En la Cumbre Federal de Logística 2026, el gobernador Orrego advirtió que San Juan deberá prepararse para un flujo de transporte pesado creciente durante las próximas dos décadas. Reivindicó los fondos del Bono San Juan para la Ruta 40 Norte, los US$ 250 millones vinculados a Vicuña y la necesidad de ampliar la infraestructura eléctrica y vial.

Esta fue una de las principales definiciones del gobernador Marcelo Orrego durante la Segunda Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Buenos Aires, donde advirtió que las proyecciones para las próximas dos décadas anticipan un flujo de transporte pesado de gran magnitud. “Hasta diría un camión cada 46 segundos de alto porte”, señaló el mandatario al describir la circulación que podría generar el desarrollo de los proyectos mineros. La dimensión de esa demanda, sostuvo, obliga a anticipar inversiones para evitar que las limitaciones de conectividad condicionen la expansión productiva.

Orrego remarcó que San Juan concentra seis de los diez proyectos de cobre de la Argentina y que el 73% de su territorio es montañoso. Esa combinación de potencial geológico y complejidad geográfica exige obras capaces de conectar yacimientos, centros industriales y corredores de transporte.

Vicuña y el Bono San Juan, fuentes de financiamiento

El gobernador vinculó esa preparación con dos instrumentos de financiamiento. Por un lado, mencionó el acuerdo relacionado con el proyecto Vicuña, por US$ 250 millones destinados al desarrollo eléctrico y vial, con beneficios previstos también para otras industrias y el turismo.

Por otro, destacó la colocación del Bono San Juan para financiar obras prioritarias. Según detalló, la Legislatura había autorizado una emisión de US$ 600 millones, pero la colocación recibió ofertas por más de US$ 1.030 millones, un monto equivalente al 72% por encima de la autorización original. Los recursos permitirán financiar trabajos en la Ruta Nacional 40 Norte.

La disponibilidad de fondos, sin embargo, deberá traducirse en obras capaces de responder a las necesidades de transporte que acompañarán el crecimiento minero. La conectividad vial y el abastecimiento energético aparecen entre las condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones y ampliar las cadenas de proveedores locales.

Trámites más rápidos y emergencia hídrica

Orrego también defendió la digitalización de la administración pública como una herramienta para acortar plazos sin resignar controles. Según explicó, la simplificación de procedimientos busca agilizar las gestiones vinculadas con proyectos productivos y reducir tiempos administrativos.

A esa agenda sumó la emergencia hídrica provincial. San Juan cuenta con unos 3.000 kilómetros de canales primarios que requieren obras de intervención y mantenimiento, una infraestructura relevante para sostener la producción agrícola en una provincia condicionada por la disponibilidad de agua.

Al referirse a la relación entre minería y sociedad, el gobernador planteó que el desarrollo no puede limitarse a la construcción de caminos y redes eléctricas. “Ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social”, afirmó, al señalar la importancia de que la población confíe en los proyectos y en sus beneficios.

La cumbre, convocada bajo el lema “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios y especialistas para analizar las necesidades de transporte y conectividad de las provincias.

La expansión cuprífera plantea un desafío logístico prioritario para San Juan: sincronizar el flujo de capitales, el desarrollo de infraestructura y el compromiso social de manera preventiva ante el inminente aumento del transporte de carga. De la resolución estratégica de estas variables dependerá el encadenamiento productivo y el crecimiento industrial de la región.

El relevamiento de septiembre de Latam Pulse, elaborado por AtlasIntel y Bloomberg sobre 2.067 personas, registró una evaluación negativa de la economía nacional para el 71% de los consultados y del mercado laboral para el 75%. Además, el 55% espera que la economía empeore y el 58,5% prevé reducir sus compras de bienes duraderos.

El deterioro percibido también alcanza a las finanzas familiares: seis de cada diez consultados calificaron como mala la economía de sus hogares. Apenas el 20% la consideró buena, mientras que otro 20% la definió como normal. En la evaluación de la economía nacional, el 21% expresó una opinión favorable y el 9% la calificó como normal.

