Las estaciones de servicio de San Juan actualizaron nuevamente sus pizarras y profundizaron las diferencias entre petroleras. Mientras YPF aplicó leves reducciones en algunos combustibles diésel, Shell y Axion Energy avanzaron con incrementos tanto en naftas como en gasoil, consolidando un escenario de variaciones permanentes en los surtidores.

El mercado de combustibles volvió a mostrar movimientos en la provincia y confirmó una tendencia que ya se instaló entre los consumidores: los precios cambian con mayor frecuencia y las diferencias entre marcas comienzan a ser cada vez más visibles, sobre todo en los productos premium.

El nuevo relevamiento realizado en estaciones de servicio de la provincia dejó un panorama heterogéneo. A contramano de otras compañías, YPF mantuvo sin modificaciones los valores de sus naftas y aplicó pequeñas bajas en el segmento diésel, en una señal que buscó moderar parcialmente el impacto sobre el transporte y la actividad productiva.

La nafta Súper continúa en $2.138, mientras que la Infinia permanece en $2.328. En el caso del gasoil, la Infinia Diesel descendió de $2.418 a $2.413 y el Diesel 500 pasó de $2.241 a $2.236, reflejando reducciones mínimas pero que marcan una diferencia respecto de las restantes petroleras.

El comportamiento de Shell fue distinto. La empresa aplicó aumentos generalizados en casi toda su línea de combustibles en comparación con los valores registrados semanas atrás. La nafta Súper subió de $2.171 a $2.199 y la V-Power pasó de $2.462 a $2.499.

La actualización más fuerte se observó en los combustibles diésel. El Evolux Diesel aumentó de $2.283 a $2.319, mientras que el V-Power Diesel registró uno de los incrementos más pronunciados y alcanzó los $2.589, luego de cotizar previamente en $2.453. El GNC, en tanto, se mantuvo estable en $848.

Por su parte, Axion Energy también retocó sus valores en las últimas semanas. La nafta Súper pasó de $2.147 a $2.169 y la Quantium aumentó de $2.419 a $2.429.

En el segmento diésel, el Axion Diesel X10 permaneció en $2.279, aunque el Quantium Diesel X10 avanzó de $2.499 a $2.519. El GNC no presentó modificaciones y continúa en $849.

El nuevo esquema tarifario volvió a evidenciar una marcada dispersión entre petroleras. Las diferencias superan ampliamente los cien pesos en algunos productos y se vuelven todavía más notorios en las líneas premium, donde la distancia entre marcas puede acercarse a los $250 por litro.

Detrás de estas variaciones conviven múltiples factores: la actualización de costos logísticos, los movimientos del precio internacional del petróleo, la carga impositiva y las estrategias comerciales de cada compañía en un mercado que atraviesa una etapa de reacomodamiento permanente.

En la práctica, el escenario obliga a los consumidores a comparar cada vez más antes de cargar combustible. La elección de una u otra estación ya no responde solamente a cuestiones de cercanía o fidelidad de marca, sino también al impacto directo que esas diferencias generan sobre el bolsillo, especialmente en sectores vinculados al transporte, la producción y el trabajo diario.

Con ajustes cada vez más frecuentes y sin una referencia uniforme entre petroleras, el mapa de precios en San Juan continúa mostrando una dinámica cambiante que profundiza la incertidumbre en torno al costo de movilidad y la evolución del consumo.

La Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud anunció una jornada federal de protesta para este miércoles, con paro y movilizaciones en todo el país. Denuncian recortes millonarios, faltantes de medicamentos, debilitamiento de programas esenciales y un retroceso creciente en el acceso a la atención sanitaria.

La conflictividad en el sistema sanitario nacional sumará este miércoles 20 de mayo un nuevo episodio de fuerte voltaje político y social. Gremios, profesionales y organizaciones vinculadas a la salud pública realizarán una jornada federal de lucha para denunciar el impacto del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei sobre hospitales, programas de asistencia, cobertura de medicamentos y políticas de prevención.

La protesta fue convocada por la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud bajo la consigna “La salud no puede esperar” e incluirá un paro nacional, movilizaciones en distintas provincias y una marcha central hacia Plaza de Mayo. La concentración comenzará a las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación, desde donde las columnas avanzarán hacia la Casa Rosada.

Desde el sector sanitario advierten que el deterioro dejó de percibirse únicamente en términos administrativos o presupuestarios y ya empieza a expresarse de manera directa en la atención cotidiana. La reducción de partidas para medicamentos, la discontinuidad de programas y las dificultades para sostener prestaciones básicas configuran un cuadro que sindicatos y entidades médicas describen como “crítico”.

Durante la presentación de la medida de fuerza, referentes de FESINTRAS denunciaron que el Gobierno “avanza en la destrucción de la salud como derecho” mediante recortes que afectan áreas sensibles del sistema público. Entre las principales objeciones aparecen la reducción en la entrega de vacunas, el debilitamiento del PAMI, el ajuste sobre programas nacionales y las limitaciones crecientes para acceder a tratamientos de alto costo.

Uno de los puntos más cuestionados es la situación del programa Remediar, históricamente destinado a garantizar medicamentos esenciales en centros de atención primaria. Desde el Foro por el Derecho a la Salud alertaron sobre el desfinanciamiento y la interrupción de herramientas que permitían sostener cobertura gratuita para miles de pacientes en todo el país.

