El Gobierno dio a conocer oficialmente el texto íntegro de la Ley de Modernización Laboral, el proyecto que busca reconfigurar el régimen laboral argentino después de casi medio siglo de vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744. Con 182 artículos distribuidos en 109 páginas, su alcance es vasto y abarca prácticamente todas las dimensiones del vínculo laboral: remuneraciones, descansos, organización del tiempo de trabajo, derechos sindicales, formalización de nuevas actividades y procedimientos judiciales. El Ejecutivo quiere aprobarla en las sesiones extraordinarias de enero.

Empresarios lo celebraron como el paso “imprescindible” para dinamizar el empleo privado. Desde la vereda opuesta, la CGT y las CTA lo calificaron como un intento de “retroceso de derechos” y anticipan un escenario de alta conflictividad si avanza sin modificaciones.

A continuación, los principales puntos del proyecto.

Vacaciones más flexibles y posibilidad de fraccionamiento

El texto mantiene los plazos mínimos establecidos por la legislación actual, pero habilita una administración más flexible del período de vacaciones. Se podrán extender por acuerdos individuales o colectivos y, en situaciones excepcionales, acumular para el año siguiente.

El empleador deberá comunicar la fecha con una antelación mínima de 45 días —salvo que un convenio diga lo contrario— y se prevé el fraccionamiento cuando existan necesidades productivas, familiares o sectoriales.

Banco de horas y nuevas formas de organizar la jornada

Uno de los ejes más sensibles es la habilitación del banco de horas. Los convenios colectivos podrán establecer mecanismos de compensación entre jornadas más extensas y otras reducidas, siempre garantizando el descanso mínimo de 12 horas entre turnos y el piso de 35 horas semanales de descanso.

También se permitirá calcular la carga laboral en promedio, algo que flexibiliza los picos productivos sin incurrir automáticamente en horas extras.

Indemnizaciones: del sistema tradicional al fondo de cese sectorial

La reforma propone que, mediante negociación colectiva, sectores enteros puedan abandonar el esquema de indemnización tal como se conoce hoy y reemplazarlo por fondos o seguros de cese laborales financiados por aportes patronales.

Este mecanismo —defendido por cámaras como la UIA y la CAME— busca reducir la imprevisibilidad para las empresas, especialmente PYMES.
Para despidos sin causa se mantiene un mes de sueldo por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración del último año, aunque con exclusiones precisas para evitar litigios: no se computarán premios, pagos extraordinarios ni sumas transitorias.

Servicios esenciales: funcionamiento mínimo más alto

El proyecto redefine los servicios esenciales y eleva drásticamente los niveles de actividad obligatoria durante una huelga:

75% para áreas críticas,

50% para salud, energía, telecomunicaciones, transporte, educación, logística, bancos y comercio digital.

Sindicatos advierten que esto “vacía” de contenido el derecho constitucional a huelga.

Digitalización integral de la documentación laboral

Todos los recibos, certificados, planillas de asistencia y comunicaciones quedarán digitalizados con validez legal plena.
La norma busca eliminar controversias vinculadas a recibos en papel, pagos no registrados y pruebas controvertidas en juicios laborales.

Asimismo, define de manera más estricta qué conceptos integran la remuneración y cuáles son beneficios o reintegros no remunerativos.

Enfermedades, ausencias y certificados médicos digitales

Los certificados médicos serán totalmente digitales y validados por un sistema centralizado que permitirá verificar diagnósticos y justificar ausencias.
El proyecto acorta los plazos para considerar una situación como abandono de trabajo, regula las inasistencias prolongadas y establece que toda medida disciplinaria deberá ser notificada de manera fehaciente.

Reincorporación judicial y accidentes: nuevos criterios

Si un tribunal declara ilegítimo el despido, el trabajador podrá optar por volver a su puesto —con los salarios caídos— o recibir la indemnización correspondiente.
En casos de incapacidad definitiva, la empresa deberá reubicar al trabajador en tareas compatibles, salvo que resulte imposible por motivos no imputables al empleador.

