Tras una extensa reunión sin consenso, las centrales sindicales rechazaron la oferta «irrisoria» del sector empresario y cuestionaron la decisión del Gobierno de definir una vez más el Salario Mínimo, Vital y Móvil por decreto. Las propuestas empresariales quedaron muy por debajo de la inflación y de la Canasta Básica, mientras que las centrales reclamaron una actualización que recupere poder adquisitivo.

El Consejo del Salario, integrado por la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, representantes empresariales y el Gobierno, se reunió este miércoles para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que permanece congelado en $322.000 desde agosto. Pese a varias horas de debate y un cuarto intermedio que no modificó las posturas, no hubo acuerdo, y el Ejecutivo anunció que, como en casi toda la gestión de Javier Milei, el aumento se decidirá por decreto.

La reunión estuvo marcada por una brecha evidente entre las propuestas sindicales y empresariales. La CGT reclamó una actualización inmediata a $512.000 en noviembre, con una trayectoria ascendente hasta $553.000 en abril de 2026. La CTA Autónoma, por su parte, recordó que en abril las tres centrales habían coincidido en un piso de $644.000, cifra que actualizada por inflación ascendería hoy a $736.000. Desde esa lógica, plantearon que el salario mínimo debe avanzar hacia un valor que se aproxime al costo de la Canasta Básica Total, que mide el umbral de pobreza.

Las cámaras empresariales, en cambio, llevaron una propuesta muy por debajo de cualquier referencia real: $326.000 para noviembre, $331.000 para diciembre, $340.000 para febrero, $345.000 para marzo y $349.000 para abril, una mejora global de apenas $27.000 en seis meses. Para las centrales, se trata de una cifra «insuficiente e indigna», que consolida la pérdida salarial acumulada en los últimos dos años.

Un Consejo que funciona de forma virtual y una decisión que se repite

Ante el estancamiento, el Gobierno resolvió convocar a la instancia plenaria y oficializar que fijará el incremento por decreto. Desde el inicio de la administración Milei, el Consejo no ha logrado acordar un solo aumento, y en todos los casos el Ejecutivo terminó otorgando ajustes alineados con las propuestas empresariales.

Las tres centrales sindicales volvieron a insistir en que el Consejo debe funcionar de manera presencial, un reclamo que la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores ya judicializaron. «Una vez más impidieron alcanzar una mejora real del salario mínimo, habilitando que el Gobierno decida por decreto con el despotismo habitual de estos dos años», cuestionó el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy.

El dirigente sostuvo que el proceso «profundiza el deterioro» del SMVM, que continúa muy por debajo del umbral de pobreza, empujando hacia abajo al resto de los ingresos laborales. Godoy insistió en tomar los $736.000 como referencia base, con una escala de aumentos y una nueva convocatoria del Consejo en el corto plazo. «Se resolvió esta vergüenza que sigue hundiendo al salario mínimo», afirmó.

Movilización en paralelo y reclamos que exceden el salario mínimo

Mientras se desarrollaba la reunión virtual, la CTA Autónoma y organizaciones sociales se movilizaron frente a la Secretaría de Trabajo. Exigieron que el salario mínimo sea equivalente al valor de la Canasta Básica Total, el pago de un bono de fin de año, la actualización de los programas sociales y el reconocimiento del trabajo socio-comunitario.

Los manifestantes remarcaron que la pérdida de poder adquisitivo del SMVM se traduce en una degradación del salario de referencia para múltiples beneficios y programas, profundizando la vulnerabilidad de millones de trabajadores registrados, informales y de la economía popular.

Desde San Juan, la CGT local, representada por Eduardo Cabello— respondió con prudente escepticismo al anuncio de una reforma laboral que el Gobierno nacional promete discutir con el movimiento obrero. En una entrevista con Mundo Laboral SJ, Cabello cuestionó la estrategia comunicativa oficial, exigió convocatoria formal y puso el foco en la recomposición salarial y la defensa de derechos adquiridos como condiciones no negociables para cualquier cambio normativo.

En las últimas horas, la posible presentación de una reforma laboral volvió a poner en tensión el diálogo entre el Ejecutivo y los representantes sindicales. Desde la provincia, Eduardo Cabello —referente de la CGT local— ofrece una lectura que combina crítica política y demanda operativa: por ahora no existe una convocatoria concreta, sólo filtraciones e “información” que circula por redes y medios; mientras tanto, las condiciones materiales de los trabajadores siguen deteriorándose.

