Con el impulso político obtenido tras las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional acelera la redacción de una reforma laboral que busca ser debatida en sesiones extraordinarias antes de fin de año. Aunque todavía no hay un texto oficial, los borradores que circulan entre laboralistas y dirigentes sindicales despertaron una fuerte preocupación: para muchos especialistas, el anteproyecto pone en riesgo derechos consagrados en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

En los estudios jurídicos ya comenzó el análisis técnico de los puntos más controvertidos. La coincidencia entre los expertos es casi unánime: varias de las modificaciones vulnerarían garantías constitucionales básicas, lo que anticipa una intensa judicialización si el proyecto llega al Congreso tal como está.

Jornadas de hasta 12 horas: “un retroceso de un siglo”

Uno de los aspectos más sensibles es la posibilidad de extender la jornada laboral de ocho a doce horas diarias. Hoy la legislación vigente establece un máximo de ocho horas por día o 48 semanales, con límites más estrictos para el trabajo nocturno y para menores de edad.

Para los especialistas, la medida colisiona con el principio constitucional de “jornada limitada” y con tratados internacionales incorporados a la Carta Magna. “Sería un retroceso de cien años en materia de derechos laborales”, sintetizó un abogado del fuero laboral. La ampliación horaria, advirtieron, afecta la salud y la seguridad del trabajador, pilares que el derecho del trabajo protege desde principios del siglo XX.

Vacaciones fraccionadas y pagos parciales: el descanso en riesgo

Otro punto bajo observación es la división del período de vacaciones en varios tramos, lo que diluye la finalidad del descanso prolongado. La jurisprudencia argentina ha sostenido que el objetivo del régimen vacacional es la recuperación física y mental del trabajador, un propósito que se perdería con interrupciones o fraccionamientos sucesivos.

Además, los pagos parciales de vacaciones o indemnizaciones —también contemplados en el borrador— serían, según los laboralistas, una forma de precarización encubierta, incompatible con el derecho de propiedad y el principio de integralidad salarial que protege la Constitución.

Indemnizaciones con tope y en cuotas: alivio para empresas, costo para empleados

La iniciativa prevé que las pequeñas y medianas empresas puedan pagar las indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales, con un tope de 10 sueldos. Este esquema choca de lleno con la LCT, que establece una compensación equivalente a un mes de salario por cada año trabajado, sin límite y con pago íntegro.

“Más allá del argumento de aliviar la carga a las pymes, en los hechos se traslada el costo del despido al trabajador”, explican los abogados laboralistas. Además, el Código Civil y Comercial prohíbe el pago parcial de deudas si el acreedor no lo acepta, lo que sumaría otro conflicto jurídico.

Banco de horas: flexibilidad con pérdida salarial

El borrador introduce la figura del “banco de horas”, un sistema que permitiría compensar horas extras con días de descanso, eliminando el pago con recargo. El Gobierno lo presenta como una herramienta de “modernización”, pero desde el sindicalismo advierten que, en la práctica, implica una reducción del salario real y una mayor disponibilidad horaria sin retribución económica.

Actualmente, la LCT establece un recargo del 50% o del 100% según el día y horario de las horas extras, un esquema que protege al trabajador de los abusos en la carga laboral.

El regreso de los “tickets canasta”: la sombra de los 90

Entre los puntos más polémicos figura el posible retorno de los vales de comida o “tickets canasta”, eliminados en 2007. Este sistema, característico de la flexibilización laboral de los años 90, fue declarado de carácter salarial por la Corte Suprema en 2009, al reconocer que debía integrarse a los aportes y contribuciones.

De reinstaurarse, advierten los especialistas, se excluiría parte del salario de los aportes jubilatorios y del cálculo de indemnizaciones, lo que debilitaría la protección social del trabajador y reproduciría esquemas ya superados.

Fin de la ultraactividad: golpe a la negociación colectiva

La propuesta también contempla eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, su vigencia automática hasta que se firme un nuevo acuerdo. Para los expertos, esta decisión desequilibra las relaciones laborales y debilita el poder de negociación sindical, en abierta contradicción con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen jerarquía constitucional en Argentina.