Plataformas digitales: reconocimiento pleno de la relación laboral

Por primera vez, el proyecto incorpora una regulación específica para repartidores y trabajadores de aplicaciones.
El Gobierno propone considerarlos empleados formales, con aportes a la seguridad social, ART, salarios mínimos y derecho a negociación colectiva sectorial.
Las plataformas digitales rechazan la equiparación y señalan que “distorsiona el modelo de negocio”.

Actualización salarial extraordinaria

La iniciativa incorpora mecanismos de actualización salarial ligados a la negociación colectiva para evitar que los ingresos queden desfasados frente a contextos inflacionarios cambiantes.
También introduce modificaciones procedimentales en causas judiciales laborales y en regímenes especiales.

Un debate que promete ser el eje del verano político

El borrador fue recibido con entusiasmo por las principales cámaras empresarias, que lo consideran un paso hacia “la modernización del mercado laboral”.
La CGT, en cambio, denunció que se trata de un proyecto “precario y regresivo”, que busca reducir costos laborales mediante la flexibilización del empleo.

El Gobierno aspira a que el Congreso lo trate en sesiones extraordinarias de enero, lo que anticipa un escenario legislativo caliente y una fuerte disputa entre oficialismo, oposición y sindicalismo.

La “Ley de Modernización Laboral” se perfila como el proyecto más ambicioso de la gestión de Javier Milei. Su implementación reconfiguraría pilares centrales del derecho laboral argentino: desde la indemnización tradicional hasta la organización del trabajo en la era digital.
Resta saber si el Congreso avalará esta transformación estructural o si los cuestionamientos sindicales y la resistencia política impondrán límites a una reforma que promete marcar el rumbo del país en los próximos años.

En un plenario nacional, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvió presentar un amparo judicial para exigir que el Gobierno cumpla íntegramente la Ley de Financiamiento Universitario. La conducción del gremio, encabezada por Walter Merkis, denunció un “incumplimiento sistemático” del Ejecutivo y alertó que, sin respuestas, podría verse comprometido el inicio del ciclo lectivo 2026 en las universidades públicas.

La tensión entre el sistema universitario y el Gobierno de Javier Milei sumó un nuevo capítulo. En un masivo plenario nacional de secretarios generales, FATUN definió los pasos a seguir frente a lo que considera un incumplimiento grave del Ejecutivo: la suspensión de hecho de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en dos oportunidades.

La organización nodocente ratificó el estado de “alerta y movilización” y sostuvo que el oficialismo, al no aplicar la norma, agrava la situación presupuestaria de las universidades y deteriora las condiciones laborales de casi 50.000 trabajadores del sector.

La vía judicial: un amparo contra la suspensión de la ley

La resolución del plenario incluye un elemento clave: FATUN acompañará y monitoreará la acción de amparo colectivo Expte. 16.348/2025, impulsada por el personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT), que pide declarar la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno suspendió la Ley 27.795.

El objetivo del gremio es claro: que la Justicia fuerce al Poder Ejecutivo a poner en plena vigencia la ley que garantiza el financiamiento del sistema universitario y la recomposición salarial del personal nodocente.

Para FATUN, el decreto que frena la norma es “irregular”, vulnera la división de poderes y desconoce una ley aprobada por ambas cámaras del Congreso.

Advertencia fuerte: riesgo para el ciclo lectivo 2026

En su documento final, el plenario fue contundente: si el Gobierno mantiene su postura y no habilita los fondos previstos, “peligra el comienzo del ciclo lectivo 2026 y el normal funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

La falta de actualización presupuestaria ya afecta áreas críticas como mantenimiento, servicios esenciales, becas, funcionamiento administrativo, insumos tecnológicos y programas de extensión.

Reclamo político: presión al Congreso y al CIN

Además de la vía judicial, FATUN definió otras acciones políticas y gremiales:

1. Reclamo al Congreso

El gremio solicitará nuevamente que el Parlamento ratifique públicamente su defensa de la universidad pública y exija el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, tal como ya hizo al sancionarla dos veces este año.

