El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, Cristian Jerónimo, cuestionó con dureza a los mandatarios peronistas que facilitaron el quórum y votaron a favor de la reforma laboral en Diputados. Los acusó de “traicionar a los trabajadores” y adelantó que la central obrera recurrirá a la Justicia si la iniciativa se convierte en ley.

La gran rigidez política y sindical que atraviesa el debate por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Cristian Jerónimo, uno de los principales referentes de la CGT, quien calificó de “traidores” a los gobernadores peronistas que acompañaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional.

“Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores”, afirmó el dirigente al referirse al respaldo brindado por mandatarios provinciales del PJ que resultó clave para habilitar el tratamiento y la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. En particular, mencionó a las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta, cuyos gobernadores fueron señalados por el sindicalista como responsables políticos de facilitar el avance de una norma que, a su entender, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

Jerónimo cuestionó el argumento de que el acompañamiento legislativo responde a la necesidad de obtener beneficios para las provincias. “Supuestamente lo hacen para beneficiar a sus distritos, pero sabemos que eso no tiene un impacto real”, sostuvo. Y agregó que el tiempo “los juzgará” por lo que definió como una decisión que afecta de manera directa a trabajadores y trabajadoras de todo el país.

Una disputa que se traslada al Senado

El dirigente sindical subrayó que la definición final se jugará en el Congreso, especialmente en la Cámara alta. “Esto se termina legislando tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados, y nosotros no votamos, pero siempre trabajamos para generar la conciencia necesaria”, expresó, marcando los límites institucionales de la acción gremial y la necesidad de construir mayorías políticas.

En este aspecto, la CGT ya anticipó que, en caso de sancionarse la ley, activará el frente judicial. “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Vamos a ir a la Justicia porque este proyecto va en contra de la Constitución Nacional”, afirmó Jerónimo, al sostener que varios artículos vulnerarían garantías y principios consagrados en la Carta Magna.

La estrategia sindical, según explicó, combinará la vía legal con la movilización territorial. “Lo vamos a defender donde más cómodos nos sentimos, que es en las bases, defendiendo los derechos de los compañeros. No vamos a permitir que haya retroceso”, remarcó, en línea con el plan de acción definido por la central obrera meses atrás.

Paro nacional y rechazo empresario

Jerónimo también destacó la magnitud del último paro nacional convocado por la CGT, al señalar que “todo el entramado productivo de la Argentina estuvo parado”, no sólo el transporte sino también sectores industriales y actividades diversas. Según su lectura, la protesta evidenció un rechazo transversal frente a lo que consideran una avanzada sobre conquistas históricas del movimiento obrero.

En ese sentido, negó de manera tajante que haya existido algún tipo de negociación con el Gobierno respecto de la reforma laboral o los aportes sindicales. “Nunca existió una convocatoria formal al diálogo. Con ellos no negociamos nada”, aseguró. Sí reconoció, en cambio, conversaciones con senadores de distintos bloques para intentar modificar artículos del proyecto o frenar su avance.

Finalmente, apuntó contra la Unión Industrial Argentina, a la que acusó de acompañar una “ley regresiva” sin defender con firmeza a la industria nacional. “Todos los días cierra una empresa y siguen diciendo que el problema son los derechos de los trabajadores”, cuestionó.

Un conflicto que excede lo gremial

Las declaraciones de Jerónimo reflejan la profundidad de la fractura que atraviesa al peronismo y al sistema político en torno a la reforma laboral. Para la CGT, el debate no es sólo técnico ni económico, sino esencialmente político e ideológico: se trata de definir el modelo de relaciones laborales y el alcance de los derechos colectivos en un escenario de crisis y reconfiguración del poder.

Con el Senado como próxima estación decisiva y la amenaza de judicialización en el horizonte, la discusión promete intensificarse. Mientras tanto, el movimiento obrero anticipa que sostendrá la presión en la calle y en los tribunales, convencido de que la disputa por la reforma es, en última instancia, una pelea por el rumbo social del país.

