En diálogo con Mundo Laboral SJ, Víctor Menéndez, titular del sindicato de Estaciones de Servicio, delineó un panorama crudo sobre la situación económica, la caída del salario real, el avance de la recesión y la creciente migración laboral hacia países limítrofes. Además, analizó la estrategia de la CGT ante la reforma laboral y anticipó el escenario paritario que enfrenta su sector de cara al 2026.

La conversación con Víctor Menéndez deja en claro que la crisis económica dejó de ser un diagnóstico para convertirse en una condición estructural. La inflación que se desacelera a fuerza de recesión, el derrumbe del poder adquisitivo y el estancamiento productivo se entrecruzan en un escenario en el que —según los datos que cita— casi un 80% de los argentinos no logra llegar a fin de mes.

“Estamos viviendo un momento muy delicado. Los trabajadores están realmente apaleados, con salarios bajos y sin expectativas de mejora”, advierte. Su descripción abarca tanto a los asalariados activos como a los jubilados, cuyas prestaciones —recuerda— fueron históricamente referencia regional y hoy se encuentran entre las más deterioradas.

Menéndez remarca un punto que se repite en todos los sectores gremiales: la recesión como única vía para desacelerar los precios. No se trata de un dato menor: detrás de cada punto de inflación menos aparecen cierres de fábricas, suspensiones, despidos y un tejido productivo cada vez más debilitado. “No hay perspectiva de industrializar, de volver a producir. Se están cerrando industrias todos los días”, resume.

La migración laboral, un síntoma inesperado del deterioro

Uno de los fenómenos que más inquieta al dirigente es el crecimiento de la migración laboral hacia países vecinos. Una postal que invierte décadas de historia.

“Hoy los argentinos salen a buscar trabajo a Brasil y Paraguay. Eso no ocurría desde hace muchísimo tiempo”, afirma.

El dato implica una ruptura cultural y económica: en un país que durante años recibió trabajadores de la región, ver a sus propios ciudadanos cruzar la frontera por necesidad es, en términos simbólicos, un indicador profundo de retroceso.

El referente gremial vincula este proceso con lo que considera un cambio de prioridades por parte del Gobierno nacional, al que acusa de “combatir jubilados, trabajadores y pymes” mientras se alinea con sectores de fuerte poder económico. Ese vínculo político-económico, sostiene, alimenta un clima social que percibe como “oscuro” y sin horizonte claro.

CGT, unidad y reformas: un movimiento obrero en alerta máxima

La salida de la CGT del Consejo de Mayo y la inminente discusión de la reforma laboral abrieron una nueva etapa de tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero. Menéndez, que participó de la última reunión de secretarios generales en San Juan, describe un encuentro marcado por preocupación, diagnósticos críticos y relatos de despidos y cierres en múltiples actividades.

“La situación es grave y nos obliga a estar unidos. Se vienen tiempos muy difíciles”, asegura.

De cara al 2026, anticipa que la unidad será el eje central de la renovación de autoridades de la central obrera:
“Habrá que elegir los mejores cuadros, pero siempre desde la unidad. Y también dar lugar a la generación joven que tiene ganas de participar”.

A la par, destaca un punto clave: el problema de un sindicato es el problema de todos. La lógica solidaria vuelve a tomar protagonismo en un contexto en el que, dice, cualquier organización puede ser la próxima en enfrentar conflictos.

Paritarias en el sector: salarios atrasados y una negociación que define 2025–2026

En materia salarial, Menéndez confirma que el gremio debe recomponer un tramo del acuerdo vigente, superado ampliamente por la inflación. La discusión incluye dos alternativas: recuperar lo perdido mediante un porcentaje adicional o a través de un bono compensatorio.

El representante sindical también anticipa que deberá cerrarse el tramo final de la paritaria 2025 —diciembre a marzo— para luego iniciar en abril la negociación 2026.

“La variable de ajuste no puede ser el salario”, subraya. Y añade:
“Los compañeros necesitan una recuperación real. No se puede vivir llegando al día 15 del mes”.

Sobre el proceso de homologación, recuerda que la Secretaría de Trabajo dispone de un plazo de 45 días y que, en caso de desacuerdo extremo, puede intervenir mediante un laudo arbitral. Sin embargo, aclara que en su actividad “nunca fue necesario llegar a ese punto”.

