El referente metalúrgico Martín Solazzo cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Alertó sobre la pérdida de derechos conquistados, la ausencia de beneficios reales para el empleo y convocó a un debate abierto en San Juan para informar y dar voz a los trabajadores antes del tratamiento legislativo.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, volvió a encender la alarma en el movimiento obrero. En San Juan, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se sumó con firmeza al rechazo sindical y advirtió que el proyecto oficial no solo carece de incentivos reales para la generación de empleo, sino que avanza sobre derechos históricos conquistados a lo largo de décadas.

Martín Solazzo, Secretario general del gremio metalúrgico en la provincia, fue categórico al analizar el escenario actual. “En el contexto político y laboral que estamos viviendo, no sobra nadie. La división no es el camino: la unidad es una necesidad”, sostuvo, al tiempo que valoró el proceso de acercamiento entre sindicatos frente a una iniciativa que consideran regresiva.

El dirigente explicó que, tras un reciente congreso gremial con asesoramiento de abogados especializados, el diagnóstico fue unánime: el proyecto no presenta un solo punto favorable para los trabajadores. “No encontramos ningún beneficio real. Lo que vemos es una avanzada que implica resignar derechos que costaron años de lucha”, señaló.

Desde la mirada sindical, la reforma no está orientada a dinamizar la producción ni a fortalecer la industria nacional. Por el contrario, Solazzo advirtió que el esquema propuesto podría derivar en una reducción del empleo. “Si una empresa puede extender la jornada laboral sin límites claros, ¿para qué sostener más personal? Es una contradicción que nadie explica”, cuestionó.

En ese sentido, apuntó también contra el relato oficial que presenta la iniciativa como una herramienta de modernización. “La quieren disfrazar, pero es una ley pensada para facilitar despidos, no para crear trabajo ni fortalecer la mano de obra calificada”, afirmó, y alertó sobre las consecuencias a mediano y largo plazo para el entramado productivo del país.

El gremialista valoró especialmente el endurecimiento de la postura de la CGT y el despliegue político que se está llevando adelante en el Congreso para frenar el tratamiento del proyecto. “Celebramos la unidad sindical y el trabajo que se está haciendo en Diputados y el Senado. Vamos a necesitar todos los aliados posibles para impedir que esta reforma avance”, remarcó.

En este aspecto, desde la UOM San Juan decidieron abrir el debate hacia la base trabajadora. El próximo sábado 7 de febrero, a las 19 horas, el sindicato realizará un encuentro abierto en su sede provincial. La convocatoria está dirigida no solo a afiliados metalúrgicos, sino también a trabajadores de otros sectores, estudiantes y público en general.

“El problema es que muchos trabajadores no están bien informados. Parte de los medios distorsionan el contenido de la ley y eso genera confusión”, explicó Solazzo. Por ese motivo, el encuentro contará con la participación de abogados especializados que abordarán el contenido técnico de la reforma, comparando los derechos vigentes con las modificaciones propuestas.

El dirigente fue enfático en aclarar que no se trata de una instancia de adoctrinamiento político. “Queremos explicar qué dice la ley, artículo por artículo, para que cada trabajador saque sus propias conclusiones. Hoy, paradójicamente, el trabajador es el gran ausente en esta discusión”, sostuvo.

Con este escenario, el sindicalismo metalúrgico busca disputar no solo el voto parlamentario, sino también el sentido del debate público. Frente a una reforma que consideran regresiva, la estrategia combina unidad gremial, presión institucional y participación directa de los trabajadores.

La convocatoria en San Juan se inscribe en esa lógica: informar, debatir y devolverle la voz a quienes, según advierten desde la UOM, serían los principales afectados. En un clima de alta tirantez social y política, el futuro de la reforma laboral aparece cada vez más atado a la capacidad del movimiento obrero de sostener cohesión, argumentos y presencia en la escena pública.

El triunvirato cegetista inicia una gira por el interior para influir en el voto de senadores y gobernadores frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Córdoba será la primera parada, en un escenario atravesado por tensiones fiscales, internas sindicales y negociaciones reservadas con el oficialismo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) pondrá en marcha este martes en Córdoba su primera ofensiva territorial para intentar frenar la sanción de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzará a debatirse en el Senado a partir del 11 de febrero. La elección de la provincia no es casual: el gobernador Martín Llaryora aparece como uno de los mandatarios que, al menos en público, expresó reparos tanto al recorte de derechos laborales como al impacto fiscal del proyecto sobre las provincias.

La delegación cegetista estará encabezada por los integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, quienes definieron a comienzos de mes una estrategia de contactos directos con gobernadores y senadores para condicionar el tratamiento parlamentario de la iniciativa oficial. El objetivo inmediato es claro: impedir que la reforma sea sancionada en sesiones extraordinarias y forzar su discusión en el período ordinario, ganando tiempo en un contexto económico y político todavía inestable para el Ejecutivo.

