Organizaciones sociales y políticas convocaron a una movilización federal para el 6 de agosto, cuando el Senado retomará el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que elimina las principales restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

El debate por la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volverá al Senado el próximo 6 de agosto y ya genera una fuerte reacción de organizaciones de todo el país. Tras la postergación de su tratamiento, la iniciativa oficial quedó en el centro de una amplia convocatoria que reunirá frente al Congreso a movimientos sociales, gremios, cooperativas, entidades rurales, organizaciones religiosas y partidos políticos, que sostienen que la propuesta compromete la soberanía sobre el territorio y los recursos naturales.

El proyecto, promovido por el Gobierno nacional junto a los gobernadores del Consejo de Mayo, modifica de manera sustancial el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales. En los hechos, deja sin efecto las limitaciones establecidas por la Ley 26.737, aprobada en 2011, que fijó un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras dentro de cada jurisdicción, prohibió la adquisición de inmuebles con grandes cuerpos de agua y estableció un límite de 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas de mayor productividad para un mismo titular extranjero.

Aunque esa legislación fue derogada mediante el DNU 70/2023, la medida permanece suspendida por una resolución judicial obtenida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La nueva iniciativa mantiene restricciones únicamente para Estados extranjeros, pero elimina los límites para personas físicas y empresas privadas del exterior.

La discusión parlamentaria también expuso diferencias dentro del oficialismo y entre sus aliados. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, cuestionó modificaciones incorporadas durante el debate que habilitaban regímenes diferenciados por provincias, al considerar que podrían vulnerar principios constitucionales. En este sentido, gobernadores y legisladores del PRO y de la UCR reclamaron preservar restricciones para la venta de tierras con recursos estratégicos y ubicadas en zonas de frontera.

A las diferencias políticas se sumó el enfrentamiento entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de que esta última acusara a la funcionaria de divulgar una conversación privada mantenida antes de la sesión en la Cámara alta.

Mientras avanza la discusión legislativa, se multiplican las expresiones de rechazo. Integran la convocatoria entidades como Endepa, la Pastoral Social, Cáritas, el Movimiento Nacional de Capellanes, el Llamamiento Argentino-Judío, cooperativas, organizaciones campesinas, colectivos sociales, agrupaciones científicas y centrales sindicales, además de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda.

Como antesala de la protesta central, entre fines de julio se desarrollarán jornadas federales bajo la consigna «Argentina no se vende», con radios abiertas, charlas, talleres y banderazos en distintas provincias. Los convocantes sostienen que la eliminación de las restricciones a la compra de tierras, sumada a las modificaciones impulsadas sobre otras normas vinculadas con los recursos naturales, facilitaría el desembarco de grandes emprendimientos extractivos y de infraestructura tecnológica en regiones consideradas estratégicas por su disponibilidad de agua, energía y minerales.

En provincias con fuerte perfil productivo y minero como San Juan, donde confluyen importantes proyectos vinculados al cobre, al oro y al desarrollo energético, el debate adquiere una dimensión adicional. Diversas organizaciones consideran que cualquier modificación al régimen de propiedad de la tierra podría tener implicancias sobre futuras inversiones y sobre la administración de recursos considerados estratégicos.

La movilización del 6 de agosto formará parte de una agenda de protestas más amplia. La CGT ya confirmó nuevas acciones para las semanas siguientes, entre ellas una participación en la tradicional marcha de San Cayetano del 7 de agosto, una convocatoria cuando el Gobierno reúna al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y otra manifestación frente al Ministerio de Economía durante la tercera semana del mes, en rechazo a la política económica nacional.

Un estudio de QSocial sostiene que cuatro de cada diez argentinos no se sienten representados ni por el oficialismo ni por el kirchnerismo. El dato reactivó el análisis entre dirigentes sindicales y referentes políticos que observan la posibilidad de consolidar una alternativa competitiva de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a instalarse en distintos ámbitos políticos y sindicales. En ese marco, un relevamiento de opinión pública elaborado por la consultora QSocial despertó interés entre dirigentes gremiales no alineados con los principales espacios nacionales, al identificar un amplio universo de votantes que hoy no encuentra representación en la oferta política vigente.

El sondeo, realizado sobre 1.880 casos, concluye que el 40% de los consultados rechaza tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo, un segmento que la consultora define como la «pecera del medio», integrada por ciudadanos que no adhieren a ninguno de los dos polos que dominan la discusión política.

Según el documento, ese electorado no responde a un perfil de apatía o desinterés. Por el contrario, se trata de votantes con posiciones críticas, expectativas definidas y demandas concretas respecto del tipo de liderazgo que esperan para los próximos años. Esa característica alimenta la hipótesis de que podría emerger una fuerza capaz de disputar el poder por fuera de la actual polarización.

