Las 60 universidades nacionales amanecieron este lunes prácticamente paralizadas por un paro total de actividades durante 24 horas, en el marco de una semana de visibilización del conflicto salarial y presupuestario que atraviesa el sistema universitario público argentino.

La medida fue convocada por la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y se desarrolla de manera conjunta con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que agrupa a los trabajadores nodocentes del sector.

Según informaron desde las organizaciones gremiales, la jornada registra un nivel de acatamiento cercano al 100% en numerosas casas de estudio públicas, reflejando la magnitud del malestar que atraviesa a docentes y trabajadores universitarios.

Reclamo por paritarias y deterioro salarial

El eje central del conflicto gira en torno a la falta de convocatoria a paritarias y a la fuerte pérdida del poder adquisitivo que denuncian los trabajadores del sector.

Desde FEDUN sostienen que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los salarios universitarios vienen registrando una caída sostenida frente a la inflación, lo que —según afirman— constituye la mayor pérdida salarial de las últimas décadas dentro del sistema educativo superior.

En ese sentido, el secretario general del gremio, Daniel Ricci, advirtió que la falta de negociación con el Ejecutivo agrava el conflicto.

“Con la pérdida salarial actual no están dadas las condiciones para el desarrollo normal de las actividades académicas en las universidades públicas”, sostuvo el dirigente.

De acuerdo con los cálculos del gremio, los trabajadores universitarios acumulan 16 meses consecutivos de deterioro salarial, y estiman que sería necesario un incremento del 55,4% para recomponer el poder adquisitivo perdido desde el inicio de la actual gestión nacional.

Presupuesto universitario bajo presión

El paro también busca destacar la situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas. Los sindicatos denuncian que el financiamiento del sistema se encuentra en una situación crítica y reclaman que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Ricci advirtió que el incumplimiento de esa normativa no solo afecta los salarios sino también la estabilidad institucional del sistema educativo superior.

“Es grave para la democracia que un gobierno se niegue a cumplir una ley”, afirmó el dirigente, al referirse al escenario presupuestario que enfrentan las universidades.

Defensa de la universidad pública

Desde las organizaciones sindicales remarcaron que la protesta forma parte de un plan de acciones más amplio impulsado por el frente gremial universitario, que incluye poner de manifiesto, actividades públicas y nuevas medidas de protesta si no se abre una instancia de negociación salarial.

El paro de este lunes vuelve a colocar en el centro del debate la sostenibilidad del sistema universitario argentino, mientras el conflicto salarial continúa sin señales de resolución inmediata.

La caída de la recaudación nacional en el inicio de 2026 impactó de lleno en la coparticipación federal. En febrero los envíos automáticos a las provincias cayeron 7,5% en términos reales y profundizaron un deterioro que comenzó el año pasado. El escenario complica las negociaciones salariales y reduce el margen fiscal de los distritos.

De acuerdo con datos oficiales, en febrero los envíos automáticos totalizaron $5,44 billones, lo que representó una caída real interanual del 7,5%. En comparación con enero, el retroceso fue aún mayor y alcanzó el 9,5%, confirmando una tendencia descendente que se arrastra desde 2025 y que ahora se profundiza.

El deterioro de los recursos afecta a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obligando a los gobiernos locales a recalcular sus estrategias fiscales en un contexto atravesado por negociaciones salariales, presiones sindicales y demandas crecientes de gasto público.

Entre los distritos más afectados aparece la Provincia de Buenos Aires, que entre 2024, 2025 y los primeros meses de 2026 dejó de recibir alrededor de 10,9 billones de pesos respecto de lo que habría percibido si se hubieran mantenido los niveles de transferencias de 2023.

Detrás se ubican la Provincia de Santa Fe, con una pérdida cercana a 2,2 billones de pesos, y la Provincia de Córdoba, con una merma de aproximadamente 1,9 billones.

También registraron recortes superiores al billón de pesos distritos como Provincia del Chaco, Provincia de Entre Ríos, Provincia de Santiago del Estero y Provincia de Tucumán.

En el caso de Provincia de San Juan, la pérdida acumulada entre 2024 y el inicio de 2026 asciende a unos 700.000 millones de pesos, un recorte que condiciona la planificación presupuestaria provincial.

Menor recaudación nacional

El principal factor detrás del retroceso en la coparticipación es la caída de la recaudación nacional. Según explicó el economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, nueve de los diez principales impuestos registraron caídas reales durante el primer bimestre del año.

En ese período, la recaudación nacional perdió cerca de $3,3 billones en términos reales frente al mismo lapso de 2025.

Entre los tributos que más retrocedieron se destacan:

IVA, con una caída de $1,68 billones.
Retenciones a las exportaciones, con una baja de $587.000 millones.
Aportes y contribuciones a la seguridad social, con una reducción de $455.000 millones. El único tributo que mostró una mejora fue el impuesto a los combustibles, que registró un aumento real de $71.000 millones.

