Un informe de la consultora Scentia reveló una nueva contracción del consumo masivo en febrero, con desplomes en casi todos los canales tradicionales. Mientras tanto, sectores asociados a mayores ingresos muestran dinamismo, profundizando un patrón de consumo cada vez más desigual.

El consumo masivo en Argentina continúa sin mostrar señales de recuperación. Según los últimos datos de Scentia, en febrero las ventas registraron una caída interanual del 3,4%, mientras que en la comparación mensual —frente a enero— el descenso fue aún más pronunciado, alcanzando el 6,3%.

La tendencia no es aislada. En enero ya se había verificado una baja del 1,1% interanual y un retroceso del 7% respecto de diciembre, configurando un inicio de año marcado por la debilidad del consumo. De este modo, el primer bimestre de 2026 acumuló una contracción del 2,1%, ubicándose entre los niveles más bajos desde 2024 y encendiendo señales de alerta en el comercio.

El golpe más fuerte se sintió en los supermercados, donde las ventas se desplomaron un 5,9% interanual en febrero. También registraron caídas los autoservicios independientes (-3,8%) y los mayoristas (-3,6%), confirmando que el deterioro atraviesa a todos los formatos tradicionales. Incluso rubros sensibles como farmacias (-2,9%) y kioscos y almacenes (-1,9%) evidenciaron retrocesos, lo que refleja un ajuste directo sobre el consumo cotidiano.

En contraste, el comercio electrónico fue el único canal que logró crecer, con un salto interanual del 26,5%. Este comportamiento no solo marca una transformación en los hábitos de compra, sino también una segmentación del consumo: el crecimiento se explica principalmente por rubros como alimentos, bebidas y productos de limpieza, muchas veces impulsados por promociones y estrategias digitales.

Sin embargo, el análisis mensual muestra que incluso este canal sufrió un leve retroceso del 2,6% en febrero, lo que refuerza la idea de un contexto generalizado de restricción del gasto.
El detalle por categorías es aún más contundente. Las bebidas sin alcohol lideraron las caídas con un 12,3%, seguidas por alimentos perecederos (-7,5%), bebidas alcohólicas (-7,4%) y productos de higiene y cosmética (-7%). También retrocedieron los productos de desayuno y merienda (-3,7%) y los artículos de limpieza (-3,2%). Se trata, en todos los casos, de bienes esenciales o de consumo frecuente, lo que da cuenta de un ajuste que impacta directamente en la vida diaria de los hogares.

Desde la consultora señalaron que la evolución de precios fue un factor determinante. La persistencia de la inflación, combinada con salarios que no logran recomponerse, redujo el poder adquisitivo y obligó a las familias a recortar gastos o modificar hábitos de consumo.
En este contexto, la economista y diputada nacional Julia Strada advirtió sobre la creciente desigualdad en el patrón de consumo. Según explicó, el nivel actual se ubica cerca de 13 puntos por debajo del promedio de 2023, con caídas significativas en supermercados y mayoristas.

La clave del fenómeno, sostuvo, radica en la heterogeneidad: mientras el consumo agregado puede mostrar mejoras —según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos—, ese crecimiento está impulsado por sectores de mayores ingresos, como la compra de inmuebles, autos o el turismo en el exterior.

En contrapartida, los rubros ligados al consumo cotidiano presentan retrocesos profundos. Si se compara 2025 con 2023, las ventas en supermercados caen 19%, la indumentaria 24% y los autoservicios 13,5%, evidenciando un deterioro estructural del consumo popular.

El mapa del consumo en Argentina muestra hoy una fractura cada vez más evidente. Mientras algunos sectores vinculados a altos ingresos logran sostener e incluso expandir su nivel de gasto, la mayoría de los hogares ajusta sobre bienes esenciales. La caída persistente en supermercados, almacenes y farmacias no solo refleja un escenario difícil, sino también un cambio más profundo: el pasaje hacia un modelo de consumo más desigual, donde el crecimiento agregado convive con una marcada contracción en la vida cotidiana.