Las expectativas para los próximos seis meses tampoco anticipan una mejora generalizada. El 55% cree que la economía argentina empeorará, frente al 31% que espera una recuperación y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% pronostica un deterioro, mientras que el 31% espera una mejora y el 12% considera que permanecerá sin variaciones.

La perspectiva sobre los ingresos familiares es algo menos negativa, aunque predomina la cautela: el 48% espera que la economía de su hogar empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.Menos compras y mayor preocupación por los precios
La incertidumbre también se traduce en decisiones concretas de consumo. El 58,5% de los encuestados prevé reducir las compras de bienes duraderos, como electrodomésticos y otros productos de mayor valor, mientras que el 27,3% mantendría su nivel de adquisiciones y apenas el 14,2% planea aumentarlo.

La proporción de quienes anticipan un recorte en esas compras creció 11,3 puntos porcentuales frente a agosto. El dato refleja una mayor disposición a postergar gastos que no se consideran inmediatos, una conducta que puede repercutir sobre las ventas comerciales y la producción vinculada al mercado interno.

En materia de precios, el indicador de percepción de la inflación actual pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre. Las expectativas inflacionarias para el semestre siguiente también subieron, de 8,8 a 9,1 puntos.

Corrupción y desempleo, al frente de las preocupaciones

La encuesta también identificó los principales problemas que preocupan a la población. La corrupción encabezó las respuestas, con el 50,3%, seguida por el desempleo, con el 44%. La impunidad y el sistema judicial reunieron el 34,6%; la economía, el 32,2%; y los altos precios y la inflación, el 27,8%.

El debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, obtuvo el 20,2% en cada caso, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

Las empresas argentinas presupuestan aumentos salariales del 22,8% para 2027, con una previsión de inflación del 22,4%, según una encuesta de la consultora WTW. El relevamiento, presentado durante su Seminario Anual sobre Compensaciones y Beneficios, muestra que las compañías comenzaron a definir sus pautas de actualización para el personal fuera de convenio, con incrementos que, en esta primera etapa, se mantienen prácticamente alineados con los precios esperados. El 76% prevé distribuir los aumentos en dos o tres instancias, mientras que la mayoría no planea modificar los presupuestos de 2026.

El 56% de las empresas ya trabaja en el presupuesto salarial para el próximo año, mientras que el 44% todavía no inició esa tarea. Entre las compañías que avanzaron con las estimaciones, tanto la inflación proyectada como los ajustes salariales tienen una mediana del 22%, aunque los promedios se ubican en 22,4% y 22,8%, respectivamente.

Dos o tres aumentos concentrarían la mayoría de los ajustes

La modalidad de actualización también comienza a definirse. El 76% de las compañías prevé aplicar dos o tres incrementos durante 2027: el 38% contempla dos revisiones y otro 38%, tres.

Para el primer trimestre, la mediana del aumento acumulado previsto es del 10%, mientras que para el primer semestre alcanza el 10,1%. La referencia anual se mantiene en el 22%, aunque los porcentajes finales dependerán de la evolución económica y de las decisiones que adopte cada empleador.

Las previsiones presentan diferencias según la rama de actividad. Los servicios profesionales encabezan las estimaciones, con una mediana del 24%. Consumo, química, plásticos y pintura, y alta tecnología proyectan subas del 23%. En el extremo inferior, energía prevé un 20% y bancos y entidades financieras, un 21%.

Cautela para el cierre de 2026

Las decisiones pendientes sobre los salarios de este año reflejan una conducta más conservadora. El 58% de las empresas no prevé modificar el presupuesto salarial de 2026, mientras que el 34% todavía evalúa posibles cambios y apenas el 8% anticipa una revisión.
También permanece abierta la posibilidad de aplicar un ajuste compensatorio —conocido como catch up— al comienzo de 2027 para recuperar diferencias frente a la inflación. El 49% de las compañías descarta esa alternativa, el 39% la mantiene bajo análisis y el 12% confirmó que la implementará. Entre estas últimas, la mediana del incremento adicional previsto es del 5%.

Las cifras de WTW corresponden a proyecciones empresariales y no constituyen aumentos acordados ni garantizados para el conjunto de los trabajadores. Su evolución estará condicionada por la inflación efectiva, el desempeño de cada compañía y las decisiones que se adopten durante las negociaciones salariales.