La Cámara de Diputados discute este miércoles una modificación del régimen de Zona Fría impulsada por el oficialismo nacional. El proyecto propone reemplazar el esquema de subsidios generalizados por un sistema focalizado según ingresos y podría dejar fuera del beneficio a miles de usuarios de San Juan incorporados durante la ampliación de 2021.

La propuesta representa un cambio de fondo respecto del sistema vigente desde 2021, cuando el Congreso amplió el beneficio tarifario a decenas de departamentos incorporados bajo criterios climáticos y geográficos. Ahora, el oficialismo pretende abandonar esa lógica expansiva para avanzar hacia un esquema de asistencia segmentada, limitado principalmente a hogares considerados vulnerables.

En San Juan, la modificación podría tener consecuencias directas sobre 11 departamentos actualmente alcanzados por la bonificación. De aprobarse el texto oficialista, gran parte de esos usuarios dejaría de recibir automáticamente el descuento y quedaría sujeta a nuevas condiciones socioeconómicas para conservar la ayuda estatal.

El proyecto mantiene como regiones prioritarias a la Patagonia, Malargüe y sectores de la Puna, mientras que las provincias incorporadas durante la ampliación impulsada por Máximo Kirchner pasarían a depender del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Bajo ese mecanismo, sólo accederían a la asistencia los hogares con ingresos equivalentes a hasta tres Canastas Básicas Totales, además de grupos contemplados por situaciones especiales, como personas con discapacidad, excombatientes de Malvinas o titulares de vivienda única.

La discusión expuso además diferencias políticas dentro de la representación sanjuanina en el Congreso. El bloque de Unión por la Patria anticipó su rechazo a la reforma al considerar que implicará un nuevo ajuste sobre los usuarios residenciales. En cambio, los diputados vinculados al oficialismo nacional y al espacio político del gobernador Marcelo Orrego acompañarán la iniciativa.

Entre quienes respaldan el proyecto aparece la diputada nacional Nancy Picón, referente de Producción y Trabajo, quien defendió la necesidad de “ordenar” el sistema de subsidios y concentrar la asistencia en quienes verdaderamente la necesitan.

La legisladora sostuvo que el beneficio no desaparecerá de manera generalizada y aseguró que quedarán excluidos únicamente aquellos sectores con capacidad económica suficiente para afrontar el costo pleno del servicio.

“El subsidio nació para proteger a los sectores vulnerables”, señaló Picón, al tiempo que cuestionó que usuarios con múltiples propiedades continúen accediendo al mismo esquema de ayuda estatal que hogares con dificultades económicas.

El texto oficial también introduce una modificación técnica con fuerte impacto en la factura final. Hasta ahora, la bonificación se aplicaba sobre el total del servicio; con la nueva redacción, el descuento alcanzaría únicamente al componente correspondiente al precio del gas, reduciendo significativamente el efecto del subsidio sobre el monto total a pagar.

Las estimaciones preliminares indican que cerca del 15% de los usuarios sanjuaninos que hoy reciben las ayudas podrían pasar a abonar tarifa plena si quedan fuera de los nuevos parámetros de segmentación.

Para la administración de Javier Milei, la reforma forma parte de la estrategia de reducción del gasto público y revisión integral del esquema de subsidios energéticos. Proyecciones difundidas en medios nacionales calculan que el ahorro fiscal derivado de la medida oscilaría entre los 200 mil y 460 mil millones de pesos.

El oficialismo llega al recinto luego de intensas negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas para garantizar quórum y blindar el dictamen de mayoría, que reúne respaldos de legisladores de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Innovación Federal, Producción y Trabajo y otros espacios provinciales.

Por otro lado, la oposición cuestiona el momento elegido para avanzar con la reforma y advierte que la medida podría profundizar el deterioro de los ingresos familiares en pleno período invernal.

El Gobierno de San Juan confirmó el calendario de pagos para los trabajadores estatales y ratificó nuevos incrementos salariales para las próximas semanas. Los haberes de mayo llegarán con una suba del 3%, mientras que en junio se aplicará otra actualización del 2%. Además, el medio aguinaldo será depositado antes del inicio del invierno.

Con el nuevo cronograma ya oficializado, los trabajadores estatales sanjuaninos percibirán aumentos consecutivos en mayo y junio, además del cobro anticipado del Sueldo Anual Complementario.

Según se informó, los haberes correspondientes al mes de mayo estarán acreditados el próximo sábado 30 e incluirán una actualización salarial del 3% para todos los trabajadores de la administración pública. A eso se sumará una nueva actualización del 2% en junio, que impactará en los salarios que se cobrarán el 30 de ese mes.

La medida alcanzará de manera uniforme a los distintos sectores del Estado provincial y forma parte del esquema de recomposición acordado en las negociaciones salariales que el Ejecutivo mantiene con los gremios estatales.

Desde la gestión provincial remarcaron que la recomposición tendrá carácter general e impersonal, con alcance sobre la totalidad de los empleados públicos provinciales, independientemente del área o escalafón al que pertenezcan.

Este aspecto, quedó definida una de las fechas más esperadas por el sector estatal: el pago del medio aguinaldo. El Ejecutivo confirmó que el Sueldo Anual Complementario será depositado el 19 de junio, algunos días antes del inicio formal del invierno y previo al cierre del primer semestre del año.

La decisión busca inyectar liquidez en los hogares estatales en una etapa marcada por mayores gastos vinculados al período invernal, compromisos financieros acumulados y una economía doméstica todavía condicionada por la inflación.

El aguinaldo representa el 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el semestre. Para su cálculo se toma el salario más alto cobrado entre enero y junio y se divide por dos, contemplando además determinados adicionales remunerativos según cada situación laboral.

