El mercado laboral argentino cerró 2025 con una señal inequívoca de deterioro. La tasa de desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que representa un incremento significativo tanto en la comparación interanual —cuando se ubicaba en 6,4%— como frente al trimestre previo (6,6%). La suba, de 1,1 puntos porcentuales en un año, se produce en un escenario donde ni la actividad económica ni el empleo muestran signos de recuperación sostenida.

El rasgo más preocupante del informe no es solo el aumento del desempleo, sino la falta de dinamismo del conjunto del mercado laboral. Las tasas de actividad y empleo permanecen prácticamente sin cambios, mientras la tasa de empleo incluso retrocede levemente hasta el 45%. En términos concretos, el sistema no está generando nuevos puestos de trabajo, lo que amplifica el impacto de cada pérdida laboral.

En los 31 principales aglomerados urbanos relevados, el número de personas desocupadas se acerca al millón. Extrapolado al total del país, la cifra asciende a 1.717.125 personas sin empleo, unas 193.515 más que en el trimestre anterior. Este crecimiento no responde a un aumento en la participación laboral, sino a una mayor expulsión o dificultad de absorción dentro de un mercado estancado.

Jóvenes, los más afectados por la falta de oportunidades

El deterioro no impacta de manera homogénea. Los jóvenes aparecen como el segmento más castigado por la dinámica actual. Entre las mujeres de hasta 29 años, la desocupación creció 3 puntos porcentuales, mientras que entre los varones de la misma franja etaria el incremento alcanzó los 3,7 puntos.

Este comportamiento evidencia una dificultad estructural para el ingreso al mercado laboral, donde las primeras experiencias de empleo se vuelven cada vez más escasas. La consecuencia inmediata es la postergación de trayectorias laborales y una mayor exposición a condiciones de informalidad o subocupación.

En contraste, los adultos de entre 30 y 64 años muestran niveles relativamente estables, lo que sugiere que el ajuste del mercado se descarga con mayor intensidad sobre quienes intentan insertarse por primera vez o cuentan con menor antigüedad laboral.

Desigualdades territoriales y urbanas

El informe también pone en evidencia fuertes disparidades regionales. El Gran Buenos Aires concentra la mayor tasa de desocupación, con un 8,6%, seguido por la región Pampeana (7,7%). En el otro extremo, el Noroeste (4,2%) y la Patagonia (4,8%) exhiben niveles más bajos.

La dimensión urbana introduce otra brecha significativa. En los grandes centros, la desocupación alcanza el 8%, mientras que en aglomerados más pequeños desciende al 4,7%. Esta diferencia refleja la mayor presión sobre los mercados laborales urbanos, donde la oferta de trabajo crece más rápido que la generación de empleo.

Sectores en retroceso y empleo vulnerable

El impacto del deterioro también se concentra en determinadas ramas de actividad. La construcción lidera la pérdida de empleo con un 19,3%, seguida por el comercio (16%), el servicio doméstico (11,3%) y la industria manufacturera (9,7%). Se trata, en su mayoría, de sectores intensivos en mano de obra y con altos niveles de informalidad o precariedad.

La contracción en estas actividades no solo reduce la cantidad de puestos disponibles, sino que también limita las posibilidades de reinserción, especialmente para trabajadores con menor calificación o trayectorias laborales inestables.

Búsqueda prolongada y señales de estancamiento

Otro indicador clave del deterioro es la extensión del tiempo de búsqueda laboral. El 30,9% de los desocupados lleva más de un año intentando conseguir empleo, mientras que casi un cuarto lo busca desde hace entre uno y tres meses. Esta prolongación evidencia un mercado con baja rotación y escasa capacidad de absorción.

Lejos de tratarse de un fenómeno transitorio, los datos configuran un cuadro de estancamiento estructural, donde la falta de dinamismo económico se traduce en mayores dificultades para acceder a un empleo formal.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos confirman un panorama de creciente fragilidad laboral. El aumento de la desocupación, combinado con la caída del empleo y la persistencia de brechas generacionales y territoriales, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema económico para generar oportunidades.

Más allá de la situación actual, el desafío central radica en revertir un esquema que no solo deja a más personas fuera del mercado laboral, sino que además prolonga los tiempos de exclusión. Sin una recuperación sostenida de la actividad y políticas activas de empleo, el riesgo es que la desocupación deje de ser un indicador cíclico para convertirse en un rasgo estructural del escenario económico argentino.

La decisión del Directorio del Banco Central de la República Argentina, encabezado por Santiago Bausili, afecta sedes clave en todo el país. El gremio La Bancaria denuncia pérdida de capacidades operativas, riesgo laboral y debilitamiento del control financiero fuera del Área Metropolitana.

El cierre de 12 agencias regionales del Banco Central de la República Argentina abre una nueva fase en la reconfiguración del organismo monetario. La medida, que impacta de forma directa sobre 32 trabajadores, alcanza a dependencias ubicadas en Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Formosa, La Rioja, Paraná, Posadas, Río Cuarto, Río Gallegos, Río Grande, Salta, San Juan y Santa Rosa.

Desde la conducción del Central justificaron la decisión en la transformación del sistema financiero: menor uso de efectivo, expansión de los pagos digitales y mayor bancarización. Bajo ese diagnóstico, sostienen que resulta necesario “adecuar la estructura operativa” a una nueva lógica de funcionamiento.