En Córdoba, la CGT buscará comprometer a Llaryora para que los legisladores de su provincia no acompañen el proyecto. El gobernador ya había marcado distancia al plantear la necesidad de debatir nuevas modalidades laborales sin retroceder en derechos adquiridos. “Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad jurídica privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores”, sostuvo durante el inicio del Festival de Cosquín, en una definición que fue leída con atención por el sindicalismo.

El itinerario original de la central obrera incluía visitas a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora, la agenda aparece raleada: Córdoba es el único encuentro confirmado. Desde la CGT reconocen malestar por la falta de respuestas de tres gobernadores —Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil—, a quienes acusan de dilatar o directamente esquivar las reuniones. Para la conducción sindical, esa actitud refuerza la sospecha de que una mayoría de mandatarios podría terminar alineándose con el Gobierno en el Congreso.

El trasfondo fiscal profundiza las tensiones. El capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos coparticipables derivados del Impuesto a las Ganancias, genera resistencia en varias provincias. Aun así, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una posición inflexible frente a cualquier esquema de compensación, lo que introduce dudas sobre la solidez del respaldo provincial al proyecto.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, buscó relativizar la idea de un apoyo automático de los gobernadores. “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley”, afirmó, y agregó que la central viene “generando conciencia con cada gobernador y con cada senador”, en un intento por sostener una vía de presión política más institucional.

Con este panorama, la CGT despliega una estrategia de negociación múltiple dentro del oficialismo. Mantiene contactos reservados con el asesor presidencial Santiago Caputo; con el sector que orbitan Martín y “Lule” Menem, en articulación con el ministro del Interior Diego Santilli; y con Patricia Bullrich, desde el Senado, donde funciona una comisión técnica que analiza modificaciones al texto original. En ese marco, Federico Sturzenegger quedó marginado de las conversaciones, una señal de que el Gobierno prioriza preservar canales de diálogo con la central obrera.

Sin embargo, en la CGT predomina la cautela. Aunque admiten una “buena predisposición” oficial para introducir cambios, aseguran que todavía no hubo decisiones concretas. “Nadie bajó el martillo”, repiten en voz baja.

El plan moderado de la conducción cegetista convive, además, con una creciente presión interna. Sectores sindicales más duros, junto con las dos CTA, avanzaron esta semana en un plan de lucha propio. En un encuentro realizado en la UOM, resolvieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, además de paros y protestas el día en que el Congreso trate la reforma.

El dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, fue uno de los más explícitos: llamó a “exponer a los gobernadores” que acompañen el proyecto y advirtió que la reforma “termina por desfinanciar y fundir a las provincias”. Sus declaraciones reflejan el clima de creciente conflictividad que rodea el debate.

La CGT juega una partida compleja y de alto riesgo. Mientras apuesta a una táctica federal para erosionar el respaldo político a la reforma laboral, enfrenta la desconfianza de algunos gobernadores, la dureza fiscal del Gobierno y la presión de un sindicalismo que exige respuestas más contundentes. Córdoba será el primer test de una ofensiva que busca ganar tiempo y modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Si fracasa, el escenario que se abre es el de una confrontación abierta entre el Ejecutivo y el movimiento obrero, con consecuencias políticas y sociales que podrían extenderse mucho más allá del debate legislativo.

El secretario general del sindicato de estaciones de servicio de San Juan, Víctor Menéndez, analizó el reciente acuerdo salarial del sector, la persistente pérdida del poder adquisitivo y el debate por la reforma laboral. Alertó sobre el impacto en las provincias, defendió los derechos adquiridos y reclamó una salida basada en producción y empleo.

En un momento económico marcado por la desaceleración del consumo, la pérdida del poder adquisitivo y un clima de creciente tensión laboral, el sector de estaciones de servicio en San Juan logró cerrar un acuerdo salarial que, aunque insuficiente frente a la realidad inflacionaria, busca evitar un mayor deterioro de los ingresos de los trabajadores. Así lo expresó Víctor Menéndez, secretario general del gremio y dirigente de la CGT regional, al analizar el cierre de la paritaria y el contexto que atraviesa el mundo del trabajo.

El acuerdo contempla un bono extraordinario de 80 mil pesos en diciembre, junto con incrementos del 4% en enero y otro 4% en febrero, con carácter remunerativo, lo que permitirá cerrar la paritaria 2025. “Sabemos que no es el salario que realmente debería ganar un trabajador, pero lo importante es no quedar totalmente desfasados”, señaló Menéndez, al tiempo que remarcó que la discusión salarial se reabrirá en abril.