El Congreso Nacional del Partido Justicialista reunió en Buenos Aires a gobernadores, legisladores e intendentes de todo el país en una cumbre atravesada por el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, las críticas al gobierno de Javier Milei y la creciente disputa por la conducción política del peronismo de cara al próximo ciclo electoral.

La sede histórica de la calle Matheu volvió a convertirse en el termómetro de las tensiones y reacomodamientos del peronismo. Allí, el Congreso Nacional del Partido Justicialista reunió este martes a dirigentes de distintas provincias en un encuentro que excedió ampliamente el tratamiento administrativo previsto en la convocatoria formal y terminó funcionando como una radiografía anticipada de la disputa opositora rumbo a 2027.

El órgano partidario, presidido por el gobernador formoseño Gildo Insfrán, sesionó bajo un clima atravesado por tres ejes centrales: la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, la estrategia frente a la administración libertaria y la discusión interna sobre quién conducirá el proceso de reconstrucción política del justicialismo tras la derrota electoral.

La figura de la exmandataria dominó buena parte de las intervenciones. Dirigentes de distintas líneas internas coincidieron en cuestionar su situación judicial y denunciaron un proceso de proscripción política, en un intento por sostener la centralidad de la actual titular del partido dentro del armado opositor.

Uno de los primeros en llegar fue el senador José Mayans, vicepresidente del PJ, quien vinculó la condena en la causa Vialidad con un uso selectivo de la Justicia y buscó reforzar el liderazgo político de Cristina Kirchner dentro del espacio. “Podría haber ganado el año pasado si no la proscribían”, sostuvo al ingresar al encuentro.

También participaron el dirigente porteño Juan Manuel Olmos, el diputado Eduardo Valdés, el intendente de Merlo Gustavo Menéndez y el senador Oscar Parrilli, uno de los referentes más cercanos a la expresidenta, quien elevó el tono político del debate al advertir sobre una “democracia inconclusa” si la exjefa de Estado permanece fuera de competencia electoral.

Detrás del respaldo institucional a Cristina Kirchner comenzó a asomar, sin embargo, una discusión más profunda y menos explícita: la puja por el liderazgo opositor en el nuevo ciclo político.

La reunión dejó expuesta la ascendente gravitación del gobernador bonaerense Axel Kicillof, señalado dentro del peronismo como uno de los dirigentes con mayor proyección hacia 2027. Su posicionamiento genera resistencias y, al mismo tiempo, acelera movimientos internos tanto del kirchnerismo duro como de sectores que buscan una reorganización más federal del espacio.

En esa discusión también comenzó a ganar volumen el senador sanjuanino Sergio Uñac, quien impulsa un esquema de competencia interna más abierto y anticipado para la definición de candidaturas presidenciales. Cerca del exgobernador sostienen que el peronismo necesita abandonar la lógica excesivamente centralizada en el Área Metropolitana de Buenos Aires y reconstruir un armado con mayor representación territorial.

La presión entre el kicillofismo y sectores alineados con La Cámpora también atravesó la cumbre partidaria. En los días previos aparecieron afiches con la consigna “Axel o Milei” en distintos puntos del conurbano bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, una movida interpretada dentro del PJ como un intento de instalar al mandatario provincial como principal referencia opositora frente al oficialismo libertario.

La iniciativa, promovida por la agrupación política vinculada al ministro bonaerense Andrés Larroque, reactivó el malestar entre sectores kirchneristas que reclaman una defensa más contundente de Cristina Kirchner por parte del gobernador.

Ese trasfondo volvió a emerger durante el Congreso partidario, donde varios dirigentes admitieron que la discusión ya no se limita al funcionamiento interno del PJ, sino que gira alrededor de quién encabezará la reconstrucción política y electoral del espacio frente al avance de La Libertad Avanza.

En se sentido a la disputa por el liderazgo nacional, el Congreso también abordó la situación institucional de distintos distritos intervenidos por la conducción partidaria. Uno de los focos estuvo puesto sobre los PJ de Jujuy y Salta, atravesados por conflictos internos y procesos de reorganización.

Horas antes del encuentro se conoció una resolución de la jueza electoral María Servini, quien desplazó a los interventores designados en Salta por la conducción nacional y nombró en su lugar a José Luis Napoleón Gambetta, en medio del cronograma de normalización partidaria previsto para octubre.

La situación de San Luis también ocupó parte del debate. Dirigentes puntanos reclamaron avanzar hacia una reorganización urgente del partido y denunciaron una “acefalía funcional” en la conducción local. Entre las propuestas elevadas al Congreso figuraron la convocatoria a elecciones internas y la conformación de una conducción transitoria con representación territorial.

Aunque el planteo no fue incorporado formalmente al temario principal, dejó en evidencia las dificultades del PJ para ordenar su estructura interna en varias provincias y sintetizar posiciones entre gobernadores, intendentes, sindicatos y organizaciones políticas.

Más allá de las resoluciones administrativas y contables aprobadas durante la jornada, el encuentro dejó una señal política concreta: el peronismo comenzó a acelerar su proceso de reordenamiento frente al oficialismo, pero todavía sin una síntesis clara sobre liderazgo, estrategia y proyecto electoral.

La discusión interna ya no aparece limitada únicamente a la defensa de Cristina Kirchner ni a la crítica al gobierno de Javier Milei. Lo que empezó a definirse en Matheu es la disputa por la conducción de la oposición en la etapa posterior al kirchnerismo, una pulseada que promete profundizarse a medida que el calendario electoral de 2027 comience a acercarse.