La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo retirara las reformas sobre extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego para conservar el respaldo de bloques dialoguistas. La iniciativa agiliza los desalojos por usurpación y endurece las condiciones para las expropiaciones.

La iniciativa fue aprobada por 37 votos contra 33, con el respaldo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén, Corrientes y Provincias Unidas. La oposición estuvo integrada por el interbloque peronista, Convicción Federal y representantes de fuerzas provinciales que cuestionaron tanto el contenido de la norma como el procedimiento utilizado para su tratamiento.

El texto finalmente sancionado incorpora cambios significativos en el régimen de protección de la propiedad privada. Entre sus principales disposiciones establece un procedimiento sumarísimo para acelerar los desalojos en casos de ocupaciones ilegales y limita las posibilidades de expropiación por parte del Estado, con el argumento de reducir la litigiosidad y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Las mayores concesiones del oficialismo estuvieron vinculadas a los capítulos que generaron resistencia entre gobernadores y bloques dialoguistas. Primero fue retirado el apartado que modificaba la Ley de Tierras Rurales, cuestionado por habilitar una flexibilización de las restricciones para la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros. Horas después también quedó fuera del dictamen la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, al no reunir el respaldo suficiente dentro del propio bloque de aliados.

La normativa vigente sobre incendios, aprobada en 2020, impide modificar durante 60 años el destino de los bosques nativos y humedales afectados por el fuego, mientras que fija un plazo de 30 años para las tierras de uso agropecuario. El Ejecutivo pretendía reducir esas restricciones al considerar que perjudican a propietarios que ya fueron afectados por los incendios, pero la propuesta no consiguió el acompañamiento necesario.

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca garantizar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional y reducir las demoras judiciales que enfrentan quienes denuncian ocupaciones ilegales. Según explicó, el nuevo procedimiento permitirá acelerar las resoluciones y fortalecer la protección de los titulares de inmuebles.

La discusión expuso, una vez más, la profunda distancia entre el oficialismo y la oposición. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «inconstitucional» y aseguró que la modificación del régimen de expropiaciones constituye «un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado». En la misma línea, el senador pampeano Daniel Bensusán denunció irregularidades en el trámite parlamentario y cuestionó que el nuevo dictamen hubiera sido distribuido apenas una hora antes del inicio de la sesión.

Las críticas también apuntaron al alcance político de la iniciativa. La senadora rionegrina Ana Marks sostuvo que concebir la tierra exclusivamente como un activo económico implica desconocer su dimensión social y advirtió que el nuevo régimen de desalojos no contempla respuestas para el creciente déficit habitacional.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la ley representa una reparación para quienes sufrieron usurpaciones y abusos estatales. En el mismo sentido, la senadora Nadia Márquez consideró que la norma contribuirá a desalentar las ocupaciones ilegales, agilizar la recuperación de inmuebles y generar un clima más favorable para las inversiones. El radical Maximiliano Abad, en cambio, acompañó el proyecto, aunque advirtió que la llegada de capitales dependerá principalmente de la estabilidad institucional, la previsibilidad económica y la fortaleza de las instituciones.

La movilización convocada en rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada derivó en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad luego de que un grupo de manifestantes derribara una de las vallas instaladas alrededor del Congreso. El operativo incluyó carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Una fotoperiodista resultó herida en la cabeza y fue trasladada al Hospital Argerich.

Mientras el Senado debatía el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, las inmediaciones del Congreso se transformaron en el escenario de una fuerte confrontación entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Lo que había comenzado como una concentración multitudinaria para expresar el rechazo a la iniciativa oficial terminó con un amplio despliegue policial, heridos y al menos doce personas detenidas.

La protesta reunió a sindicatos, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y colectivos ambientalistas, que habían convocado a manifestarse contra el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Aunque el capítulo referido a la modificación de la Ley de Tierras había sido retirado del temario parlamentario, la movilización se mantuvo como una señal de rechazo a la orientación general de la iniciativa.