La primera audiencia pública en Diputados expuso tensiones de fondo en torno a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno: cuestionamientos al proceso participativo, advertencias científicas y un debate que trasciende lo ambiental para instalarse en el terreno del empleo, el desarrollo y los derechos básicos.

La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares ingresó en una fase decisiva con la primera audiencia pública realizada este miércoles en el anexo de la Cámara de Diputados. Lejos de consolidar consensos, la instancia evidenció un escenario de alta conflictividad política e institucional, atravesado por denuncias de restricción en la participación ciudadana y por un debate de fondo que enfrenta dos modelos de desarrollo.

El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone modificar aspectos centrales de la normativa vigente. Entre los cambios más significativos, elimina la prohibición de actividades mineras en zonas periglaciales y transfiere a las provincias la potestad de definir qué áreas deben ser protegidas, desplazando el criterio técnico del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

La iniciativa, presentada oficialmente como un paso hacia el “ordenamiento normativo”, abre interrogantes sobre el equilibrio entre autonomía provincial, rigor científico y resguardo ambiental.

Sin embargo, el foco de la jornada no estuvo exclusivamente en el contenido del proyecto, sino en las condiciones bajo las cuales se desarrolló el debate. Apenas el 0,3% de los inscriptos pudo hacer uso de la palabra, en su mayoría en oposición a la reforma. Este dato activó una impugnación formal por parte de legisladores de distintos bloques, quienes sostienen que el esquema implementado vulnera principios constitucionales, así como normativas ambientales y acuerdos internacionales como el de Escazú, que garantizan la participación pública en decisiones de alto impacto.

En el plano argumental, el oficialismo sostiene que la flexibilización de la ley permitirá dinamizar la economía a través de inversiones millonarias y generación de empleo. Según estimaciones del sector empresarial, la apertura de nuevas áreas podría atraer hasta 33.000 millones de dólares hacia 2032 y crear cientos de miles de puestos de trabajo. No obstante, estas proyecciones son puestas en duda por antecedentes concretos de la actividad minera en el país.

Durante la audiencia, diversas exposiciones recuperaron el caso de Bajo La Alumbrera como ejemplo de los límites del modelo extractivo: explotación intensiva, bajo valor agregado local, escasa generación de empleo sostenido y fuertes pasivos ambientales al cierre de los yacimientos. La minería metalífera, caracterizada por su alta inversión de capital y baja demanda de mano de obra, aparece así en conlficto con actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, que dependen de recursos hídricos estables y generan ocupación a largo plazo.

Es precisamente el agua el eje que articula las principales preocupaciones. Más del 36% del territorio continental argentino depende de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar, lo que convierte a estos ecosistemas en una pieza estratégica no solo para el consumo humano, sino también para la sostenibilidad de economías regionales enteras. Provincias como Mendoza, San Juan y Neuquén basan buena parte de su producción en sistemas de riego que podrían verse comprometidos ante cualquier alteración significativa de las reservas hídricas.

La discusión se inscribe, además, en un contexto internacional marcado por la creciente escasez de agua. Un reciente informe de la Universidad de las Naciones Unidas advirtió sobre una “quiebra hídrica global”, señalando el agotamiento irreversible de acuíferos en distintas regiones del planeta. En esa línea, organismos internacionales ya expresaron preocupación por el rumbo de la reforma argentina, alertando sobre posibles vulneraciones al derecho humano al acceso al agua.

A este escenario se suma otro dato relevante: un relevamiento de la Universidad de Zurich identificó decenas de emprendimientos mineros actualmente en infracción con la ley vigente, emplazados en zonas de hielo. Para sectores críticos, la reforma no solo implicaría una flexibilización normativa hacia adelante, sino también una suerte de regularización retroactiva de actividades hoy cuestionadas, lo que tensiona aún más la legitimidad del proceso.

