La seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor pidió a la Secretaría de Transporte que intime a la cámara empresaria Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros a restablecer los horarios habituales tras el inicio del ciclo lectivo 2026. Denuncian que el esquema de verano elimina tiempos de descanso y anticipan que podrían adoptar medidas gremiales.

La UTA formalizó un reclamo ante la Secretaría de Transporte provincial para que, en su carácter de órgano de contralor, intime a la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) a restituir de inmediato los horarios habituales del servicio de corta distancia.

El planteo sindical apunta a la continuidad del cronograma de verano pese al regreso masivo de estudiantes y trabajadores a la actividad regular. Según la entidad gremial, el actual esquema resulta inviable desde el punto de vista operativo y laboral.

“Es imposible cumplir con esos horarios y, en la mayoría de las vueltas, se pierde el tiempo de descanso en los paraderos o puntas de línea”, advirtieron desde el sindicato en un comunicado difundido este lunes. La conducción local, encabezada por Héctor Marcelo Maldonado, sostuvo que la situación expone a los choferes a jornadas exigentes sin pausas adecuadas, en un contexto de mayor demanda por el inicio de clases.

El eje del conflicto: descansos y organización del servicio

El núcleo del reclamo radica en la supresión efectiva de los tiempos de recuperación entre recorridos. Para el gremio, la extensión del cronograma estival altera la planificación habitual y obliga a los conductores a sostener ritmos de trabajo que afectan su bienestar y la seguridad operativa.

Desde la UTA señalan que el diferendo entre el sector empresario y el Gobierno provincial no puede traducirse en una sobrecarga para los trabajadores. “Una vez más, los perjudicados son los compañeros”, remarcaron, en alusión a las tensiones que arrastra el sistema en materia de costos y subsidios.

El sindicato también puso el foco en la calidad del servicio. Con mayor circulación de usuarios por el retorno escolar, sostienen que mantener frecuencias de verano no sólo impacta en las condiciones laborales, sino también en la organización general del transporte urbano.

Advertencia gremial y escenario abierto

La advertencia fue explícita: si no se regulariza la situación, podrían adoptarse medidas de acción directa. “De continuar con esta actitud, se analizarán las medidas que se consideren necesarias en resguardo de los derechos de los compañeros”, señalaron desde la Junta Ejecutiva y el cuerpo de delegados.

El reclamo abre así un nuevo frente de rigidez en el sistema de transporte público sanjuanino, donde confluyen intereses empresariales, decisiones administrativas y demandas sindicales. La intervención de la Secretaría de Transporte será determinante para evitar que el conflicto escale y derive en interrupciones del servicio.

En un marco provincial atravesado por discusiones salariales y ajustes operativos en distintos sectores, el transporte emerge como otro punto sensible. La ecuación es compleja: garantizar frecuencias acordes a la demanda, sostener la viabilidad económica del sistema y preservar condiciones laborales dignas.

El desenlace dependerá de la capacidad de las partes para encauzar el diálogo antes de que la advertencia gremial se traduzca en hechos. Con el ciclo lectivo en marcha y miles de usuarios dependientes del servicio, cualquier medida de fuerza tendría impacto inmediato en la vida cotidiana de la provincia.

Con un acatamiento que llegó al 90% y una convocatoria urgente a la paritaria nacional este mediodía, San Juan dio comienzo al ciclo lectivo 2026 atravesado por la protesta impulsada por CTERA. La definición provincial quedó supeditada a la reunión prevista para el miércoles entre los gremios y el Ejecutivo local.

El ciclo lectivo 2026 comenzó este lunes 2 de marzo en San Juan bajo un escenario de marcada tensión sindical. Mientras los estudiantes de nivel inicial y primario regresaban a las aulas —el secundario iniciará el miércoles—, la jornada estuvo atravesada por el paro nacional convocado por CTERA, con adhesión en la provincia de UDAP, UDA y AMET.

El inicio formal de clases contrastó con la postal de numerosas escuelas con actividad parcial o directamente sin funcionamiento. Un relevamiento realizado en establecimientos de Capital evidenció niveles de adhesión significativos. En la Escuela Superior Sarmiento el acatamiento fue total: no se registró presencia docente ni directiva. En la Normal Sarmiento y en la EPET N° 4, la inasistencia rondó el 85%. Desde los gremios aseguran que, en promedio, la medida superó el 90% en toda la provincia.

El tablero nacional: fallo judicial y convocatoria urgente

La protesta se sostuvo pese a que el Gobierno nacional convocó a los sindicatos a una mesa paritaria para este lunes al mediodía, en cumplimiento de un fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ordenó suspender el decreto 341/2025 y retomar la negociación salarial a nivel federal. La jornada incluyó además una movilización al Congreso desde las 11.30, con concentración en Avenida de Mayo y Bolívar.

En ese marco, CTERA ratificó el “Paro Nacional y Movilización” y delineó un pliego de demandas que excede lo estrictamente salarial: recomposición de haberes, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), mayor financiamiento educativo y rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. El sindicato también expresó su rechazo a la reciente reforma laboral, al considerar que profundiza la precarización y consolida un esquema de ajuste que impacta sobre el sistema educativo.

El trasfondo político resulta inocultable. La sanción de la reforma en el Senado el viernes pasado añadió un componente de confrontación que trasciende la discusión paritaria y coloca a la educación en el centro de una disputa más amplia sobre el rol del Estado y las condiciones laborales en el sector público.