Cabello describe el proceso comunicativo del Gobierno como un uso sistemático de las redes sociales y de micromensajes —“algo cuasi verídico o cuasi mentira”— que, a su juicio, tiende a confundir y a diluir la discusión real sobre la economía, la producción y los salarios. Esa estrategia, sostiene, funciona como una cortina que intenta desviar la atención pública de problemas estructurales: inflación persistente, cierre de fuentes de trabajo y salarios cuya capacidad de compra se desploma. Frente a ese escenario mediático, la CGT de San Juan reclama una convocatoria formal y transparente; quiere acceso a los borradores y participar en la discusión antes de que las iniciativas tomen forma definitiva.

Más allá de la crítica retórica al modo en que se filtran las propuestas, la intervención de Cabello trae a primer plano un reclamo concreto: la urgente recomposición del salario mínimo, vital y móvil y una actualización del ingreso que compense la pérdida real de poder adquisitivo. Señala que la puesta en marcha normal del Consejo del Salario —instrumento tripartito clave— no puede depender de emplazamientos judiciales ni de pedidos extraordinarios; debe ser una práctica institucional regular. Para la CGT local, cualquier reforma que se pretenda introducir sin una pauta clara de recomposición salarial corre el riesgo de consolidar un sistema más desigual y menos protector.

La entrevista también recorre el marco comparado: El gremialista observa tendencias en España y Europa, donde la discusión sobre jubilaciones y derechos laborales refleja ajustes y límites que, en su diagnóstico, están erosionando conquistas históricas. Desde su perspectiva, la tendencia global hacia la desprotección del trabajador y la reducción de derechos es un fenómeno que encuentra ecos locales y que el sindicalismo debe confrontar con una postura reformista —en el sentido clásico del término— pero defensiva de las garantías mínimas.

En tono reflexivo, el representante sindical vincula la articulación interna del propio oficialismo con la dispersión de propuestas: “hay dos o tres que gobiernan” y cada uno querría impulsar su propia versión de la reforma. Esa atomización, dice, incentiva la filtración y la “espuma” informativa y dificulta que exista una propuesta única, rigurosa y debatible en condiciones de transparencia. Desde San Juan, la respuesta de la CGT no es de rechazo automático: “no le tenemos miedo al diálogo ni a las reformas”, afirma Cabello. Pero sí exige que la discusión sea seria, con reglas claras, participación real y respeto por los derechos consagrados en la Constitución y en la negociación colectiva.

Un punto recurrente en la conversación es el recuerdo de la década de 1990, cuando privatizaciones y congelamientos salariales dejaron una huella social profunda. Para Cabello, el riesgo de revivir políticas que empobrecen a las mayorías no es una metáfora histórica: es una posibilidad tangible si los cambios se diseñan sin equidad ni mecanismos de protección social. La CGT de San Juan apuesta, por ello, a mantener el diálogo —pero convocado en tiempo y forma— y a subordinar cualquier reforma a la garantía de condiciones laborales dignas, sistemas previsionales sostenibles y un salario que permita cubrir la canasta básica.

En el trasfondo político, la postura sindical mezcla representación local y federal: si bien la CGT sanjuanina espera ser convocada inicialmente por el Consejo de Mayo —donde tiene representación— entiende que el debate será nacional y que se intensificará cuando asuman los nuevos cargos legislativos después de diciembre. Esa previsión responde tanto a una lectura táctica —esperar la conformación del nuevo mapa político— como a la convicción de que los cambios de fondo requieren consenso amplio y no improvisaciones mediáticas.

La intervención de Eduardo Cabello sintetiza la posición del sindicalismo sanjuanino: apertura al diálogo, pero sin concesiones a costa de los trabajadores. La CGT local exige convocatoria formal, acceso a los contenidos de la reforma y, por sobre todo, una agenda que priorice la recomposición salarial y la preservación de derechos básicos.

En un contexto donde la comunicación oficial privilegia filtraciones y micromensajes, el movimiento obrero plantea una demanda clara: que la reforma laboral —si llega— se discuta con seriedad técnica, reglas tripartitas y, sobre todo, con la garantía de que no será la punta de lanza para una pérdida adicional de protección social. Sin esos elementos, advierte Cabello, el diálogo no será suficiente; hará falta organización y defensa activa de lo ya conquistado por los trabajadores.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda anunció que los haberes correspondientes al mes de noviembre estarán acreditados este sábado 29. El salario incluirá una suba del 2,3% vinculada al IPC de octubre y podrán retirarse desde las primeras horas por cajeros y comercios habilitados.

Las autoridades también recordaron que los trabajadores cuentan con alternativas para efectuar extracciones de efectivo sin depender exclusivamente de las sucursales bancarias. A los cajeros que operan las 24 horas se suma la posibilidad de retirar dinero mediante Visa Extra Cash, disponible en supermercados, estaciones de servicio y comercios adheridos en distintos puntos de la provincia. Esta modalidad busca agilizar el acceso al efectivo y evitar la concentración de usuarios en los bancos durante los días de cobro.