Reforma laboral: modernización sí, retrocesos no

De cara a las próximas semanas, Menéndez anticipa que la CGT convocará a los equipos jurídicos de todos los sindicatos para analizar el proyecto final de reforma laboral. La preocupación no se centra en la idea de modernizar aspectos vinculados a la tecnología o automatización, sino en la posible pérdida de derechos históricos.

“No nos oponemos a la modernización. Pero no podemos resignar conquistas que costaron décadas de lucha, salud y hasta sangre”, asegura.

La central obrera, afirma, buscará incidir mediante diálogo con diputados, senadores, gobernadores y todos los actores políticos involucrados. “En todas las provincias hay trabajadores, nadie puede mirar para otro lado”.

La entrevista con Víctor Menéndez dibuja un país donde la crisis económica opera como eje de todas las discusiones: salarios que no alcanzan, producción paralizada, migración creciente y un clima laboral en permanente tensión. En ese marco, la CGT se reorganiza, busca fortalecer su unidad y prepara una estrategia legislativa y territorial para enfrentar los cambios que el Gobierno proyecta.

El dirigente sintetiza su visión con una mezcla de preocupación y responsabilidad: la necesidad de defender el trabajo, fortalecer la unidad y asegurar que ninguna reforma implique un retroceso histórico.
En tiempos de incertidumbre, insiste, la organización sindical vuelve a ser el principal refugio de los trabajadores.

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dar un paso al frente y convocar a una movilización nacional el próximo 18 de diciembre, con epicentro en la Plaza de Mayo y réplicas en todo el país. La medida, confirmada por fuentes sindicales, constituye la primera reacción orgánica y contundente del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y enviado recientemente al Congreso.

La decisión no es menor: llega en momentos en que el oficialismo busca avanzar con celeridad sobre un paquete de reformas económicas y estructurales durante las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, la reforma laboral aparece como una de las iniciativas más sensibles, tanto por su impacto directo en las condiciones de empleo como por su fuerte contenido ideológico.

Entre los artículos más resistidos por la CGT y las centrales sindicales se encuentran las modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido, la flexibilización en los esquemas de contratación, los cambios en los aportes patronales y la reconfiguración del sistema de negociación colectiva. Cada uno de estos puntos reavivó históricas tensiones entre el sindicalismo y los gobiernos que impulsan desregulaciones profundas en el mercado laboral.

Este jueves, la CGT reunió a su Consejo Directivo en la histórica sede de Azopardo 802. Bajo la conducción de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, la mesa chica analizó en detalle el contenido del proyecto oficial y definió una postura unificada: rechazo frontal y movilización masiva. El clima, según confiaron participantes del encuentro, fue de “preocupación, pero también de firmeza”.

La convocatoria del 18 de diciembre no solo apunta a mostrar capacidad de movilización, sino también a enviar un mensaje político directo: el sindicalismo no está dispuesto a permitir que el Gobierno avance sin resistencia sobre aspectos nodales del sistema de derechos laborales vigente. La jugada se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la central obrera, que combina presión callejera, diálogo político con sectores opositores del Congreso y trabajo técnico para intentar frenar o modificar el articulado más conflictivo del proyecto.

En paralelo, en la Casa Rosada observan la maniobra con atención. Saben que la marcha será un indicador clave del músculo sindical en un momento crítico del debate legislativo. También entienden que, de masificarse, podría abrir un frente político que complique la ingeniería parlamentaria diseñada por el oficialismo para aprobar la reforma antes de fin de año.

El llamado a la movilización se da además en un contexto en el que la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la nueva gestión. Para la CGT, el avance de una reforma de este calibre sin consenso social ni negociación suficiente constituye un límite claro. Para el oficialismo, en cambio, la transformación del mercado laboral es vista como una pieza esencial de su programa económico.

La marcha del 18 de diciembre se perfila como el primer gran test de fuerza entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei desde que comenzó el debate legislativo de la reforma laboral. En un clima político cargado de tensiones, la movilización funcionará como un termómetro decisivo: medirá la capacidad de resistencia del movimiento obrero y pondrá a prueba la determinación del Ejecutivo para avanzar con uno de los cambios más trascendentes —y controvertidos— en materia laboral de las últimas décadas. Cuando termine el día, quedará claro si el Gobierno enfrenta un obstáculo circunstancial o el inicio de una oposición sindical más organizada y persistente.

