El fallo de la Corte Suprema que dejó firme la obligación del Estado de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario abrió una nueva etapa del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades. Mientras la CONADU reclama que la recomposición salarial se refleje íntegramente en los haberes de agosto, la FATUN exige incorporar las sumas no remunerativas al salario básico y la FEDUN convocó a defender el sistema científico frente al ajuste sobre organismos de investigación.

La decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional modificó el tablero del conflicto universitario. Con la medida cautelar plenamente vigente, las organizaciones sindicales interpretan que ya no existen obstáculos judiciales para ejecutar en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario y comenzaron a coordinar una nueva etapa de reclamos destinada a garantizar la recuperación salarial y el sostenimiento de las universidades públicas.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) fue la primera en fijar posición. Reunido en Buenos Aires, el plenario de secretarios generales resolvió profundizar el plan de lucha y reclamar que la liquidación de los salarios de julio, que se abonarán en agosto, incorpore la totalidad de las actualizaciones previstas en los artículos 4 y 5 de la norma.

El gremio considera insuficiente el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo, que permitió cancelar el 21,3% de la deuda salarial acumulada y prevé un incremento adicional del 3% para octubre. Según las organizaciones docentes, esa recomposición apenas cubre una parte del deterioro sufrido por los ingresos universitarios, cuya pérdida real supera el 50% durante los últimos tres años. Bajo esa premisa, sostienen que aún resta recuperar cerca de un tercio del poder adquisitivo perdido.

La organización también impulsa consultas en las distintas universidades para evaluar una profundización de las medidas gremiales durante el segundo cuatrimestre, incluyendo la posibilidad de una suspensión total de las actividades académicas si el Ejecutivo no cumple plenamente con la legislación vigente.

La discusión salarial también moviliza al personal nodocente. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), conducida por Walter Merkis, abrió una nueva ronda de negociaciones con representantes del Gobierno nacional y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde reclamó actualizar la garantía salarial en el mismo porcentaje otorgado durante junio y previsto para octubre.

El planteo de la FATUN incorpora además una demanda histórica: que todas las sumas no remunerativas y no bonificables pasen a integrar el salario básico de cada categoría, respetando la estructura establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo. La incorporación de esos conceptos impactaría no sólo sobre los haberes mensuales, sino también sobre adicionales, antigüedad y futuras jubilaciones del personal universitario.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias respondieron que ese planteo no puede resolverse administrativamente debido a que forma parte de las cuestiones alcanzadas por el proceso judicial todavía en ejecución, respuesta que fue recibida con preocupación por la representación sindical.

La disputa trasciende la cuestión salarial. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) decidió ampliar el eje del reclamo hacia la política científica del Gobierno y convocó a respaldar el proyecto de ley destinado a garantizar la sostenibilidad y protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, iniciativa impulsada por la ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis.

La organización advirtió sobre el impacto que los recortes presupuestarios, la paralización de programas y la reducción de personal generan sobre el sistema científico argentino y llamó a fortalecer la articulación entre universidades, institutos de investigación y organizaciones sindicales para preservar la capacidad nacional de producción de conocimiento.

La convocatoria tendrá lugar el próximo 16 de julio y buscará consolidar una respuesta conjunta frente a las políticas de ajuste aplicadas sobre el sistema universitario y científico.

Con el respaldo judicial obtenido por las universidades y una recomposición salarial aún inconclusa, el conflicto ingresa ahora en una etapa de mayor presión institucional. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si el Gobierno avanza con la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario o si la disputa deriva en un nuevo ciclo de protestas capaz de alterar el normal desarrollo del segundo cuatrimestre académico en todo el país.

Las transferencias no automáticas que el Gobierno nacional envía a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron durante el primer semestre de 2026 una caída interanual del 61,8%, el segundo peor desempeño desde 2005 y apenas por encima del piso histórico alcanzado en 2024. La decisión de reducir al mínimo los envíos discrecionales consolida un cambio de fondo en la relación financiera entre la Casa Rosada y los gobernadores.