Desde el movimiento sindical y las organizaciones territoriales, la discusión adquiere una dimensión adicional. La reforma de la Ley de Glaciares es leída como parte de un paquete más amplio de políticas orientadas a reducir costos productivos y ampliar márgenes de rentabilidad para grandes capitales, paralelamente con cambios en la legislación laboral. En esa interpretación, ambiente y trabajo no son dimensiones separadas, sino variables interdependientes en la disputa por el modelo económico.

La reforma de la Ley de Glaciares expone una de las discusiones más complejas de la agenda pública actual: cómo compatibilizar la necesidad de crecimiento económico con la preservación de recursos estratégicos y derechos esenciales. El debate no se agota en la dicotomía entre minería y ambiente, sino que interpela la calidad institucional, la transparencia en la toma de decisiones y el tipo de desarrollo que se proyecta a largo plazo.

La audiencia pública, lejos de saldar diferencias, dejó al descubierto una fractura profunda entre los argumentos oficiales y las advertencias de amplios sectores sociales, científicos y productivos. Bajo estas circunstancias, el futuro de la ley no solo dependerá de mayorías legislativas, sino también de la capacidad del sistema político para procesar demandas, garantizar participación genuina y sostener un equilibrio que, en última instancia, definirá el acceso al agua y las condiciones de vida de las próximas generaciones.

La conducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aprobó un nuevo esquema de retiros voluntarios que podría alcanzar a 1.500 empleados. Desde el gremio advierten que la medida forma parte de un plan más amplio de reducción del empleo público y alertan por su impacto en la investigación y la asistencia al sector productivo.

La iniciativa fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y, de acuerdo con lo señalado por la Asociación del Personal del INTA, responde a un objetivo más amplio del Gobierno: reducir en torno al 10% la planta de empleados estatales. La medida se suma a una serie de recortes que ya impactaron en distintas áreas del sector público.

Desde el gremio expresaron su preocupación tanto por el volumen de desvinculaciones proyectadas como por sus consecuencias a mediano plazo. Paulo García, secretario general de APINTA, cuestionó la decisión al sostener que los retiros “debilitan la capacidad de organización de los trabajadores” y erosionan la estructura interna del organismo. Además, advirtió que la experiencia previa demuestra que quienes aceptan estas salidas difícilmente logran reinsertarse en condiciones laborales equivalentes.

El antecedente inmediato refuerza esa mirada crítica: en 2024 se implementó un plan similar que apenas logró la adhesión de unos 300 empleados, muy por debajo de las expectativas oficiales. En este sentido, desde el sindicato temen que, si no se alcanza el número previsto, se avance con mecanismos alternativos como pases a disponibilidad o directamente cesantías.

Un organismo en reducción

El recorte proyectado forma parte de una reconfiguración estructural del INTA. Según datos gremiales, el organismo contaba originalmente con unos 6.300 trabajadores. Actualmente, esa cifra habría descendido a alrededor de 5.800, producto de jubilaciones anticipadas, renuncias y la no renovación de becas.

La meta oficial sería reducir la planta hasta unos 4.500 empleados, lo que implicaría un ajuste profundo en un organismo clave para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica y la extensión rural en todo el país.

Mario Romero, ex secretario general de APINTA, señaló que la estrategia de las autoridades no se limita a la reducción de personal, sino que también incluye una revisión de la “cartera programática”, lo que podría traducirse en recortes o redefiniciones de proyectos de investigación y asistencia técnica.

La incertidumbre crece entre los trabajadores no solo por la magnitud del ajuste, sino también por sus posibles efectos sobre el entramado productivo. El INTA cumple un rol central en la generación de conocimiento aplicado, la transferencia tecnológica y el acompañamiento a productores, especialmente en economías regionales.

Mientras se aguardan definiciones formales sobre los criterios de adhesión y la implementación del plan, APINTA no descarta la adopción de medidas gremiales. El conflicto, aún en fase incipiente, abre un nuevo frente de tensión en el marco del proceso de reestructuración del Estado, con impacto directo en uno de los pilares del sistema científico-tecnológico vinculado al agro.