El arranque de 2026 ratificó una tendencia que se viene profundizando en los últimos meses: los salarios registrados continúan corriendo por detrás de la inflación. De acuerdo con el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice salarial del segmento formal aumentó 2,5% en enero respecto de diciembre, ubicándose por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que registró un alza del 2,9% en el mismo período.

La evolución dispar entre los distintos segmentos del mercado laboral vuelve a evidenciar problemas estructurales. Mientras el sector privado registrado replicó el promedio general con una suba del 2,5%, el sector público mostró un incremento aún más moderado, de apenas 1,8%. En contraposición, el sector privado no registrado encabezó las mejoras con un incremento del 4,4% mensual, aunque este dato presenta un rezago estadístico de cinco meses, reflejando en realidad la dinámica de agosto de 2025.

Este desfase metodológico introduce matices en la lectura de los datos: si bien los ingresos informales aparecen como los únicos que logran superar la inflación en el mes, su comportamiento no responde a la coyuntura inmediata. En cambio, los salarios formales —que impactan directamente en el consumo actual— muestran un deterioro persistente en términos reales.

En la comparación interanual, la tendencia también resulta desfavorable. El índice general de salarios registrados exhibió un incremento del 30%, por debajo del 32,4% acumulado por el IPC. Dentro de este universo, el sector privado registrado avanzó 28,5%, mientras que el sector público alcanzó el 30%, confirmando la pérdida de poder adquisitivo en ambos segmentos.

Por su parte, los trabajadores informales registraron una suba interanual del 80,6%, aunque nuevamente este dato debe relativizarse por el rezago estadístico, dado que se compara con una inflación del 33,6% correspondiente a agosto del año pasado.

Al interior del sector público, el movimiento también fue heterogéneo. El subsector nacional mostró un alza mensual del 2,0%, mientras que el nivel provincial avanzó 1,7%. En términos interanuales, las diferencias se amplían: los salarios nacionales crecieron 22,4%, muy por debajo de la inflación, mientras que los provinciales alcanzaron un 33,4%, en línea —aunque apenas— con la evolución de los precios.

El comportamiento de los salarios en el inicio del año expone una problemática persistente: la dificultad de los ingresos formales para acompañar el ritmo inflacionario. A diferencia de otros períodos donde las paritarias permitían recomponer parcialmente el poder adquisitivo, el escenario actual muestra una proyección más restrictiva, con ajustes salariales que no logran cerrar la brecha frente al aumento del costo de vida.

El impacto es directo sobre el consumo, particularmente en rubros sensibles como alimentos, que volvieron a liderar las subas en enero. Esta combinación —salarios congelados y precios en alza— erosiona la capacidad de compra de los hogares y condiciona la recuperación del mercado interno.

Asimismo, la aparente mejora de los ingresos informales no alcanza a compensar el deterioro general, no solo por su retraso estadístico, sino también por la precariedad estructural que caracteriza a ese segmento, donde los ingresos suelen ser más volátiles y carecen de mecanismos de protección.

Los datos de enero consolidan inestabilidad e inconsistencia para los ingresos formales en Argentina. Con sueldos que vuelven a quedar por debajo de la inflación y sin señales claras de recomposición inmediata, el poder adquisitivo continúa deteriorándose, afectando tanto a trabajadores del sector privado como del ámbito público.

En este aspecto, la evolución de las paritarias y la inercia de precios en los próximos meses serán determinantes para definir si esta tendencia logra revertirse o si, por el contrario, se profundiza un ciclo de pérdida sostenida del ingreso real.

La CGT anunció la creación de un observatorio de estadísticas socioeconómicas que elaborará indicadores propios sobre inflación, empleo y costo de vida. Con respaldo técnico de la Universidad de Buenos Aires, la iniciativa busca ganar peso en paritarias y cuestionar las cifras oficiales en un clima de creciente conflictividad laboral.

En medio de una disputa abierta por el rumbo económico y el alcance de la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió avanzar en una estrategia que combina técnica y política: la creación de un observatorio propio de estadísticas socioeconómicas. La iniciativa apunta a elaborar mediciones alternativas que reflejen —según la central— el impacto real de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo sobre los trabajadores.

