Docentes y nodocentes de las universidades nacionales realizan este martes un paro de 24 horas tras rechazar la última propuesta del Gobierno. Reclaman una recomposición del 31,2%, la restitución del FONID, mejoras para el personal nodocente y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida alcanza a las entidades representadas por FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA, por lo que la protesta comprende tanto el dictado de clases como las tareas administrativas, técnicas y de servicios.

El paro fue ratificado luego de la reunión paritaria del 1° de septiembre, cuando el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento del 3% para septiembre y sostuvo otro 3% para octubre. Las organizaciones rechazaron la propuesta al considerar que no contempla el deterioro acumulado de los salarios frente a la inflación. Además, señalaron que el tramo correspondiente a octubre ya había sido acordado en junio.

El reclamo gremial contempla una recomposición del 31,2% acumulada hasta julio, a la que deberán incorporarse la inflación de agosto y los montos pendientes de actualización. También se exige un mecanismo de revisión periódica vinculado al índice de precios del INDEC para evitar nuevas pérdidas del poder adquisitivo.

A la agenda salarial se suman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), respuestas para las escuelas preuniversitarias y una mejora de las condiciones del personal nodocente. FATUN reclama, además, el blanqueo de sumas no remunerativas y una actualización de la garantía salarial.

El conflicto incorpora una disputa presupuestaria. Los gremios reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya implementación permanece demorada por decisión del Poder Ejecutivo y constituye uno de los principales puntos de desacuerdo.

Los dirigentes sindicales advierten que la pérdida de ingresos ya repercute sobre la permanencia de docentes, investigadores y estudiantes. Ricardo Mozzi, de FAGDUT, sostuvo que el deterioro salarial genera “éxodo y deserción”, mientras que Sergio Romero, titular de UDA, cuestionó la demora oficial en aplicar la legislación de financiamiento.

La protesta tendrá continuidad durante septiembre. El martes 15 se realizarán clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”, mientras que el jueves 17 está previsto un acto frente al Palacio Pizzurno, coincidiendo con una nueva convocatoria paritaria.

El intendente Emiliano Durand y el secretario general de ASIJEMIN, Marcelo Mena Muñoz, firmaron un acuerdo para promover cursos, talleres y diplomados destinados a fortalecer la capacitación técnica y profesional vinculada con la minería.

La Municipalidad de Salta y ASIJEMIN acordaron avanzar en una agenda de formación orientada a acompañar el crecimiento de la minería y ampliar las oportunidades de capacitación para trabajadores y vecinos interesados en incorporarse a la industria.

El entendimiento quedó formalizado mediante un acta suscripta por el intendente Emiliano Durand y el secretario general de la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN), Marcelo Mena Muñoz.

La propuesta contempla el diseño de cursos, talleres, diplomados y otras instancias educativas destinadas a incorporar conocimientos técnicos y profesionales requeridos por la minería. La iniciativa procura, además, fortalecer la preparación de trabajadores que ya se desempeñan en la industria y facilitar el acceso a herramientas de formación para personas que buscan ingresar a ella.

Durante el encuentro también participaron Roberto Velázquez, de la Delegación Regional NOA; Humberto Coria, director de la Delegación Regional Centro; y Roque Balmaceda, secretario de Acción Social y Turismo de ASIJEMIN.

La Secretaría Técnico-Profesional y de Formación, encabezada por Fabián Gasco, tendrá un papel central en el desarrollo de las futuras propuestas, con el objetivo de orientar los contenidos hacia las necesidades profesionales y técnicas que demanda la minería.

El acuerdo adquiere relevancia en una provincia integrada a uno de los corredores mineros del NOA, donde la expansión de proyectos extractivos requiere perfiles con formación específica en áreas técnicas, profesionales y operativas.

Para ASIJEMIN, la capacitación constituye además una herramienta para mejorar las competencias de los trabajadores y ampliar las posibilidades de incorporación de nuevos recursos humanos. La apertura de propuestas educativas hacia la comunidad busca vincular la formación laboral con las oportunidades que genera el desarrollo minero.

Entre expresidentes, exvicepresidentes y familiares de antiguos mandatarios, 11 beneficiarios percibieron en julio asignaciones vitalicias por $203,8 millones brutos. Los haberes individuales van desde $12,4 millones hasta más de $26 millones mensuales.

El Estado nacional destinó $203.835.765,06 durante julio al pago de 11 jubilaciones y pensiones de privilegio correspondientes a expresidentes, exvicepresidentes y familiares de exmandatarios. Los beneficios, abonados por ANSES, presentan diferencias sustanciales y alcanzan montos brutos de hasta $26 millones mensuales.

El mayor haber del listado corresponde al expresidente Alberto Fernández, con $26.092.447. De acuerdo con la información difundida, el 30% de ese ingreso se destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco.

En el otro extremo aparece el exvicepresidente y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, con $12.486.621,66 mensuales. La nómina reúne, además, a otros exmandatarios, exfuncionarios de la fórmula presidencial y familiares que perciben pensiones derivadas.

Quiénes cobran

Los 11 beneficiarios incluidos en el relevamiento son:

Alberto Fernández: $26.092.447.

Mauricio Macri: $25.043.153,46.

Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02.

Zulema Yoma: $20.618.733,63.

Gabriela Michetti: $18.192.138,24.

Julio Cobos: $17.999.446,65.

Inés Pertiné: $17.561.990,73.

Beatriz Nelly Andrés, viuda de Roberto Levingston: $16.214.248,39.

María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68.

Amalia Carmen Guido, hija de José María Guido: $12.691.238,04.

Daniel Scioli: $12.486.621,66.

La comparación con los haberes previsionales ordinarios permite dimensionar la magnitud de las asignaciones. Según el informe, el ingreso de Fernández equivale a unas 52 jubilaciones mínimas de aproximadamente $498.000, considerando el haber mínimo más el bono de $70.000 utilizado como referencia.

El listado no contempla a Cristina Fernández de Kirchner, quien volvió a percibir la pensión derivada de Néstor Kirchner a partir de una medida cautelar. Ese beneficio, según los datos consignados, ronda los $16 millones mensuales.

Las asignaciones vitalicias tienen un régimen particular derivado de la legislación que contempla beneficios para quienes ejercieron la Presidencia y la Vicepresidencia de la Nación, además de pensiones para determinados familiares. Por esa razón, sus montos y condiciones no deben confundirse con los haberes previsionales comunes administrados por ANSES.

El volumen del desembolso vuelve a colocar bajo discusión pública el costo de estos beneficios en un sistema previsional marcado por restricciones fiscales y por una amplia mayoría de jubilados cuyos ingresos se encuentran muy por debajo de las asignaciones vitalicias. El dato de julio muestra que 11 beneficios concentraron más de $203 millones en un solo mes, mientras continúa el debate político y judicial sobre su alcance y permanencia.