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La presión de los gremios por lograr mejores acuerdos en las discusiones paritarias es cada vez mayor con el propósito de recuperar lo perdido en los últimos meses.

Uno de los casos más conocidos es el del gremio del SMATA que representa al sector automotor. Desde hace años, cuando la inflación anual pasó del 30%, acordó con las terminales agrupadas en ADEFA este mecanismo.

Por ejemplo, para el período abril-mayo-junio acaban de recibir un 24,53% de aumento. Esto incluso está un par de puntos porcentuales por arriba del acumulado del IPC que fue de 22,2%

Pese a esto, desde el gremio conducido por Ricardo Pignanelli vienen reclamando que la aceleración del proceso inflacionario que se produce desde inicios del 2022 está afectado el poder adquisitivo de los trabajadores mecánicos.

El argumento utilizado es que reciben al final del trimestre un ajuste por la inflación pasada y eso no llega a cubrir el costo de vida actualizado. Esto implica estos dos puntos adicionales que recibieron en julio. Fue una forma de compensar ese desfase inflacionario.

Pero para el gremio, esta no es la mejor solución y es por eso que planteó a las automotrices que el ajuste deje de ser trimestral y pase a ser bimestral, para que haya menor distorsión.

La medida está siendo analizada entre las empresas asociadas a ADEFA. Fuentes del sector consultadas por Ámbito confirmaron que se está evaluando el tema y algunos llegaron a aventurar que hay posibilidades de que se acepte. De ser así, sería el primer gremio importante que pasaría a recibir aumentos bimestrales en base a la inflación.

La industria automotriz está trabajando con altos niveles de actividad, en gran parte por la necesidad de exportar y generar dólares propios para importar el resto de vehículos que requiere para completar la gama.

La falta de reservas en el Banco Central limita mucho las posibilidades de mejorar la oferta de 0km en el mercado interno. Eso se evidencia con las demoras en entregas de muchos modelos y la existencia de sobreprecios.

Toyota es el principal productor de vehículos y, por ejemplo, está trabajando en tres turnos, de lunes a viernes, para cubrir la demanda.

Otras terminales también se encuentran en proceso de incrementar la producción por lo que un conflicto gremial sería un serio perjuicio económico.

Esto se genera en un contexto de serias dificultades de abastecimiento de insumos por las restricciones a las importaciones y la falta de dólares que hace que varias terminales tengan que estar parando las líneas de montaje de forma intermitente.

Es por eso que el reclamo del SMATA está siendo analizado seriamente por ADEFA ya que se quiere descartar cualquier medida de fuerza que complique más la producción.

De llegarse a un acuerdo, la idea es que el ajuste bimestral comience a implementarse a partir de septiembre.

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El Gobierno postergó hasta diciembre la privatización de Belgrano Cargas

El Gobierno nacional extendió hasta el 21 de diciembre el plazo para presentar ofertas por la concesión de Belgrano Cargas y Logística y reformuló las condiciones de participación para las empresas interesadas. La decisión, oficializada por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1914/2026, desplazó más de un mes la apertura prevista para el 11 de noviembre y modificó requisitos centrales de los pliegos.

La prórroga respondió a solicitudes de potenciales oferentes, que reclamaron tiempo adicional para estudiar la documentación, inspeccionar la infraestructura ferroviaria y calcular las inversiones necesarias. Algunos plantearon la necesidad de contar con hasta 90 días más para completar esas evaluaciones. Economía justificó los cambios en la necesidad de ampliar la concurrencia y favorecer una competencia efectiva.

El procedimiento comprende la concesión de las vías y los inmuebles vinculados a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, además de la posibilidad de adquirir material rodante. El proceso había comenzado con la Resolución 1049/2025 y recibió autorización para avanzar con el llamado a licitación en agosto de 2026.

Entre las modificaciones más relevantes figura la exigencia de acreditar índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno, junto con un patrimonio neto que alcance la suma de los montos requeridos para cada línea incluida en la propuesta. El requisito patrimonial podrá integrarse con el respaldo de hasta dos socios financieros, cuyos balances también serán considerados.

En el plano técnico, los pliegos ampliaron las alternativas para acreditar experiencia: podrán computarse antecedentes de la propia firma, de sus controlantes, controladas o sociedades bajo control común. También se permitirá presentar una carta de intención o un acuerdo con una empresa contratista para ejecutar las obras obligatorias y optativas previstas en caso de adjudicación.

El nuevo calendario establece que las consultas podrán formularse hasta el 3 de diciembre a las 10. La recepción de ofertas cerrará el 21 de diciembre a las 9.59 y la apertura de la primera etapa comenzará un minuto después.

La resolución incorporó, además, precisiones sobre las propuestas económicas y la documentación exigida en la plataforma CONTRAT.AR. Cada participante podrá presentar una Oferta A o una Oferta B por línea, sin combinar ambas modalidades, salvo la alternativa asociada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También se admitirá expresar los valores máximos de peaje con hasta cinco decimales en dólares por tonelada-kilómetro bruta.

