer el entramado productivo asociado a la minería, consideraron que cualquier normativa destinada a regular la actividad debería incorporar la mirada de quienes representan a los trabajadores.

Durante el intercambio con los periodistas surgió además el papel que podrían desempeñar las cooperativas dentro de la cadena de valor minera. Los dirigentes sostuvieron que existen experiencias con capacidad operativa y equipamiento suficiente para participar en obras y servicios de mayor escala, y recordaron que desde distintos ámbitos sindicales se impulsan iniciativas destinadas a otorgar un marco legal más amplio a este tipo de organizaciones dentro de la actividad extractiva.

Detrás de la discusión por el campamento aparece un debate mucho más profundo. Vicuña figura entre los proyectos cupríferos de mayor proyección de América Latina y demandará inversiones multimillonarias en infraestructura, logística, servicios y construcción durante los próximos años. La pregunta que planteó la Intersindical no apunta únicamente a quién ganó una licitación, sino a cuánto de esa inversión quedará en las empresas, los trabajadores y la economía de San Juan. La respuesta a ese interrogante probablemente acompañará cada una de las etapas de desarrollo del proyecto y anticipa una discusión que recién comienza.