El programa de ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei continúa modificando uno de los principales instrumentos de asistencia económica a las provincias. Entre enero y junio de 2026, las transferencias no automáticas totalizaron $639.589 millones, cifra que representa una contracción interanual del 61,8%, de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco.

Se trata del segundo registro semestral más bajo desde 2005, sólo por encima del verificado en 2024, confirmando la decisión del Gobierno nacional de restringir al máximo los giros discrecionales y concentrar el esfuerzo fiscal sobre partidas que históricamente complementaban el financiamiento de las administraciones provinciales.

La magnitud del recorte también quedó reflejada en junio. Durante ese mes, la Nación distribuyó apenas $48.300 millones, lo que significó un desplome interanual del 87,7%, uno de los retrocesos mensuales más pronunciados de las últimas dos décadas.

Buenos Aires volvió a concentrar la mayor porción de los recursos, con $13.159 millones, equivalentes al 27,2% del total distribuido. Detrás se ubicaron Corrientes, con $5.104 millones (10,4%), y Santa Fe, con $4.583 millones (9,5%).

En el extremo opuesto quedaron Río Negro, con $349 millones; La Pampa, con $303 millones; y La Rioja, con apenas $161 millones, todas con participaciones inferiores al 1% del total mensual.

El ajuste alcanzó prácticamente a todo el país. Sólo San Luis, Jujuy y Chubut consiguieron exhibir incrementos interanuales durante junio, aunque desde niveles excepcionalmente bajos, ya que ninguna de esas jurisdicciones superó los $600 millones en transferencias. Las otras 21 provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron retrocesos, entre ellas San Juan, que también quedó alcanzada por la fuerte reducción de los envíos discrecionales. Mendoza presentó la menor caída, con un descenso del 7,8%, mientras que Tucumán, Santa Cruz, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires sufrieron bajas superiores al 90%.

La composición de los desembolsos evidencia además una marcada concentración de recursos. El programa de Universalización de la Jornada Extendida absorbió $24.460 millones, equivalentes al 51% del total distribuido durante junio. Le siguieron el Programa para el Desarrollo de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con $4.985 millones (10%), y las transferencias destinadas a las cajas previsionales provinciales, que recibieron $4.000 millones (8%).

En conjunto, estos tres conceptos concentraron el 69% de todos los fondos distribuidos durante el mes, reflejando una política de asignación focalizada y con escaso margen para asistencias extraordinarias de libre disponibilidad.

La fotografía del semestre mantiene la misma tendencia. Buenos Aires concentró el 20,2% del total transferido entre enero y junio, seguida por la Ciudad de Buenos Aires (14,6%), Entre Ríos (8,2%), Córdoba (6,9%), Misiones (5,8%) y Santa Fe (5,6%). En el otro extremo quedaron La Rioja y San Luis, que reunieron en conjunto apenas el 0,5% de los recursos distribuidos durante el período.

Por destino de los fondos, la Universalización de la Jornada Extendida encabezó nuevamente la ejecución presupuestaria con $159.878 millones, equivalentes al 25% del total semestral. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) representaron $121.000 millones (19%), mientras que las transferencias para sostener las cajas previsionales provinciales alcanzaron $119.167 millones, también con una participación del 19%. El 37% restante se distribuyó entre distintos programas nacionales.

Para provincias como San Juan, donde los recursos extraordinarios provenientes de la Nación han servido históricamente para acompañar obras de infraestructura, programas educativos y otras políticas públicas, la continuidad de este esquema implica una menor disponibilidad de financiamiento complementario y obliga a fortalecer los ingresos propios y la planificación presupuestaria. Al mismo tiempo, el relevamiento confirma que la reducción de las transferencias discrecionales dejó de ser una medida coyuntural para consolidarse como uno de los pilares de la estrategia fiscal del Gobierno nacional, redefiniendo el vínculo financiero entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales.