Impacto en Nación y provincias

La contracción de los ingresos tributarios afecta tanto al Tesoro nacional como a las administraciones provinciales. Según el análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, los recursos que permanecen en manos de la Nación cayeron 9,3% en términos reales interanuales, mientras que los fondos transferidos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disminuyeron 7,6%.

En valores nominales actualizados a febrero, la Nación dejó de percibir unos $2,4 billones, mientras que los distritos resignaron cerca de $930.000 millones.

Parte de esta dinámica responde a modificaciones impositivas y a distorsiones temporales en la recaudación, como la restitución de certificados de exclusión de percepciones del IVA aduanero y el adelantamiento de importaciones registrado durante 2025.

Con ingresos en descenso, negociaciones salariales en marcha y menores transferencias desde la Nación, las provincias enfrentan un año marcado por presiones fiscales. Si la caída de la recaudación se mantiene y no es compensada por ajustes en el gasto o nuevas fuentes de financiamiento, los resultados fiscales tenderán a deteriorarse. En ese delicado equilibrio entre disciplina presupuestaria y demandas sociales se jugará buena parte de la estabilidad financiera de los distritos durante 2026.

La reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso sumó un nuevo cuestionamiento en los tribunales. El Tribunal del Trabajo N.º 3 de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la Ley 27.802, una de las disposiciones centrales que regula la actualización de los créditos laborales en juicios por indemnización. El fallo se suma a una decisión similar dictada en Córdoba y refuerza el frente judicial contra la norma.

Los jueces consideraron que el mecanismo establecido por la norma puede generar una actualización insuficiente frente al contexto inflacionario, lo que vulneraría garantías constitucionales vinculadas a la protección del trabajo y al derecho de propiedad.

En su resolución, el tribunal sostuvo que la disposición resulta incompatible con principios consagrados en los artículos 14 bis, 16 y 17 de la Constitución Nacional Argentina, al afectar el derecho de los trabajadores a una reparación adecuada frente a un incumplimiento laboral.

El caso que originó la sentencia

La decisión judicial se produjo en el marco de una demanda iniciada por un trabajador gastronómico contra los responsables de un establecimiento de comidas, a quienes finalmente se condenó a pagar más de 12,8 millones de pesos en concepto de indemnizaciones laborales.

Según consta en el expediente, el trabajador decidió considerarse despedido ante la falta de registración del vínculo laboral, la ausencia de tareas asignadas y la falta de pago de salarios.

Los empleadores no respondieron a la demanda, lo que derivó en su declaración de rebeldía procesal. Frente a esta situación, el tribunal tuvo por acreditados los hechos denunciados y reconoció el derecho del trabajador a percibir indemnizaciones por despido, salarios adeudados, aguinaldos y otras compensaciones.

Cuestionamientos al sistema de actualización

El aspecto más relevante del fallo fue el análisis del artículo 55 de la reforma laboral, que establece un sistema especial para actualizar las deudas derivadas de juicios laborales.

Según los magistrados, aplicar tasas que no compensen adecuadamente la pérdida del valor del dinero frente a la inflación puede terminar reduciendo de manera irrazonable el monto real de las indemnizaciones.

En ese sentido, el tribunal señaló que la mora del empleador no puede convertirse en un beneficio para el deudor mediante mecanismos de actualización insuficientes. También advirtió que diferenciar los créditos laborales según el momento en que se inició el juicio resulta una distinción irrazonable.

“Es sabido que el principio constitucional de igualdad no implica una igualdad meramente aritmética o formal”, señalaron los jueces en el fallo, al explicar que el legislador no logró justificar adecuadamente la diferenciación introducida por la reforma.

Aplicación de la normativa anterior

Como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad, el tribunal decidió dejar sin efecto la aplicación del artículo cuestionado y aplicar el mecanismo general previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo para actualizar el crédito laboral.

Además, los magistrados remarcaron que en casos de trabajo no registrado el empleador debe asumir plenamente las consecuencias legales derivadas del incumplimiento de sus obligaciones.

Finalmente, el tribunal condenó solidariamente a los demandados a pagar una suma de $12.819.011 al trabajador dentro de un plazo de diez días.

Un nuevo frente judicial para la reforma

Aunque se trata de un fallo de primera instancia, el pronunciamiento representa un nuevo golpe para el artículo 55 de la reforma laboral. La decisión se suma a una resolución reciente dictada por la Cámara del Trabajo de Córdoba, donde el juez Ricardo Giletta también declaró inconstitucional esa disposición.

La acumulación de fallos adversos comienza a delinear un escenario de creciente litigiosidad en torno a la aplicación de la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei.

El nuevo pronunciamiento judicial refuerza las dudas sobre la constitucionalidad del sistema de actualización de créditos laborales incorporado por la reforma. Si otros tribunales adoptan criterios similares, el artículo 55 podría enfrentar una creciente cadena de impugnaciones que obligaría a revisar uno de los puntos centrales de la normativa.