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De acuerdo a datos proporcionados por la Dirección de Transparencia e Información Minera de la Secretaría de Minería de la Nación, la provincia de San Juan lidera el incremento de participación de mujeres en la actividad respecto del contexto nacional.

El informe mensual detalla que en febrero el empleo femenino en la minería de la provincia alcanzó los 568 puestos de trabajo, teniendo una participación del 11,4% en el empleo minero total en San Juan.

En términos interanuales los puestos de trabajo ocupados por mujeres crecieron un 24,8%(por encima del incremento del 23,6% a nivel país), sumando 113 mujeres al empleo minero en este período.

Este incremento del empleo femenino en la actividad minera fue destacada por el ministro de Minería, Carlos Astudillo, en su reciente disertación en el Foro de Abogados en oportunidad de celebrarse el Día Internacional de la Mujer Minera.

En la ocasión el titular de la cartera minera sanjuanina resaltó el papel de la mujer en el desarrollo de la actividad minera que desde San Juan se impone como modelo para todo el país, remarcando que nuestra provincia fue recientemente galardonada en Canadá por ser el estado que ostenta el mayor índice de crecimiento de incorporación de mujeres en la actividad en las empresas que trabajan en la provincia.

Respecto particularmente de la mujer en minería, el Ministro destacó la reciente incorporación de once choferes femeninas en equipos fuera de ruta, camiones que transportan 240 toneladas de material a diario en Veladero. “Este Gobierno ha sido pionero en la aplicación de paridad de género en sus funciones y ha transferido este principio a la actividad minera».

“Cuando hablamos de una minería participativa nos referimos a esta política que lleva adelante el Gobernador Uñac desde hace casi 8 años, que ha permitido mantener en funcionamiento las dos minas metalíferas de la Provincia incluso durante la pandemia – expresó el Ministro – gracias a una construcción que ha cuidado una adecuada distribución de la renta a partir de acordar con las operadoras la mayor participación de sanjuaninos que hoy no baja del 70 % y en algunos casos superando el 90 %».

Asimismo se destaca que en el mes bajo análisis, las remuneraciones promedio percibidas por el sector minero en la provincia de San Juan alcanzaron los 721,3 mil pesos, teniendo un incremento interanual del 67,5%. De esta manera, tomando datos del SIPA, un empleado minero en la provincia ganó en promedio 2,9 veces más que el promedio de los salarios del sector privado registrado (SPR) nacional.

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La UPSRA recorre San Juan para combatir la informalidad laboral

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) recorrió San Juan para acompañar a los vigiladores y combatir la informalidad laboral. El secretario adjunto del gremio, Juan Diego García, visitó la provincia en representación de la Comisión Directiva encabezada por Ángel Alberto García, y mantuvo reuniones institucionales con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, asesores del Poder Ejecutivo, representantes del sector empresario y dirigentes sindicales de la provincia.

El problema de la informalidad laboral

UPSRA afirmó que «el problema es la informalidad laboral» y que «los trabajadores de seguridad sabemos lo que significa no tener cobertura, estabilidad ni reconocimiento: no es libertad, es desprotección disfrazada». La organización sindical destacó que el objetivo principal de la visita a San Juan fue acompañar a los trabajadores de seguridad privada de la provincia y atender de manera directa sus necesidades.

Federalismo sindical con derechos

La UPSRA subrayó la importancia de sostener una presencia gremial activa en todo el país y reafirmó su visión federal en defensa del empleo registrado. «UPSRA está presente en cada rincón del país. Donde haya un vigilador que necesite respaldo, allí tenemos que estar. Porque no hay federalismo sin organización, sin trabajo conjunto y sin derechos laborales», concluyeron en el comunicado.

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Corte extendido de GNC: Entre la emergencia climática y la falta de previsión

En medio de temperaturas extremas y una creciente demanda residencial, el gobierno prorrogó por otras 24 horas la suspensión del expendio de GNC en estaciones de servicio. La decisión pone en evidencia la fragilidad estructural del sistema de distribución de gas en la Argentina y reactiva viejos fantasmas sobre la falta de previsión energética.

La Argentina transita una de las semanas más frías del año con una consecuencia que ya se vuelve habitual: la suspensión en la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) para automóviles. La medida, que inicialmente se aplicó durante la jornada del miércoles, fue extendida 48 horas más y ahora se mantendrá vigente al menos hasta el viernes. La decisión fue oficializada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) y Ecogas, a través de un comunicado difundido por la Asociación de Expendedores de Combustibles, y responde a la necesidad de asegurar el suministro doméstico en contextos de altísima demanda térmica.