Entre dirigentes sindicales y referentes que impulsan alternativas políticas alejadas tanto del oficialismo como del kirchnerismo, la encuesta fue interpretada como un indicio de que podría consolidarse un esquema electoral de tercios, similar al que comenzó a insinuarse en 2023 con la irrupción de Javier Milei, quien pasó de ser un dirigente ajeno a las estructuras tradicionales a imponerse en el balotaje presidencial.

No obstante, el propio estudio advierte que esa oportunidad tiene un plazo limitado. La consultora sostiene que, si no aparece una propuesta con capacidad de interpelar a ese universo de votantes y construir competitividad desde el inicio, terminará prevaleciendo nuevamente la lógica del voto útil, favoreciendo a los dos espacios con mayores posibilidades electorales.

El informe señala que la polarización continúa funcionando como un factor de fuerte atracción sobre el electorado y sostiene que, en ausencia de una opción con volumen político suficiente, una parte importante de ese 40% podría volver a optar por alguno de los dos bloques predominantes para evitar el triunfo del adversario.

La discusión también comienza a trasladarse al movimiento sindical. Diversos dirigentes consideran que el reordenamiento político de los próximos meses será determinante para definir alianzas y candidaturas de cara a 2027. Algunos espacios observan con interés el surgimiento de figuras ajenas a la política tradicional, mientras otros promueven la construcción de una propuesta con fuerte respaldo social, productivo y gremial.

El trabajo de QSocial concluye que la posibilidad de conformar una alternativa competitiva permanece vigente, aunque advierte que su éxito dependerá de la aparición de un liderazgo con capacidad para capitalizar el descontento antes de que la dinámica de la polarización vuelva a concentrar el voto en los dos principales bloques políticos.

La cadena cerró su sucursal de Río Gallegos y despidió a toda la plantilla. La decisión afectó a más de 30 empleados directos y puso en riesgo otros 40 puestos vinculados a servicios tercerizados, en un marco de fuerte caída del consumo.

El cierre definitivo de la sucursal Carrefour Market de Río Gallegos, en Santa Cruz, volvió a reflejar el deterioro que atraviesa el comercio minorista en distintos puntos del país. La empresa resolvió cesar las operaciones del establecimiento y desvincular a la totalidad de sus trabajadores, una medida que dejó sin empleo a más de 30 personas y generó inquietud entre el personal de la cadena en otras provincias.

La decisión fue comunicada de forma intempestiva. Al presentarse a trabajar en el local de la avenida Néstor Kirchner 742, los empleados encontraron el establecimiento cerrado, mientras directivos llegados desde Buenos Aires, acompañados por un escribano público, les entregaban los telegramas de despido. «Vinieron, nos reunieron y nos echaron», resumió uno de los trabajadores afectados al relatar cómo se desarrolló la reunión.

Entre los despedidos hubo empleados que se encontraban de vacaciones al momento de la notificación. Según señalaron, durante el encuentro no recibieron precisiones sobre una eventual reubicación en otras dependencias de la empresa, aunque permanece la expectativa de que algunos puedan ser incorporados al hipermercado que Carrefour posee en la capital santacruceña.

La compañía informó que abonará las indemnizaciones previstas por la legislación laboral vigente. No obstante, el impacto excede al personal propio. El secretario general del Centro de Empleados de Comercio de Río Gallegos, Claudio Silva, explicó que la firma atribuyó el cierre a la persistente retracción del consumo y al complejo panorama económico. Además de los más de 30 trabajadores directos, la medida compromete alrededor de otros 40 empleos vinculados a empresas de seguridad, limpieza y servicios de verdulería que operaban en el establecimiento.

El local funcionaba sobre una de las principales arterias comerciales de Río Gallegos y ocupaba un inmueble históricamente asociado a la venta de productos de consumo masivo, por lo que su cierre representa un fuerte golpe para la economía de la ciudad.

La repercusión del caso trascendió el ámbito provincial debido al peso de Carrefour dentro del mercado argentino. La multinacional, con presencia en más de 40 países y una extensa red de sucursales en el país, concentra miles de puestos de trabajo, por lo que la decisión alimentó la preocupación entre sus empleados y el movimiento sindical ante la persistencia de la caída de las ventas y el deterioro del consumo.

Mientras avanza el proceso de desvinculación, no existen confirmaciones oficiales sobre posibles reubicaciones del personal. La incertidumbre se mantiene entre los trabajadores, en un momento en que el comercio continúa enfrentando uno de los períodos más complejos de los últimos años.