Los gremios docentes y nodocentes confirmaron una huelga nacional para este jueves 27 y viernes 28 de agosto. En San Juan, ADICUS y SiDUNSJ adherirán a la medida, que también cuenta con el respaldo de autoridades de la UNSJ, estudiantes y trabajadores. Reclaman la aplicación de la Ley 27.795, recomposición salarial, actualización de becas y mayores partidas para gastos de funcionamiento. La protesta alcanzará el dictado de clases en las facultades y los colegios preuniversitarios.

La huelga profundiza un conflicto que ya lleva más de 300 días y que tiene como reclamo principal la aplicación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de las Universidades Nacionales. La norma, sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada frente al veto presidencial, establece mecanismos de actualización para salarios, becas y partidas destinadas al funcionamiento de las instituciones.

El reclamo universitario también incorporó el cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Justicia. Autoridades de la UNSJ, representantes de ADICUS, SiDUNSJ, UDAP y APUNSJ, junto con la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ), habían advertido en una conferencia de prensa que el Gobierno nacional mantiene sin ejecutar disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Entre los puntos exigidos figura la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero dispone la convocatoria a negociaciones salariales y la actualización de los ingresos de docentes y nodocentes de acuerdo con la evolución del índice de precios al consumidor desde diciembre de 2023. El segundo establece mecanismos de recomposición para las becas estudiantiles.

Los gremios sostienen que los salarios acumulan un deterioro cercano al 40% al incorporar las últimas variaciones de precios y cuestionan, además, la ausencia de una negociación paritaria que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, afirmó que ya transcurrieron más de 10 meses sin aplicación de la ley y cuestionó que el Ejecutivo tampoco haya cumplido resoluciones judiciales vinculadas con el financiamiento.

El deterioro no se limita a las remuneraciones. Las universidades advierten sobre el aumento de los costos de servicios e insumos, que según las autoridades sanjuaninas llegó a incrementarse alrededor de un 600% sin una actualización equivalente de las partidas destinadas al funcionamiento. El problema alcanza también a los hospitales universitarios y a la continuidad de programas de investigación y formación.

La situación salarial genera, además, preocupación por la permanencia de profesionales especializados dentro del sistema público. Docentes con formación de posgrado y dedicación exclusiva enfrentan ingresos que, según estimaciones difundidas por autoridades universitarias, requieren recomposiciones superiores al 50% para recuperar el poder adquisitivo de diciembre de 2023.

A esto se suma la reducción denunciada en el universo de beneficiarios de becas estudiantiles. De acuerdo con los datos expuestos por representantes universitarios, la cantidad de beneficiarios habría descendido de aproximadamente 1,8 millones a 600.000 a nivel nacional, un recorte que las organizaciones vinculan directamente con el deterioro de las condiciones de permanencia y cursado.

El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, calificó de “inaudito” el incumplimiento de una norma sancionada por el Congreso y cuestionó que el Poder Ejecutivo no avance con las disposiciones reclamadas por la comunidad universitaria. Desde las organizaciones sindicales, en tanto, señalaron la gravedad institucional que atribuyen al incumplimiento de decisiones de la Corte Suprema.

La huelga fue ratificada por la FEDUN, CONADU y FATUN luego de una nueva instancia judicial de conciliación que no permitió destrabar el conflicto. El Frente Sindical Universitario resolvió avanzar con la medida junto con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), mientras las organizaciones preparan nuevas acciones de visibilización, movilizaciones y clases públicas.

En San Juan, el paro constituye el primer tramo de un esquema de protesta que las organizaciones universitarias anticipan como progresivo. La definición busca elevar la presión sobre el Gobierno nacional antes de la discusión presupuestaria de 2027 y reclamar una respuesta que permita recomponer los salarios y garantizar el funcionamiento de la UNSJ.

Con las aulas nuevamente vacías durante dos jornadas, la comunidad universitaria volverá a colocar el financiamiento de la educación superior entre las principales demandas sindicales y educativas. En San Juan, la adhesión de docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades refleja que el reclamo excede la discusión salarial y alcanza el sostenimiento cotidiano de la universidad pública.

El Ejecutivo acordó con UPCN incrementos mensuales de entre 1,5% y 1,9% hasta diciembre, además de una suma no remunerativa de $80.000 por única vez. ATE rechazó la propuesta y convocará a un plenario federal para definir nuevas medidas de fuerza.

El Gobierno nacional cerró este martes la paritaria de los trabajadores de la Administración Pública Nacional con una propuesta que contempla aumentos mensuales inferiores al 2% y un bono extraordinario de $80.000. La oferta fue aceptada por UPCN, mientras que ATE la rechazó y anticipó una nueva ofensiva gremial contra la política salarial oficial.

La negociación se desarrolló en la Secretaría de Trabajo, con participación de funcionarios de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y el Ministerio de Economía. El esquema acordado establece una suba del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre.

A esos incrementos se suma una suma fija no remunerativa de $80.000 que será abonada por única vez en diciembre, junto con una actualización del premio estímulo a la asistencia. El entendimiento tendrá impacto sobre los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de la administración pública nacional.

La diferencia entre los principales sindicatos estatales quedó expuesta inmediatamente después de la reunión. Mientras UPCN avaló la propuesta, ATE consideró que los aumentos vuelven a ubicarse por debajo de la inflación y cuestionó especialmente el carácter extraordinario del bono, al entender que no recompone los salarios de manera permanente.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, sostuvo que el acuerdo profundiza el deterioro de los ingresos. “Milei está más cerca de lograr la paritaria cero que la inflación cero”, afirmó el dirigente, quien anticipó que el sindicato convocará la semana próxima a un plenario federal de delegados para definir nuevas medidas de fuerza.