El secretario general de la Confederación General del Trabajo en San Juan, Eduardo Cabello, aseguró que el paro contra la reforma laboral alcanzó un 70% de acatamiento en la provincia. Criticó el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, advirtió sobre presuntas inconstitucionalidades y no descartó nuevas medidas gremiales.

En concordancia con la jornada nacional convocada por la Confederación General del Trabajo, la seccional San Juan expuso su propio balance político y sindical. Desde la sede gremial de calle España, el referente sinddical Eduardo Cabello calificó como “histórico” el paro general y afirmó que en la provincia el nivel de adhesión alcanzó picos del 70% en distintos sectores.

La medida, señaló, se desarrolló sin movilización masiva, aunque con participación activa de sindicatos clave. Según precisó, en la administración pública el acatamiento superó el 40% —con impacto visible en el Centro Cívico—, mientras que en hospitales rondó el 60% y en varias municipalidades la paralización fue casi total. La protesta también comenzó a la medianoche en proyectos mineros, con la adhesión de gremios como AOMA, Asijemin y trabajadores gastronómicos vinculados a la actividad.

“Hoy es un día histórico. Debe ser uno de los paros más significativos que tenemos”, expresó Cabello, al remarcar que la convocatoria no respondió —según su definición— a un interés partidario, sino a la defensa de derechos laborales. “Le estamos haciendo un paro a Milei, no a Orrego”, aclaró, diferenciando el plano nacional del provincial.

Cuestionamientos de fondo

El eje del discurso sindical estuvo centrado en el contenido del proyecto que se debate en la Cámara de Diputados. Cabello sostuvo que la reforma implica un retroceso en garantías laborales y advirtió que podría modificar aspectos sustanciales de la jornada de trabajo, el régimen de horas extras y la liquidación de vacaciones y aguinaldos.

“Te sacan lo que costó sangre”, afirmó, en referencia a conquistas históricas del movimiento obrero. A su juicio, la iniciativa “nos plancha a todos y nos vuelve a fojas cero”, en una actual situación económica que, según describió, ya presenta signos de deterioro productivo y pérdida de empleo.

El dirigente vinculó la discusión parlamentaria con la situación macroeconómica. Mencionó el cierre de más de 20.000 empresas en el país y alertó sobre la fragilidad del entramado productivo. “Vemos a los trabajadores desprotegidos. En otros países los Estados cuidan a la sociedad; acá no”, sostuvo, cuestionando el rumbo de las políticas nacionales.

Estrategia gremial y advertencias judiciales

Más allá del diagnóstico, Cabello dejó abierta la puerta a una escalada institucional. Señaló que, de aprobarse la ley, la central obrera evalúa realizar presentaciones judiciales por considerar que existen artículos inconstitucionales. La vía judicial, anticipó, sería parte de una estrategia más amplia de defensa sindical.

La conferencia contó con la presencia de referentes de las dos CTA y organizaciones sociales como la UTEP, Amas de Casa, Martín Fierro y la Corriente Clasista y Combativa, en una señal de cohesión interna frente al debate legislativo. La foto buscó transmitir unidad en un clima nacional atravesado por tensiones políticas y económicas.

Cabello también apeló a una narrativa histórica del movimiento obrero argentino. “Este país lo hicieron los trabajadores y los empresarios, ladrillo a ladrillo”, sostuvo, reivindicando el rol del trabajo en la construcción del desarrollo nacional. En esa línea, afirmó que “difícilmente van a quebrar el espíritu de sacrificio, trabajo y derecho que tienen los argentinos”.

Una disputa que excede la coyuntura

El paro en San Juan, con niveles de adhesión significativos según la conducción sindical, se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo laboral y el equilibrio entre flexibilización y protección social. Mientras el oficialismo sostiene que la reforma apunta a modernizar el mercado de trabajo y fomentar el empleo, el sindicalismo advierte sobre una pérdida de derechos adquiridos.