Sin embargo, la medida encontró una rápida respuesta del sindicato La Bancaria, que encuadró el cierre dentro de un proceso más amplio de reducción del organismo. Para el gremio, no se trata solo de una reorganización técnica, sino de un recorte que erosiona capacidades construidas durante décadas.

El núcleo del conflicto excede lo estrictamente laboral. Las agencias regionales cumplen funciones críticas: distribución de billetes y monedas, provisión de efectivo a entidades financieras, compensación interbancaria, custodia y supervisión operativa. Su desaparición plantea interrogantes concretos sobre cómo se sostendrá ese entramado en territorios alejados de los grandes centros urbanos.

El impacto resulta especialmente sensible en la Patagonia. El cierre de sedes en Comodoro Rivadavia, Río Gallegos y Río Grande deja a la región sin presencia directa del Banco Central, lo que podría traducirse en mayores costos logísticos, demoras en la provisión de efectivo y una dependencia creciente de centros operativos distantes.

En ese sentido, emerge otro foco de tensión: la posibilidad de traslados compulsivos. Desde el gremio advierten que esa alternativa desconoce las realidades personales y familiares de los trabajadores, y reclaman garantías de estabilidad laboral en un contexto de incertidumbre creciente.

El cierre de agencias no puede leerse de forma aislada. Se inscribe en una discusión más profunda sobre el rol del Banco Central de la República Argentina dentro del esquema económico impulsado por el gobierno de Javier Milei, quien ha planteado en reiteradas ocasiones la necesidad de reformular —e incluso eliminar— la institución.

Aunque no existe un plan integral público que detalle esa transformación, la reducción territorial aparece como un indicio concreto de cambio de paradigma: de un Banco con presencia federal activa a una estructura más concentrada y posiblemente más dependiente de la digitalización financiera.

El interrogante de fondo es si esa transición puede sostenerse sin afectar el funcionamiento cotidiano de la economía real. En amplias regiones del país, el efectivo continúa siendo un instrumento central, especialmente en economías informales, zonas rurales o localidades con menor acceso a servicios bancarios digitales.

La decisión de cerrar agencias del Banco Central de la República Argentina abre un doble frente de conflicto: por un lado, el laboral, con 32 trabajadores en situación de vulnerabilidad; por otro, el operativo, con dudas crecientes sobre la capacidad del Estado para garantizar el control y la distribución del efectivo en todo el territorio.

En un país con fuertes asimetrías regionales, la retirada del Banco Central del interior no es solo una cuestión administrativa. Es, sobre todo, una señal política y económica que reconfigura el vínculo entre el sistema financiero y las provincias, con consecuencias que aún están por medirse.

Abel Furlán fue reelecto este miércoles como secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tras imponerse con una amplia mayoría en el Congreso Electoral nacional. El dirigente obtuvo 215 de los 270 votos emitidos, consolidando así su continuidad al frente del gremio por un nuevo período de cuatro años.

La votación se llevó a cabo en el Hotel Sindical de San Telmo con la participación de representantes de 53 seccionales de todo el país. Sobre un total de 276 electores habilitados, asistieron 270, lo que evidenció un alto nivel de participación. Furlán recibió el respaldo de 48 seccionales, mientras que cinco —Capital, San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata— se manifestaron en contra.

En la misma jornada también se definió la nueva conducción adjunta: Daniel Daporta, titular de la seccional Avellaneda, fue elegido como secretario adjunto nacional en reemplazo de Naldo Brunelli.

Tras conocerse los resultados, Furlán buscó darle un tono institucional al triunfo: sostuvo que no se trata de una victoria personal sino de la organización, y remarcó la necesidad de defender el empleo, la industria nacional y el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto económico adverso.

Conflicto judicial y decisión política

La reelección, sin embargo, quedó atravesada por una fuerte controversia judicial. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había ordenado el martes la suspensión del acto electoral, en el marco de una causa impulsada por la Lista Naranja de la seccional Campana, que denunció presuntas irregularidades en ese distrito.

El tribunal —integrado por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González— fundamentó la medida en la existencia de “verosimilitud en el derecho” y en el “peligro en la demora”, al considerar que el resultado del proceso podía verse afectado por las denuncias. Además, dispuso que se preservara todo el material electoral y que no se avanzara con la proclamación de autoridades vinculadas a la seccional cuestionada.

Pese a esta resolución, la conducción nacional de la UOM decidió avanzar con el Congreso Electoral tal como estaba previsto, lo que configura un escenario de tirantez entre el gremio y la Justicia laboral.

El episodio expone una doble dimensión del conflicto: por un lado, la solidez interna de la conducción de Furlán, respaldada por una amplia mayoría de seccionales; por otro, la fragilidad institucional que se abre al desconocer una orden judicial. La decisión de avanzar con la elección puede interpretarse como un gesto político hacia adentro del gremio, pero también como un factor que podría escalar el conflicto en el plano legal.

En un clima de retracción industrial, caída del empleo y presión sobre las paritarias, la UOM se encuentra en una encrucijada donde la conducción busca reafirmar liderazgo mientras enfrenta cuestionamientos formales que podrían derivar en nuevas disputas judiciales.

La reelección de Furlán consolida su liderazgo en uno de los sindicatos industriales más relevantes del país, pero lo hace bajo una sombra de conflicto que trasciende lo electoral. La presión entre legitimidad interna y legalidad externa abre un capítulo incierto para la UOM, donde el resultado dependerá tanto de la evolución judicial como de la capacidad del gremio para sostener cohesión en un panorama económico y político complejo.