La comisión evaluadora que analizará las propuestas también tendrá una integración modificada. Con estos ajustes, el Ejecutivo busca adecuar las condiciones del concurso a las observaciones de los interesados, mientras posterga la instancia decisiva para definir quiénes competirán por la explotación de una parte sustancial de la red ferroviaria de cargas.

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La canasta de los adultos mayores superó los $2,5 millones para quienes alquilan

El costo de sostener las necesidades básicas de una pareja de adultos mayores alcanzó en septiembre los $2,55 millones mensuales cuando debe afrontar un alquiler. Para quienes tienen vivienda propia, el presupuesto requerido fue de $1.742.128. Las cifras, difundidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, muestran el peso que los gastos habitacionales y sanitarios tienen sobre los ingresos de quienes dependen de haberes previsionales.

La Canasta de Consumo para Personas Mayores registró un incremento del 1,6% respecto del mes anterior en el caso de los propietarios, mientras que para los inquilinos la suba fue del 1,1%. La diferencia entre ambos presupuestos supera los $810.000 mensuales, una brecha que refleja el impacto del costo de la vivienda sobre la economía de los hogares de mayor edad.

El desglose permite identificar los principales componentes del gasto. Los alimentos representaron $655.184 y los servicios del hogar demandaron $581.012 para una pareja propietaria. En los hogares que alquilan, ese último rubro trepó a $1.391.799. A esas erogaciones se sumaron $191.528 destinados a salud y $240.437 para bienes personales.

La magnitud de los montos adquiere mayor relevancia al compararlos con los ingresos previsionales. Según el informe, el presupuesto de una pareja propietaria equivale a casi cuatro haberes mínimos, mientras que el requerido por dos adultos mayores inquilinos se aproxima a cinco jubilaciones mínimas, tomando como referencia los valores previsionales considerados en el relevamiento.

La presión también se refleja en el costo de los medicamentos. El Índice de Precios de Medicamentos (IPM) registró un aumento promedio del 1,4% durante septiembre. Los productos destinados a tratar enfermedades cardiovasculares y la hipertensión encabezaron las subas, con un incremento del 2,3%. Les siguieron los antibióticos y antisépticos, con el 2%, y los psicofármacos, con el 1,5%.

El informe vuelve a poner de relieve la distancia entre los gastos indispensables y la capacidad de compra de los adultos mayores. La vivienda, la alimentación, los servicios y los tratamientos médicos concentran buena parte del presupuesto mensual y dejan un margen reducido para afrontar otros consumos. Para los hogares que dependen exclusivamente de ingresos previsionales, la evolución de estos rubros constituye un factor decisivo en sus condiciones de vida.

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La Lista 10 ganó en todo el país y Baradel asumirá la conducción de la CTA-T

Con más del 90% de las mesas escrutadas, la Lista 10 – MÁS CTA obtuvo más del 95% de los votos y se impuso en todas las provincias y regionales. Daniel Catalano y Edgardo Llano serán los secretarios generales adjuntos, mientras Hugo Yasky continuará en la conducción nacional.

Roberto Baradel será el próximo secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), luego de que la Lista 10 – MÁS CTA se impusiera en todo el país con más del 95% de los votos, según los resultados difundidos con más del 90% de las mesas escrutadas.

El dirigente de SUTEBA encabezará la nueva conducción junto a Daniel «Tano» Catalano, de ATE Capital, y Edgardo Llano, de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), quienes ocuparán las secretarías generales adjuntas. Hugo Yasky, hasta ahora titular de la central y diputado nacional, seguirá integrado a la dirección nacional al frente de la Secretaría de Acción Política.

La elección se desarrolló en todo el territorio nacional con más de 2.600 mesas habilitadas. La organización informó que la jornada transcurrió con normalidad y resaltó el despliegue de militantes, fiscales y equipos encargados de la logística y el escrutinio.

Tras conocerse la tendencia favorable, Baradel calificó su designación como «un gran orgullo y un desafío muy grande». También ponderó la posibilidad de suceder a Yasky mediante el voto directo de los trabajadores y planteó que el respaldo obtenido deberá traducirse en mayor organización, capacidad de movilización y unidad sindical.

El futuro secretario general anticipó que la central buscará fortalecer la articulación de la clase trabajadora y avanzar en la construcción de una propuesta política alternativa al Gobierno de Javier Milei. En ese sentido, formuló duras críticas a la administración nacional, a la que cuestionó por sus políticas económicas y laborales.

El resultado consolida la continuidad de la corriente que condujo la CTA-T durante los últimos años, aunque introduce un recambio en su principal representación institucional. La permanencia de Yasky en la Secretaría de Acción Política, junto con la incorporación de Baradel, Catalano y Llano a los principales cargos ejecutivos, configura una conducción que combina continuidad dirigencial y renovación de responsabilidades.

Con presencia en todas las provincias y una estructura electoral extendida, la central inicia una nueva etapa con el desafío de traducir el respaldo de las urnas en cohesión interna y capacidad de intervención en el debate nacional sobre salarios, empleo y derechos laborales.

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