La negociación provincial: oferta rechazada y malestar en ascenso

En San Juan, el conflicto tiene su propia dinámica. El viernes 27 de febrero, en la última reunión paritaria, el Ejecutivo provincial ofreció un incremento del 10% en dos tramos con cláusula de revisión. La propuesta fue considerada insuficiente por UDAP, UDA y AMET, que tras consultar a las bases ratificaron la huelga.

El secretario general de AMET, Daniel Quiroga, explicó que los sindicatos presentaron una alternativa que contempla la modificación de tramos del nomenclador (E66 y E60), la actualización por inflación de diciembre, enero y eventualmente febrero —período no contemplado en la oferta oficial—, y mejoras en antigüedad y radios desfavorables.

“Hicimos mandatos en todas las escuelas y el 99% votó por paro y movilización”, aseguró el dirigente, al subrayar el nivel de respaldo interno. Según sostuvo, la distancia entre las partes no logró acortarse y el Ejecutivo planteó variantes que no respondieron al reclamo central de recomposición.

La próxima reunión fue convocada para el miércoles a las 15, en un intento por evitar que el conflicto se profundice cuando el nivel secundario inicie el ciclo lectivo. No obstante, desde el frente sindical ya anticiparon que, de no mediar avances sustanciales, podría evaluarse un paro de 48 horas.

El arranque del calendario escolar en San Juan quedó así marcado por la incertidumbre. Aulas abiertas en algunos casos, cerradas en otros; docentes movilizados y una negociación que, por ahora, no encuentra punto de equilibrio.

La reunión del miércoles será decisiva no sólo para destrabar la discusión salarial inmediata, sino para definir el tono del vínculo entre el Gobierno provincial y los gremios en los próximos meses. Si no hay señales concretas de acercamiento, el conflicto amenaza con escalar y prolongar un clima de inestabilidad que impacta directamente en estudiantes y familias.

Sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos sociales movilizaron por el centro sanjuanino en rechazo al proyecto de Reforma Laboral que se debate en el Congreso. Anunciaron medidas de fuerza inmediatas y advirtieron que el conflicto podría extenderse durante todo el cuatrimestre universitario.

En una postal que combinó banderas gremiales, pancartas estudiantiles y columnas de organizaciones sociales, cientos de sanjuaninos colmaron el microcentro capitalino para manifestar su oposición al proyecto de Reforma Laboral impulsado por el gobierno nacional.

La concentración tuvo como epicentro la Plaza 25 de Mayo y formó parte de una jornada de protesta replicada en distintos puntos del país.

La marcha, que se desplegó en un clima de firmeza y alta participación, buscó enviar un mensaje directo a los senadores que analizaban la iniciativa en el Congreso. Los organizadores remarcaron que no se trata de una reacción aislada, sino de la expresión territorial de un frente amplio que considera la propuesta oficial como un retroceso en materia de derechos adquiridos.

Entre los referentes sindicales que tomaron la palabra se destacó Carlos Ordoñez, de Viales Nacionales, quien apeló a la tradición histórica del movimiento obrero. “La unión hace la fuerza y la calle es el ámbito donde se han defendido siempre las conquistas laborales”, afirmó, al tiempo que rechazó cualquier modificación que implique —según su interpretación— una regresión normativa.

Desde el ámbito universitario, la advertencia fue aún más concreta. Guadalupe Aguiar, dirigente de SIDUNJ, confirmó la convocatoria a paro para la jornada y su continuidad el lunes próximo. En su intervención, vinculó el rechazo a la reforma con el cuestionamiento al proyecto de “libertad educativa”, al que calificó como perjudicial para el sistema público. El sector docente, sostuvo, se mantiene en estado de alerta y movilización.

El frente universitario suma otro foco de tensión. Edith Liquitay, representante de ADICUS en la Universidad Nacional de San Juan, advirtió que el inicio del cuatrimestre podría verse seriamente afectado. “Habrá paro sin asistencia a los lugares de trabajo y este cuatrimestre completo va a estar atravesado por el conflicto”, anticipó. El reclamo central gira en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución —según denuncian— no avanza al ritmo esperado.

La presencia de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) reforzó el perfil industrial de la protesta. El gremio ratificó su adhesión a la jornada nacional y acompañó la convocatoria local, consolidando una foto de unidad entre sectores estatales, privados y académicos.

En el diagnóstico compartido por los organizadores, la convocatoria superó las expectativas y consolidó un bloque de resistencia que promete sostener la presión en las próximas semanas.

La hoja de ruta incluye paros, movilizaciones y posibles acciones coordinadas a nivel federal si el proyecto avanza en el Senado.

Más allá del número de asistentes, el dato político que dejó la jornada fue la articulación entre actores diversos bajo una consigna común: la defensa de la estabilidad laboral y del entramado normativo vigente. En una provincia donde la actividad pública y la universidad tienen peso específico en la economía local, el conflicto adquiere una dimensión que trasciende lo sectorial.

La escena, por lo tanto, no se agota en una marcha puntual. Configura el preludio de un escenario de mayor tensión social si el Congreso convierte en ley una reforma que, para amplios sectores sindicales y académicos, representa una amenaza directa a la seguridad jurídica y a la protección del trabajo. En San Juan, al menos, la calle ya marcó posición.