La Federación del Personal de Vialidad Nacional aseguró que el esquema de concesiones impulsado por el Gobierno favorece a las compañías adjudicatarias mediante créditos subsidiados y garantías estatales. Además, reclamó la transferencia de recursos del impuesto a los combustibles destinados a Vialidad Nacional y advirtió sobre el deterioro de la seguridad vial, al denunciar un «apagón estadístico» en los organismos encargados de relevar los siniestros.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una nueva etapa de concesiones sobre corredores viales reavivó el enfrentamiento con los trabajadores de Vialidad Nacional. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el modelo elegido para transferir la operación de rutas al capital privado incorpora condiciones financieras que, a su entender, eliminan prácticamente el riesgo empresarial y trasladan al Estado parte sustancial del respaldo económico de las inversiones.

La controversia se profundizó luego de que el Ministerio de Economía oficializara la primera etapa del proceso licitatorio para concesionar distintos tramos administrados hasta ahora por Corredores Viales S.A. La medida comprende los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, por los que se presentaron 18 empresas con 41 ofertas. Tras la evaluación técnica y administrativa, 13 propuestas fueron descartadas por incumplimientos formales, mientras que las restantes quedaron habilitadas para continuar en la compulsa.

Asimismo, una impugnación presentada por la unión transitoria integrada por Creditech S.A. y Plantel S.A. fue aceptada, lo que permitió su reincorporación al proceso.

Desde FEPEVINA, el secretario Gremial y de Prensa, Fabián Cattanzaro, cuestionó especialmente el esquema de financiamiento previsto para las futuras concesionarias. Según explicó, las compañías adjudicatarias podrán acceder a líneas de crédito del Banco BICE con tasas preferenciales —dos puntos porcentuales sobre UVA— y dispondrán de un período de gracia de dos años antes de comenzar a cancelar los préstamos.

Para el dirigente sindical, esas condiciones representan «una verdadera subvención» financiada por el Estado. A ello, agregó, se suma la posibilidad de respaldar esos créditos mediante garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), mecanismo que, según su interpretación, reduce significativamente la exposición económica de las empresas que resulten adjudicatarias. «Eso configura un riesgo empresario prácticamente nulo», afirmó.

Otro de los cuestionamientos planteados por la organización gremial apunta al destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. FEPEVINA sostiene que el 14 % de esa recaudación debería ser transferido a Vialidad Nacional para financiar obras de conservación y desarrollo de la infraestructura vial, aunque —según denunció— esos fondos no están llegando al organismo.

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por la federación, la deuda acumulada rondaría los mil millones de dólares. Cattanzaro afirmó que esos recursos habrían permitido ejecutar miles de kilómetros de mantenimiento y nuevas obras sobre la red nacional, al tiempo que sostuvo que el dinero estaría siendo utilizado para otros objetivos de política económica.

Las críticas no se limitaron al proceso licitatorio. FEPEVINA también expresó preocupación por el estado de las rutas nacionales y por la capacidad del Estado para monitorear la seguridad vial. Un informe técnico elaborado por la organización señala que más del 53 % de los aproximadamente 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe presentan un estado de conservación calificado como «malo». Sobre esa base, el gremio indicó que entre enero y abril de este año se registraron 34 fallecimientos en siniestros ocurridos sobre esos corredores.

En ese punto, la entidad denunció un progresivo debilitamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según Cattanzaro, la reducción de recursos operativos limita la realización de controles preventivos y afecta incluso la disponibilidad de equipamiento para efectuar test de alcoholemia. A ese proceso lo definió como un «apagón estadístico», al sostener que también se ha resentido la capacidad oficial para relevar y publicar información confiable sobre la evolución de la siniestralidad.

El dirigente agregó que organizaciones civiles que recopilan datos de manera independiente registran un incremento de las víctimas fatales superior al reflejado en las estadísticas oficiales, diferencia que, a su juicio, exige fortalecer los mecanismos públicos de control y producción de información.