La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores llamaron a realizar un cese de actividades, abandono de tareas y movilización a la Plaza de los Dos Congresos. La jornada coincidirá con una sesión impulsada por bloques opositores y reunirá demandas por el financiamiento universitario, la discapacidad y la Ley de Tierras.

Las dos principales vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) convocaron a una jornada de protesta para el 15 de octubre, con cese de actividades, abandono de tareas y movilización frente al Congreso de la Nación. La iniciativa busca concentrar en una misma convocatoria reclamos sindicales, educativos y sociales, en coincidencia con una sesión de la Cámara de Diputados promovida por bloques de la oposición.

La convocatoria fue anunciada por los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky. Ambas organizaciones anticiparon su participación junto con docentes, estudiantes universitarios, jubilados, familiares de personas con discapacidad y agrupaciones que cuestionan distintas medidas del Gobierno nacional.

El objetivo, según expresaron, es acompañar desde la calle el debate parlamentario y fortalecer los reclamos de sectores que mantienen disputas abiertas con la administración de Javier Milei.

Universidades, discapacidad y Ley de Tierras

Uno de los principales reclamos estará vinculado con las universidades públicas, cuyos trabajadores mantienen medidas de fuerza para exigir una recomposición salarial y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones. La convocatoria se produce mientras continúa la disputa judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y los gremios sostienen la marcha federal prevista para esa misma fecha.

La agenda también incluirá las demandas de organizaciones vinculadas con la discapacidad, que reclaman la continuidad de las medidas de emergencia y recursos para garantizar las prestaciones. A esos planteos se sumará la oposición a la derogación de la Ley de Tierras mediante el DNU 70/2023, una discusión que involucra cuestiones de soberanía y regulación de la propiedad rural.

Las CTA plantearon la jornada bajo las consignas de defensa de la educación, la soberanía y la democracia. La convocatoria constituye, además, una nueva acción conjunta de ambas centrales, que buscan articular sus reclamos con organizaciones sociales y espacios políticos opositores.

La coincidencia entre la movilización y la sesión legislativa apunta a trasladar las demandas al Congreso en un momento de discusión sobre financiamiento educativo, políticas de discapacidad y legislación sobre tierras. La magnitud de la convocatoria y el desarrollo del debate parlamentario serán factores centrales para medir el alcance político y sindical de la jornada.

El juez Martín Cormick concedió el recurso presentado por el Gobierno nacional contra el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pero dispuso que continúe la ejecución de la medida cautelar. La Cámara deberá revisar la resolución mientras los gremios sostienen la marcha federal del 15 de octubre.

La disputa por el financiamiento universitario sumó una nueva instancia judicial sin modificar, por ahora, la obligación del Gobierno de cumplir con la cautelar vigente. El juez federal Martín Cormick concedió la apelación del Poder Ejecutivo contra la resolución que ordenó aplicar la Ley 27.795, pero dispuso que continúe el trámite para hacer efectiva esa medida mientras interviene la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La resolución mantiene abierto el reclamo por la actualización de los salarios docentes y nodocentes, las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales y las becas estudiantiles. El tribunal de segunda instancia deberá determinar si confirma o revoca el fallo de primera instancia, mientras el expediente continúa su curso.

Los argumentos del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, cuestionó la medida por considerar que provoca perjuicios institucionales y compromete el equilibrio fiscal. En su presentación, sostuvo que la aplicación de la ley tendría efectos presupuestarios de gran magnitud sin identificar una fuente de financiamiento específica y suficiente.

La cartera también objetó la utilización del amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según su planteo, la vía judicial elegida no sería adecuada para resolver una controversia que requiere establecer montos, fuentes de recursos y alcances normativos.

El Ejecutivo argumentó, además, que el financiamiento debería instrumentarse mediante reasignaciones presupuestarias y advirtió que esa alternativa comprometería una proporción significativa de los créditos disponibles para gastos primarios. Para fundamentar su posición, invocó las leyes 24.629, 24.156 y 27.798, vinculadas con la administración y ejecución del gasto público.

La discusión enfrenta así dos cuestiones centrales: el alcance de una ley aprobada por el Congreso y la posición oficial de que su cumplimiento debe ajustarse a las reglas presupuestarias y a la disponibilidad de recursos.