En ese cruce de visiones, la central obrera provincial dejó claro que la discusión no se agota en una jornada de protesta. La advertencia de nuevas medidas y eventuales acciones judiciales anticipa un escenario de confrontación institucional si el proyecto avanza.

La medida convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral que se debate en la Cámara de Diputados tuvo cumplimiento total en puertos, transporte ferroviario e industrias estratégicas. La jornada dejó cadenas logísticas interrumpidas, fábricas sin actividad y ciudades con movilidad reducida.

Desde las 00 de este jueves comenzó el paro general impulsado por la CGT, en rechazo al proyecto de reforma laboral. Con el correr de las horas, la medida se hizo sentir con fuerza en los sectores neurálgicos de la economía nacional, evidenciando el alcance territorial y sectorial de la convocatoria.

El impacto más contundente se registró en el sistema portuario. La adhesión de la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA) paralizó completamente las operaciones en terminales de carga general, puertos cerealeros y muelles pesqueros. La interrupción de tareas dejó sin movimiento a buques y mercaderías, con efectos inmediatos sobre exportaciones y abastecimiento interno.

La postal se replicó en los principales nodos logísticos del país: filas de camiones varados en accesos portuarios, embarques suspendidos y operadores aguardando definiciones en un escenario de incertidumbre. En un país cuya balanza comercial depende en gran medida del complejo agroexportador, la paralización de los puertos adquiere un significado económico y político de alto voltaje.

En simultaneo, la industria reportó niveles de adhesión totales en múltiples ramas. Plantas metalúrgicas, alimenticias, refinerías, laboratorios y fábricas de insumos interrumpieron su actividad durante toda la jornada. La detención de la producción no solo evidenció la capacidad de coordinación gremial, sino también el peso específico de los trabajadores en la cadena de valor nacional.

El transporte, otro engranaje central, mostró un acatamiento extendido. Sindicatos ferroviarios y del transporte urbano confirmaron la suspensión de servicios en corredores estratégicos. La Unión Tranviaria Automotor (UTA), junto con la La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y los Metrodelegados, entre otros, adhirieron a la medida, afectando trenes, subtes y gran parte de los colectivos en distintas jurisdicciones.

Incluso el transporte aéreo registró cancelaciones y reprogramaciones, ampliando la dimensión de la protesta. La conjunción de estos factores configuró una jornada de circulación limitada, avenidas semivacías y actividad comercial reducida en numerosos centros urbanos.

No obstante, hubo excepciones. El grupo empresario DOTA mantuvo en funcionamiento 65 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde la entidad que conduce Miguel Ángel Bustinduy señalaron que “todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60”, que operó con frecuencia reducida por mayor adhesión de choferes afiliados a la UTA. Esa decisión atenuó parcialmente el impacto en el AMBA, aunque no alteró el cuadro general de fuerte cumplimiento.

Más allá de las cifras de acatamiento, la jornada dejó un mensaje político claro. La paralización de puertos, transporte e industria —sectores estratégicos por su peso en la producción, el comercio exterior y la vida cotidiana— exhibe la capacidad de presión de las organizaciones sindicales frente a una reforma que consideran regresiva en materia de derechos laborales.

El oficialismo, por su parte, sostiene que la iniciativa apunta a modernizar el mercado de trabajo y promover la generación de empleo. En ese cruce de narrativas se inscribe la medida de fuerza: mientras el debate parlamentario avanza, la calle y los centros productivos se convierten en escenario de una disputa más amplia sobre el modelo laboral y el equilibrio entre competitividad y protección social.

El paro general no solo interrumpió la actividad económica durante una jornada clave, sino que también funcionó como demostración de poder sindical en áreas vitales del entramado productivo. Con puertos detenidos, transporte afectado y fábricas sin actividad, la protesta expuso la magnitud del conflicto abierto en torno a la reforma laboral. El desenlace parlamentario marcará un antes y un después, pero el mensaje ya quedó instalado: en la Argentina, cualquier transformación estructural del mundo del trabajo inevitablemente se mide en la capacidad de organización y respuesta de sus sectores estratégicos.