La protesta también buscará mostrar el impacto del recorte presupuestario aplicado sobre el área sanitaria. Según denunciaron las organizaciones gremiales, el Gobierno redujo en 63 mil millones de pesos las partidas destinadas al sistema de salud, con un fuerte impacto sobre programas de acceso a medicamentos e insumos médicos. Parte de esos recursos financiaban el Banco de Drogas Oncológicas, la asistencia a pacientes trasplantados y la provisión de tratamientos otorgados por vía judicial.

Lejos de tratarse de un recorte aislado, los trabajadores sostienen que la poda presupuestaria se profundizó a lo largo de los últimos meses. De acuerdo con datos oficiales citados por las entidades sindicales, el Ministerio de Salud acumula una reducción superior a los 741 mil millones de pesos respecto de las partidas originalmente previstas para 2026.

El malestar también alcanza a otros segmentos sensibles del sistema sanitario. Las organizaciones denunciaron el “desguace” del Programa Nacional de Inmunizaciones, las restricciones en políticas de salud mental, los problemas de financiamiento en discapacidad y las deudas acumuladas con prestadores y profesionales.

En este sentido, el conflicto vuelve a exponer una preocupación que crece dentro del sector: la sobrecarga sobre hospitales públicos ante la pérdida de cobertura de miles de familias. Según advirtieron desde el Foro por el Derecho a la Salud, cada vez más pacientes dependen exclusivamente del sistema estatal mientras se reducen recursos, personal e infraestructura.

“El ajuste empieza a sentirse en cada hospital, en cada centro de salud y en cada paciente que no puede acceder a su tratamiento”, sostuvo Manuel Fonseca, uno de los referentes de la organización convocante, al advertir sobre el impacto social de las medidas económicas aplicadas sobre el área sanitaria.

La jornada de protesta de este miércoles buscará además instalar el debate sanitario en el centro de la discusión pública en un presente de fuerte presión sobre el gasto estatal. Mientras el Gobierno defiende el recorte como parte de su programa de equilibrio fiscal, gremios y profesionales sostienen que el deterioro de la salud pública ya atraviesa un límite delicado y amenaza con profundizar desigualdades en el acceso a la atención médica en todo el país.

La política de infraestructura escolar volvió a ocupar un lugar central en la agenda del Gobierno provincial. En un presente marcado por el retiro del financiamiento nacional para obras educativas, San Juan decidió sostener con recursos propios la construcción de nuevos establecimientos destinados a ampliar el acceso a la educación pública y acompañar el crecimiento demográfico de distintos departamentos.

En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes la inauguración de la nueva Escuela Primaria y de la ENI N° 90 del Barrio 7 de Septiembre, en el departamento Chimbas. Las obras forman parte de un programa que contempla ocho nuevos edificios escolares entre 2024 y 2026, distribuidos en Capital, Sarmiento, Pocito, Caucete, 25 de Mayo, Ullum y el propio Chimbas.

Durante el acto, el mandatario provincial puso el foco en el valor estructural de la educación pública y en la necesidad de sostener políticas de largo plazo aun en tiempos de dificultades económicas.

“La educación es fundamental y requiere infraestructura, servicios y docentes comprometidos. En San Juan pensamos en las generaciones futuras y trabajamos para resolver los problemas, incluso en tiempos difíciles”, sostuvo Orrego. Además, vinculó la inauguración con su propia experiencia personal y remarcó el papel de la escuela pública como herramienta de movilidad social y construcción de oportunidades.

La actividad contó también con la presencia de la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, además de autoridades escolares y funcionarios provinciales.

La nueva ENI N° 90 fue ejecutada íntegramente con financiamiento provincial y busca ampliar la cobertura educativa para la primera infancia en una de las zonas de mayor crecimiento poblacional del departamento. El edificio cuenta con tres salas completamente equipadas, sanitarios adaptados, SUM-ludoteca, cocina, patios recreativos y espacios de juego especialmente diseñados para niños y niñas. Además, incorpora sistemas de climatización y medidas de seguridad orientadas a garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

En paralelo, la nueva escuela primaria fue concebida para absorber la demanda educativa actual y futura del sector. El establecimiento posee casi mil metros cuadrados cubiertos e incluye aulas equipadas, laboratorio, SUM, áreas administrativas, playón deportivo y espacios recreativos. También dispone de red contra incendios, aire acondicionado y equipamiento industrial para cocina, en línea con los estándares de infraestructura escolar que busca consolidar la provincia.
Más allá de la inauguración puntual, la obra se inscribe dentro de una estrategia política que intenta sostener la inversión pública en educación como uno de los ejes de gestión. En la Casa de Gobierno consideran que el crecimiento urbano y la expansión demográfica de varios departamentos obligan a acelerar la construcción de escuelas y jardines para evitar problemas de sobrepoblación y déficit de vacantes en los próximos años.

Con este nuevo complejo educativo en el Barrio 7 de Septiembre, la administración provincial busca enviar además una señal política en medio del ajuste nacional sobre la obra pública: mantener activa la inversión en infraestructura social y reforzar la presencia del Estado en áreas sensibles como educación, salud y servicios básicos.

La inauguración en Chimbas no solo amplía la capacidad educativa de la zona, sino que también consolida una línea de gestión que apuesta a sostener la obra pública con financiamiento provincial, aun en un contexto económico adverso y con fuertes restricciones presupuestarias a nivel nacional.