2. Convocatoria a la Comisión Negociadora

El sindicato reclamará al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que convoque a la Comisión Negociadora de Nivel General. El objetivo: evaluar la situación crítica y consensuar estrategias para defender las necesidades presupuestarias del sistema.

3. Facultades para acciones directas

El plenario otorgó a la Mesa Ejecutiva de FATUN la potestad de adoptar todas las medidas de acción directa que considere necesarias, manteniendo activa la estructura del plan de lucha.

Un conflicto que se agrava

FATUN denunció que, pese a dos años de “firme voluntad negociadora”, el Gobierno no respondió a ninguna de las propuestas elevadas por el gremio. La situación —según la entidad— profundiza la pérdida salarial, afecta la sustentabilidad de las cajas previsionales y deteriora la salud laboral del personal.

La pulseada se inscribe en un conflicto mayor que atraviesa todo el sistema universitario: congelamiento presupuestario, paritarias cerradas, recortes en programas y la suspensión de la normativa que garantizaba un horizonte de financiamiento a mediano plazo.

El secretario general de ASIMM, Marcelo Pariente, advirtió que la inmensa mayoría de los trabajadores de plataformas opera sin formalidad laboral, expuestos a largas jornadas, ingresos inestables y sin cobertura social. Reclaman que las empresas cumplan el convenio vigente y garanticen derechos básicos.

La expansión del delivery por aplicaciones se convirtió en uno de los fenómenos laborales más visibles de los últimos años en Argentina. Sin embargo, detrás de la comodidad del servicio y de la supuesta “flexibilidad” que promocionan las plataformas, se despliega una realidad marcada por la precarización extrema.

En una entrevista con Habrá Consecuencias por El Destape 1070, el secretario general de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), Marcelo Pariente, trazó un diagnóstico contundente:
“El 95% de los trabajadores de reparto está en negro y trabaja entre 10 y 12 horas por día”, afirmó.

Según Pariente, la informalidad es tan extendida que los repartidores quedan fuera de cualquier derecho básico: sin obra social, sin ART, sin aportes jubilatorios, sin licencias y sin aguinaldo. Las empresas, denuncia, incumplen un convenio colectivo ya homologado, lo que agrava la desprotección. “Los trabajadores de plataformas estamos totalmente abandonados”, sentenció.

El dirigente explicó que la precarización no solo es laboral, sino también tecnológica. El llamado “algoritmo”, que asigna horarios, pedidos y tarifas, funciona como un mecanismo silencioso de control y disciplinamiento. “No podemos discutir el salario. El sistema decide cuánto ganamos”, señaló Pariente, y añadió que cuando ocurre un accidente la fragilidad queda expuesta con crudeza:
“Si te quiebra una pierna, te quedás meses sin poder trabajar a la buena de Dios”.

El crecimiento del sector agrava el problema. Se estima que unas 160.000 personas trabajan hoy en plataformas de reparto en Argentina, muchas de ellas como único ingreso familiar. Pero la enorme mayoría lo hace en una situación de total informalidad. La promesa de independencia y horarios flexibles se diluye frente a la realidad: jornadas que superan las diez horas, ganancias variables y gastos que corren por cuenta del trabajador, desde nafta hasta reparaciones de moto o bicicleta.

En ese contexto, ASIMM exige que se cumpla el convenio colectivo vigente y que se reconozca a los repartidores como trabajadores formales con todos los derechos que les corresponden: registro, obra social, ART, elementos de seguridad, pago por movilidad, vacaciones, aguinaldo y licencias. Pariente resumió el reclamo con claridad:
“No queremos discutir viajes, queremos discutir salarios y el poder adquisitivo de mis compañeros”.

Con miles de trabajadores sosteniendo una industria que crece sin regulaciones efectivas, el conflicto ya no gira solo en torno a un modelo de negocio tecnológico, sino a la necesidad urgente de garantizar condiciones dignas, seguridad y derechos básicos. El desafío, coinciden los especialistas, es evitar que la modernización se siga construyendo sobre un modelo de informalidad masiva.