“Quitar la ultraactividad es desconocer los compromisos internacionales del país y retroceder en materia de libertad sindical”, alertaron fuentes gremiales.

Una reforma en conflicto con la Constitución

De aprobarse en los términos actuales, la reforma nacería con serias inconsistencias jurídicas, advierten los especialistas. Las modificaciones afectarían artículos centrales de la LCT sin revisar su estructura general, lo que generaría conflictos de interpretación y posibles planteos de inconstitucionalidad.

“No es una modernización del trabajo, sino una reedición de las recetas de los años 90”, sostienen desde el ámbito sindical. Mientras tanto, en los estudios de abogados laboralistas ya se preparan los argumentos que podrían llevar la disputa a los tribunales.

La pulseada recién comienza, pero el horizonte anticipa una batalla legal que podría redefinir los límites entre la flexibilidad empresarial y los derechos laborales.

Con la presencia de representantes de los tres sindicatos docentes y de los ministerios de Educación y Economía, comenzó la cuarta negociación paritaria del año. La reunión apunta a definir una recomposición que compense la pérdida de poder adquisitivo y mantenga la paz salarial en el sector educativo sanjuanino.

A las 15 de este viernes se dio inicio al primer encuentro de la cuarta mesa paritaria entre los gremios docentes y el Gobierno de San Juan. El diálogo, celebrado en la sede del Ministerio de Educación, contó con la participación de autoridades de las carteras de Economía, Finanzas y Hacienda, encabezadas por el ministro Roberto Gutiérrez, y de Educación, a cargo de Silvia Fuentes.

La reunión tiene como eje la definición del monto de recomposición salarial que percibirán los trabajadores de la educación, en un contexto de inflación persistente y reclamos de actualización que permitan sostener el poder de compra del salario docente.

Por parte del Ejecutivo provincial participaron además el secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farías; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; y la jefa de Asesoría Letrada, Vanesa Débora Mestre, junto a los asesores jurídicos Martín Recabarren y Gabriel González.

Del lado gremial estuvieron presentes representantes de las tres organizaciones docentes con representación en la provincia. Por UDAP, la secretaria general Patricia Quiroga, acompañada por el asesor legal Daniel Persichella, la secretaria de Prensa Verónica Jofré y el asesor técnico Walter Ríos. Por AMET, asistieron el secretario gremial Francisco Campos, el secretario adjunto Adrián Ruiz y la secretaria de prensa Gabriela Rothis. Finalmente, por UDA, participaron la secretaria general Karina Navarro, el asesor legal Guillermo Meritello, la asesora pedagógica Vanesa Marano y la secretaria previsional y de Acción Social Nancy Vilaplana.

Fuentes sindicales adelantaron que el objetivo de esta nueva instancia es recuperar parte del salario perdido frente al avance de los precios y mantener un diálogo abierto con las autoridades provinciales. Desde el Gobierno, en tanto, se destacó la voluntad de continuar negociando dentro del marco de responsabilidad fiscal, procurando equilibrar las cuentas públicas sin desatender el reclamo del sector educativo.

Con el antecedente de tres acuerdos anteriores en lo que va del año, el resultado de este nuevo encuentro será clave en materia salarial y marcará el tono de la relación entre el Gobierno y los gremios en el tramo final del ciclo lectivo.

El titular nacional de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN), Marcelo Mena, analizó el escenario político y económico tras las elecciones legislativas. Cuestionó la falta de resultados del RIGI, alertó sobre intentos de flexibilización laboral y subrayó la necesidad de “construir desarrollo minero con licencia social y equidad”.

En diálogo con Mundo Laboral SJ, Mena abordó el mapa político que dejaron los comicios legislativos y la nueva etapa que se abre para las economías regionales vinculadas a la actividad. Destacó que “en los distritos donde la minería es motor económico, la mayoría respaldó a las fuerzas políticas que promueven el desarrollo del sector”, aunque advirtió que ese respaldo “debe traducirse en resultados concretos y no en discursos vacíos”.