La suspensión, que afecta a estaciones de servicio de distintas regiones —con epicentro en Mendoza, Cuyo y la zona Centro— expone, una vez más, los límites del sistema energético nacional para responder a contingencias previsibles como una ola de frío. Si bien el abastecimiento domiciliario es prioritario frente al automotor, la reiteración de estos episodios revela no solo una crisis coyuntural, sino también una planificación deficitaria que arrastra décadas de desinversión, falta de infraestructura y decisiones erráticas.

Según detallaron fuentes del organismo regulador, el Comité de Emergencia del sector sesionará nuevamente este viernes para monitorear el estado del sistema y resolver si se reactiva o no la provisión de GNC. El análisis técnico incluye la evaluación de parámetros de presión, reservas disponibles y capacidad de transporte en la red troncal. Sin embargo, mientras se aguardan definiciones, miles de estaciones de servicio operan con restricciones, generando no solo malestar en los usuarios, sino también un perjuicio económico para el sector minorista del combustible.

La situación, lejos de ser inédita, pone de relieve un patrón recurrente en la política energética nacional: escasa previsibilidad, reacciones sobre la marcha y dependencia de eventos climáticos. No se trata únicamente de una crisis por bajas temperaturas, sino de un síntoma de un sistema estructuralmente tensionado. La prioridad del suministro hogareño, aunque comprensible desde lo social, desnuda la incapacidad para sostener de manera equilibrada una matriz que incluya a la industria, el transporte y los usuarios residenciales.

El epicentro del problema vuelve a ubicarse en el cuello de botella que representa la insuficiencia del transporte desde las principales cuencas gasíferas hasta los centros de mayor consumo. A pesar de los avances en obras como el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, cuya primera etapa ya está operativa, los beneficios plenos de esa infraestructura aún no se traducen en una mejora tangible para el sistema en su conjunto. Las restricciones, por lo tanto, persisten y tensionan la relación entre los actores del mercado.

Mientras tanto, el malestar se expande. Organizaciones como la Confederación de Expendedores de Combustibles y la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines, expresaron su preocupación por las consecuencias comerciales del parate. A su vez, el transporte público y privado que depende del GNC para operar encuentra dificultades para sostener la actividad diaria, en una coyuntura ya golpeada por la recesión y la merma del consumo.

La extensión del corte de GNC no es solo una decisión técnica; es también un reflejo político de las prioridades en la gestión del recurso. Mientras el invierno recién comienza, la falta de previsión y una estrategia energética integral siguen siendo asignaturas pendientes. En un país con vastas reservas de gas, que exporta excedentes en ciertos momentos del año, la paradoja de quedarse sin suministro en pleno invierno resulta inadmisible.

La prolongación del corte en la venta de GNC desnuda una realidad incómoda: la vulnerabilidad de un sistema energético que no logra articular de manera eficaz la oferta con la demanda. La ola polar actual no hizo más que acelerar una crisis que venía latente. Es hora de que las autoridades, más allá del cortoplacismo, diseñen una política de largo alcance que ponga fin a los parches estacionales y garantice la soberanía energética. Porque si el frío es pasajero, la falta de planificación, lamentablemente, no lo es.

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El Gobierno desregula el mercado del gas envasado y puede afectar a los sectores más vulnerables

El Gobierno nacional modificó el marco regulatorio del gas envasado, limitando la intervención estatal a la fiscalización de seguridad y dejando de tener injerencia en precios, oferta y demanda. La medida generó preocupación en el gremio, que advirtió que el gas envasado es utilizado mayormente por los sectores más vulnerables.

La desregulación del mercado del gas envasado es una medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en colaboración con la Secretaría de Energía de la Nación. A través del Decreto 446/2025, publicado en el Boletín Oficial, se modificó el marco regulatorio del GLP y se limitó la intervención estatal a la fiscalización de seguridad, dejando de tener injerencia en precios, oferta y demanda.

Impacto en los sectores vulnerables

La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas expresó su desacuerdo con la medida, argumentando que el gas envasado es utilizado mayormente por los sectores más vulnerables económicamente. «Hay preocupación, porque deja librado al mercado un bien de primera necesidad», señaló el titular de la federación, Guillermo Mangone.

Argumentos del Gobierno

El Ejecutivo argumentó que la desregulación es necesaria para promover una regulación moderna y eficiente, y para garantizar el abastecimiento interno de GLP al menor costo posible para los consumidores. Sin embargo, el sindicato adviertió que la medida puede tener un impacto negativo en los sectores más vulnerables.

El decreto elimina la obligación de obtener autorización previa de la Secretaría de Energía para instalar nuevas plantas de fraccionamiento o ampliar las existentes. También se flexibiliza el régimen de marcas y envases, permitiendo que los fraccionadores envasen GLP de cualquier productor, comercializador o importador.

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