Aguiar también cuestionó que la suma extraordinaria no forme parte del salario y advirtió que, por su monto y carácter excepcional, tendrá un efecto limitado sobre los ingresos de los trabajadores. Desde ATE sostienen que la pérdida acumulada del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 supera el 44% para los empleados comprendidos en el convenio 214/06.

El rechazo sindical se apoya además en un relevamiento realizado por ATE entre trabajadores de organismos y ministerios de todo el país. Según la encuesta difundida por la organización, el 87% de los consultados mantiene deudas vigentes y, dentro de ese universo, el 73% registra compromisos con más de una entidad.

El mismo relevamiento muestra que una parte importante del endeudamiento está vinculada con gastos esenciales: el 40% de los trabajadores consultados señaló que utiliza esos recursos para afrontar urgencias médicas, educación, alquileres o expensas, mientras que otro 37% los destina al pago de otras deudas o a la compra de alimentos y ropa.

El deterioro salarial también aparece reflejado en un informe elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y organizaciones sociales y sindicales de distintas centrales. Según ese trabajo, basado en datos oficiales del INDEC y en una canasta ajustada a las necesidades de los trabajadores, el Salario Mínimo, Vital y Móvil debería alcanzar los $3.065.161 para superar el umbral de pobreza.

El informe calcula además que, durante la gestión de Javier Milei, un trabajador de la Administración Pública perdió en promedio $14,9 millones de poder adquisitivo. La estimación busca dimensionar el efecto acumulado de los incrementos salariales frente a la evolución de los precios.

Con el aval de UPCN, la administración nacional blindó las cuentas salariales hasta diciembre, marcando una nueva ruptura con ATE. El sindicato ya anticipó que llevará el rechazo a una instancia federal y buscará definir medidas de fuerza, por lo que la discusión salarial estatal continuará más allá de la firma alcanzada en la Secretaría de Trabajo.

Un relevamiento sobre 17 principios activos esenciales determinó que el 90% de los medicamentos analizados cuesta más en Argentina que en otros mercados. La diferencia promedio llega a 3,1 veces y es todavía mayor frente a India y España.

Los medicamentos de uso frecuente son considerablemente más caros en Argentina que en otros mercados internacionales. El informe indica que sobre una canasta de 17 principios activos esenciales el 90% de los productos analizados presenta valores superiores a los registrados en Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India, con una diferencia que llega, en promedio, a 3,1 veces.

Para realizar la comparación se utilizó la Dosis Diaria Definida (DDD), una unidad estandarizada por la Organización Mundial de la Salud que permite evitar distorsiones derivadas del tamaño de los envases o de las distintas concentraciones comerciales.

La mayor brecha aparece frente a India: los medicamentos relevados cuestan en Argentina 6,7 veces más. La diferencia alcanza 5,3 veces respecto de España y 3,4 veces frente a Francia. En comparación con Estados Unidos, el valor local resulta 1,8 veces superior, mientras que frente a Brasil la relación llega a 1,6.

Los tratamientos para enfermedades crónicas muestran con claridad la magnitud de las diferencias. La levotiroxina, utilizada para tratar el hipotiroidismo, representa uno de los casos más extremos: el costo mensual en Argentina alcanza los US$19,3, frente a US$3,1 en el conjunto de mercados internacionales considerados.

Medida por dosis diaria, la diferencia se amplía todavía más. En Argentina la levotiroxina cuesta US$0,644, contra una mediana internacional de US$0,103. El valor local es 8,2 veces superior al de España, 4,6 veces al de Estados Unidos y 26,2 veces al de India.

La atorvastatina, indicada para reducir el colesterol, también presenta una brecha significativa. El tratamiento mensual llega a US$43,1 en Argentina, frente a US$8 en el exterior. Por dosis diaria, el costo local alcanza US$1,437, más de cinco veces la mediana internacional, estimada en US$0,267.

En este caso, el precio de referencia es de US$0,37 en Brasil, US$0,29 en Estados Unidos, US$0,12 en España y US$0,10 en India. La diferencia vuelve a mostrar una distancia considerable entre el valor abonado en las farmacias argentinas y el de otros mercados.

La metformina, uno de los medicamentos de mayor utilización para el tratamiento de la diabetes tipo 2, completa el cuadro. Su costo mensual llega a US$26,1 en Argentina, frente a US$5,3 en los mercados comparados. La dosis diaria se ubica en US$0,871, contra una mediana internacional de US$0,175.

Los valores de referencia para la metformina son US$0,55 en Brasil, US$0,28 en Estados Unidos, US$0,08 en España y US$0,07 en India.

Las diferencias de precios adquieren relevancia en un mercado en el que buena parte del gasto en tratamientos recae directamente sobre los pacientes. El costo de medicamentos crónicos, además, tiene un impacto acumulativo para quienes deben sostenerlos durante largos períodos.

El Gobierno busca intervenir sobre esa estructura mediante una reforma orientada a desregular el mercado farmacéutico, facilitar la importación directa por parte de las provincias y profundizar la prescripción por nombre genérico. La iniciativa apunta a ampliar la competencia y reducir el costo de los tratamientos.

Uno de los antecedentes utilizados para respaldar esa orientación es la experiencia de Mendoza, que concretó compras de medicamentos provenientes de India. El país asiático aparece precisamente como el mercado con mayores diferencias de precios respecto de Argentina dentro de la comparación analizada.

El documento vuelve a colocar el costo de los medicamentos en el centro de la discusión sanitaria y económica. Las brechas detectadas no se limitan a productos específicos: alcanzan a una amplia proporción de los principios activos estudiados y plantean el desafío de reducir el precio final sin afectar la disponibilidad y continuidad de los tratamientos.