Más allá de los números, el dirigente gremial fue categórico al describir la situación social. “La inflación que informa el Gobierno no se condice con lo que pasa en la calle. Los aumentos se sienten en el supermercado, en la carnicería, en la panadería”, afirmó, y reconoció que las negociaciones paritarias se desarrollan en un marco adverso, donde el objetivo central es no seguir perdiendo frente al costo de vida.

En este contexto, Menéndez advirtió que los salarios vienen quedando por debajo de la inflación desde hace varios meses, una tendencia que erosiona de manera sostenida el poder de compra. “Estamos navegando aguas turbulentas, tratando de cubrir lo esencial, pero siempre con la incertidumbre de no saber hasta cuándo se puede sostener esta situación”, graficó.

El análisis del dirigente se amplió hacia el debate de fondo que atraviesa la agenda nacional: la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Desde su rol en la CGT, Menéndez expresó una postura crítica y trazó una línea clara. “Se puede discutir una reforma que contemple a trabajadores y empresarios, especialmente a las pymes, pero no una que implique una quita masiva de derechos adquiridos”, subrayó.

Según explicó, los cambios propuestos afectan especialmente a quienes tienen antigüedad y estabilidad laboral, y trasladan el costo del ajuste al eslabón más débil. “En este país, el hilo siempre se corta por lo más delgado, y otra vez quieren que sea el trabajador”, advirtió.

Además, puso el foco en el impacto fiscal y político en las provincias, alertando que una reforma laboral como la planteada desde Nación podría significar una fuerte caída en los recursos coparticipables. “Menos impuestos para los grandes grupos económicos es menos dinero para las provincias, menos obra pública y menos capacidad de respuesta del Estado”, sostuvo, y llamó a los gobernadores y legisladores a analizar con responsabilidad cada voto.

Menéndez también se refirió a las tensiones internas dentro del movimiento obrero, donde algunos sectores reclaman medidas más confrontativas frente al Gobierno. Sin desconocer esas posiciones, valoró la instancia de diálogo que impulsa la conducción de la CGT, aunque dejó en claro que el límite es el perjuicio a los trabajadores.

El dirigente fue aún más duro al describir el modelo económico actual, al que responsabilizó por el cierre de empresas, la caída de la producción y el avance de la informalidad laboral. “Hoy la informalidad ya le gana al empleo en blanco. Es un dato alarmante”, señaló, y cuestionó los discursos oficiales que minimizan la pobreza y el deterioro social.

Planes sociales: cifras récord y un mercado laboral en retirada

Uno de los ejes centrales de la advertencia sindical estuvo puesto en la expansión de los planes sociales, un fenómeno que el sindicalista describió como el reflejo más claro del retroceso del empleo genuino. Según datos oficiales y estimaciones coincidentes, más de seis millones de personas reciben actualmente planes sociales o transferencias directas del Estado, una cifra que duplica largamente los niveles registrados hace poco más de una década.

Como referencia histórica, Menéndez recordó que a comienzos de la década de 2010 el número de beneficiarios rondaba los doscientos setenta mil planes, mientras que hoy el universo de asistencia estatal se ubica entre seis y siete millones de personas, según el tipo de programa considerado. “Nos dicen que baja la pobreza, pero cada vez hay más argentinos dependiendo de una ayuda del gobierno. Eso no es inclusión social, es fracaso del sistema productivo”, sostuvo.

Desde la mirada sindical, el diagnóstico es contundente: sin producción no hay empleo, y sin empleo no hay salida social. El gremialista cuestionó un modelo que prioriza el ajuste fiscal y la contención estadística de la pobreza, pero descuida la generación de trabajo registrado.

“Cuando cae la producción, lo primero que se pierde es el empleo. Después aparecen los planes para contener el conflicto social, pero sin resolver el problema de fondo”, señaló. Para el dirigente, el asistencialismo masivo no solo es económicamente inviable a largo plazo, sino que también debilita la cultura del trabajo y la cohesión social.

La advertencia del gremio de estaciones de servicio trasciende la paritaria y expone una crisis estructural del mercado laboral argentino. El acuerdo salarial aparece como un alivio mínimo en un escenario donde los ingresos pierden frente a la inflación, el empleo formal retrocede y más de seis millones de personas dependen de planes sociales para subsistir.

Para Víctor Menéndez, el problema no es la asistencia en sí, sino su transformación en política permanente ante la ausencia de un proyecto productivo. La salida, sostiene, no está en multiplicar subsidios ni en ajustar salarios, sino en reconstruir un modelo basado en producción, empleo registrado y salarios que permitan vivir con dignidad. Sin ese cambio de rumbo, la Argentina corre el riesgo de consolidar un esquema de pobreza administrada, sin trabajo ni futuro.