Los gremios ratificaron la marcha del 15 de octubre

Mientras avanza la revisión judicial, las federaciones universitarias confirmaron la Quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. La convocatoria se mantiene ante la falta de certezas sobre la aplicación efectiva de la ley y la recomposición de los ingresos del personal.

El titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, ratificó la movilización. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, también anunció que sostendrá las medidas gremiales, incluidos paros escalonados en distintas instituciones.

Según las cifras difundidas por las organizaciones sindicales, el Gobierno habría cancelado el 21,3% de los montos reclamados, mientras que seguiría pendiente un 33,4% de la recomposición salarial y un 20% de los fondos vinculados con presupuesto y becas.

Con la concesión del recurso de apelación y la subsistencia de la medida cautelar, la controversia se eleva a la Cámara sin que se haya dirimido la cuestión presupuestaria. Simultáneamente, las entidades gremiales sostienen las medidas de fuerza como mecanismo de presión, demandando que la resolución judicial impacte de manera efectiva en el sistema universitario nacional.

El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo régimen de retiros voluntarios para reducir la dotación de personal de la Administración Pública Nacional (APN). El proyecto, elaborado por la Secretaría de Transformación del Estado, a cargo de Maximiliano Fariña, bajo la conducción del ministro Federico Sturzenegger.

La iniciativa contempla compensaciones diferenciadas por edad y antigüedad, la eliminación de las vacantes y una prohibición de reingreso al Estado durante ocho años. La iniciativa también exige renunciar a la representación sindical y deja la aprobación de cada solicitud en manos de las autoridades de cada organismo.

La plan todavía debe completar su trámite para convertirse en una norma vigente. Entre sus principales condiciones figura la supresión del cargo presupuestario de cada trabajador que se retire, con la prohibición de cubrir esa vacante durante al menos dos años. El mecanismo busca que las desvinculaciones se traduzcan en una reducción efectiva de la estructura estatal.

El régimen alcanzaría al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedarían excluidos, entre otros, integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, personal del Servicio Exterior, organismos de inteligencia y cargos docentes. Tampoco podrían adherir quienes afronten determinados sumarios disciplinarios o procesos judiciales, ni quienes ya estén en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria.

Tres modalidades de compensación

El borrador divide a los posibles beneficiarios en tres grupos, con fórmulas de pago diferentes:
Próximos a la edad jubilatoria: mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no reúnan los aportes necesarios. Podrían optar por una prestación mensual equivalente al 60% del sueldo bruto habitual hasta alcanzar la edad jubilatoria, con un máximo de 36 meses, o por un pago calculado a razón de un sueldo por año de antigüedad, hasta 18 remuneraciones.

Con edad y aportes para jubilarse: mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 que reúnan los años de servicio requeridos. La compensación sería de un sueldo por año de antigüedad, con un tope de 18 salarios, más un adicional equivalente a cinco sueldos.

Trabajadores de menor edad: mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62. Recibirían un sueldo por año trabajado, con un máximo de 20 remuneraciones, más una compensación adicional de cuatro o cinco sueldos según la antigüedad.

En los casos previstos de pago en cuotas, el proyecto establece desembolsos mensuales consecutivos y fija un límite de $20 millones para cada uno de los dos primeros pagos, con cancelación del saldo restante en una tercera cuota.

Restricciones para volver al Estado

Uno de los puntos centrales del borrador es la prohibición de reingresar al Sector Público Nacional durante ocho años desde la desvinculación. La restricción abarcaría distintas formas de contratación, incluidos cargos jerárquicos, asesorías y programas financiados por organismos internacionales. La excepción contemplada corresponde a la docencia en universidades nacionales.

Si una persona incumpliera esa condición, debería devolver la totalidad de la compensación recibida, actualizada por el índice de precios al consumidor (IPC), más un interés anual del 3%.

El texto también establece una condición que podría generar cuestionamientos sindicales: los empleados con mandato gremial vigente deberían renunciar a su condición de delegados y acreditar esa decisión al solicitar el retiro. La exigencia se extendería a quienes se hubieran postulado como candidatos sindicales.

La facultad de decisión final corresponderá a cada entidad

La incorporación al régimen tendrá carácter voluntario pero requerirá aprobación expresa. Los ministros, secretarios de la Presidencia y demás autoridades competentes estarán facultados para admitir o denegar las solicitudes por necesidades del servicio, conforme al procedimiento establecido en la propuesta.