Un relevamiento nacional de Zentrix Consultora reveló que el 86,1% de los argentinos considera que sus ingresos quedaron por debajo de la inflación. La encuesta también muestra que seis de cada diez hogares agotan sus recursos antes del día 20, mientras crece la desconfianza sobre las estadísticas oficiales y se consolida una percepción de deterioro económico que atraviesa incluso a votantes del oficialismo.

La desaceleración de la inflación, uno de los principales argumentos del Gobierno para sostener la recuperación del poder adquisitivo, no encuentra correlato en la percepción de la mayoría de la población. El último Monitor de Opinión Pública (MOP), elaborado por Zentrix Consultora durante junio, refleja una amplia brecha entre los indicadores macroeconómicos difundidos por la administración nacional y la experiencia cotidiana de los hogares.

El dato central del estudio es contundente: el 86,1% de los consultados sostiene que su salario no logró acompañar el aumento de los precios. La percepción trasciende las diferencias políticas y alcanza incluso a quienes respaldan al presidente Javier Milei. Entre los votantes oficialistas, siete de cada diez reconocen que sus ingresos también perdieron capacidad de compra, mientras que entre quienes se identifican con la oposición ese porcentaje asciende al 96,6%.

La pérdida de poder adquisitivo encuentra un correlato directo en la administración de la economía doméstica. El 61% de los encuestados asegura que sus ingresos alcanzan, como máximo, hasta el día 20 de cada mes. En el extremo opuesto, apenas un 13% afirma llegar al cierre del mes con capacidad de ahorro.

El relevamiento también ofrece una radiografía de la percepción social. Más de la mitad de los participantes, el 50,2%, se identifica como integrante de la clase baja, mientras que sólo el 10,5% considera pertenecer a la clase alta. Esa autopercepción guarda una estrecha relación con la disponibilidad de ingresos: entre quienes se reconocen dentro de la clase baja, el 86,1% admite quedarse sin dinero antes de finalizar el mes, proporción que desciende al 43% en la clase media y al 11,8% entre quienes se ubican en el nivel socioeconómico más alto.

Asimismo, el documento destaca la credibilidad de las estadísticas públicas. El 68,8% considera que el índice de inflación difundido por el INDEC no refleja el aumento de precios que percibe en su vida diaria. Esa desconfianza se profundiza entre los hogares de menores recursos, donde supera el 80%, consolidando una distancia cada vez mayor entre la medición oficial y la percepción ciudadana.

La mirada sobre el futuro tampoco ofrece señales alentadoras. El 55,1% cree que las mayores dificultades económicas todavía no quedaron atrás, mientras que apenas uno de cada cuatro considera que el período más complejo ya fue superado.

Pese a ese cuadro, el estudio identifica un fenómeno político relevante. La desaprobación del Gobierno dejó de incrementarse y mostró una leve reducción respecto del mes anterior. La imagen negativa del presidente descendió del 61,2% al 56,6%, mientras que la aprobación avanzó hasta el 33,2%.

Para la consultora, esa estabilidad responde a que una parte significativa de la sociedad parece haber incorporado el ajuste como una condición persistente de la economía. Bajo esa lógica, el deterioro del ingreso continúa afectando la vida cotidiana, aunque pierde capacidad para modificar, por sí solo, la valoración política del Gobierno.

La Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa Volver al Trabajo. La resolución despeja el camino para su finalización en agosto, deja sin cobertura a cerca de 900 mil trabajadores de la economía popular y reaviva la disputa entre el Gobierno y las organizaciones sociales.

Los camaristas consideraron que mantener vigente la cautelar implicaba anticipar el resultado del proceso principal, criterio que revirtió la resolución dictada por el Juzgado Federal de Campana. En primera instancia, el magistrado había sostenido que la interrupción del programa configuraba una medida regresiva para personas en condiciones de alta vulnerabilidad.

La consecuencia inmediata alcanzará a unos 900 mil beneficiarios, quienes dejarán de percibir un ingreso mensual cercano a los 80 mil pesos que funcionaba como complemento para hogares sin inserción laboral formal. La decisión tendrá un impacto directo sobre uno de los principales instrumentos de asistencia destinados a los trabajadores de la economía popular.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) rechazaron con dureza el fallo y acusaron a la Justicia de convalidar la estrategia oficial de desmantelar las políticas de contención social. La organización sostuvo que el ingreso representaba un recurso indispensable para afrontar la alimentación de miles de familias y advirtió que profundizará su plan de movilizaciones en todo el país.

La resolución también fortalece la estrategia diseñada por la ministra Sandra Pettovello. Capital Humano sostiene que el programa tenía un plazo de vigencia ya cumplido y que su continuidad desvirtuaba el objetivo original. En reemplazo de las transferencias directas, la cartera impulsa un sistema de vouchers de capacitación laboral, mediante el cual los recursos serán destinados a empresas, instituciones educativas y centros de formación encargados de brindar cursos de inserción laboral.

De acuerdo con la planificación oficial, otra parte de los fondos liberados será reasignada a programas educativos, entre ellos la ampliación de la jornada escolar en establecimientos ubicados en zonas de mayor vulnerabilidad.

El fallo representa mucho más que la clausura de un programa asistencial. Consolida el respaldo judicial a la redefinición de la política social impulsada por el Gobierno, basada en sustituir los subsidios directos por mecanismos de formación e intermediación laboral. Al mismo tiempo, abre una nueva etapa de confrontación con las organizaciones de la economía popular, que anticipan una escalada de acciones gremiales y judiciales mientras el Ejecutivo profundiza su estrategia de reordenamiento del gasto público y redefine el alcance de la asistencia estatal.

El proceso de modernización de las estaciones de servicio continúa ganando espacio en la Argentina y San Juan se posiciona entre las provincias que más rápidamente incorporaron el sistema de autodespacho. Según un relevamiento realizado sobre información oficial de la Secretaría de Energía de la Nación, la provincia cuenta con ocho bocas de expendio adaptadas a esta modalidad, registro que la ubica en el octavo lugar del país, compartiendo esa posición con Chubut.

El esquema permite que los automovilistas carguen combustible sin la intervención de un playero, mediante equipos diseñados para que el propio usuario complete la operación de manera autónoma. La modalidad comenzó a expandirse durante el último año y ya alcanza a 181 estaciones de servicio distribuidas en distintas jurisdicciones.

El liderazgo corresponde a Córdoba, que reúne 27 establecimientos con autodespacho, seguida por Mendoza, con 20; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 19; y Santa Fe, con 15. Detrás se ubican otros distritos que avanzan en la incorporación de esta tecnología, entre ellos San Juan, que logró posicionarse dentro del grupo de provincias con mayor desarrollo relativo.

Buena parte de la expansión provincial responde a la estrategia desplegada por YPF, cuya red concentra la mayor cantidad de estaciones adaptadas al nuevo sistema. La petrolera impulsó la incorporación progresiva del autodespacho como parte de un proceso orientado a diversificar las modalidades de atención y optimizar la experiencia de los usuarios.

El crecimiento de este formato también acompaña una transformación más amplia en la comercialización de combustibles, donde la incorporación de herramientas digitales y procesos automatizados comienza a modificar el funcionamiento tradicional de las estaciones de servicio.

La presencia de San Juan entre las provincias con mayor implementación del autodespacho confirma una rápida adopción de las nuevas modalidades operativas que impulsa el mercado de los combustibles. El desafío hacia adelante estará dado por la velocidad con que avance esta transformación, su aceptación por parte de los usuarios y el impacto que pueda generar sobre la organización laboral y el modelo de prestación de servicios en las estaciones de todo el país.