El proyecto, que será presentado en las próximas semanas, contempla la construcción de un índice de inflación propio, junto con informes periódicos sobre empleo, salarios y costo de la canasta básica. La intención es clara: contar con herramientas que permitan disputar la interpretación de la realidad económica frente a los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), cuya credibilidad es cuestionada por distintos sectores sindicales.

Para dotar de solidez metodológica a la iniciativa, la CGT sellará un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA), específicamente con equipos técnicos de la Facultad de Ciencias Económicas. Este respaldo académico busca garantizar rigurosidad en la elaboración de los indicadores y evitar que las mediciones sean desestimadas como posicionamientos meramente políticos. Los informes se publicarán mensualmente y estarán orientados a captar la evolución de variables sensibles de la economía cotidiana.

El esquema de trabajo se organizará en torno a tres ejes principales: una medición alternativa de la inflación, un monitoreo del empleo y los despidos, y un relevamiento del costo de la canasta básica desde una perspectiva sindical. Estos datos no solo pretenden ofrecer una lectura distinta de la coyuntura, sino también convertirse en insumos clave para la negociación salarial en las próximas paritarias.

El trasfondo de esta decisión remite a un momento de redefinición estratégica del sindicalismo. Luego de resultados adversos en el plano judicial —como el rechazo en primera instancia a la cautelar contra la reforma laboral—, la central busca recuperar iniciativa en el terreno económico y político. En ese contexto, la producción de estadísticas propias aparece como un instrumento para fortalecer su capacidad de intervención.

La iniciativa también se inscribe en un escenario de creciente dificultad en torno a la pauta salarial. El Gobierno ha planteado la intención de no homologar acuerdos que superen el 2% mensual, en un momento en el que, incluso según cifras oficiales, la inflación reciente se ubica por encima de ese umbral. Para los gremios, aceptar ese límite sin cuestionarlo implicaría profundizar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos meses.

Aunque más de un millón de personas se movilizaron en todo el país, el consumo limitado y las estadías breves definieron un fin de semana largo de bajo impacto relativo. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa advirtió sobre un cambio en los hábitos turísticos, atravesado por la pérdida de poder adquisitivo.

El último fin de semana largo dejó un balance ambivalente para el sector turístico. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, se movilizaron 1.012.000 personas en todo el país, generando un impacto económico estimado en $231.084 millones. Sin embargo, la entidad calificó el período como de “baja intensidad”, al considerar que el nivel de gasto y la duración de las estadías no estuvieron a la altura de un feriado extendido.

El informe detalla que el gasto se concentró principalmente en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras generales. Aun así, el desembolso promedio diario por turista se ubicó en $103.793, lo que representa una caída del 7% en comparación con el feriado de Carnaval de este año y una baja del 1,6% frente al mismo período del año anterior, medido a precios constantes.

En términos de movimiento, la comparación interanual muestra un crecimiento significativo del 48,8% en la cantidad de viajeros respecto a 2025. No obstante, desde la entidad explicaron que este incremento responde en gran medida a la extensión del calendario y a una mayor predisposición a viajar, aunque bajo modalidades más acotadas y de menor duración.

Uno de los datos más relevantes del informe es la reducción en el tiempo de permanencia. La estadía promedio fue de apenas 2,2 noches, una cifra baja para un fin de semana de cuatro días. Este comportamiento se explica, en parte, por el encarecimiento de los combustibles —un factor clave en la decisión de viajar— y por la particularidad del calendario: el lunes fue considerado jornada no laborable y no feriado, lo que limitó la extensión real del descanso para muchos trabajadores.

En este aspecto consolidó un cambio en el perfil del turista argentino. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, predominó un viajero más austero, que priorizó actividades culturales gratuitas o de bajo costo por sobre propuestas comerciales. La tendencia refleja una adaptación del consumo turístico a las restricciones económicas actuales.

En simultaneo, se observó una mayor presencia de turistas internacionales en centros urbanos y destinos consolidados, lo que aportó cierto dinamismo en un marco donde el turismo interno continúa mostrando señales de fragilidad.

El fin de semana largo dejó en evidencia una paradoja: más movimiento, pero menor intensidad económica. La combinación de inflación, pérdida de poder adquisitivo y costos elevados —especialmente en transporte— redefine los hábitos de viaje y obliga al sector turístico a adaptarse a un nuevo escenario, donde el volumen ya no garantiza rentabilidad.