El Representante sindical valoró los avances en la provincia de Mendoza —donde el proyecto San Jorge obtuvo la declaración de impacto ambiental— como un paso importante para la diversificación productiva, pero insistió en que “ningún emprendimiento minero puede sostenerse sin licencia social”. En ese sentido, afirmó que “la licencia social no se otorga de una vez y para siempre, se construye día a día con responsabilidad, transparencia y participación de las comunidades”.

Mena subrayó que el diálogo debe incluir a todos los actores, incluso a los sectores ambientalistas: “No hay que aislar a nadie; la democracia se ejerce también escuchando a quienes disienten. La minería tiene que hacerse bien, con controles, con responsabilidad ambiental y con beneficios reales para la población”.

RIGI y promesas incumplidas

Consultado sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el titular de ASIJEMIN fue categórico: “Hasta ahora no vemos un solo yacimiento que se haya puesto en marcha gracias al RIGI. Hay anuncios, pero no hay inversiones concretas”.

El sindicalista cuestionó que se presenten estas políticas como soluciones automáticas: “El problema no es la falta de incentivos, sino la falta de compromiso real de las empresas. Si se prometen inversiones y no llegan, el Estado debe exigir explicaciones”.

El dirigente gremial recordó que la historia reciente demuestra que “las reformas laborales o tributarias por sí solas no generan empleo”. En esa línea, afirmó que “es el mismo discurso que escuchamos en los años 90: se prometió más trabajo, pero lo que hubo fue desempleo, hambre y desindustrialización”.

Paritarias y defensa del salario

Respecto de la situación salarial, Mena informó que ASIJEMIN alcanzó acuerdos escalonados con empresas como Newmont, Minera Santa Cruz, Cerro Negro y Vanguardia, logrando incrementos “por encima de la inflación” y priorizando la defensa del empleo.

Explicó que el gremio transita actualmente un proceso de conciliación obligatoria en Santa Cruz por despidos en Cerro Negro, con nueva audiencia el 26 de noviembre. “Defendemos cada puesto de trabajo y el poder adquisitivo de los compañeros. Aspiramos a recuperar la previsibilidad de las paritarias anuales, que permitan planificar mejor el salario y la vida de los trabajadores”, sostuvo.

La reforma laboral y el sentido del trabajo

En relación con los proyectos de reforma laboral impulsados por sectores del oficialismo, el referente de ASINEMIN fue contundente: “Ninguna reforma laboral genera empleo. Estas propuestas apuntan a debilitar la organización sindical, eliminar derechos y fomentar la precarización”.

Advirtió que las ideas de ampliar la jornada laboral, flexibilizar despidos o fraccionar las indemnizaciones “nos retrotraen a la década de los 90”. “No hay que tener miedo de decirlo: son medidas regresivas que castigan al trabajador y favorecen la especulación”, expresó.

El gremialista defendió un enfoque diferente: “Si vamos a discutir una reforma laboral, hagámoslo para reducir la jornada a seis horas, fomentar la igualdad de género, facilitar la jubilación anticipada en sectores de alto riesgo y promover la participación de los trabajadores en las ganancias. Esa es la reforma que queremos”.

Mena recordó que en los países desarrollados las jornadas laborales rondan las 36 a 40 horas semanales: “En Argentina tenemos una de las más extensas del mundo. Plantear extenderla a 12 horas es una locura. ¿Dónde queda el tiempo para la familia, para la formación, para la vida?”.

Marcelo Mena sintetiza la mirada de un sindicalismo minero que busca equilibrio entre desarrollo económico, sustentabilidad ambiental y justicia social. Frente a los intentos de flexibilización, reafirma el rol del trabajo como eje de dignidad y cohesión.

“Los minerales pertenecen al pueblo, y el primer beneficiado debe ser la gente”, resumió. Con esa premisa, el dirigente convoca a una agenda que combine producción, diálogo y respeto por los derechos laborales, en un país que necesita inversiones genuinas y un modelo de crecimiento con equidad.