Un informe elaborado por instituciones académicas y sanitarias argentinas, sumado a alertas difundidas por el British Medical Journal, expone un deterioro acelerado del sistema de salud pública bajo las políticas del Gobierno de Javier Milei. Recortes en programas esenciales, despidos en hospitales, debilitamiento de organismos de control y decisiones internacionales controversiales configuran un escenario que especialistas describen como “de desmantelamiento”.

El debate sobre la salud pública volvió a ocupar el centro de la agenda luego de la presentación del informe “El declive de la salud en la Argentina de Milei”. El documento —150 páginas elaboradas por la Cátedra de Salud y Derechos Humanos de la UBA, la Red de Bioética y la Federación Argentina de Medicina General— fue presentado en la sede del SERPAJ ante referentes del ámbito social y académico, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

El estudio analiza el impacto del DNU 70/23 y da cuenta de un proceso que, según sus autores, “erosiona pilares básicos del sistema sanitario nacional”. En su intervención, Pérez Esquivel fue contundente: “Estamos frente al desmantelamiento del sistema público de salud”, una advertencia que sintetiza el clima del encuentro.

Programas desfinanciados, hospitales en crisis y organismos debilitados

Una de las principales conclusiones del informe es que las políticas de ajuste comenzaron a afectar áreas sensibles, muchas de ellas vinculadas a la protección de poblaciones vulnerables. Entre los recortes más preocupantes se destaca el programa de prevención del embarazo adolescente, cuya reducción presupuestaria deja sin herramientas a equipos territoriales y comunidades educativas.

En el plano hospitalario, la situación se agrava día a día. El Garrahan atraviesa lo que sus trabajadores definen como “baja salarial crítica”, que profundiza la fuga de profesionales hacia el sector privado. Otros centros estratégicos, como el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte o el Posadas, sufren despidos que comprometen la atención y generan demoras que impactan directamente en diagnósticos y tratamientos.

ANMAT, entre la falta de recursos y el riesgo sanitario

El documento dedica un capítulo completo a la ANMAT. Allí se denuncia reducción de personal, caída presupuestaria y debilitamiento de su capacidad de control, precisamente en un contexto en el cual la vigilancia sanitaria se vuelve central.

Los autores advierten que limitar la capacidad del organismo “incrementa la exposición a riesgos severos”, recordando episodios como la intoxicación por fentanilo adulterado y otros casos que demostraron la necesidad de un monitoreo robusto y permanente.

Desmantelamiento institucional: la ANLAP y la gestión de medicamentos esenciales

Otro punto crítico es la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP), organismo creado para fortalecer la capacidad productiva del país en medicamentos estratégicos y garantizar acceso a tratamientos de bajo costo.

A esto se suma la eliminación de áreas claves dedicadas a la compra y distribución de vacunas y fármacos para HIV, tuberculosis, lepra y hepatitis C. Para organizaciones y profesionales, el retroceso en estas áreas no solo compromete la prevención sino también la continuidad de tratamientos vitales.

Durante el debate posterior a la presentación del informe, la presidenta de FESPROSA, María Fernanda Boriotti, sintetizó el estado de preocupación: “La política sanitaria actual nos está llevando a una situación límite”, y llamó a coordinar acciones para revertir el deterioro.

Alerta internacional: el British Medical Journal señala a la Argentina como un caso preocupante

La crisis ya no es un asunto doméstico. El British Medical Journal, una de las publicaciones más prestigiosas del mundo, dedicó un informe al retroceso sanitario argentino. En él recoge advertencias de FESPROSA y de su titular, subrayando que la Argentina se está convirtiendo en un “ejemplo negativo” en materia de salud pública.

El artículo no solo critica la decisión del Gobierno de abandonar la Organización Mundial de la Salud —un movimiento inédito entre países de ingreso medio—, sino también los recortes internos que deterioran programas básicos, reducen capacidad de control y generan un retroceso en indicadores que habían mejorado en las últimas décadas.

El deterioro del sistema de salud pública argentino se vuelve evidente a partir de la convergencia de informes académicos, advertencias de organizaciones profesionales y señales provenientes del ámbito internacional. Lo que para muchos comenzó como un ajuste focalizado hoy aparece como un proceso de erosión profunda que afecta a hospitales, programas comunitarios, agencias regulatorias y estructuras que garantizan derechos esenciales.

En palabras de Boriotti, “lo que está en juego es la salud del pueblo, no una discusión técnica”. Y, para un número creciente de voces autorizadas, ese riesgo ya dejó de ser hipotético: forma parte de una realidad que avanza y que exige respuestas urgentes.