El operativo de seguridad involucró a efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad. Según la versión oficial, la intervención se produjo después de que un grupo de personas derribara una de las vallas de seguridad colocadas alrededor del Palacio Legislativo, momento en el que se activó el protocolo para el control de manifestaciones.

A partir de ese instante, la tensión escaló rápidamente. Los efectivos avanzaron para despejar la Plaza de los Dos Congresos mediante el uso de carros hidrantes, gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Imágenes difundidas por distintos medios registraron corridas, columnas de manifestantes dispersándose y enfrentamientos en distintos sectores de la plaza, mientras continuaba la sesión en el recinto.

Uno de los episodios de mayor preocupación tuvo como protagonista a una fotógrafa, quien recibió un impacto en la cabeza durante los incidentes. Fuentes presentes en el lugar indicaron que la lesión habría sido provocada por una bala de goma. El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmó su traslado al Hospital Argerich con diagnóstico de traumatismo de cráneo y señaló, además, que otras tres personas fueron asistidas por dificultades respiratorias ocasionadas por la exposición a gases lacrimógenos.

Hasta el cierre de la jornada no existía un balance definitivo sobre la cantidad total de personas lesionadas. Sí se confirmó la detención de doce manifestantes: nueve por la Policía de la Ciudad y tres por la Policía Federal.

Durante gran parte de la tarde la manifestación transcurrió sin incidentes de gravedad. Sin embargo, distintos testimonios señalaron que la tensión aumentó tras la aparición de un grupo de jóvenes identificado como nacionalista, que previamente había realizado convocatorias a través de redes sociales con mensajes de contenido antisemita. Poco después comenzaron los primeros forcejeos en el perímetro de seguridad y se produjo el avance policial.

La jornada volvió a exponer el elevado nivel de conflictividad que acompaña el tratamiento de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional. Aunque el capítulo sobre la Ley de Tierras fue retirado de la sesión, el operativo de seguridad y los enfrentamientos desplazaron el eje del debate parlamentario hacia la actuación de las fuerzas de seguridad y el derecho a la protesta, un tema que continúa generando fuerte controversia política y social.

El canciller Pablo Quirno respaldó el espíritu de la iniciativa impulsada por el Gobierno para flexibilizar el régimen de propiedad de tierras rurales y aseguró que una mayor participación de inversores extranjeros generaría beneficios para el país. Sus declaraciones se produjeron en la antesala del debate en el Senado sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse en el centro de la agenda política luego de que el canciller Pablo Quirno defendiera la posibilidad de ampliar el acceso de ciudadanos extranjeros a inmuebles y campos argentinos. Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que la llegada de inversores del exterior representa una oportunidad para el desarrollo económico y afirmó que incluso la adquisición de «pueblos y provincias enteras» podría traducirse en beneficios para el país.

Al ser consultado sobre el alcance de la propuesta original impulsada por el Gobierno nacional, Quirno respondió que el ingreso de capitales extranjeros para adquirir tierras, edificios o desarrollar emprendimientos constituye un aporte positivo para la economía argentina. Sus declaraciones generaron repercusiones políticas en momentos en que el oficialismo busca reunir apoyos parlamentarios para avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa, que será debatida en el Senado, originalmente contemplaba modificaciones a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El objetivo inicial era eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque posteriormente el Gobierno introdujo cambios para facilitar acuerdos legislativos.

La normativa vigente establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país y fija, además, límites para la concentración de superficies y restricciones vinculadas a áreas consideradas estratégicas. Esas disposiciones fueron incorporadas con el propósito de preservar el control nacional sobre recursos naturales y territorios de valor productivo.

Más allá de las modificaciones introducidas durante la negociación parlamentaria, el proyecto mantiene cambios relevantes en materia de expropiaciones, desalojos, propiedad rural y manejo del fuego. Para el Gobierno, la reforma apunta a fortalecer la protección de la propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones. En cambio, distintos sectores de la oposición, organizaciones sociales y especialistas advierten que las modificaciones podrían facilitar una mayor extranjerización de la tierra y ampliar el margen de intervención de actores privados sobre recursos considerados estratégicos.