La Universidad Católica de Cuyo (UCC) avanza con la incorporaración de la carrera de Odontología a su oferta académica y proyecta iniciar el dictado entre fines de 2027 y comienzos de 2028, siempre que complete las instancias de evaluación y acreditación exigidas a nivel nacional.

El primer paso quedó formalizado mediante un convenio entre la UCC y el Ministerio de Salud de San Juan, que contempla la utilización de establecimientos sanitarios provinciales para las prácticas y la formación clínica. El acuerdo incluye hospitales y centros de atención primaria, además de programas de prevención y espacios destinados a la salud comunitaria en distintos departamentos.

La rectora de la casa de altos estudios, María Laura Simonassi, explicó que el convenio permite incorporar al proyecto la infraestructura pública vinculada con la atención odontológica y ampliar los ámbitos de formación más allá de las instalaciones propias de la institución.

El proyecto todavía debe superar una instancia decisiva: la evaluación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). A esa etapa se suma el trámite ante la Secretaría de Educación de la Nación para obtener el reconocimiento oficial y la validez nacional del título.

La universidad trabaja actualmente sobre una primera cohorte de entre 30 y 40 estudiantes, aunque la cantidad definitiva dependerá de las condiciones que surjan durante el proceso de evaluación. También podría modificarse la estructura académica prevista inicialmente.

El diseño presentado por la UCC contempla una carrera de cuatro años de duración, aunque Simonassi aclaró que la iniciativa curricular aún está sujeta a las observaciones que pueda formular la Coneau durante la acreditación.

La UCC mantuvo reuniones con el Círculo Odontológico de San Juan y con el Ministerio de Salud para identificar necesidades de formación y evaluar la demanda existente.

Uno de los objetivos planteados es ofrecer una alternativa local para los jóvenes sanjuaninos interesados en la profesión, evitando que deban trasladarse a otras provincias para cursar la carrera. La articulación con el sistema público también apunta a incorporar prácticas vinculadas con prevención, atención primaria y salud bucal comunitaria.

Entre los espacios que podrían incorporarse a la formación aparece el nuevo Instituto Odontológico que impulsa la provincia. La infraestructura, actualmente en desarrollo, podría convertirse en uno de los ámbitos de prácticas junto con otros establecimientos sanitarios.

La Cámara de Comercio de San Juan planteó ante el EPRE el impacto de las tarifas sobre los negocios y expuso casos de facturas extraordinarias. En uno de ellos, una boleta de $3 millones fue corregida a $1,5 millón después de detectarse una falla de medición.

La electricidad comenzó a ocupar un lugar de preocupación entre los costos fijos de los comercios de la provincia y llevó a la Cámara de Comercio de San Juan a acordar con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) un mecanismo para revisar las facturas que presenten incrementos fuera de los parámetros habituales.

El dato que puso el problema sobre la mesa fue aportado por el presidente de la entidad, Hermes Rodríguez: un comerciante con más de 20 sucursales recibió en uno de sus locales una factura de aproximadamente $3 millones, mientras afrontaba un alquiler cercano a $1,2 millón. Luego de efectuar un reclamo por una presunta falla en la medición, el importe fue reducido a unos $1,5 millón, aunque continuó por encima del alquiler.

Rodríguez sostuvo que el peso de la energía dentro de los gastos comerciales pasó de representar alrededor del 10% a adquirir una incidencia considerablemente mayor. Según explicó, la Cámara planteó ante el organismo regulador la necesidad de analizar consumos, mediciones y liquidaciones para diferenciar los aumentos tarifarios de eventuales errores de facturación.

La reunión se realizó con el vicepresidente del EPRE, Ferreiro, y el ingeniero Cristian Peluso. Como resultado, ambas instituciones acordaron conformar un equipo técnico destinado a estudiar casos particulares y detectar inconsistencias antes de los meses de mayor consumo eléctrico.

Ante la próxima subida de temperaturas y el consecuente aumento del gasto eléctrico en comercios, la Cámara aconseja una inspección técnica previa que prevenga costos inasumibles.

Rodríguez señaló además que, según el relevamiento de la entidad, la tarifa eléctrica acumuló un incremento cercano al 46% interanual y sostuvo que esa suba habría superado la inflación del período. También atribuyó una parte de la elevacióna tarifaria a la reducción de subsidios definida por el Gobierno nacional, mientras que afirmó que los componentes impositivos provinciales tuvieron una evolución menor.

La discusión, de todos modos, no queda limitada al precio de la energía. El acuerdo entre comerciantes y EPRE incorpora una instancia de verificación técnica de las facturas, un aspecto especialmente relevante después de que una revisión.

La disputa por el financiamiento de las universidades nacionales sumó un nuevo capítulo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, incluida la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.

La resolución establece además que, si el Estado no acredita el cumplimiento dentro del plazo fijado, podrán aplicarse multas económicas diarias —astreintes— por cada jornada de demora. El pronunciamiento se produjo después de que el magistrado analizara la información remitida por el Ministerio de Capital Humano y concluyera que no alcanzaba para demostrar que la cautelar hubiera sido cumplida en su totalidad.

El reclamo judicial está vinculado con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada en 2025. El artículo 5 establece que los salarios de docentes y no docentes deben actualizarse por el período comprendido entre el 1° de diciembre de 2023 y la sanción de la norma, tomando como referencia la variación del IPC informada por el INDEC. También dispone que las actualizaciones posteriores se incorporen a la negociación paritaria con una periodicidad que no supere los tres meses y con una referencia mensual no inferior a la inflación.

La misma ley contempla la recomposición y actualización de las becas estudiantiles. El artículo 6 dispone que los programas de becas deben actualizarse de acuerdo con la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de prever un incremento progresivo de la cantidad de beneficiarios.

El porcentaje de recomposición salarial que aparece en la discusión judicial y sindical ronda el 33%. La cifra es presentada por las organizaciones universitarias como el incremento necesario para recuperar el poder adquisitivo perdido desde diciembre de 2023; la aplicación concreta deberá ajustarse a lo dispuesto por la ley y a la resolución judicial.

La decisión de Cormick también tiene un antecedente inmediato. Semanas atrás, el magistrado había rechazado el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar al considerar que el acuerdo alcanzado en junio no demostraba que la cuestión hubiera quedado resuelta. En esa oportunidad había solicitado al Estado que detallara y documentara el grado de cumplimiento alcanzado.